La Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para que los delitos que se cometen contra el transporte ferroviario sean considerados como amenazas a la seguridad nacional, y sus responsables estén sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Con el fin de combatir con mayor severidad esta problemática y sus riesgos, se avaló también modificar la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se elevaron las penas y sanciones por dañar las vías o trenes, interrumpir sus servicios, y obstaculizar las vías.
La propuesta fue impulsada por los legisladores priistas de Nuevo León, Édgar Romo y Álvaro Ibarra.
"En esos dos sentidos esto ayudaría mucho para que el delito que se comete en las vías ferroviarias tenga sanciones más fuertes", sostuvo Romo, presidente de la Cámara de Diputados.
"Y sobre todo tendría como particular consecuencia que los delincuentes no pudieran estar sujetos a un proceso en libertad, sino que tendrían que estar sujetos a un proceso penal con una prisión preventiva oficiosa".
EL NORTE publicó que el robo a a trenes se ha disparó en los últimos tres meses del 2017.
Mientras que en el primer trimestre de 2017 hubo 125 robos en todo el País, en el último trimestre se registraron 720, lo que significó un incremento de 476 por ciento.
Romo se manifestó a favor de que delitos como el de robo a trenes sean considerados como amenaza a la seguridad nacional, por el riesgo de vidas al intentar detener un tren o dañar las vías para descarrilarlo, y por el traslado en ocasiones de materiales peligrosos que afectarían las comunidades alrededor.
"Esto sin duda es una amenaza a la seguridad, además de las pérdidas millonarias que provoca el paralizar el transporte de mercancías".
En cuanto a las sanciones, en la Ley de Vías Generales de Comunicación se prevén multas de 16 mil 120 a 80 mil 600 pesos y penas que van desde los tres meses hasta los 9 años de prisión para quienes dañen o destruyan las vías o medios de transporte, o interrumpan o deterioren sus servicios; dañen, apaguen o cambien señales se seguridad, y obstruyan las vías.
En los tres casos, la reforma contempla también aumentar las penas hasta una mitad cuando el objeto del delito sean las vías, sus partes o equipo ferroviario.
El legislador tricolor señaló que la reforma podría ser votada por el pleno si se convocara a un periodo extraordinario, para pasar después al Senado.
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