La oficina del fiscal general de la Ciudad de México ordenó los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según muestran las presentaciones judiciales. Muchas de las personas atacadas dicen que fueron señaladas por razones políticas.
Bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, el ejército del país ha espiado repetidamente a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso a miembros de alto rango de su propia administración. 
Un candidato presidencial líder. El jefe de la agencia de aduanas del país. Al menos tres alcaldes de distrito en la capital. Es una lista que incluye a miembros poderosos del gobierno de México.
Y, según muestran los registros judiciales, todos estuvieron recientemente bajo vigilancia de la oficina del fiscal general de la Ciudad de México.
Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que el fiscal general ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México que entregara los registros telefónicos y de texto, así como los datos de ubicación, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos.
Telcel, la compañía de telecomunicaciones, reconoció en una presentación judicial revisada por The Times que había recibido las órdenes y entregado los registros, que se extendieron desde 2021 hasta principios de este año. La vigilancia incluyó tanto a los opositores del partido gobernante Morena como a sus aliados.
Las órdenes de la oficina del fiscal general de la Ciudad de México dicen que la información se estaba buscando en relación con las investigaciones de secuestros y desapariciones.
Sin embargo, la oficina del fiscal general dice que no tiene tales investigaciones penales en el archivo, y "niega categóricamente" exigir los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes.
"Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona", dijo la oficina del fiscal general. "Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales".
El fiscal general de la Ciudad de México ordenó a Telcel, la compañía de telecomunicaciones más grande de México, que proporcionara información sobre algunos de sus clientes.
A pesar de las negaciones, un juez federal dijo este año que la oficina del fiscal general de la Ciudad de México había solicitado que Telcel entregara los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra el fiscal general presentada por un alcalde del municipio de la Ciudad de México que había sido nombrado en las 14 órdenes escritas.
Muchas de las personas nombradas en las órdenes dicen que la verdadera razón por la que fueron señaladas fue porque son objetivos políticos, víctimas de un abuso de poder más grande y sistémico.
México ha sido sacudido repetidamente por los escándalos de vigilancia, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los mexicanos, habiendo criticado a sus predecesores por tales acciones.
Pero su administración ha empleado algunas de las mismas tácticas que condenó. Bajo el mandato del Sr. López Obrador, el ejército del país ha utilizado repetidamente el notorio software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso a miembros de alto rango de su propia administración.
"El sistema de justicia se está utilizando para atacar a los políticos", dijo Santiago Taboada Cortina, el alcalde del municipio que presentó la demanda. Un miembro de la oposición política, el Sr. Taboada ha anunciado planes para postularse para alcalde en las elecciones del próximo año.
"Lo que no es normal es que estas cosas sucedan, que como resultado de tus aspiraciones, tengas al gobierno respirando por tu cuello", dijo.
En casos de emergencia en los que la vida está en peligro, como los secuestros, la ley mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin una orden judicial.
Sin embargo, los fiscales todavía están obligados a obtener una orden judicial de un juez federal dentro de las 48 horas posteriores a acercarse a las empresas de telecomunicaciones, lo que la oficina del fiscal general no hizo. En las presentaciones judiciales, los abogados de Telcel dijeron que nunca recibieron una orden judicial de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados.
Telcel no respondió a las solicitudes de comentarios.
"El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno", dijo Higinio Martínez Miranda, un senador de alto rango del partido gobernante de Morena que representa al Estado de México. Los datos de su teléfono móvil desde octubre de 2021 hasta enero de 2022 fueron obtenidos por la oficina del fiscal general de la Ciudad de México, según las presentaciones judiciales de Telcel.
"Es lamentable, condenable", dijo. El Sr. Martínez negó cualquier irregular y dijo que no tenía ni idea de que estaba siendo investigado hasta que fue informado por los periodistas de The Times.
Higinio Martínez Miranda, un senador de alto rango del partido Morena que representa al estado de México, estaba entre los que fueron vigilados, según las presentaciones judiciales. Crédito...Arturo Hernández/Eyepix Group, a través de Associated Press
El Sr. Taboada, el alcalde del municipio, fue monitoreado en 2021, pero fue más de un año después cuando fue informado por primera vez de la vigilancia después de que un amigo de la oficina del fiscal general de la Ciudad de México le dijera que lo estaban investigando, dijo.
Alarmado por la noticia, el Sr. Taboada presentó una demanda para obligar al fiscal general de la Ciudad de México y a Telcel a responder a la acusación.
En las presentaciones judiciales relacionadas con la demanda, Telcel reconoció que había proporcionado los registros telefónicos del Sr. Taboada al fiscal general de la Ciudad de México en respuesta a 14 órdenes vinculadas a secuestros, y al fiscal general del estado de Colima por una orden.
También se enumeraron decenas de otros números de teléfono en las órdenes, dijo Telcel, incluidos los de figuras poderosas dentro de Morena, el partido gobernante y algunos de sus oponentes.
En las presentaciones judiciales, el fiscal general de Colima dijo que había solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada a Telcel después de que una persona anónima presentara su número de teléfono, y otros, en relación con un caso de secuestro local. Los fiscales de Colima dijeron que la línea de investigación no había dado lugar a nada relevante y que desde entonces habían destruido los registros telefónicos.
En la misma demanda, el fiscal general de la Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada.
El Sr. Taboada negó cualquier participación en los secuestros.
Santiago Taboada Cortina, el alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, en un evento el año pasado. Las acciones de la oficina del fiscal general de la Ciudad de México fueron ilegales, según dos juristas. Otro experto dijo que puede que no sean necesariamente ilegales, pero que eran un claro abuso de poder.
"El sistema es fácil de jugar. Los fiscales pueden inventar archivos de investigación o pueden usar archivos de investigación abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial", dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.
"Definitivamente es un sistema que está diseñado para el abuso y que está siendo abusado".
Se espera legalmente que las empresas de telecomunicaciones colaboren con las autoridades, "pero también tienen la capacidad de rechazar las solicitudes abusivas", dijo el Sr. García. Pero estas empresas dependen de las licencias del gobierno y a menudo cumplen más de lo que deberían, tal vez por temor a las repercusiones, dijo.
No es la primera vez que la oficina de un fiscal general puede hacer un mal uso de su poder. En 2016, la oficina del fiscal general federal de México solicitó en secreto los registros telefónicos de un abogado de derechos humanos, un periodista de investigación y un antropólogo forense mientras investigaban la masacre de 193 personas, argumentando que las mujeres estaban vinculadas a una investigación de secuestro.
El monitoreo ordenado por los fiscales "envía el mensaje de que pueden usar el sistema de justicia penal contra defensores, contra periodistas, contra expertos independientes, contra oponentes", dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue atacada en 2016. "Envía el mensaje de que pueden hacerlo, y no les va a pasar nada".
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigió la agencia de aduanas de México en ese momento en 2022.
La senadora conservadora Lilly Téllez, hasta hace poco una principal candidata presidencial para la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, ex congresista y una vocal oponente de Claudia Sheinbaum, ex alcaldesa de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año, también fueron monitoreadas, de acuerdo con las órdenes escritas y las presentaciones judiciales revisadas por The Times.
El fiscal general de la Ciudad de México acusó a la Sra. Rojo de la Vega de crímenes electorales el año pasado, lo que la Sra. Rojo de la Vega dijo que era una represalia política por oponerse a las políticas de la Sra. Sheinbaum. Más tarde, un juez desestimó el caso.
Un portavoz de la Sra. Sheinbaum, que fue alcaldesa durante el tiempo en que se solicitaron los registros telefónicos, se negó a hacer comentarios.
La senadora Lilly Téllez fue monitoreada. Crédito...Henry Romero/Reuters
La Sra. Rojo de la Vega, enojada por el monitoreo, dijo que dicha vigilancia debería usarse para investigar a delincuentes reales. "Ese debería ser el trabajo de la oficina del fiscal, pero están ocupados persiguiendo a las personas que los hacen sentir incómodos", dijo.
La Sra. Téllez y la Sra. Rojo de la Vega, cuyos datos de teléfono móvil se solicitaron siete veces cada una en 2021 y 2022, negaron cualquier participación en cualquier caso de secuestro.
Los fiscales también ordenaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, una alta funcionaria de la Corte Suprema, y Ricardo Amezcua, un miembro del consejo judicial de la Ciudad de México, muestran las presentaciones y órdenes judiciales. No respondieron a las solicitudes de comentarios.
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