Los defensores de los derechos humanos de Nuevo León fueron los primeros desencantados con su nuevo gobernador, El Bronco, porque designó secretario de Seguridad Pública al general Cuauhtémoc Antúnez y director de la Agencia Estatal de Investigaciones al contralmirante Augusto de la Cruz. Los activistas señalan que el primero fue comandante de la Séptima Zona Militar cuando se cometieron al menos tres asesinatos de civiles inocentes a manos de soldados, y el otro dirigió la policía de Monterrey, que dejó pendientes en la materia.
Activistas de la región recuerdan que entre 2008 y 2011, cuando era encargado de la Séptima Zona Militar, fueron soldados quienes perpetraron los homicidios de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de un matrimonio en Anáhuac y otro, “por una bala perdida” en Cumbres, de una joven madre egresada de la Universidad de Monterrey.
Por ese motivo piden que el militar retirado ofrezca una disculpa pública por los alumnos masacrados en el interior del campus central del ITESM, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los acusó de sicarios y aún no se ha retractado. Demandan también que aporte información sobre el paradero de desaparecidos en la entidad.
Junto a Antúnez, el gobernador designó como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al contralmirante Augusto de la Cruz Morales, exsecretario de Seguridad Pública municipal de Monterrey. Esta medida también fue impugnada.
Rodríguez Calderón rindió protesta en el Congreso local cerca de la media noche del sábado 3. En los primeros minutos del domingo entró al Palacio de Gobierno y ahí nombró secretario de Gobierno a Manuel González Flores, mientras que al general de división Diplomado de Estado Mayor Cuauhtémoc Antúnez Pérez lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SPE).
En entrevista con Proceso, el mandatario dice desconocer si el ahora secretario de Seguridad Pública fue llamado a comparecer ante las autoridades por el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
Sin embargo, dice que el general “está sujeto a la autoridad; si la autoridad lo cita, tiene que ir”. Sobre los homicidios, que ocurrieron cuando Antúnez Pérez estaba encargado de la zona militar, el gobernador señala:
“Él no tuvo responsabilidad, era jefe. El estado estaba en crisis y era un momento difícil, complicado. Sucedió una desgracia (el homicidio de dos estudiantes). Se consignó a quienes estuvieron ahí. Él fue responsable de la Séptima Zona Militar.
“Es como si yo, Jaime Rodríguez, me hago responsable de lo que hace el tesorero. Pues no; cada quien es responsable de lo que hace. Fue una situación muy difícil, donde perecieron los jóvenes de manera complicada y sentida para la población de Nuevo León y para la sociedad estudiantil.”
Igual que sus rivales, durante su campaña electoral El Bronco prácticamente ignoró el tema de los derechos humanos. La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) documentó que de mil 228 notas periodísticas sobre la contienda política, entre noviembre de 2014 y junio de 2015, el tema únicamente se mencionó 11 veces.
No obstante, el gobernador Rodríguez Calderón dice en la entrevista: “Respetaremos absolutamente los derechos humanos. Todo el mundo aquí tiene indicaciones de respetar la ley, y si esto se cumple se respetan los derechos humanos”.
General cuestionado
La llegada de Antúnez consumó un intercambio de posiciones entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Nuevo León.
Antúnez sustituye al general Alfredo Flores Gómez, quien tomó posesión como encargado de la seguridad del estado en diciembre de 2012, en la administración de Rodrigo Medina. A principios de 2011, Flores había sustituido a Antúnez como jefe de la Séptima Zona, con sede en el municipio conurbado de Escobedo.
En 2011, Antúnez fue enviado a trabajar como comandante de la Séptima Región, en Chiapas. En diciembre de 2013 se trasladó a Torreón, Coahuila, donde fue comandante de la 11 Región Militar.
En enero de 2015 se retiró del Ejército y medios de Coahuila reportaron que el gobernador de ese estado, Rubén Moreira, lo contrató como asesor en temas de seguridad.
En sus casi 50 años de carrera, Antúnez Pérez también fue agregado militar en las embajadas de Colombia y Ecuador, así como jefe de la Policía Judicial Militar.
A la luz de su desempeño en el estado, Cadhac cuestionó la designación del general Antúnez Pérez en SPE y la del contralmirante De la Cruz Morales en la AIE, argumentando que prácticamente todas las instancias internacionales en la materia consideran que los militares deben ser ajenos a los trabajos de seguridad pública.
En un pronunciamiento difundido el 8 de octubre, Cadhac expuso que el Comité de Derechos Humanos, el relator sobre Tortura, el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todos de las Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la organización Human Rights Watch “han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública”.
Y subrayó: “El uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos”.
Cadhac recordó que durante el lapso en que Antúnez Pérez fue comandante de la Séptima Zona Militar, se recrudeció la violencia en Nuevo León y soldados cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Citó los casos ya mencionados: el 3 de marzo de 2010 fueron ejecutados en Anáhuac los esposos Juan Carlos Peña y Rocío Elías. Se les confundió con delincuentes en un tiroteo y la Sedena pretendió hacerlos pasar por sicarios.
El 19 del mismo mes, en el campus central del ITESM, los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron acribillados. También se les tildó, inicialmente, de delincuentes. Sus padres aún esperan una disculpa pública de la Sedena para limpiar sus nombres.
El mismo día de estos homicidios, Sandra Garza Morales, egresada de la UdeM, iba con su marido en una camioneta por el rumbo de San Jerónimo. Se suscitó una balacera entre soldados y civiles. El hombre quiso escapar en reversa, pero a Sandra la alcanzó una bala en la cabeza. Hasta la fecha no se sabe si hubo alguna investigación y si alguien fue castigado por el asesinato.
El 18 de abril de 2011 fue asesinado a balazos, al sur de Monterrey, Jorge Otilio Cantú. Lo mataron militares que hacían trabajo policiaco. También a él se le acusó primero de ser pistolero. Quien ofreció disculpas fue la procuraduría de Nuevo León, no la Sedena. Aunque hay un expediente abierto, el padre del joven fallecido, Otilio Cantú González, no ha sido informado de que se haya castigado a los asesinos.
En cuanto al contralmirante Cruz Morales, Cadhac señala que fue secretario de Seguridad de Monterrey entre 2012 y 2014, “una época difícil para Nuevo León, donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos”.
Por esa razón, la asociación civil pidió “no repetir los errores del pasado” e hizo “un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para una reconsideración de estos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno a la desmilitarización de la seguridad pública”.
Mano dura
El pasado miércoles 7, en su visita a México, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, reiteró que las Fuerzas Armadas deben dejar las funciones de seguridad pública.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha seguido los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Tamaulipas, y recibido denuncias de atropellos de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos en el norte de Nuevo León.
Consultado sobre la impugnación a Antúnez Pérez, Ramos señala: “Primero, el general Antúnez le debe una disculpa pública a los familiares de los estudiantes del Tec, porque el personal bajo su mando los acusó de ser delincuentes y sicarios, y todavía la imputación sigue vigente. Y es fecha que no se le ha dado cumplimiento a una recomendación (sobre ese caso) que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Más aún, considera “preocupante que bajo el mandato del general hubo ejecuciones extrajudiciales muy graves y ahora regresa a tomar las riendas de Seguridad Pública de Nuevo León. Esto evidencia que habrá mano dura en seguridad y que los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social, pueden ver de nuevo escenarios como los de los estudiantes muertos en el Tec de Monterrey, el de Anáhuac y otros casos que se han conocido en la región noreste de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas”.
El activista lamenta que Rodríguez Calderón, que se ostenta como gobernador independiente, no sea libre también para tomar decisiones. En su opinión, los altos mandos de la Sedena le impusieron al general como encargado de seguridad.
“Esperábamos un cambio de decisiones en el gobierno que entra en Nuevo León –reitera Ramos–. Es muy mala señal para la sociedad civil, porque vemos que los militares nuevamente tienen control de las Fuerzas Armadas en todos los estados.”
Así, expone, “lejos de un alivio o esperanza de cambio, vemos que El Bronco fue domesticado por la cúpula, pues lo más probable es que le impusieran al general. La cúpula militar, como bien sabemos, es la que manda en el país. Aquí no manda el presidente de la República, sino los secretarios de Defensa y de Marina son el poder real”.
Indica que la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU han denunciado el elevado grado de impunidad que gozan las Fuerzas Armadas de México cuando cometen delitos, y que él presentó a los emisarios de los organismos internacionales de derechos humanos una queja en tal sentido: “La constante es: militares igual a impunidad y negación de justicia para las víctimas”.
Desde su punto de vista, para superar la desconfianza es necesario que Antúnez Pérez dé la cara a la sociedad de Nuevo León y garantice que los delitos cometidos por los policías bajo su mando serán debidamente castigados.
Para él, el general “sabe mandar tropas, está capacitado para participar en conflictos y en la guerra, pero no tiene la sensibilidad que se necesita en tareas de seguridad pública, porque para los militares los ciudadanos somos sospechosos de todo: de ser delincuentes, terroristas, guerrilleros o sublevados”.
La razón: “Es muy difícil cambiarle el chip a una persona que tiene cuando menos unos 40 años de servicio y ha ocupado cargos de gran responsabilidad en la Sedena. También es preocupante que el general no llega solo. Seguramente meterá a más militares, de su confianza, en las principales áreas operativas y administrativas, lo que generará problemas de la misma índole”.
Además, enfatiza Ramos, hasta los policías de la Fuerza Civil pueden padecer el rigor castrense, pues los generales están habituados a dar órdenes, no reconocen errores ni ofrecen disculpas, “y hagan lo que hagan van a ser protegidos por las más altas esferas de gobierno, en este caso por la Presidencia de la República”.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) busca desde hace años a víctimas de este delito en la entidad. Uno de sus integrantes, Jesús González Ramírez, pide que el general Antúnez Pérez aporte la información que conoce y pudo haberse reservado sobre los crímenes de los militares cuando fue encargado de la zona. Esto, dice, sería congruente con el anuncio del gobernador de que se reanudarán las investigaciones al respecto.
“Claro que hablar podría tener consecuencias para él, y eso es lo que lo va a detener”, comenta el activista.
Al contralmirante de la Cruz, Fundenl le pidió que incremente el número de agentes del grupo ministerial de búsqueda de desaparecidos, que sólo tiene 14, cuando tienen que atender cientos de casos. “No puede ser que haya grupos de robos de vehículos en las zonas norte, centro y sur del estado, y no para desapariciones de personas”, dice González Ramírez.
Según Cadhac, en Nuevo León se han reportado más de mil desapariciones desde 2009, pero Fundenl estima que podrían ser hasta 10 mil, tomando en cuenta los casos que no se denuncian por temor o desconfianza en las autoridades.
Fuente.-
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