El mas reciente caso en que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) notificó a domicilio al columnista Hector de Mauleon,en EL UNIVERSAL ,para exigirle la eliminación de una columna sobre los vínculos familiares de la candidata Tania Contreras con operadores políticos en el robo de combustible -tema central de su investigación-,es un grave atentado contra el derecho a la información y la libertad de prensa en perjuicio de ciudadanos que deben saber que jabon patrocina sus candidatos.
El acto, “mero saldo de un fallo electoral negociado con cara de falla” ,que además ordena la eliminación del contenido, le prohibía abordar el tema en el futuro, constituyendo un claro ejemplo de censura previa y hasta futura en el contexto de la represalia institucional que también llego a Codigo Magenta,quien fue mas profuso para exhibir la pudrición que rodea a la candidata y el gobernador.
El trasfondo: censura disfrazada de protección de derechos
El argumento oficial para estas acciones suele invocar la protección de derechos político-electorales, en particular cuando se alega violencia política de género, como en el caso de la candidata Tania Contreras.
Sin embargo, la aplicación de medidas cautelares para retirar publicaciones que señalan posibles actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas -sin que medie una resolución judicial definitiva- abre la puerta a la censura y al silenciamiento de investigaciones periodísticas legítimas.
El periodismo de investigación no puede estar supeditado a la voluntad de los órganos electorales ni a la sensibilidad de los actores políticos, pues su función es precisamente ventilar lo que el poder busca ocultar.
El riesgo de entregar datos personales a la autoridad electoral
El hecho de que el domicilio del columnista fuera proporcionado por el INE a petición del IETAM, bajo el amparo de un convenio, agrava la situación. Esto vulnera la privacidad y seguridad de quienes ejercen la crítica y el periodismo, enviando un mensaje de intimidación a toda la prensa y a la sociedad: quien investiga y denuncia puede ser localizado y amedrentado por el propio Estado corrupto.
¿Quién protege el derecho a saber de los ciudadanos?
La ciudadanía tiene derecho a conocer información relevante sobre el uso de recursos ilícitos en campañas, la infiltración del crimen organizado en la política y la corrupción en el aparato judicial, como lo documenta De Mauleón en su columna que incluso en “ValorTamaulipeco” enriquecimos con documentos para validar la información del periodista.
Cuando los órganos electorales censuran estos contenidos bajo pretextos administrativos o de género, no solo protegen a los actores señalados, sino que privan a la sociedad de herramientas para exigir rendición de cuentas y tomar decisiones informadas.
El doble discurso oficial
Mientras el gobierno de Tamaulipas asegura que no persigue ni censura a la prensa y que respeta la libertad de expresión, los hechos demuestran lo contrario: medidas cautelares, órdenes de eliminación de contenidos y amenazas de sanción económica a medios y periodistas críticos. Esta contradicción evidencia que el discurso oficial de respeto a la libertad de prensa es, en la práctica, letra muerta cuando se trata de proteger intereses políticos.
¿Qué debe hacerse frente a estas prácticas?
Exigir que los órganos electorales y el INE se abstengan de intervenir en la labor periodística y de compartir datos personales de periodistas con terceros.
Defender el principio constitucional de libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, incluso cuando la información resulte incómoda para el poder.
Denunciar nacional e internacionalmente los casos de censura institucional, para que no se normalicen ni se repitan.
La censura electoral en Tamaulipas no solo silencia a los periodistas, sino que priva a los ciudadanos de información valiosa y crucial sobre la corrupción y la infiltración criminal en la política. Callar al mensajero es encubrir el crimen. La única defensa real de la democracia es más información, no menos.
‘”…Ayer, un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó hasta el domicilio de uno de los principales columnistas de este diario para hacer de su conocimiento que, tanto él, como EL UNIVERSAL, estaban denunciados por una persona cuyo nombre fue omitido en la notificación.
El documento ordenaba que el diario eliminara de su página web la columna en la que el autor toca el tema de los nexos de morenistas con personajes relacionados con el robo de combustible a Pemex, que utilizaban el producto de este ilícito para fondear campañas políticas.
Además, se ordenaba que no volviera a tocar el tema. Cuando se le preguntó al notificador cómo obtuvo el domicilio del columnista, él respondió que le fue proporcionado por el INE por medio de un convenio.
Varias preguntas. ¿El instituto electoral tiene autoridad para ejercer censura presente y futura de contenidos periodísticos?
¿El INE puede proporcionar los datos que los ciudadanos les confían para que alguien que ejerce la crítica sea ubicado?
¿El gobernador del estado, Américo Villareal, estará enterado de esta tropelía que raya en la censura?…”
Ciudadanos de Baja California armaron una “carne asada masiva”afuera de la sede del Ejecutivo estatal en Mexicali como protesta en contra de la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila.
Ante la manifestación, el edificio gubernamental en la Plaza de los Tres Poderes, en el Centro Cívico, amaneció blindado con muros de madera.
“¡Marina, ya nadie te quiere!” y “Un poco de decencia no hace daño Marina”, son algunas de las consignas.
La “carne asada masiva” fue convocada en redes sociales para manifestarse en contra de la inseguridad y por la revocación de la visa de la Mandataria.
Con sus tradicionales asadores, diversos cortes de carne, cebollitas, nopales, elotes y toda clase de condimentos, los mexicalenses se organizaron esta tarde y hasta una simulación de visa hicieron, la cual dice por nombre “Yosi Cruzo SinPro Blemas” y en donde todos pueden tomarse una foto.
La Plaza de los Tres Poderes se llenó alrededor de las 18:00 horas, tiempo local.
Con sus tradicionales asadores, diversos cortes de carne, cebollitas, nopales, elotes y toda clase de condimentos, los mexicalenses se organizaron esta tarde y hasta una simulación de visa hicieron, la cual dice por nombre “Yosi Cruzo SinPro Blemas” y en donde todos pueden tomarse una foto.
La Plaza de los Tres Poderes se llenó alrededor de las 18:00 horas, tiempo local.
A la medianoche del 10 de mayo pasado, la Gobernadora indicó que, al igual que a su esposo, le habían retirado la visa estadounidense. Días después aseguró que no quitaría a éste del cargo honorario en la Coordinación de Proyectos Estratégicos para Baja California, pese a que pudiera ser un conflicto de interés.
Sobre la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, dijo que en caso de reuniones, los funcionarios de ese país podrían venir a Tijuana.
“No es requisito tener una visa para poder Gobernar”, subrayó en una conferencia de prensa.
La población de Mexicali, que es más pequeña que la de Tijuana, siempre se ha caracterizado por sus protestas contundentes.
En el 2017 y hasta el 2020, los mexicalenses protestaron contra la empresa cervecera Constellation Brands, cuando lograron que mediante un plebiscito ordenado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador la empresa saliera definitivamente de la ciudad.
La “muerte política” en México: significado, mecanismos y contexto actual
Definición y contexto histórico
En México, la expresión “muerte política” se refiere al fin de la carrera pública de un político, generalmente como resultado de escándalos, pérdida de legitimidad ante la ciudadanía, sanciones legales o la imposibilidad de ejercer cargos públicos.
A diferencia de la violencia física -como los asesinatos de actores políticos, la muerte política es un fenómeno simbólico y social, vinculado al rechazo ciudadano, la presión mediática y, en ocasiones, a procesos institucionales como la revocación de mandato.
La protesta ciudadana como mecanismo de castigo político
El caso reciente de la “carne asada masiva” en Mexicali, organizada frente a la sede del Ejecutivo estatal para exigir la revocación de mandato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, es un ejemplo claro de cómo la ciudadanía busca ejercer presión para provocar la muerte política de una figura pública.
Esta manifestación, que mezcló el activismo con una tradición local, fue convocada principalmente a través de redes sociales y tuvo como objetivo protestar por la inseguridad y el escándalo de la revocación de la visa estadounidense de la mandataria y su esposo, así como la permanencia de este último en un cargo público pese a posibles conflictos de interés.
La protesta se caracterizó por su tono festivo, pero también por consignas directas como “¡Marina, ya nadie te quiere!” y “Un poco de decencia no hace daño, Marina”, evidenciando el desgaste de la legitimidad de la gobernadora ante sectores de la sociedad[2][3].
¿Es la protesta social una verdadera muerte política?
En el pasado, la muerte política en México ha sido objeto de debate sobre si constituye un verdadero castigo para los funcionarios que caen en desgracia pública. Si bien las protestas masivas y el oprobio ciudadano pueden minar la autoridad moral y política de un gobernante, en la práctica, la muerte política solo se consuma plenamente si existen mecanismos institucionales efectivos, como la revocación de mandato, la inhabilitación o el retiro voluntario del cargo.
En el caso de Baja California, la protesta exigía explícitamente la revocación de mandato, un instrumento legal que, si se activa y prospera, puede materializar la muerte política de un funcionario. Sin embargo, la experiencia mexicana muestra que muchas veces el castigo social no se traduce en sanción institucional, y los políticos pueden resistir en el cargo pese al repudio público, especialmente si cuentan con respaldo partidista o protección institucional.
Comparación con la muerte política en otros contextos
A diferencia de países donde la presión social puede obligar rápidamente a la renuncia de un funcionario, en México la muerte política suele ser un proceso prolongado, condicionado por factores como:
El respaldo de las estructuras partidistas.
La existencia (o ausencia) de mecanismos legales eficaces para la destitución.
El control de los medios y la narrativa pública.
La capacidad de movilización ciudadana sostenida.
Conclusión: el caso Marina del Pilar y el castigo político en México
La protesta de la carne asada en Mexicali representa un ejemplo de cómo la sociedad mexicana utiliza la creatividad y la movilización pacífica para exigir la muerte política de figuras consideradas indignas por el oprobio ciudadano.
Sin embargo, la efectividad de este castigo depende de la articulación entre la presión social y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas. En ausencia de estos, la muerte política puede quedar solo en el plano simbólico, sin consecuencias reales para los actores señalados.
El nuevo Embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, compartió una cena de bienvenida en la que estuvieron el ex aspirante presidencial con orígenes en Ciudad Mante,Tamaulipas, Eduardo Verástegui , sobrino de Cesar Verastegui Ostos,alias El Truko”, quien fuera candidato al gobierno de Tamaulipas en 2022 e indagado en informes militares junto con Americo Villarreal ,por sus ligas con la delincuencia organizada, de las que ya no éxisten dudas.
Verástegui, quien se ostenta como amigo cercano del ex agente de la CIA y Boina Verde de las Fuerzas Especiales, compartió videos de la velada a través de redes sociales.
En las grabaciones también destaca la presencia del cantante Emmanuel, quien interpretó sus éxitos “Con olor a hierba” y “El día que puedas”.
“Que dios les bendiga a todos, y gracias a México”, expresó el diplomático rodeado de mariachis y haciendo gala de su español.
Origen y Contexto de la Amistad
¿Quién es Eduardo Verástegui?
Eduardo Verástegui es un actor, productor y activista mexicano, conocido en los últimos años por su fuerte activismo conservador, su cercanía con movimientos provida y su intento de incursionar en la política mexicana, incluso como aspirante presidencial independiente en 2024. Ha cultivado relaciones con figuras de la derecha estadounidense, incluidos líderes evangélicos, políticos republicanos y exfuncionarios de inteligencia.
¿Quién es Ron Johnson?
Ron Johnson, el nuevo embajador estadounidense en México, es un exboina verde y exagente de la CIA, con una carrera diplomática marcada por su enfoque en seguridad y cooperación bilateral. Su designación fue impulsada por el expresidente Donald Trump, lo que ya sugiere un perfil alineado con intereses conservadores y de seguridad nacional.
El Origen del Vínculo
Coincidencias Ideológicas y de Red de Contactos
Redes Conservadoras Internacionales Verástegui ha construido una red internacional con figuras conservadoras de Estados Unidos, participando en foros, cumbres y eventos religiosos y políticos. Es probable que su relación con Johnson se haya forjado en este entorno, donde convergen intereses sobre temas como la lucha contra el narcotráfico, la migración, la defensa de la familia tradicional y la oposición al aborto.
Intereses Mutuos en Seguridad y Religión Johnson, con su trasfondo en inteligencia y operaciones especiales, y Verástegui, con su activismo en temas de seguridad y valores, encuentran puntos de encuentro en la promoción de agendas conservadoras tanto en México como en EE. UU. La visita a la Basílica de Guadalupe por parte de Johnson y su esposa, acompañados por Verástegui, refuerza la dimensión religiosa y simbólica de su relación.
Eventos y Círculos de Poder La asistencia de Verástegui a la toma de protesta de Johnson en Washington D.C. y la rápida invitación a la cena de bienvenida en México indican una relación personal previa, probablemente consolidada en eventos de alto nivel en Washington y otros foros internacionales.
Significado Político y Social
Un Mensaje a la Elite Mexicana
La presencia de Carlos Slim, su familia, el cantante Emmanuel y empresarios de alto perfil en la cena sugiere que Johnson busca tejer lazos directos con la élite económica y cultural mexicana, utilizando a Verástegui como puente. El hecho de que Johnson llame “hermano” a Verástegui y le agradezca la invitación muestra una relación de confianza y camaradería poco común en la diplomacia tradicional.
Proyección de Poder e Influencia
La difusión de los videos y mensajes en redes sociales por parte de Verástegui no es casual: busca proyectar una imagen de cercanía con el poder estadounidense, legitimando su propia figura ante sectores conservadores y posibles aliados políticos en México.
Posibles Implicaciones
Influencia en la agenda bilateral: La relación puede facilitar el acceso de Verástegui a canales de influencia en temas clave como migración, seguridad y cooperación bilateral.
Consolidación de un bloque conservador: Refuerza la idea de un bloque conservador trasnacional, con Verástegui como interlocutor entre la derecha estadounidense y la mexicana.
Señal a la administración mexicana: El evento puede interpretarse como un mensaje al gobierno mexicano sobre el tipo de actores con los que la nueva embajada buscará interlocución.
Conclusión
La amistad entre Verástegui y Johnson no surge de la casualidad, sino de una convergencia ideológica y de intereses en redes conservadoras trasnacionales, reforzada por la coyuntura política actual. Esta relación tiene potencial para influir en la agenda bilateral y en la configuración de alianzas políticas y sociales en México.
El Gobierno de Tamaulipas aun bajo la responsabilidad del Moreno Américo Villarreal Anaya,acaba de ser atrapado otra vez, con los dedos en la puerta, pues contrató a un despacho de abogados al que le pagó 23.2 millones de pesos para litigar asuntos personales y partidistas que involucran a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En un país lacerado por la corrupción y la simulación, la conducta del gobernador Américo Villarreal no solo es una afrenta al erario, sino un insulto a la inteligencia y esperanza de los tamaulipecos.
Usar el poder y los recursos públicos para litigar vendettas personales y blindar intereses partidistas es, en esencia, traicionar la confianza ciudadana y prostituir el sentido mismo del servicio público.
No hay discurso humanista ni retórica transformadora que justifique el desvío de dinero que pertenece a todos para fines que solo benefician a unos cuantos.
En Tamaulipas, la justicia y la ética no pueden seguir siendo monedas de cambio en el mercado de la impunidad. La historia juzgará a quienes, bajo la máscara de la transformación, perpetúan las peores prácticas del pasado.
A donde fue a parar el dinero del publico
Entre los casos que el Bufete Olea y Asociados, encabezado por Víctor Olea Peláez, se ha encargado de litigar, está una denuncia contra el ex Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, para evitar que pudiera competir el año pasado por una curul del Senado, un caso electoral pagado con recursos del Gobierno del estado.
Olea Peláez, quien fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también fungió como asesor jurídico del partido Morena en una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra García Cabeza de Vaca.
Dentro del expediente FED/FECOC/FEIDCSAJ-TAMP/0001611/2024, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en ese entonces representante de Morena ante el INE, pidió que se reconociera a Olea Peláez y otros integrantes de su bufete como sus asesores jurídicos.
“Reitero el nombramiento de asesores jurídicos de mi mandante a favor de los licenciados Víctor Olea Peláez… Ricardo Cervantes Sánchez… Rodrigo Portillo Orozco… Guadalupe Ricardo Serna Velázques”, pidió Gitiérrez Luna al Ministerio Público en un escrito fechado el 26 de junio de 2024.
El Gobierno de Tamaulipas contrató en 2023 al despacho de Olea Peláez para representarlo en distintos juicios de orden penal, mercantil, civil, administrativo y de amparo.
La Secretaría de Finanzas estatal pagó 23.2 millones de pesos por los servicios prestados conforme cuatro facturas emitidas en junio, agosto, septiembre y noviembre de 2023, cada una de ellas por un monto de cinco millones 800 mil pesos.
“Servicios profesionales de asesoría jurídica que represente y defienda los intereses del Gobierno del Estado de Tamaulipas ante las instancias jurisdiccionales y de procuración de justicia federales”, señala la descripción del servicio contratado.
De acuerdo con registros judiciales, el bufete de Olea Peláez se ha encargado de litigar en distintas instancias asuntos relacionados con García Cabeza de Vaca, quien fue Gobernador del estado de 2016 a 2022.
En uno de los casos, actuando en nombre de Villarreal, presentó en febrero del año pasado una denuncia ante la FGR en la que acusó a García Cabeza de Vaca de uso de documento falso para acreditar su residencia en el Ayuntamiento de Reynosa, durante el proceso electoral del año pasado.
Pese a que la víctima presuntamente era el estado de Tamaulipas, no se estableció cuál sería la afectación al Gobierno del estado.
En 2023, coincidentemente, el despacho de Olea Peláez, financiado por el Gobierno estatal, representó al empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera y al Grupo Inmobiliario Carmon en una denuncia, también ante la FGR, en contra de García Cabeza de Vaca y el ex Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, Javier Castro, por supuestamente haber fabricado delitos y haberlo obligado a ceder unos predios.
La conducta punible del gobernador de Tamaulipas y su encuadre jurídico-delictivo
¿Qué revela otra vez,esta conducta sobre el perfil del gobernante?
La narrativa pública de Américo Villarreal es la de un gobernante humanista y transformador. Sin embargo, la utilización de recursos estatales para litigar asuntos de interés personal, partidista o ajenos al interés público contradice los principios de ética, legalidad y uso responsable del erario que debe observar un servidor público en un Estado de derecho.
Tales acciones, lejos de reflejar humanismo y transformación positiva, sugieren prácticas de desvío de recursos y abuso de poder, lo que erosiona aun mas la confianza ciudadana de por si maltrecha en su persona y pone en entredicho la integridad del gobierno.
Implicaciones jurídicas: ¿Es una conducta punible?
El marco legal mexicano es claro respecto al uso indebido de recursos públicos:
El Código Penal Federal tipifica como peculado el acto de distraer dinero público para usos propios o ajenos, y como uso ilícito de atribuciones y facultades el emplear recursos estatales para fines distintos a los que están destinados.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona el uso indebido de recursos públicos, tanto en la vía administrativa como penal, y contempla la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que participen en estos actos.
La responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos está sustentada en la Constitución y leyes federales y locales, y es exigible cuando el servidor público no justifica el uso de los recursos o los emplea para fines distintos al interés público.
En este caso, los recursos estatales fueron utilizados para litigar asuntos personales o partidistas -y no estrictamente para la defensa de los intereses del gobierno estatal y sus gobernados, lo que podría configurar el delito de peculado o uso ilícito de atribuciones, sancionable con prisión, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Por qué es grave en un Estado de derecho?
En un Estado de derecho y en una sociedad que aspira a tener “gente derecha”, la desviación de recursos públicos para fines personales o de partido para pagar la tirria contra los enemigos politicos,constituye una violación grave a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Además, este tipo de actos alimenta la percepción de corrupción y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.
Conclusión
La conducta descrita -contratar y pagar con recursos públicos la defensa de intereses personales o partidistas del gobernador- es contraria a los principios de un Estado de derecho y puede ser sancionada penal, administrativa y civilmente bajo la legislación mexicana vigente si existiera el imperio de las leyes y un gobierno decente para hacerlo valer.
Este proceder contradice el discurso de transformación y humanismo, y representa una desviación grave de las obligaciones de un servidor público.
Si tomamos por buenas las cuentas alegres de Omar Hamid García Harfuch en el “segundo piso” del gobierno, se detiene a casi un centenar de personas cada día, aunque la cifra no aparece en sus ‘tuit” en forma de fotos y contexto, esto más que reflejar eficacia, refleja un acto de prestidigitación estadística: números que se inflan, se repiten y se presumen, pero que rara vez cuadran con la realidad que viven los ciudadanos del país de los datos mágicos, donde la seguridad parece ser mas,una cuestión de fe, que de seriedad gubernamental.
Que diria Pitagoras si no hubiera muerto:
¡Pitágoras enloquecido! (Escena hipotética en el Hades matemático, donde el filósofo griego revisa las cifras de Harfuch con un ábaco roto y un papiro lleno de garabatos)
Pitágoras: ¡Por las barbas de Euclides! ¿20 mil detenidos en 218 días? ¡Ni sumando los lados del triángulo, restando los ángulos obtusos y bajando el cero de la hipotenusa me cuadra esta cuenta de mercachifle! Discípulo: Maestro, quizá usaron una ecuación no euclidiana… Pitágoras: ¡No! ¡Aquí hay un número irracional disfrazado de estadística! ¡20 mil es un cuadrado perfecto (141.42²), pero 218 días no son ni primos ni compuestos… ¡son un insulto a la razón! Discípulo: Tal vez contaron a los detenidos en múltiples dimensiones… Pitágoras: ¡Silencio! Esto solo se explica con la teoría del caos numérico: si divides 20 mil entre 218, no obtienes 92 diarios… ¡obtienes una migaja de pan mojada en aceite de oliva rancio! ¡Hades bendito, hasta Hermes el tramposo sacaría mejor promedio!
Moraleja matemático-festiva: Si hasta el padre de los números entiende que 20 mil – 14,517 = 5,483 “detenidos fantasma”, quizá sea hora de que la SSPC explique si los desaparecieron con un hechizo dodecaédrico.
Análisis de las cifras de detenidos reportados por Omar García Harfuch desde octubre de 2022
Resumen de hallazgos
Las cifras reportadas por Omar García Harfuch sobre personas detenidas varían según el periodo y el contexto en el que se presentan.
El dato más reciente, divulgado en mayo de 2025, indica “más de 20 mil detenidos” en el marco de la estrategia nacional de seguridad.
Sin embargo, un reporte específico del 11 de marzo de 2025 detalla que, del 1 de octubre de 2024 al 9 de marzo de 2025, se registraron 14,517 personas detenidas por delitos de alto impacto.
Comparativo de cifras
Periodo reportado
Detenidos reportados
1 de octubre 2024 – 9 de marzo 2025
14,517
Último reporte público (mayo 2025)
Más de 20,000
La diferencia entre ambas cifras es de 5,483 personas detenidas. Esto sugiere una discrepancia relevante, ya que la cifra global más reciente supera considerablemente la cifra específica para el periodo octubre 2024–marzo 2025.
Narrativa y consistencia
García Harfuch suele presumir en redes sociales y comparecencias públicas los resultados de detenciones, presentando cifras acumuladas y parciales según el contexto.
La cifra de “más de 20 mil” detenidos no coincide con el desglose específico de 14,517 para delitos de alto impacto en el periodo más reciente reportado, lo que puede deberse a:
Inclusión de detenciones por delitos de menor impacto o faltas administrativas en la cifra global.
Sumas acumuladas de diferentes periodos o jurisdicciones.
Actualizaciones o ajustes en los datos oficiales.
Paro para abonar mas,de manera seria y cientifica,contrario a la postura “medio_cree” del gobierno,calculamos cuántos detenidos diarios resultan si asumimos como cierta la cifra de 20,000 personas detenidas reportada por Omar García Harfuch del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo de 2025, primero determinamos el número de días en ese periodo:
Del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo de 2025 hay:
Octubre 2024: 31 días
Noviembre 2024: 30 días
Diciembre 2024: 31 días
Enero 2025: 31 días
Febrero 2025: 28 días (2025 no es bisiesto)
Marzo 2025: 31 días
Abril 2025: 30 días
Mayo 2025: 6 días
Respuesta: Si se toma como cierta la cifra de 20,000 detenidos entre el 1 de octubre de 2024 y el 6 de mayo de 2025, el promedio es de aproximadamente 92 detenidos diarios.
Conclusión
Existe una inexactitud en la narrativa de García Harfuch respecto al número total de detenidos reportados en redes y comparecencias públicas.
La cifra de “más de 20 mil” detenidos no se alinea con los reportes parciales y específicos presentados para periodos recientes, particularmente en lo que respecta a delitos de alto impacto.
Esto evidencia una conducta dolosa y engañosa saldo de la falta de claridad y consistencia en la manera en que comunica los resultados de detenciones, lo que dificulta la verificación independiente y precisa de los datos.
Comentario adicional
Esta discrepancia es resultado de estrategias de comunicación política mas que policial , donde se privilegia el impacto mediático de las cifras globales por encima del desglose técnico y riguroso.
Para una rendición de cuentas efectiva, sería necesario que las autoridades dejen de “tirar choro” y transparenten un criterio de contabilización que permitan el acceso a los datos desglosados por tipo de delito, periodo y jurisdicción, ademas del seguimiento de las detenciones para clarificar niveles de eficiencia en su judicialización o procesamiento penal.
