Dos dueños de la Guardería ABC de Hermosillo, donde fallecieron 49 niños víctimas de un incendio hace siete años, fueron sentenciados con base en un oficio falso, denunció Otoniel Gómez, defensor de los inculpados.
El oficio 23 mil 180, emitido
presuntamente por la delegación del IMSS el 26 de julio del 2005, enlistaba una
serie de observaciones para mejorar las condiciones de seguridad de un inmueble
y justificar supuestas omisiones del ABC.
En junio del 2009, Eduardo Medina
Mora, ex titular de la PGR y actual ministro de la Corte, estuvo en Sonora y
dijo que había recibido el documento que constataba que los socios sabían sobre
las condiciones de peligro en la guardería.
No obstante, hace unas semanas,
un juez confirmó la falsedad del oficio.
Fue justo con base en ese
documento que fueron destituidos e inculpados cuatro funcionarios del IMSS de
Sonora y se procesó a tres socios de la Guardería ABC.
Gómez dijo que el documento falso
desvió la atención hacia la guardería y se ignoró que el fuego inició en una
oficina del Gobierno.
"Los padres y la sociedad
empiezan a ver como culpables de la tragedia a los propietarios y ya no al
Gobierno del Estado, ahí cambió la percepción", comentó Gómez.
Fue entonces cuando inició el
proceso contra la sociapropietaria, Sandra Lucía Téllez, y el miembro del
consejo de administración, Antonio Salido Suárez, quienes fueron sentenciados
el pasado 13 de mayo a 28 años de prisión por homicidio y lesiones culposas.
El pasado 30 de agosto, la
organización Manos Unidas presentó ante la PGR una denuncia contra el ex
Gobernador Eduardo Bours y el ex Procurador estatal Abel Murrieta, por
falsificación de documentos.
En entrevista, el abogado de la
organización, Gabriel Alvarado, explicó que ambos tenían a su cargo la
investigación del incendio, por lo que serían responsables de delitos en contra
de la administración de justicia por la alteración del lugar de los hechos y la
falsificación de documentos.
"Este oficio fue utilizado
únicamente y exclusivamente como para que se fincara o inculpara al personal
del IMSS", acusó Alvarado.
"El Procurador Abel Murrieta
hacía ver que todo el peso de la tragedia debía de recaer sobre el personal del
Instituto (Mexicano del Seguro Social) y de los socios propietarios, y dejaba
de lado todo lo que tuviera que ver con el Estado".
Por el caso también se condenaron
a otros 17 implicados, entre ellos funcionarios del Gobierno estatal y
municipal, así como autoridades de la delegación del IMSS.
El oficio 23 mil 180 fue firmado
por Emigdio Martínez García, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y
Sociales del IMSS, y dirigido a Marcelo Meouchi, quien dejó de ser apoderado
legal de la guardería en el 2003.
De acuerdo con la declaración
ministerial de Martínez, éste negó conocer a Meouchi, así como haber escrito y
firmado el documento.
"Una vez que se me pone a la
vista el oficio antes mencionado digo que no recuerdo haber puesto mi firma autorizada,
pero sí aprecio que en el oficio está mi firma facsimilar y lo pudo haber
puesto otra persona", se indica en la declaración.
Fuente.-
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