Un juez federal dictó auto de formal prisión a otros cuatro funcionarios del penal de máxima seguridad del Altiplano por favorecer al escape del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con el expediente de investigación, estos cuatro servidores públicos no atendieron los protocolos de seguridad ni la normatividad a la que estaban obligados, tampoco informaron oportunamente de la evasión y ante ese hecho, los que estaban obligados a hacerlo, no activaron “el código rojo” a pesar de que el equipo de monitoreo, con audio y video, y el de comunicación funcionaban adecuadamente.
Lo anterior permitió al impartidor de justicia considerar que los funcionarios, dos pertenecientes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y dos del Centro de Control de Monitoreo, comisionados y adscritos al penal del Altiplano, favorecieron la fuga de Guzmán Loera.
“La aportación de nuevo material probatorio por la Fiscalía permitió concluir, en esta etapa procesal, que a las 20 horas con 52 minutos y 14 segundos, del pasado 11 de julio de 2015, no hubo falla en el sistema de monitoreo de la celda 20 del área de tratamientos especiales del citado centro, donde se encontraba Joaquín Guzmán Loera”, señala el resolutivo.
Así, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, consideró a los servidores públicos como probables responsables en la comisión del delito de evasión de presos, con la agravante de que el detenido estaba siendo procesado por la comisión de delitos contra la salud.
Con estas consignaciones, ya son siete los funcionarios detenidos por la fuga del líder del Cártel del Pacífico, pues el pasado 24 de julio un juez libró orden de aprehensión contra tres servidores públicos por estos hechos, cuya orden de captura fue cumplimentada, quedando a su disposición en internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Del total de funcionarios a quienes se ha girado formal prisión por este caso, la fiscalía probó ante la justicia federal el delito de evasión, al existir datos suficientes para concluir que funcionarios públicos favorecieron el escape de El Chapo.
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