La Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy quiere llevar a Ernesto Ruffo Appel a juicio, pero el expediente tendrá que esperar. Una jueza federal concedió al exgobernador panista de Baja California una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques. Traducido del idioma de los juzgados: la Fiscalía mantiene la acusación, pero por ahora no puede cruzar la puerta del juicio oral.
No es una absolución ni significa que el caso se haya ido al basurero. Es un freno judicial. Y para una Fiscalía que pretende demostrar una operación de importación ilegal de gasolina y diésel, con un presunto daño al fisco de 4 mil millones de pesos, tampoco es precisamente una medalla.
De acuerdo con EL NORTE, Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió la medida en el amparo 1085/2026. Su efecto concreto: mantener la causa en la etapa intermedia e impedir que se dicte el auto de apertura a juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.
Dicho sin toga: la FGR puede seguir defendiendo su expediente, pero todavía no puede sentar a Ruffo en el juicio donde tendría que sostener sus acusaciones con pruebas. La vinculación a proceso sigue vigente; lo que no tiene la Fiscalía es vía libre para avanzar hasta esa fase.
Y el tropiezo viene con antecedente. A principios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca ya había declarado infundada una queja de la FGR contra otra suspensión concedida al exmandatario. La Fiscalía alegó que detener el avance hacia el juicio afectaba el interés social porque se investigaban delitos de alto impacto. Los magistrados rechazaron el argumento. La etiqueta de “alto impacto” no le alcanzó para quitar el obstáculo.
Después, el expediente pasó al juzgado de Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias, pues la jueza ya conocía otro amparo de Ruffo relacionado con su petición de cumplir la prisión preventiva en casa.
Mientras la Fiscalía pelea en tribunales, el exgobernador, de 74 años, permanece en su domicilio de Ensenada bajo custodia de la Guardia Nacional. Fue detenido el 16 de julio y pasó dos meses y medio en el Altiplano. El 25 de septiembre, el juez de la causa autorizó el resguardo domiciliario por su edad y estado de salud.
La FGR lo acusa por su papel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye el contrabando de combustible. Esa imputación sigue en pie y todavía debe probarse.
El saldo, por ahora, es menos espectacular que el tamaño de la acusación: Ruffo no está absuelto, pero la Fiscalía tampoco puede llevarlo todavía a juicio oral. El revés de la FGR no consiste en haber perdido definitivamente el caso, sino en no haber logrado despejar el camino para juzgarlo. Mucho expediente; la puerta del juicio, de momento, cerrada.
Seis personas muertas no caben debajo de la palabra “éxito”. Tampoco desaparecen detrás de un detenido esposado, dos uniformados y un boletín perfumado con “trabajos de inteligencia” que no requerían inteligencia.
Americo Villarreal,por desgracia aun gobernador de Morena en Tamaulipas y aliado de la facción criminal del Cartel del Golfo en Matamoros,confirmó ayer seis civiles fallecidos.
Entre las víctimas de la violencia posterior a la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez se encontraba una niña de siete años. El detenido es hijo del capo Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Un militante de facto de Morena y aliado del alcalde Alberto «Beto» Granados.
Esa es la cuenta que debe ponerse junto a la fotografía oficial, no esconderse detrás de ella.
Porque detener a un presunto delincuente al que ya detuvieron antes y dejaron libre, es una obligación del Estado. Conseguirlo sin convertir a los ciudadanos en blancos, rehenes o pasajeros rumbo a una barricada incendiada también lo es.
Y esa segunda obligación no puede tratarse como un detalle que se resuelve después, cuando ya terminaron las balaceras y comenzaron los funerales.
Axel Cárdenas no vale seis vidas. Ni aunque lo presenten como “segundo al mando” de Los Ciclones o Los Escorpiones , ni aunque le engorden el expediente publicitario hasta convertir su captura en la hazaña del sexenio. La jerarquía que le atribuyen las autoridades puede explicar el interés en detenerlo; no constituye una licencia para aceptar cualquier costo humano.
UNA NIÑA NO ES EL PIE DE PÁGINA DEL OPERATIVO
Entre los hechos más graves ocurridos el pasado jueves,está la muerte de una niña que viajaba con familiares. Sus allegados denunciaron que los disparos provinieron de un helicóptero de las mismas fuerzas de seguridad que deberían protegerlos.
Si se confirma, como sugieren los indicios balísticos y los impactos en el techo de la camioneta, que el disparo provino de un arma oficial, no estaremos frente a una fatalidad sin dueño: estaremos frente a una muerte causada por quienes tenían el deber de proteger la vida, no de arrebatarla.
A su familia no se le debe pedir que encuentre consuelo en la importancia del detenido. Una niña no vale menos porque un sospechoso tenga apellido conocido y siga siendo protegido su clan por la policia y el gobierno estatal y municipal.
Su vida no puede convertirse en el renglón incómodo de una presentación de resultados.
La infancia no es material sacrificable para que Omar García Harfuch salga a presumir en sus redes que “se cumplió el objetivo” y luego, cuando toca dar la cara, guarde silencio, como acostumbra.
LA LEY NO PONE LA FOTOGRAFÍA POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS
“Durante una detención, se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, la de los agentes y la del sujeto de la detención, en ese orden”. …LSN
En ese orden. Primero quienes no tienen nada que ver.
Además, el artículo 4 obliga a planificar los operativos para reducir al mínimo los daños y establece el principio de oportunidad: evitar actuaciones innecesarias cuando exista peligro evidente para personas ajenas a los hechos y procurar el momento y el lugar que reduzcan al máximo las afectaciones a la vida, la integridad y los bienes. El artículo 30 exige evaluar riesgos, considerar la capacidad de respuesta del objetivo y determinar rutas para poner a salvo a terceros.
La ley no ordena dejar libres a los delincuentes ni suspender toda acción ante una amenaza criminal. Ordena algo bastante menos cómodo para los responsables de la estrategia: proteger. Elegir medios, tiempos y condiciones compatibles con esa obligación; anticipar la resistencia y no confundir la captura con el cumplimiento íntegro de la misión.
Por eso, seis muertos no constituyen por sí solos una sentencia judicial contra todos los participantes del operativo, pero sí una razón ineludible para revisar su planeación, ejecución y respuesta a la violencia. ¿Qué riesgos se identificaron? ¿Qué protección se dispuso para las familias? ¿Qué medidas se activaron antes de que las carreteras se convirtieran en trampas?
La autoridad debe responder con registros y decisiones verificables, no con adjetivos triunfales.
LOS CRIMINALES ENCENDIERON LOS BLOQUEOS; EL ESTADO DEBE EXPLICAR LA DESPROTECCIÓN
Quienes robaron vehículos, incendiaron unidades y bloquearon caminos se les debe responsabilizar por estos actos. La violencia posterior a la captura dejó personas atrapadas en una emergencia que incluyó choques contra vehículos utilizados en los bloqueos, además de la muerte de la menor por disparo. El terror fue una decisión criminal, no un fenómeno natural.
Pero precisamente porque se enfrenta a organizaciones capaces de responder de esa manera, una estrategia seria debe contemplar esa capacidad de reacción. La ley exige considerar la respuesta del objetivo y preparar medidas para proteger a terceros. Anunciar que se capturó a un mando no responde, por sí mismo, cómo se protegió a la población que quedó alrededor.
El cártel no puede tener derecho de veto sobre las detenciones. Tampoco el gobierno puede adjudicarse un cheque en blanco sobre la seguridad de los habitantes.
Entre rendirse ante los criminales y operar como si la ciudad estuviera vacía existe una obligación profesional: hacer las cosas con inteligencia suficiente para cuidar a quienes no participan en la confrontación.
Porque la inteligencia que sirve para encontrar a un sospechoso, pero no se traduce en protección para los ciudadanos, merece algo más que aplausos automáticos. Merece preguntas incómodas.
YA LO HABÍAN DETENIDO: LA CAPTURA TAMPOCO ES UNA CONDENA
Y hay un antecedente que vuelve todavía más obsceno cualquier festejo prematuro: Axel ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023. El 18 de enero de 2024, una autoridad judicial determinó que continuara su proceso en libertad.
La seguridad no puede reducirse a volver a capturar a alguien y volver a cobrarle a la población el precio de la operación. Mucho menos cuando el precio incluye vidas que ninguna resolución judicial podrá devolver.
LOS DAÑOS TAMPOCO SON UTILERÍA
Un vehículo incendiado puede ser el patrimonio de una familia. Un negocio cerrado puede representar el ingreso que faltará para pagar comida, renta o medicinas. Una carretera bloqueada puede separar a una persona de la atención médica que necesita.
Eso también debe contarse. No para ponerle precio a los muertos, sino para dejar de tratar a los vivos como si su patrimonio y su tranquilidad fueran insumos gratuitos de la estrategia.
¿Quién reparará esos daños? ¿Quién atenderá a las víctimas? ¿Quién explicará qué pudo evitarse? La rendición de cuentas no termina cuando retiran el último vehículo quemado.
NO SE PIDE IMPUNIDAD: SE RECHAZA UNA VICTORIA COBRADA A LOS INOCENTES
Axel debe responder ante la justicia por los delitos que se le acrediten. Los responsables de los bloqueos y las agresiones también. Y cualquier agente que haya empleado ilícitamente la fuerza debe ser investigado y, si corresponde, sancionado: el uniforme no cancela las responsabilidades que establece la ley.
Reprochar una estrategia de altísimo costo no es defender al cártel. Es defender a quienes no pertenecen a ninguno de los bandos y, aun así, terminan pagando la confrontación.
Ni Axel, ni su apellido, ni su supuesto lugar en el organigrama criminal justifican tratar seis vidas como un saldo tolerable. Menos todavía cuando el Estado ya lo había tenido bajo custodia y una captura anterior no se tradujo en su permanencia en prisión.
Que nadie pretenda resolver este desastre ascendiendo al detenido en el boletín. Pueden llamarlo “segundo al mando”, “objetivo prioritario” o envolverlo en toda la solemnidad disponible: ninguna categoría vuelve pequeña la muerte de una niña,5 muertes mas y 75 millones de pesos en destrozos.
Un gobierno no demuestra que recuperó el control únicamente porque logró llevarse a un hombre. Tiene que explicar por qué fue liberado en 2024 y por qué, para volver a detenerlo, dejó abandonada a toda una ciudad.
Y frente a seis familias en duelo, la fotografía del arresto no es una respuesta. Es apenas el principio de las explicaciones que faltan.
Qué conveniente sale la justicia cuando se aplica según el uniforme. En la fotografía aparecen elementos identificados como Ejército y AEI: juntos en el terreno operativo, pero aparentemente separados a la hora de repartir responsabilidades.
La imagen no dicta sentencias, pero sí deja una pregunta incómoda: ¿por qué el operativo alcanza para perseguir a un fiscal estatal, pero no para exigir el mismo esclarecimiento sobre la participación que apunta al mando militar ?
De acuerdo con la nota de Infobae, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido y enfrenta acusaciones derivadas de un operativo contra narcolaboratorios en el que también participó la Secretaría de la Defensa Nacional.
El medio recoge versiones de su entorno que sostienen que las autoridades federales conocían la operación; esas afirmaciones deben investigarse, no convertirse automáticamente en hechos probados. Pero tampoco barrerse debajo del uniforme verde olivo que también funciona como armadura medieval.
Porque ahí está el doble rasero que exige una explicación: si hubo una ilegalidad, que se investigue quién autorizó, quién sabía y quién participó, sin excepciones por rango, partido o cercanía con Palacio.
Y si la operación fue legal, que expliquen por qué terminó convertida en una causa contra el exfiscal. Lo que no se vale es presentar el mismo despliegue como delito para unos y como un asunto sin consecuencias para otros.
La justicia no puede funcionar como guardarropa: te pones uniforme militar y desaparecen las preguntas; te quedas con cargo estatal y te cae encima todo el expediente.
Aquí no se pide impunidad para el fiscal. Se exige que la responsabilidad no termine justo donde empieza el Ejército.
Una niña de siete años murió por una herida de arma de fuego. Su madre resultó lesionada. Y el propio gobernador de Tamaulipas ,Americo Villarreal,en un acto de cinismo, mas que de sinceridad, reconoce que se investiga si el disparo provino de un helicóptero de la Guardia Estatal. Ese es el núcleo del comunicado: no las condolencias, no la promesa de acompañamiento y mucho menos la firma al pie.
Aranza Aidely «P» fue la primera víctima de la jornada de violencia en Matamoros y la única por disparos de arma de fuego. Un tío de la menor contó que la familia transitaba por el ejido Las Rusias, localizado al oeste del municipio, cuando les dispararon desde el aire»…La Verdad de Juarez/
Ahora,una aeronave de la Guardia Estatal aparece como punible plataforma del disparo que terminó con la vida de la menor. La hipótesis no la inventaron los críticos: la reconoce el gobierno.
Pero Américo Villarreal ofrece un documento más abundante en sentimientos que en resultados verificables. Dice que se esclarecerán los hechos, que se determinarán responsabilidades y que no se encubrirá a nadie. Lo que no informa es si ya identificaron a quienes iban a bordo, si aseguraron las armas involucradas, si preservaron los registros del vuelo o si existe un informe que explique quién disparó, contra qué amenaza y bajo qué decisión operativa.
El comunicado no acredita esas diligencias; tampoco permite afirmar que no se hayan practicado. Precisamente por eso hay que exigir respuestas, no completar los huecos con fe gubernamental.
Porque aquí la palabra decisiva no es “pesar”. Es evidencia.
1. “Se investiga”: el verbo que necesita dejar huellas
Gobernador: “se investiga” no es una contraseña que obligue a la sociedad a guardar silencio. Es una afirmación que debe corresponder a actuaciones documentadas.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige un reporte pormenorizado cada vez que los agentes utilizan la fuerza. Cuando emplean armas letales, ese reporte debe detallar las razones del uso, el número de disparos, las lesiones, los daños y, en su caso, las personas fallecidas. No estamos pidiendo una cortesía de transparencia: estamos preguntando por documentos que la ley ordena producir.
Entonces, las preguntas son elementales:
¿Qué agentes integraban la tripulación del helicóptero y quiénes llevaban armas ?
¿Quién reportó haber disparado y cuántas veces?
¿Qué agresión concreta de una niña se pretendía repeler?
¿Quién estaba al mando y qué instrucciones transmitió?
¿Qué registros audiovisuales y de comunicaciones se preservaron?
¿A qué autoridad investigadora se entregaron esos materiales?
Los artículos 30, 32 y 33 de esa ley regulan la identificación del mando, la coordinación operativa y los informes del uso de la fuerza. La explicación no puede reducirse a que había una emergencia: precisamente para actuar en una emergencia existen obligaciones de mando, registro y control.
Si esos informes existen, hay que confrontarlos con los indicios. Si faltan, hay que explicar por qué. Y si contienen falsedades, debe investigarse su posible relevancia penal o administrativa. Lo inadmisible es que el gobierno pretenda que su declaración de buenas intenciones haga las veces de expediente.
2. ¿Qué amenaza justificaba disparar?
La pregunta que desgarra el comunicado es brutal: ¿qué resistencia pudo ofrecer una niña de siete años?. La respuesta parece estar en el lugar que ocupa la policía de Américo en el podio del abuso nacional.
Pero una acusación jurídicamente sólida debe ir más lejos que la indignación. No necesita inventar que los agentes identificaron a la menor y deliberadamente la eligieron como blanco. Necesita reconstruir contra quién dispararon, qué amenaza existía y por qué emplearon un medio que terminó alcanzando a una persona ajena a la intervención. Una actuación alejada del humanismo que predican y muy al estilo del gobierno de Cabeza de Vaca.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza no se mide por el tamaño del operativo ni por la peligrosidad general del cártel perseguido. La ley exige relacionar la fuerza con la resistencia y el riesgo concretos. Además, establece absoluta necesidad, prevención y oportunidad: evitar actuaciones innecesarias cuando exista peligro evidente para personas ajenas a los hechos y reducir al máximo las afectaciones.
El artículo 13 dispone que la fuerza letal es el último recurso y obliga a los agentes a comprobar una agresión real, actual o inminente, sin derecho, que pusiera o pudiera poner en peligro la vida o integridad física, así como la insuficiencia de otros niveles de fuerza.
El artículo 8 exige atender expresamente la protección de niñas, niños y adolescentes.
Traducido sin uniforme: el caos no expide licencias para disparar.
Y alegar que se tiraba contra delincuentes tampoco resolvería, por sí solo, la legalidad del disparo. Habría que explicar la identificación del objetivo, las condiciones de visibilidad, la presencia de civiles, las alternativas disponibles y las precauciones adoptadas. La ley obliga a prevenir y minimizar el daño; no permite sustituir esa evaluación por la frase “estábamos atendiendo los acontecimientos”.
Un helicóptero no convierte cada disparo en ilegal por el solo hecho de estar en el aire. Pero tampoco convierte la altura en una zona de inmunidad.
3. Las fotografías abren preguntas; no sustituyen la balística
En las imágenes aportadas se observa a personal pericial y policial alrededor del vehículo, y a personas que parecen documentar su parte superior. Eso merece atención. Lo que no permite es declarar, únicamente por esas fotografías, una trayectoria descendente, identificar un arma o atribuir el disparo a un agente determinado. La cámara del periodista no reemplaza el dictamen del perito.
La exigencia debe ser más seria —y más incómoda para el poder— que una conclusión apresurada: ¿qué encontraron en el techo y en el resto de la carrocería?, ¿qué daños documentaron?, ¿cómo los relacionaron con las lesiones y con la ubicación de las víctimas?
La hipótesis del disparo desde una aeronave debe contrastarse mediante una investigación que integre, según los indicios disponibles:
La inspección completa del vehículo y la documentación de posibles impactos.
Los dictámenes médico-forenses y la recuperación de proyectiles o fragmentos, cuando sea posible.
El examen de las armas posiblemente involucradas y los cotejos balísticos pertinentes.
Los registros de vuelo, las posiciones de la aeronave, las comunicaciones y los videos disponibles.
Los testimonios, sin forzarlos para que encajen en la versión oficial como acostumbra la autoridad.
Nada de eso debe presentarse como realizado mientras no esté acreditado. Son diligencias cuya práctica y resultados deben exigirse, mas que peritajes que podamos fundar desde una fotografía.
Hay, además, una obligación especialmente pertinente: el artículo 17 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige a las instituciones una base de datos de las características que sus armas imprimen en los proyectiles, así como del armamento asignado a cada agente. La pregunta no es solamente si recuperaron una “ojiva”: es si preservaron material útil y cuentan con registros y armas para efectuar los cotejos que correspondan.
No se trata de pedirle al gobernador que haga balística. Se trata de impedir que haga relaciones públicas donde debe haber balística.
4. Asegurar las armas no es condenar a los policías
Si hay indicios que vinculan armamento oficial con una muerte, preservar y, cuando legalmente corresponda, asegurar esas armas para examinarlas no equivale a declarar culpable a su portador. Equivale a proteger la investigación.
La cadena de custodia existe para controlar y registrar los indicios desde su localización hasta que la autoridad competente determine su conclusión: identidad, estado original, recolección, preservación, empaque, traslado y personas que tuvieron contacto con ellos. Eso establece el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por eso deben responder: ¿qué armas quedaron identificadas?, ¿cuáles fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora?, ¿cuándo?, ¿con qué registros?, ¿quién tuvo acceso a ellas ?
Respetar el debido proceso tampoco significa dejar las pruebas a la buena voluntad de quienes pudieran resultar involucrados.
La mano de hierro sirve para sostener la prueba, no para torcerla.
5. La cadena de mando no termina en el gatillo
Si se acredita un disparo ilícito desde la aeronave, la investigación no puede detenerse por comodidad en el último dedo de la cadena.
Hay que examinar quién disparó, pero también quién ordenó, quién coordinó, qué conocían los superiores y qué hicieron para impedir o denunciar una utilización ilegal de la fuerza.
El artículo 32 establece responsabilidad de superiores cuando deban tener o tengan conocimiento del empleo ilícito de la fuerza por sus subordinados y no lo impidan o denuncien. El artículo 42 les impone verificar que la actuación se ajuste a la ley.
Aunque eso no convierte automáticamente al gobernador en autor penal de un homicidio. Su responsabilidad penal se podria acreditar con otras conductas que presumen su colusión con el Cartel el Golfo.
Americo NO puede presentarse como un espectador compungido de una institución ajena. La hipótesis que reconoce su comunicado involucra a la Guardia Estatal y exige revisar decisiones, controles y mandos, no solamente identificar un arma.
La estrategia no aprieta físicamente un gatillo. Sus responsables sí toman decisiones sobre despliegue, coordinación, armamento y protección de civiles. Esas decisiones deben examinarse con documentos, no absolverse con una firma o un comunicado hipocrita.
6. Seis muertes no caben en una sola explicación
El comunicado agrupa seis vidas perdidas, pero distingue mecanismos distintos: cinco personas fallecidas en dos choques contra vehículos incendiados que obstruían las vías y una niña muerta por arma de fuego.
Llamar “accidentes” a los choques describe el mecanismo inmediato; no resuelve quién creó el obstáculo ni quién pudo tener un deber concreto y una posibilidad real de reducir el peligro.
La muerte de la niña exige una línea particularmente incómoda para el gobierno tradicionalmente cómplice: determinar si el peligro letal vino de quienes debían protegerla.
El crimen organizado no queda exculpado porque se investigue a policías. Y los policías no quedan exculpados porque hubiera crimen organizado. La responsabilidad de unos no sirve de detergente para los otros que aun y sin disparar tienen responsabilidades a la luz de otras evidencias.
El gobernador pide calma, rechaza rumores que el mismo difunde y remite a los canales oficiales. También informa que las vías quedaron transitables y que el despliegue fue reforzado con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército. Son datos sobre movilidad y despliegue; no respuestas sobre el disparo que mató a la menor.
Exigir que se preserven armas, registros de vuelo, comunicaciones e indicios no es fabricar noticias falsas. Preguntar por el informe del uso de la fuerza no es sembrar caos. Pedir una investigación capaz de alcanzar al tirador y a los mandos que pudieran resultar responsables no es atacar a las instituciones: es negarse a que el uniforme funcione como coartada.
“No encubriremos a nadie” es una promesa repetida y todas las veces incumplida, no una acreditación de que nadie esté siendo encubierto. Su valor dependerá de diligencias oportunas, pruebas preservadas y responsabilidades sustentadas.
La familia no necesita un gobernador que se declare profundamente dolido y deje las actuaciones fuera de cuadro. Necesita saber qué ocurrió, quién intervino y qué hará la justicia.
Porque una niña de siete años no puede terminar reducida a un párrafo de condolencias entre el recuento de los bloqueos y el anuncio de las vialidades abiertas.
Gobernador: el pésame lleva su firma. La investigación tiene que llevar registros, peritajes y responsables identificados. Lo primero cabe en un comunicado. Lo segundo es lo que todavía tiene que demostrar.
