Los días de furia continúan. Los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa cumplieron su promesa de que para ellos no habría Navidad. Las reclamaciones airadas de justicia van de Iguala a Chilpancingo y al Distrito Federal. Aun en las inmediaciones de Los Pinos, a donde el día 24 les negaron el paso. El reclamo ahora es uno: que la PGR investigue a la Policía Federal y a los miembros del Ejército que eventualmente participaron en los hechos. El grito es clamor y el clamor por los 43 es ya pesadilla para el gobierno federal.
Sin embargo se gestó una nueva exigencia: Que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero.
En su edición 1989, este semanario publicó “la historia no oficial” de aquellos hechos. Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares.
El reportaje mostró que, contra la versión del gobierno federal, éste sí conoció los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio.
Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante legal, refrendan que no le creen al gobierno y siguen exigiendo justicia.
En entrevista durante su protesta sobre la calzada Chivatito, cerca de Los Pinos, lugar al cual les impidieron llegar policías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejército tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes.
“Nosotros les exigimos en varias ocasiones, en las mesas de diálogo, que se tenía que abrir una investigación a los militares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la municipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, indica De la Cruz, vocero de los familiares afectados.
“Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso, que éste quede en el olvido como muchos que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos”, agrega.
Padre de uno de los jóvenes desaparecidos, De la Cruz destaca que el principal castigo debe ser para los militares que sacaron a los jóvenes de la clínica donde los atendieron tras la balacera.
El Ejército, añade, ha demostrado su complicidad en este crimen al simular la búsqueda de los 42 desaparecidos, ya que uno de ellos, Alexander Mora, fue identificado mediante pruebas de ADN a principios de diciembre.
“A casi tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa –prosigue De la Cruz–, el gobierno federal no ha dado una respuesta, ni siquiera una pista para darnos la tranquilidad o saber si ya vamos a llegar a donde tengan a los muchachos. Cada día nos queda más claro que la complicidad existe. Dijimos en varias ocasiones que no íbamos a descansar y no lo vamos a hacer. La Navidad para nosotros no existe hoy.”
El vocero de los familiares exigió al gobierno que entreguen vivos a los jóvenes, porque el Estado tiene responsabilidad directa en su desaparición:
“Quienes cometieron este crimen fueron policías, fue el Ejército. No tenemos duda, hay testimonios de los muchachos –compañeros de los desaparecidos– de que los militares también participaron”, indica.
Y el diálogo con el gobierno federal no está roto, aclara, sino que está suspendido: “Ellos –los funcionarios federales– piensan que el cansancio nos va a derrotar, pero se equivocan porque el cansancio nos da más rabia y más energía para seguir”.
Cuando se le pregunta si lo siguiente es exigir que se amplíe la investigación sobre la participación del Ejército y la PF, De la Cruz responde: “Sí. Me sorprendió que nuevamente hayan traído al presidente de Cocula a declarar, porque la primera vez lo dejaron ir. En una de las mesas de diálogo cuestionamos por qué lo habían liberado, si porque era del PRI no lo iban a investigar… Exigimos que se le abriera una investigación también.
“Qué bueno que lo hayan traído y arraigado, porque creemos que tiene mucha responsabilidad, como la tiene Abarca –el expresidente municipal de Iguala– y como la tuvo el gobernador (Ángel Aguirre), como ahora la tiene Enrique Peña Nieto.”
–¿No se han preguntado por qué participaron las fuerzas federales?
–No encontramos el motivo (para desaparecerlos) porque no había ninguna manifestación, ningún desorden. Los muchachos venían de regreso y el perseguirlos, bloquearles la salida y asesinarlos de esa manera, hasta ahora no entendemos a esa mente diabólica que preparó todo esto.
Nuevas líneas de investigación
La investigación publicada por este semanario en sus ediciones 1989 y 1990 acerca del caso Ayotzinapa reveló que el gobierno de Peña Nieto encubre a agentes del Estado, principalmente del Ejército y de la PF. De la Cruz considera que “está quedando al descubierto, poco a poco, toda la estrategia maquinada por el Estado para llevar a cabo este crimen a través de las fuerzas federales, municipales y el Ejército. Es una exigencia, una necesidad y una urgencia que se investigue al Ejército. Hay testimonio de los jóvenes de que participaron”.
A su vez Vidulfo Rosales, asesor jurídico de la Normal Rural de Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resalta que en estos días buscarán una ampliación de las investigaciones de la denuncia interpuesta desde el 27 de septiembre en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR para que se indague al Ejército y a la PF por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes:
“Toda vez que ya existen testimonios que ilustran la responsabilidad de las autoridades, en próximos días haremos una petición formal para que se abra una línea de investigación al respecto. Es decir, a nivel de averiguación previa de parte de los padres de familia, que son los agraviados, solicitaremos que se abra esta línea de investigación.”
Recuerda que desde los hechos conocen de la responsabilidad del Ejército y de la PF en el crimen, pero ahora están recabando las pruebas para exigir que se les investigue:
“Siempre hemos pedido abrir líneas adicionales de investigación, entre ellas las que involucran a políticos como Héctor Vicario Castrejón, a los hermanos de Joan Sebastian –el cantante–, al exgobernador Ángel Aguirre, al exprocurador, al exsecretario de Seguridad Pública, al Ejército y a la PF. No es privativo solamente del Ejército. Pero sí hay estas responsabilidades que se tienen que deslindar en la investigación.”
Y si el gobierno federal sigue ignorando a los padres de los normalistas desaparecidos, dice Rosales, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita una recomendación al Estado mexicano.
El Ejército, “experto”
en desapariciones
Omar García, sobreviviente del ataque del 26 de septiembre en Iguala, corrobora la participación de militares y policías federales, pero considera “obvio” que el gobierno no la admitirá:
“Sabemos que con el tiempo, como siempre sucede, la verdad sale a flote. Las investigaciones han demostrado que participaron las fuerzas federales. Nosotros seguimos plantados en la idea de que fue así, que el Estado mexicano tiene las manos bien metidas ahí. La investigación que hizo Proceso lo demuestra.”
El hecho de que las autoridades monitorearan los autobuses donde viajaban los normalistas desde su salida de la Normal de Ayotzinapa demuestra, a su juicio, un ataque planeado: “Estamos exigiendo que se abra una línea de investigación contra el Ejército desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. No lo van a hacer tan fácil, eso lo sabemos. Necesitamos agudizar la movilización, tocar más puertas, juntar más gente”.
–¿Qué opinas de la postura del gobierno?
–¿Quién les cree? No somos tontos. Somos de Ayotzinapa, conocemos las mañas del gobierno desde hace mucho tiempo. Hemos visto en otros casos cómo los burlan y hemos aprendido de los errores de otros, de los aciertos de otros. Si algo tenemos es precisamente conocimiento dentro del movimiento social, dentro de las contiendas sociales. ¡Cómo nos van a engañar!
Destaca que el movimiento se ha mantenido en la legalidad al exigir justicia para los normalistas desaparecidos y sus familias, pero señala: “Hay un límite” porque, ante la indiferencia oficial, “va a llegar el momento de que convoquemos a algo más. Creemos que tenemos la autoridad moral para hacerlo porque no representamos un proyecto político. Nosotros no planeamos el 26 de septiembre, alguien más lo planeó”.
Omar considera que sería grave que la sociedad mexicana dejara de apoyar al movimiento gestado desde Ayotzinapa y desaproveche la oportunidad de cambiar las cosas en el país al desmovilizarse en el periodo electoral.
“Para nosotros –dice el normalista– votar por el PRI es votar por los Guerreros Unidos, por el PRD significa votar por Los Rojos, por el PAN es votar por Los Caballeros Templarios, Los Zetas, El Cártel del Golfo. Para nosotros son sinónimos…
“Tampoco estamos pidiendo la renuncia del presidente ya, pero el problema en México no es el Ejecutivo a través de una persona. El problema de este país es el Ejército. La muestra es que, como no saben qué hacer, los políticos mandan a los generales a hablar por ellos. Quiere decir que aquí no hay un poder político, sino militar, y quienes hacen el trabajo sucio y sostienen esa corrupción son precisamente los militares.
“Por eso queremos que se abran las líneas de investigación hacia el Ejército –continúa Omar García–; creemos que ahí está el meollo del asunto. Nadie es experto en desaparecer gente más que el Ejército. A un mes, no encontraban nada (rastros de los normalistas); a mes y medio, no encontraban nada. Alguien no dejó ni el mínimo rastro. Entonces hay que pensar que quienes los desaparecieron saben hacerlo, lo han practicado durante años. ¿Y quiénes lo han practicado durante años? El Ejército.”
–¿Crees que el caso Ayotzinapa puede ser la bandera de un movimiento social en este país? –se le pregunta.
–No es que crea, se está dando. A veces disminuye la indignación, a veces aumenta. Como sea, pero lo estamos demostrando. No queremos ser los mesías de México, sino hacer nuestra parte aunque nos quedemos solos. No vamos a permitir que se nos burle.
Las ganas de ser estudiante
Junto con otro grupo de madres de estudiantes, la señora Metodia exigió al presidente Peña Nieto que le entregara vivo a su hijo. Lo cuenta y le gana el llanto al recordar que han pasado tres meses de su desaparición.
“Exigimos que nos los entreguen y también exigimos justicia”, dice, y para ello es necesario que “le saquen la verdad” al exgobernador Ángel Aguirre, al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa. A esta última las autoridades federales la consideran autora intelectual del crimen.
“Ellos y los policías son culpables, porque ellos se llevaron a los muchachos y no sabemos de su vida. No nos quieren dar la respuesta, pero sabemos que nuestros hijos están vivos, que el Ejército los tiene. El Ejército es responsable en esto, ellos los tienen, también participaron cuando a los muchachos se los llevaron. Los muchachos no eran delincuentes, se querían defender, pero ellos, al contrario, los tenían sujetos en el carro de los policías y los aventaban como si fueran animales”, acusa.
Metodia recuerda el día que su hijo salió del pueblo para estudiar en Ayotzinapa: “Él se vino de mi casa con ganas de ser estudiante… Cómo se vino mi hijo de mi casa para salir adelante, porque nosotros somos campesinos. No tengo para darle escuela. Cuando él me dijo: ‘Quiero ser maestro, quiero salir adelante y me tengo que ir’… Quiero que me lo regresen”.
Iguala sigue caliente
En la ciudad de Iguala, mientras tanto, familiares de los normalistas desaparecidos, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero descargaron su ira contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, donde arrojaron cuatro cohetones además de golpear y grafitear la puerta principal.
“Faltan 43” y “Aquí están los asesinos”, fueron algunas de las pintas en la entrada del cuartel.
Tras unos 10 minutos –durante los cuales un manifestante embozado incluso cruzó la puerta del inmueble para tratar de impedir que los militares fotografiaran a los inconformes–, los manifestantes continuaron su marcha rumbo al Palacio Municipal.
Ahí, un representante de los padres de los normalistas hizo un ferviente llamado a los mexicanos a “salir de sus hogares y unirse a las manifestaciones para exigir no más desaparecidos en el país”.
Durante la movilización, los normalistas, sus familiares y los profesores de la CETEG exigieron la renuncia del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
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