A partir de las declaraciones –obtenidas mediante tortura– de un exmarino presuntamente ligado con el crimen organizado, varios efectivos de la Armada –entre ellos dos capitanes de navío– fueron aprehendidos a mediados del año pasado por sus compañeros de armas y por agentes de la PGR. Estuvieron secuestrados e incomunicados en alta mar durante mes y medio, sometidos a torturas y amenazas contra sus familias, para obligarlos a declararse culpables de trabajar para Los Caballeros Templarios. Ahora, presos en el Campo Militar Número Uno, se han amparado, incluso dos de ellos ya están libres.
El caso de la Semar contra los suyos se desmorona.
El caso de la Semar contra los suyos se desmorona.
En mayo de 2014 los aprehendieron. Durante mes y medio sus compañeros de armas los tuvieron secuestrados e incomunicados en alta mar. Los llevaron de nave en nave y los torturaron física y mentalmente. Los obligaron a estampar sus firmas en declaraciones fabricadas, en las cuales confesaban trabajar para Los Caballeros Templarios. Falsificaron las rúbricas de quienes, pese a todo, se negaron a firmar. Son 15 marinos y dos capitanes de la Décima Zona Naval (DZN) de la Secretaría de Marina (Semar).
Mientras tanto, en la DZN –con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán– les mentían a las esposas de los detenidos: “Están de comisión”, se justificaban ante la falta de noticias de sus cónyuges. Denunciaron también que sus domicilios eran “acechados y fotografiados” por personas a bordo de vehículos de la Semar.
No conocieron la situación de sus maridos sino hasta los últimos días de junio de ese año, cuando se oficializó su detención y los trasladaron al Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, acusados de delitos contra la salud y traición a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con testimonios que obran en la causa penal 197/2014 –de la cual este semanario tiene copia–, la mayoría de los detenidos asegura que fueron obligados a firmar sus declaraciones después de que los torturaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Semar, quienes los amenazaron con dañar a sus familias.
Declaración “espontánea”
El 19 de abril de 2014, una patrulla de marinos detuvo en Lázaro Cárdenas a José Luis Murguía Márquez, El Lic, perteneciente al Cuerpo General de Infantería de Marina, en posesión de 10 paquetes de mariguana y un fusil de asalto AK-47.
Al ponerlo a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Común en Lázaro Cárdenas, sus captores –los marinos Jesús Sandoval García y Wilbert Alvarado Chávez– asentaron que mientras revisaban su vehículo, Murguía “espontáneamente” confesó ser desertor de la Armada y estar involucrado con sicarios y jefes de plaza de los Templarios. Y citó a 14 marinos (además de él) y dos capitanes navales –por nombre, rango y apodo– como también implicados con el crimen organizado.
Sin embargo, de acuerdo con la causa penal 197/2014, es falso que Murguía declarara “espontáneamente”, pues según el certificado médico expedido ese mismo 19 de abril por el doctor Norberto Barrientos Jacinto, de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, presentaba huellas “de violencia física y de tortura”.
El secuestro y detención de los marinos se conoció púbicamente 11 meses después de ocurrido, el pasado 6 de abril, cuando Alfredo Esparza Salinas, abogado defensor del tercer maestre Cristian Baruch Méndez García, aseguró que el caso se basa sólo en la imputación directa de Murguía, mientras que el resto de las declaraciones son “dichos de oídas”.
Agregó que las confesiones de Murguía y de la mayoría de los inculpados fueron obtenidas a base de tortura.
Según la puesta a disposición, cuando lo aprehendieron, Murguía aceptó tener trato directo con el templario jefe de plaza en Lázaro Cárdenas, a quien llaman El Primazo, y con otros jefes, como El Niño de Oro, Lico y Retra, este último, persona de confianza de Servando Gómez, La Tuta.
También dijo conocer a Julio César Torres Sánchez, La Bodega, operador de Pablo Toscano Padilla, El Quinientos; a Ulises Quintero Arreguín, El Centauro, jefe de sicarios de Lázaro Cárdenas; y a Santiago Ayala, El Mont Blan o El Chato, quien cobra las cuotas a las minas y al puerto.
Murguía involucró a los capitanes de navío Eugenio Gómez Linares y Carlos Martínez Cortés, quienes, declaró, recibían 50 mil pesos mensuales a cambio de información de las operaciones de la DZN contra los Templarios; al primer maestre Álvaro Gerardo Capetillo Villa; al tercer maestre Cristian Baruch Méndez García; a los cabos Juan Sotelo Calvo y Hugo Lázaro Molina López, y al marinero Gerardo Solorio Valdovinos.
Más adelante se agregaron los tenientes de fragata Oniver Flores Sotelo y José Iván Calles Pascual, el primer maestre José Luis Carrillo Maciel, los segundos maestres Juan Antonio Castro Cabrera y Pedro Cuevas Herrera, el tercer maestre Arturo Morán Pérez, el cabo Alberto Cadena Sandoval y los marineros Aldo León Aguilar y Jhovanny Torralva Rodríguez.
“Baño de marino”
En las ampliaciones de sus declaraciones, al menos la mitad de ellos narra el secuestro y los diversos métodos de tortura física y psicológica empleada por la UIN y la SEIDO.
Proceso retoma fragmentos de sus dichos:
El cabo Cadena declaró: “El 30 de abril me encontraba de guardia en la cocina de la Décima Zona Naval. Estaba prendiendo la plancha y llegaron dos personas vestidas de civil; me preguntaron si yo era el cabo Cadena, les dije que sí. Uno de ellos me pidió el celular. Lo saqué de la bolsa de mi pantalón, pero dudé en dárselo y me lo arrebató. Otro ordenó que los llevara al alojamiento de la zona; allí me piden que abra mi taquilla. Sacó mis cosas, las puso sobre mi cama, revisando todo”.
Al terminar lo llevaron a la Inspección del Mando Naval, lo metieron a un cuarto donde lo agredieron verbalmente. Le decían que escribiera lo que ellos le dictaban, si no, se los iba a “cargar la chingada” a él y a su familia: “Me dieron un golpe en el estómago y varios en la cabeza. Uno de los elementos sacó un cable de luz y me lo pegaba en la espalda y en las manos. (…) Después le dijeron que al volver a la UIN debía firmar una declaración.
Recuerda el 22 de mayo, cuando lo bajaron del buque y lo llevaron esposado ante el personal de la UIN, como “el más doloroso de su vida, en el que sufrió más vejaciones y tormentos:
“Me pasaron a un cuarto en donde tenían una planta de luz como las que utilizan los herreros de mi pueblo para soldar, me piden que me voltee y, sin quitarme las esposas, entre dos me quitan la ropa, incluyendo la interior. En ese momento escucho un tronido y siento una descarga eléctrica en mis partes nobles que me recorrió de cabeza a pies, mi cuerpo brincó involuntariamente y caí al suelo, al parecer me desmayé por unos minutos porque de pronto estaba dormido, o soñando y me despertó un chorro de agua en el cerebro.
“Escuché una voz que no puedo olvidar: ‘Es tu baño de marino, por traidor’, dijo. Supliqué que me dejaran en paz; en su lugar me dijeron que lo mismo le iba a pasar a mi familia, y me siguieron pegando. Al ver que no podía ponerme de pie, dijeron que me volverían a embarcar para que se quitaran mis ‘cariñitos’ y no tuviera marcas visibles en mi cuerpo, que al tocar tierra tenía que firmar los documentos que me entregaran”, señala Cadena.
La tortura continuó en los días sucesivos: “Siguieron burlándose de mí, me pegaban en las nalgas con una tabla mojada y en una ocasión me oriné, mojando mi ropa y el piso; por eso decidí firmar la hoja en la cual acepté ser parte de la red de marinos que trabajaba para Los Caballeros Templarios”.
Firma falsificada
Quien a pesar de ser torturado se negó a firmar una declaración en la que “injustamente” involucraba a sus compañeros con la organización criminal es el teniente Calles Pascual, detenido el 1 de mayo. Aseguró en su declaración que los agentes de la SEIDO y de la UIN “copiaron” su firma en una declaración:
“Me golpeaban en varias partes de mi cuerpo y me daban toques en las manos con una chicharra mientras era grabado con una cámara”, detalla. Después de la tortura y de saber que hostigaban a su familia, redactó lo que le pedían. Le aseguraban que tenían órdenes del secretario de Marina.
“Como a las seis de la tarde me llevaron al muelle y me subieron a una embarcación interceptora que me trasladó al barco ARM Godínez, en donde me mantuvieron vigilado y me ordenaron que no me comunicara con la tripulación del barco ni con el cabo Cadena ni con el contramaestre Morán, quienes se encontraban a bordo, detenidos e incomunicados. Sentí un fuerte dolor en la garganta, el pecho y la espalda, acudí con el enfermero Marciano Baltazar Montes, quien lo registró en su bitácora”, asentó.
“El 4 de mayo, estando en alta mar, fuimos trasladados por medio de otra embarcación interceptora al barco ARM Berriozábal, con la misma instrucción de no tener comunicación con nadie. El 13 de mayo subieron al oficial Oniver Flores Sotelo. El barco llegó al muelle de la DZN el 22 de mayo. El teniente Eloy Valentín Cinaca y el teniente de corbeta Gallegos me escoltaron a firmar la nómina. Estaba cerca el hermano del cabo Cadena, también militar, le pedí que avisara a nuestras esposas que estábamos allí.”
La esposa de Calles Pascual obtuvo un permiso para reunirse con él: “Me dijo que personal de la Marina rondaba y fotografiaba nuestra casa y que en tres ocasiones fue a preguntar por mí, sólo que el primer maestre Ponciano Coria, el teniente de corbeta Víctor Acosta Aguirre y el almirante Luis Orozco –en su respectivo turno– le dijeron que yo estaba de comisión.
“El 22 de mayo, a las 19:00 horas, en otra embarcación interceptora nos llevaron a alta mar, al barco ARM Holzinger (…) El 29 me bajaron de ese barco y en el muelle me esperaba personal vestido de civil con placa de judicial, quienes portaban esposas y pistola.
“En el trayecto de la Zona Naval, me dijeron que tenía que declarar lo mismo que estaba escrito en una hoja en blanco que me hicieron firmar. Llegamos a una oficina en la que me encontré con personal de la SEIDO-PGR. Entró una persona que se identificó como el mayor de Justicia Militar Julio César Domínguez Trueba; él me dijo que tomaría mi declaración y que sólo tenía que decir lo mismo que había platicado anteriormente con los judiciales militares y me daría mi libertad por escrito, pero que si no lo hacía, me entregaría a la SEIDO.”
Calles Pascual narra que a las 02:00 horas del 30 de mayo fue llevado al buque Azueta, pero ocho horas después, a las 10:00, él y el maestre Morán fueron llevados a la nave Berriozábal, anclada en Lázaro Cárdenas, donde permaneció hasta el 31 de mayo.
“Apaga la cámara”
Por su parte, Flores Sotelo detalla en su declaración: “El 13 de mayo me encontraba en el Departamento de la Sección de Información e Instrucción, Sección de Información y Operaciones del Segundo Batallón Anfibio de Infantería de Marina; a las 11 horas ingresaron tres personas vestidas de civil, armados con pistola a la cintura; se acercaron a mí, sacaron al personal que se encontraba en el lugar, cerraron la puerta y empezaron a golpearme, primero en la cabeza y con el puño cerrado me golpeaban en el estómago. Uno preguntó si trabajaba para el marinero Murguía; contesté que no. Otro me dio una cachetada”.
Luego lo trasladaron a la DZN. “Uno de ellos me introdujo en un cuarto en el que me esperaba otro civil, quien me recibió con una patada en los testículos”.
Cayó doblegado por el dolor: “Me levantaron de los cabellos y me sentaron en una silla; me preguntaba sobre mi función con Los Caballeros Templarios; les dije que no sabía de qué hablaban y recibí una patada en el pecho que me hizo caer de espalda. Cuando me levantaron, me obligaron a firmar unos papeles que no me permitieron leer. Esposado, me llevaron a la entrada de la Zona Naval y me entregaron con el capitán de navío Domingo Murgado Gómez; él me dio mi teléfono para que hablara a un familiar, para avisar que me iría de comisión”.
Flores Sotelo habló con su esposa: “Me dijo que hombres civiles acompañados de marinos entraron a mi casa y tomaron fotos a nuestras pertenencias y de la familia. Después me llevaron esposado al muelle y me subieron a una patrulla interceptora; personal armado me llevó a alta mar al buque ARM Berriozábal. El capitán de fragata Óscar Melchor Ramírez me dijo que estaba detenido. Me encerraron en un camarote. Sólo me llevaban comida”.
El 22 de mayo el buque tocó puerto en el muelle de la DZN, pero no le permitieron salir ni comunicarse con su familia: “Entre las 10 y las 11 de la mañana llegó el teniente Eloy Valentín Cinaca, quien me llevó a firmar la nómina y me regresó. A las 16 horas, José Iván Calles Pascual, Arturo Morán Pérez, el cabo Cadena y yo fuimos llevados al buque ARM Holzinger, del cual es comandante el capitán Édgar Hunda Pomposo.
“El 24 de mayo llegó un marinero del Departamento Jurídico de la DZN y me dio un oficio para comparecer el 27 de mayo. Ese día, el teniente Cinaca me entregó con unos civiles, quienes me metieron en un cuarto; dijeron que eran judiciales militares y de la SEIDO. Me esposaron y me golpearon en la nuca, después pusieron mis manos atrás de mi espalda y me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Cuando me ahogaba me la quitaron, mientras uno decía: ‘Apaga la cámara, pa’ calentarlo’. Tenían fotos de mi familia.
“Luego fuimos al edificio del Segundo Batallón de Infantería. Entré en un cuarto en donde había más civiles. Uno se identificó como el mayor licenciado Julio César Domínguez Trueba, quien me dijo que si firmaba, tenía la facultad de dejarme en libertad o entregarme a la SEIDO. Firmé por temor, pero no obtuve mi libertad. Posteriormente, un policía militar me esposó y me llevó nuevamente al barco, en donde estuve hasta el día 4 de junio, cuando fui entregado en calidad de detenido al capitán de navío José Arturo Torres Molina.”
Amparados y libres
El caso contra los marinos se ha ido desmoronando. Jueces federales han concedido amparos a seis de los acusados, dos de los cuales ya obtuvieron la libertad.
Uno es el capitán de navío Eugenio Gómez Linares, liberado el pasado febrero gracias a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías de fecha 23 de diciembre de 2014, por Alberto Díaz Díaz, juez tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por falta de elementos para procesar y violaciones al debido proceso.
El otro es el cabo Hugo Lázaro Molina López, liberado el viernes 3 por las mismas razones que en el caso del capitán Gómez.
Pese a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el personal de la Semar, como se señaló en la sentencias de amparo dictadas en los juicios de garantías interpuestos por la defensa de los capitanes de navío y marinos procesados, el juez quinto militar Juan Arroyo Martínez incumplió la ejecutoria del 15 de enero de este año, dictada en el juicio de amparo 703/2014.
Por considerar que no hay elementos probatorios suficientes que acrediten su participación en los delitos que se le imputan, el capitán Eugenio Gómez Linares quedó en libertad; sin embargo al capitán Martínez Cortés le han dictado auto de formal prisión cinco veces, pese a que Alberto Díaz Díaz, juez decimocuarto de Amparo en el Distrito Federal, las mismas veces ha señalado que tampoco existe sustento probatorio que lo condene.
Incluso en una de las resoluciones, Díaz Díaz le advirtió a Arroyo Martínez sobre su posible separación del cargo en caso de persistir en su actitud de dictar resoluciones judiciales sin observar el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 19 constitucional. En caso de no obedecer, añadió, podría hacerse merecedor de una pena de cinco a 10 años de cárcel.
fuente.-
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