En México el combate a la corrupción sólo está en el discurso. En 15 años la Secretaría de la Función Pública ha aplicado sanciones a funcionarios y particulares por más de 7 mil millones de pesos que no han sido pagadas para resarcir el daño causado al erario.
En el país la cifra de funcionarios públicos y proveedores que han sido evidenciados en actos de corrupción y no han pagado su castigo económico en los últimos 15 años suman: 7 mil 552 millones 430 mil 126 pesos.
Son multas que se mantienen firmes, pero “no se cuenta con evidencia documental que acredite que fue recuperada”.
La cifra por evasiones a multas por actos de corrupción es cinco veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (en 2015 fue de mil 483 millones 947 mil 925 pesos)
O también alcanzaría para construir casi cuatro estadios como el Omnilife de Guadalajara y es el mismo monto que anunció el gobierno federal el año pasado para el mejoramiento de 20 mil escuelas en el país.
El monto del adeudo considera a funcionarios y proveedores que han evadido pagar al erario tras haber sido evidenciados en actos de corrupción y cuya sanción se mantiene firme y no ha sido pagada o que no hay manera de saberlo.
Un recuento realizado por Reporte Indigo con base en solicitudes de acceso a la información otorgadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalla que son funcionarios y proveedores de 86 dependencias, entre secretarías, hospitales, institutos, centros, comisiones, etc., los que han recibido una multa económica por haberse visto involucrados en casos de corrupción.
De estas dependencias, 76 reportan si la multa fue pagada o no y el proceso en que se encuentra la sanción, por ejemplo, si fue impugnada por el funcionario o proveedor implicado o revocada, lo que la deja sin efecto.
En los casos de las otras 10 dependencias, los órganos internos de control se reservaron la información relacionada con el monto de sanciones pagadas con el alegato de que “el Servicio de Administración Tributaria es el encargado de conocer el estado que guarde el cobro de los créditos fiscales derivados de sanciones económicas impuestas por la propia SFP y los Órganos Internos de Control, así como su monto recuperado, por lo que se sugiere que se requiera la información que nos ocupa al SAT”.
Es decir, unas instancias exhibieron cuánto han dejado de pagar, otras sólo dijeron cuánto es el monto de las multas que recibieron.
La opacidad va en tren
Entre las dependencias más multadas y que no identifican si la multa fue pagada o no está el caso de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación “Ferronales”, cuyo monto de las multas asciende a 3 mil 754 millones 131 mil 957 pesos.
La mayor parte del monto lo causan dos sanciones impuestas por mil 874 millones 947 mil 776 pesos cada una en el año 2011.
Otra de las dependencias que no detalla si las multas fueron pagadas es la Policía Federal, que en la sumatoria por acusaciones de corrupción suma 209 millones 891 mil 583 pesos. En algunos casos afirma que la sanciones se mantienen “firmes” y en algunos casos sólo dice “sin datos”.
Destacan dos sanciones mayores de 20 millones de pesos y una por 17 millones.
La Policía Federal dice que ignora los montos pagados por sanciones por corrupción “en virtud de que de Sistema de Administración Tributaria sólo informa en algunos casos el número de Crédito Fiscal con el que queda controlada la sanción económica”.
El año en que más sanciones reporta es 2010, cuando castigó a funcionarios con 33 millones 224 mil 153 pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las otras dependencias que ignoran si las multas ya fueron pagadas son el Instituto Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito en Extinción “Fideliq” (31 millones 561 mil 828 pesos), Notimex (con sanciones por 3 millones 517 mil 977 pesos), la Productora Nacional de Semillas en Liquidación “Pronase” (2 millones 994 mil 145 pesos), Almacenamiento del Norte SA “Serranor” (un millón 550 mil pesos en multas por corrupción) y Control de Bodegas Rurales Conasupo en liquidación (722 mil 152 pesos).
También, Luz y Fuerza del Centro (625 mil cuatro pesos), la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo monto de multas ante la Función Pública suma 94 mil pesos y el Servicio de Enajenación de Bienes (1,460 pesos).
Otras confirman que no han pagado
De las 86 dependencias mencionadas en el informe, 76 sí reconocen algunos montos de las multas por corrupción que no han sido pagadas del 2000 hasta agosto pasado.
La que más debe por sanciones por corrupción es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde el año 2000 acumula un total de mil 382 millones 663 mil 953 pesos que no ha pagado y cuyas sanciones tienen carácter de “firme”.
En el recuento realizado por Reporte Indigo sólo se contabilizaron aquellas multas que se mantienen “firmes” y cuyo monto no ha sido pagado.
Es decir, en la información no se tomaron en cuenta aquellas sanciones que ya fueron pagadas, las que fueron impugnadas o revocadas por los sancionados.
Llama la atención que el año que más debe la CFE es 2011, cuando acumuló sanciones por 909 millones 925 mil 210. En ese año se hizo de 60 por ciento de las sanciones que acumula en los casi 15 años del reporte de la Función Pública.
Fue en 2011 cuando al menos 22 funcionarios de la CFE cometieron un fraude por mil 320 millones de pesos en Sinaloa y fueron evidenciados por el entonces secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. Dicha red de corrupción se investigaba desde 2008 e involucraba a jueces de Sinaloa y peritos externos a la Comisión.
La dependencia Caminos y Puentes Federales (Capufe), encargada de la administración y explotación de las vías federales y pasos de cuota del país, ha recibido sanciones -para funcionarios y proveedores- por 380 millones 433 mil 64 pesos
Llama la atención que las multas más severas las contrajo en los años 2007 y 2008, cuando recibió sanciones por 128 millones 871 mil 222 pesos y 238 millones 82 mil 743 pesos, respectivamente, que no han sido pagadas.
En la lista de las dependencias más corruptas sigue la encargada del reparto de los programas sociales y de apoyo a la pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuyos funcionarios en estos años les han sido acreditados actos de corrupción con multas por los 342 millones 54 mil 183 pesos mexicanos.
En 2002, la Sedesol reporta un adeudo por 88 millones 119 mil 252 pesos... en una sola multa. Y junto con con las otras 33 que se presentan ese año suman 139 millones 123 mil 398 pesos.
De lo ridículo a lo inconmensurable
Las multas van desde un peso a los mil 800 millones.
En el año 2004 el Registro Agrario Nacional (RAN) aplicó una multa por un caso de corrupción por un peso... y el sancionado no la ha pagado, de acuerdo con la información de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El RAN sólo presenta dos multas, la de un peso en 2004 y en 2006 otra por dos mil 433 pesos, que tampoco ha sido pagada y se mantiene “firme”.
Algunas de las multas más escandalosas están en Pronósticos, donde se desató un caso de corrupción que involucraba a varios funcionarios para amañar un sorteo que se transmitió por televisión nacional. En 2012 hay multas por 88, 66 y 20 millones de pesos. En 2013 hay otras por más de 60 y 46 millones de pesos, entre otras.
Banobras presenta una multa por 4 millones 926 mil pesos en 2002 y otra por un millón 513 mil pesos en ese mismo año. En 2009 hay otra por un millón 869 mil pesos para funcionarios de esa institución encargada de financiar obras para la creación de servicios públicos.
En Ferronales, además de las megamultas de mil 874 millones hay una por 2 millones 924 mil pesos. En el caso del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito en Extinción “Fideliq” presenta dos sanciones por un millón 42 mil pesos en 2001 y una en 2004 por 29 millones 29 mil 138 pesos.
El Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con tres multas por un millón 806 mil 948 pesos cada una en el año 2014. Son las únicas que presenta en el listado.
En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) hay tres sanciones por un millón 888 mil 422 para cada servidor público.
En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hubo una multa por 23 millones 780 mil pesos en 2002 y en 2012 hay reporte de dos multas en dólares estadounidenses, una por un millón 91 mil 195 y otra por 218 mil 239 billetes verdes.
En el Colegio de Posgraduados en 2010 se presentaron dos multas por 23 millones de pesos cada una, que tampoco han sido pagadas.
El informe destaca que las multas que se pagan son las que tienen menor costo. La multa más alta que se ha pagado ante la Función Pública es una de 2005 por un millón 753 mil pesos por parte del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que es la única que presenta la institución en estos más de 14 años.
Para corromper, se requieren dos
Fernando Pérez Correa, en el prólogo del libro “La corrupción, patología colectiva”, de Edmundo González Llaca, afirma que para corromper, se requieren dos, un funcionario y un ciudadano.
“México es rehén de la corrupción. Sus secuestradores no se ubican sólo en el gobierno; también están en la iniciativa privada, los sindicatos y hasta en los medios de comunicación. El problema no es de ahora; desde nuestros conquistadores, cuando la metrópoli organizó nuestras primeras formas de gobierno, se establecieron mecanismos que confundían los intereses públicos con los privados para repartirse el botín. Con el tiempo, esta corrupción fundacional se ha generalizado dramáticamente. Registró una paradoja de nuestra historia: al lento avance de nuestra democracia ha correspondido la democratización simultánea de la corrupción”.
Para el combate a la corrupción, de acuerdo con el especialista, es necesario que los mismos ciudadanos regulemos la actuación de la autoridad.
“No es fácil liberarnos de tan añejas y complejas cadenas. Hacerlo reclamaría grandes martillazos en el sistema político que revelen y sacudan las complicidades de los poderes, intereses y privilegios. Pero extirpar la corrupción a fondo, precisa de medidas aparentemente menos espectaculares, pero más radicales y efectivas. De lo que se trata es de airar la gestión pública, abrirla al escrutinio general, vigilar sin cesar, que el ciudadano defienda los intereses de la sociedad y confiar en la ‘contraloría social’ la vigilancia de la autoridad.
“Necesitamos que el ciudadano común, la sociedad misma, se constituyan en magistrados de la legalidad. No bastan los sistemas de fiscalización institucionales, para luchar contra la corrupción se requiere la participación de todos”, añade.
En el texto, el autor, Edmundo González Llaca, habla del término corrupción, tomado de un vocablo latino.
“Nuestra palabra castellana proviene de la palabra latina corrompere que significa ‘romper algo entre dos, destruir conjuntamente su integridad’. En sus orígenes para que existiera corrupción se necesitaba lo mismo que para bailar tango, es decir, de dos, el servidor público y el ciudadano”.
Fuente.-
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