La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) cumplimentó hoy cinco órdenes de aprehensión en contra del alcalde Juan Carlos Arreygue y de cuatro policías del municipio de Álvaro Obregón por su presunta participación en el asesinato de 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados calcinados el pasado sábado en el municipio de Cuitzeo.
De acuerdo con un comunicado, el titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, informó que el alcalde y los cuatro agentes policíacos ya fueron internados en el Centro de Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica.
El procurador refrendó que la aplicación de la ley y garantizar el acceso a la justicia es un imperativo que no está sujeto bajo ninguna circunstancia a interés político alguno, y bajo esa premisa subrayó que la institución mantendrá su actuar para presentar ante los tribunales a quien atente contra la seguridad de las y los michoacanos. Puntualizó que con estas acciones el Gobierno de Michoacán, a través de la PGJE y Secretaría de Seguridad Pública, ratifica el ejercicio de una política de gobierno de cero impunidad, cero Tolerancia y con la firmeza de actuar con rapidez y eficacia en el tema de procuración de justicia.
En conferencia de prensa, Godoy Castro detalló que derivado de los hechos registrados el pasado sábado en el municipio de Cuitzeo se emprendieron trabajos de investigación de campo y en criminalística, lo que ha permitido establecer lo siguiente: Durante la noche del pasado viernes 29 de julio varias personas que se encontraban en una tienda de abarrotes ubicada en los límites de Cuitzeo con el municipio de Indaparapeo fueron sacadas de ese lugar por un grupo de policías que viajaban a bordo de por lo menos tres unidades oficiales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón.
Los civiles -entre los que se encontraba Luis Alberto L.- fueron asegurados, sometidos y obligados a subir a una camioneta Tacoma color roja, y al día siguiente por la mañana fueron encontrados sin vida y calcinados.
De los trabajos de investigación y los datos de prueba obtenidos hasta la fecha por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en la Escena del Crimen se advierte que al momento del sometimiento de los civiles estuvo presente el presidente municipal, quien de acuerdo con testimonios ordenó que los policías llevaran a cabo la detención.
De igual forma, se tiene de conocimiento de que Luis Alberto L. -quien presuntamente prestaba algunos servicios al Ayuntamiento de Álvaro Obregón- mantenía diferencias de carácter personal con el presidente municipal.
Así también se han recabado testimonios que permiten determinar que tras la detención, por instrucciones del alcalde, los civiles fueron trasladados a un paraje de Álvaro Obregón, donde los privaron de la vida y enseguida llevaron los cuerpos a un predio de Cuitzeo, donde les prendieron fuego.
Derivado de lo anterior, de acuerdo con los datos de prueba que ha obtenido la PGJE, se determinó el ejercicio de la acción penal en contra de varios servidores públicos y se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida.
Con base en lo antes señalado, el personal de la Dirección de Investigación y Análisis de la PGJE llevó a cabo las actuaciones correspondientes y ha cumplimentado cinco órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra la del alcalde y un mando de la policía municipal, mismos que han sido internados en el Centro de Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica. José Martín Godoy Castro indicó que en el marco de las disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la PGJE continuará con las tareas de investigación correspondientes que permitan determinar el grado de participación de los servidores públicos del municipio de Álvaro Obregón en este lamentable hecho.
El procurador advirtió que “aquí no hay contextos políticos, aquí lo que prevalece es salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos y sobre esa base trabajamos”, ratificó que estas detenciones obedecen a un mandato del poder judicial y que al Gobierno le corresponde actuar en cumplimiento de la ley.
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