Juan José Farías, “El Abuelo”,ex-aliado del gobierno federal y el ejercito mexicano,en el contexto de esa sempiterna vocación de complicar los problemas, en vez de resolverlos, ahora líder del Cártel de Tepalcatepec, y Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, líder de Los Viagras que se exhibía orgulloso intimando con militares, casi dándoles instrucciones cuando construía su imperio criminal, ahora asedian con sus actividades extorsivas y de narcotráfico,en la región de Tierra Caliente de Michoacán.
Por ello, apenas ayer 14 de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó por su distribución de drogas hasta Estados Unidos y ofreció recompensa para información que lleve a sus arrestos de 10 y Millones de dolares.
Corrían los primeros días de agosto de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya había sido declarado “presidente electo”, tras su incuestionable victoria del 2 de julio.
Fue entonces que me invitó a tomar un café en sus oficinas de campaña de Morena donde continuaba despachando. Sí, las mismas que más tarde nos enteraríamos que se las prestó Manuel Bartlett. Ya sabemos a cambio de qué. De un poquito de huachi-diésel.
El tabasqueño, ya empoderado, se veía entendiblemente feliz, satisfecho de que después de dos intentonas en 2006 y en 2012, en esta su tercera elección presidencial del 2018 cumpliera su sueño de instalar su proyecto de la Cuarta Transformación en Palacio Nacional.
Entre sorbos de café le pregunté en qué se le podría apoyar al momento que se sentara para ocupar la Silla del Águila. Me pidió que fuera -como siempre- transparente al compartirle todo lo negativo que escuchara de su gobierno. Pero en particular me hizo hincapié en sus hijos. “Mira, mis adversarios van a querer que tropiece y creo que van a querer darles tentaciones a mis hijos para perjudicarme”, me dijo. “Yo los eduqué en la honestidad, en la justa medianía, pero siempre hay quienes pueden encontrar por dónde tentarlos. Te pido que en este renglón me apoyes para que cualquier irregularidad que veas de mis hijos me la hagas saber”. Le dije que sí, que por el bien de su gobierno, que entonces tantas esperanzas despertaba, contara con que así lo haría.
Estaba claro que, como presidente, Andrés Manuel López Obrador sabía que José Ramón, entonces de 37 años, Andy, entonces de 32 años y Gonzalo, de 27 años, serían un blanco perfecto para crear conflicto, para exhibirlo y desacreditarlo. Después de todo, como político priista que algún día lo fue, López Obrador vivió de cerca cómo otros vástagos presidenciales, como algunos hijos de Echeverría o como José Ramón, el orgullo del nepotismo de José López Portillo, terminaron manchando la biografía de sus padres con sus negocios al amparo del poder y del tráfico de influencias. Ni qué decir de Manuel Bribiesca, el hijo de Marta Fox, quien de la mano de algunos amigos se adueñó de innumerables negocios en Pemex, en el SAT, pero, sobre todo, capitalizó su genética -y el poder de su padrastro Vicente Fox- para apoderándose de las aduanas, en donde incentivó el contrabando de textiles y de calzado barato contrabandeado desde China.
Estaba claro, en aquel café con el presidente electo -en agosto de 2018- que él no quería repetir esas experiencias que dejaron marcados, de por vida, a sus antecesores. Esta es la foto que signó aquella plática.
Pasaron los meses sin mayores sobresaltos, hasta que apareció por ahí la instalación de la fábrica de chocolates Rocío -nombre en honor a la madre de sus hijos- una empresa que, apoyada con iniciativas públicas del Bienestar, pretendió ser el negocio legítimo de los López Beltrán. Pero la tentación de operar el poder con el popular apellido presidencial, aunado a las ambiciones naturales de prosperar por su cuenta a cualquier precio, acabaron por destruir en aquellos jóvenes las lecciones de la justa medianía, si es que algún día las aprendieron. Se volvieron juniors mirreyes, como aquellos hijos de los prianistas que tanto despreciaban.
Hasta antes de febrero de 2020, en que tuve el último contacto directo con el presidente López Obrador, lo único que pude llevarle sobre sus hijos fueron dos casos. Uno, las operaciones que ya eran vox populi en el mundo de la energía con Carolyn Adams, su nuera radicada en Houston, esposa de José Ramón. Y dos, algunos incipientes negocios de contrabando en los que involucraban a Andy con el muy cuestionado director de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el coyotaje de cancelación de impuestos en un SAT, la poderosa dependencia en la que Andy logró colocar a dos o tres de sus mejores amigos.
A partir de aquel 2020 comenzó la danza de los conflictos de interés y de los negocios turbios hechos al amparo de favores corporativos y de amigos incondicionales de los juniors presidenciales que buscaron su sombra para enriquecerse insultantemente.
El primer gran escándalo, que fue la gran maldición de los López Beltrán, fue el de la famosa Casa Gris de Houston, rentada a José Ramon y a su esposa Carolyn Adams, por el directivo de una corporación texana que tenía millonarios negocios con Pemex. Al menos, mediáticamente, acabó por empatar con el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de Angelica Rivera.
A partir de ahí comenzaron a aparecer amigos de los López Beltrán que se prestaban como fachada para ganar licitaciones a modo, lo mismo en el suministro de balastro para el Tren Maya, movimientos de tierra y otros trabajos en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, contratos jugosos con CFE y Pemex, tráfico de medicamentos en la pandemia y ni se diga de su mano ancha en aduanas, lo mismo con Ricardo Peralta que con Rafael Marín Mollinedo. La foto publicada como primicia por Código Magenta, en el restaurante Pappadeaux de McAllen, que exhibía a José Ramón con el director de Aduanas, gestionando negocios con dos amigos de los López Beltrán, es una contundente prueba de esa influencia.
Hoy, a casi un año de la salida del primer gobierno de la Cuarta Transformación, y a ocho años de aquel encuentro con el entonces “presidente electo”, en la casona de Morena, está claro que los temores que me compartió Andrés Manuel López Obrador tenían su fundamento. Sus hijos se convirtieron en su enorme Talón de Aquiles, su punto débil que hoy está cobrando una muy elevada factura en vástagos que abandonaron la humildad y la sensatez para conducirse con decoro en la vida. Si el hombre de apellido López Obrador buscaba ser quien acabara con la corrupción en México, sus hijos se encargaron no sólo de boicotearlo, sino de exhibirlo como un padre que fue incapaz de someter las ambiciones de su descendencia, para que transitaran por su sexenio sin conflicto de poder, sin abrir una ventanilla de cobros, de facturación mal habida, de contrabando de combustibles. Los nombres de Amílcar Olán, Marath Baruch, Daniel “El Gallo” Asaf, Mario Mabarak y Ricardo Pacheco son -entre otros juniors y mirreyes de la nueva política de la izquierda mexicana- ejemplos vivientes de esa corrupción, de esa ambición desmedida, de sus absurdas creencias de que ese clan sería siempre invisible, siempre intocables, siempre impunes.
Los que todavía están cerca de Andrés Manuel López Obrador dicen que, en estos días, está sobradamente indignado. Más que molesto, enfurecido, porque su proyecto político de heredarle a su hijo del mismo nombre su legado político se hizo añicos. Andy mismo se encargó de boicotearlo.
Su viaje a Japón y sus secuelas de explicaciones torpes y soberbias para justificar esos lujos en hoteles y restaurante de cinco estrellas, acabaron por sepultar la aspiración del delfín de los López Beltrán, quien ya incluso dentro de Morena acumula un amplio club de detractores. Hoy, Andy es, de la mano de Adán Augusto López y de Audomaro Martínez -el Clan Tabasqueño- la trifecta transformada en el peor lastre para el partido en el poder. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum pudo salir a defenderlo. Triste final de una herencia que Andrés Manuel López Obrador buscó que fuera pura, impoluta, trascendente, aunque cayó en la tentación de prolongar la estirpe política instalando a su hijo Andy al frente de Morena -algo que nunca hicieron los prianistas-. Pero el junior altanero y petulante ya dinamitó su camino rumbo al 2030. Otra de las herencias malditas.
Estados Unidos acusó a cinco capos de cárteles mexicanos y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”.
Quien es el triple escapista de la ley que intimaba con el gobierno
Vamos a decirlo sin rodeos, porque el cinismo oficial no merece paños tibios ni “contextos” que distraigan del punto central: el Estado mexicano –según documentos, investigaciones y la irrefutable realidad de la plaza– primero crea monstruos y luego se horroriza porque no sabe cómo controlarlos. Ahí está, como ejemplo paradigmático del fracaso y la hipocresía institucional, Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”.
¿Quién es El Abuelo?
Fue aliado, interlocutor, incluso “autodefensa” armado bajo el visto bueno de comisionados federales y con armas y legitimidad otorgadas desde el poder para combatir un mal mayor: Los Caballeros Templarios. Un día, reunión frente a cámaras con funcionarios; al otro, acusado de narco y luego “absuelto”, solo para volver a la escena pública como “héroe” comunitario, mientras circularon, por años, las versiones de sus nexos con el CJNG, Los Valencia y, cómo no, con las mismas autodefensas que después se harían cártel.
¿A nadie en el gobierno se le ocurrió revisar el perfil, los antecedentes, la lógica de entregar armas a personajes que ya eran, cuando menos, controvertidos con los que sin pena se reunirán en publico ?
Hoy, ese exaliado de ocasión es buscado por la justicia de Estados Unidos, que ofrece 10 millones de dólares por su cabeza, acusándolo formalmente como el jefe máximo del cártel Cárteles Unidos, organización etiquetada ya como “terrorista extranjera”.
Como si fuera poco, en paralelo se ofrecen millones por otros cuatro de sus operadores, todos en México, todos conocidos desde hace años por autoridades mexicanas. Pero eso sí: aquí siempre ocurre que “nadie sabía”, “nadie supo”, “nos sorprendió”. ¿A quién tratan de engañar? ¿A los ciudadanos o a sí mismos?
¿Le sorprenderá a alguien que, cada vez que el gobierno mexicano anuncia capturas, traslados o nuevos “golpes”, sólo deje huérfano el territorio para que otro grupo o el mismo capo de siempre regrese más fuerte, con más armas y, por supuesto, más protegidos por la corrupción y la colusión de quienes deberían combatirlos? Cuando Estados Unidos exige resultados, solo entonces se arma el show del “traslado” de algunos detenidos, la farsa de la extradición como solución, y el alarde de cooperación internacional. Pero mientras tanto, ni se resuelve la violencia local ni la extorsión agrícola ni la extorsión política. Todo, en cambio, se pudre aún más.
La historia de “El Abuelo” es la síntesis del desastre: de “autodefensa” a cártel, de legitimidad social a enemigo número uno de EUA. Todo porque el gobierno federal —y más grave, el Ejército, que lo conoció, lo armó o simplemente se hizo de la vista gorda— se empeñan en aplicar soluciones de corto plazo, fabricar aliados circunstanciales y cuando la criatura se les voltea, simplemente improvisan la siguiente “estrategia”.
¿Resultado?
Extorsión y control sobre el Estado de Michoacán, violencia que rebasa fronteras y la vergüenza constante, como nación, de mirar hacia otro lado mientras el crimen se institucionaliza.
El capítulo de “El Abuelo” es apenas una raya más a este tigre de simulaciones, impunidad y soluciones que solo agravan el problema. Que quede claro: México no necesita más pactos insensatos ni héroes improvisados con pasado criminal. México necesita instituciones que dejen de fabricar desastres… y que al menos, si no van a combatir el narco, dejen de protegerlo y alimentarlo.
Además de la acusación de sobornos a funcionarios de Pemex, el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó a Alexandro Rovirosa, CEO de Roma Energy Holdings, “con miembros de cárteles mexicanos”.
De acuerdo con Guacamaya Leaks, ese vínculo sería con la agrupación de “Los Zetas“, según una denuncia atribuida a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En los archivos que fueron extraídos de las bases de datos de la Sedena y difundidos en Guacamaya Leaks hay un correo acreditado a “El Mencho“, donde se ofrecía una recompensa “de 10 millones de dólares” por datos que revelaran la relación del tabasqueño con Marcos Manzanilla Fojaco.
Según esta acusación, Rovirosa y Marcos Manzanilla Fojaco son los dueños de Roma Energy México y Tubular Technology, empresas dedicadas a la exploración petrolera y que habrían recibido más de 150 millones de pesos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Se darán 10 millones de dólares a la persona que informe el paradero de los verdaderos dueños de la empresa Tubular Technology, empresa asociada de los contratos CNH-R02-L03-VC01-2018 y CNH-R01-L03-A16-2015.
“Los verdaderos dueños de la empresa Roma Energy México y VLOQUE, SAPI de CV, son los señores Marco Manzanilla Fojaco y Alejandro Rovirosa Martínez. Su fortuna oscila entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos, producto de la extorsión, cobro de pisos, secuestros o homicidios al haber sido operadores de los cárteles de Los Zetas“, indicaba la denuncia, atribuida a “El Mencho”.
Marcos Manzanilla fue detenido el 7 de julio de 2017 con armas, drogas y casi 2 millones de dólares en efectivo, por lo que se abrió la averiguación previa PGR-FED-TAB-VHSA-0000666-2017, en la delegación de la PGR en Tabasco.
Según la misma denuncia, fue liberado por la intervención del entonces Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, y mantendría en su nómina a mandos medios de la Marina, Sedena y Policía Federal, incluso a personal de la SEIDO, a quienes pagaría sobornos que van de 100 a 500 mil pesos mensuales.
La acusación de EU
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos entre 2019 y 2021.
Según la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas,Alexandro Rovirosa, CEO de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista al Gobierno de Campeche, habrían usado efectivo así como bolsos Louis Vuitton y relojes de lujo Hublot para sobornar.
“Los acusados -extranjeros residentes en EU- presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, dijo Matthew Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de EU.
Ambos habrían logrado así contratos por 2.5 millones de dólares.
La acusación se realiza bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU (FCPA, por su siglas en inglés), que implicaría sanciones a Pemex con multas hasta por 25 millones de dólares.
El Presidente Donald Trump dijo que México hace lo que Estados Unidos le pide que haga respecto a políticas seguridad fronteriza, al tiempo que presumió la reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México de los últimos meses.
La afirmación de Trump (“México hace lo que les decimos que hagan”) retrata de forma cruda la dinámica de presión que ha impuesto Washington sobre la política de seguridad y migración mexicana, y contrasta claramente con el discurso de soberanía y cooperación que presentan públicamente Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.
Sin embargo, la realidad es más matizada: el gobierno mexicano, enfrentando amenazas económicas y de seguridad de EE.UU., ha cedido en varios puntos cruciales, aunque procura mantener una narrativa de autonomía ante la opinión pública mexicana.
Contexto y evidencia clave del momento México-EE.UU., 2025:
Reducción drástica de cruces migratorios: Desde la llegada de Trump en 2025, las detenciones en la frontera sur de EE.UU. alcanzaron mínimos históricos; ejemplos: menos de 7,200 encuentros en marzo, hasta días con menos de 100 detenciones. Este declive va de la mano con presiones para que México refuerce el control en su territorio y acepte migrantes rechazados por EE.UU.
Medidas mexicanas a demanda de EE.UU.: Bajo presión de sanciones y aranceles, Sheinbaum ha desplegado fuerzas de seguridad adicionales en la frontera, extraditado a capos a petición directa de Trump (al menos 26 en lo que va del año), y facilitado colaboración militar e inteligencia, incluso permitiendo patrullajes y drones estadounidenses en territorio mexicano en coordinación con el ejército nacional.
Cambio de enfoque en seguridad bajo Sheinbaum/García Harfuch: Aunque la retórica de Sheinbaum y su gabinete insiste en la defensa de la soberanía, la prioridad ha sido contener la presión de EE.UU. cediendo en extradiciones, cooperación operativa y contención migratoria, mientras se intenta aparentar agencia política y técnica ante el electorado mexicano.
Retórica vs. hechos:
Lo que dice Sheinbaum/García Harfuch
Lo que sucede en la relación real
México defiende su soberanía en materia de seguridad y migración
Se accede a demandas estadounidenses bajo amenazas
Hablan de “cooperación”, “acuerdos bilaterales”
Extradiciones masivas y despliegues militarizados “a pedido”
Presentan nuevas estrategias de inteligencia y fuerza civil propia
Militares y Guardia Nacional refuerzan frontera; fuerzas civiles aún se están formando
Destacan logros en capturas, reducción de violencia y coordinación
Contexto impulsado por prioridades, recursos y presión externa
La “retórica del engaño mexicano”: La frase de Trump y las medidas de su administración desmontan retóricas mexicanas de autosuficiencia. Más allá de la diplomacia, Sheinbaum y García Harfuch priorizan evitar crisis económicas o políticas frente a EE.UU., aunque eso signifique recular o cooperar más allá de lo que reconocen públicamente, haciendo equilibrios discursivos que pueden catalogarse de “malabares” para “verse bien” más que “hacer el bien” conforme a intereses nacionales soberanos.
Advertencias y contexto soberanista: No obstante, Sheinbaum enfrenta presiones sociales y políticas para no ceder en exceso. Ha insistido en público que las decisiones (como extradiciones) son “soberanas” y negocia para mantener cierto margen ante una posible intervención estadounidense más directa. Sin embargo, la lógica de “México hace lo que les decimos” tiene sustento factual, aunque matizado por los juegos de legitimidad interna y externa.
En síntesis:
La retórica oficial mexicana subraya cooperación y soberanía, pero en los hechos sujeción a demandas de EE.UU. domina la agenda.
La “verdad incómoda” es menos heroica de lo que relata el discurso político nacional.
La capacidad de agencia mexicana está limitada por realidades geopolíticas, económicas y de seguridad.
La gobernadora de Morena en Baja California,Marina del Pilar,padecio su mas reciente episodio como mero saldo de la “querencia” popular traducida a repulsa social y abucheo. Aqui cualquier “cariño del pueblo” quedó hecho trizas entre gritos de “¡Fuera, fuera!” por parte de ciudadanos hartos de los aires de grandeza y los accesos VIP de la mandataria.
El Show en Tijuana: Abucheo Real y Acceso Preferente
El pasado 11 de agosto como muestra el video, Marina del Pilar fue recibida con abucheos durante el concierto de Shakira en el Estadio Caliente de Tijuana. Los reclamos eran claros: “Haz fila”, “Pon el ejemplo” y la burla “Nunca se puede perder ningún evento”, en referencia a la omnipresencia de la mandataria en espectáculos masivos mientras la gente común soporta largas filas y retrasos para ver a su artista. El operativo para darle acceso preferente a la gobernadora generó aún más rechazo entre los asistentes.
La Mandataria Sin Visa
Y ya que hablamos de accesos, el estadounidense también le fue negado: desde mayo de 2025, a la gobernadora y su esposo, Carlos Torres, les fue cancelada la visa de no inmigrante por parte de EE.UU.
¿Motivos criminales?
Ella dice que no,pero respondió con una retórica contundente: “En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa. Hay millones de mexicanos que han vivido sin visa toda su vida”. La narrativa prefiere el “sufrimiento compartido” antes que explicar la causa real del rechazado sello en el pasaporte.
Resulta que la “gobernadora del pueblo” ya ni siquiera puede cruzar la línea (ni de migración ni de simpatía popular). Las lluvias de abucheos la persiguen más que las tormentas de Baja California —y eso que presume que “lleva al pueblo en el corazón” y que “nada la aparta de su gente”. Pero el pueblo, ese que presume querer, le ha dado la espalda y le ha mostrado la puerta, en idioma universal: “¡Fuera, fuera!” ¿Querencia? Sí, pero solo para los reflectores y las filas exclusivas. Del pueblo solo queda el eco de la rechifla y la evidencia pública: Marina del Pilar, la mandataria sin visa y, cada vez, con menos aplausos.
En México, la dignidad es como esas vajillas heredadas: aunque tenga grietas, todos aseguran que sigue intacta. Así lo recordaron ayer los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte al despedirse, asegurando que se van con vocación entera, reputación incorruptible y… algunos millones bien justificados.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, conmovido casi hasta las lágrimas —aunque sin una sola referencia concreta a las sentencias polémicas— proclamó que “a pesar de los infundios y calumnias” se marcha con la frente alta. Tal vez porque ya se acostumbró a que la justicia en México funciona mejor como escultura que como mecanismo: está ahí, se ve bonita, pero nadie puede moverla.
Mientras tanto, Margarita Ríos Farjat quien fuera recomendada para el puesto por AMLO y terminó confrontándolo, lamentó la desaparición de la Primera Sala, una institución histórica dedicada a la defensa de los derechos humanos… siempre que estos no incomodaran demasiado al poder. González Alcántara citó a Cerati, porque en la Corte también se improvisa playlist, y Gutiérrez Ortiz Mena fue breve: “un privilegio” —y se entiende, hay pocos trabajos mejor pagados por opinar cada quince días.
Dignidad intacta, justicia intacta… lástima que la realidad no haya quedado igual.
Ángulo 2: “La justicia transformadora… que viene”
En la Primera Sala de la Suprema Corte se bajó el telón después de 31 años… y lo reemplazaron por un bonito telón nuevo, pero con la misma obra. Entre discursos nostálgicos y palabras como “legado” y “transformación”, los ministros se despidieron, dejando el mismo paquete envuelto para los que llegan: un sistema judicial tan independiente… que ni de sí mismo depende.
La presidenta saliente, Loretta Ortiz, habló de una “justicia más abierta, incluyente y transformadora”. Una frase que bien podría estar impresa en un folleto de hotel, porque es difusa, promete mucho y nadie la lee completa. Lo de “abrir” suena atractivo, aunque en México abrir la justicia suele significar abrir más expedientes… que se quedan abiertos.
La gran expectativa social de un poder judicial más democrático es como esperar que el microbús pase a tiempo: la ciudadanía sigue en la parada, los choferes cambian, pero la ruta es la misma y el pasaje cada vez más caro.
