Al menos 240 organizaciones civiles y 200 especialistas, entre activistas, académicos y víctimas de abusos cometidos por el ejército, alertaron sobre el riesgo de que el Congreso apruebe distintas iniciativas del PRI en materia de “seguridad interior”, que buscan conferir poderes extraordinarios a las fuerzas militares, por encima de la Constitución y tratados internacionales.
El colectivo #SeguridadSinGuerra, llamó a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que junto con sus aliados impulsan la Ley de Seguridad Interior, a evitar la legislación que “normaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales”, ya que “contribuiría a perpetuar” la violencia en México.
La ong consideró a la legislación promovida por el diputado priista César Camacho como una “ley golpista”. De igual forma, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), calificó como “irresponsable” que los priistas y sus aliados, entre ellos “los panistas rebeldes”, pretendan “otorgarles poder a la Fuerzas Armadas, quienes están en las calles desde hace más de 20 años y no han podido enfrentar a la delincuencia”.
La defensora recordó que actualmente hay “más de 50 mil elementos del Ejército” en las calles, lo que, dijo: “no ha sido suficiente para bajar el índice de violencia. Es contradictorio que los legisladores quieran perpetuar al ejército a las calles, sería violar la Constitución y a los tratados internacionales”, condenó.
El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, sostuvo que en la pretendida Ley de Seguridad Interior, se advierten al menos 12 violaciones a la Constitución, pues lo que se busca es “paramilitarizar la seguridad pública”.
“Busca obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y en particular a las de desaparición, efecto disuasivo en zonas como Tamaulipas, donde está el mayor número de desaparecidos con una presencia militar desde hace más de 10 años”, argumentó el defensor.
El defensor aseguró que la iniciativa del PRI pretender “conferirle atribuciones de índole civil a las Fuerzas Armadas, sin que la Cámara de Diputados tenga facultades legales para hacer los cambios legislativos, además de que se impondría un Estado de excepción, por encima de lo que rige el artículo 29 constitucional”.
Con la Ley de Seguridad Interior, detalló, se le darían atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas, y podrían obligar a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a proporcionar información.
Asimismo, podrían deponer e imponer policías civiles en estados y municipios; se violaría el derecho a la información pues todos los operativos castrenses estarían clasificados como reservados; se negaría el derecho a las víctimas a litigar en casos de abusos; podrían reprimir manifestaciones; y pretende diluir la responsabilidad penal y política del Presidente y las Fuerzas Armadas.
También señaló que la Ley de Seguridad Interior busca “garantizar la impunidad militar y la dependencia de la clase política a los militares, es una ley de guerra para la guerra”.
Guevara Bermúdez dio datos contundentes de la experiencia de la militarización de la seguridad nacional en los últimos años: del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por la CNDH, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable.
De igual forma, indicó que en materia de tortura y malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CNDH tiene un registro de 4 mil 483 en las que se señala a la Sedena como responsable, y a la Semar con mil 32; en tanto que por desaparición forzada, el organismo ha emitido 15 recomendaciones en las que se implica a la Semar y 33 a la Sedena.
Sobre la latente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Centro Prodh resaltó que aunque la intención principal del colectivo #SeguridadSinGuerra es que no se apruebe la iniciática priista, sin antes ser discutida abiertamente por expertos, de no atender el llamado, la legislación tendrá que ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad.
“No es necesario llegar a ese extremo porque se puede impedir la aprobación de este proyecto, sin embargo la acción la puede hacer la minoría legislativa y la CNDH, que puso sobre la mesa un decálogo de puntos que este anteproyecto está ignorando abiertamente.
En consistencia con eso, es de esperarse que el máximo organismo de derechos humanos en México fije una postura para que no sea aprobada la iniciativa que impulsa el PRI y el grupo de panistas más cercanos a la postura priista”, apuntó.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, enfatizó que la urgencia por abrir el debate, es porque han sido los altos mandos del ejército y la Marina quienes han impuesto a los legisladores sus requerimientos.
“De aprobarse la ley, perpetuaría la actuación opaca y poco transparente que han tenido las fuerzas armadas, porque lo que pretende esta ley es blindar a la Sedena y a la Marina para que en contextos de seguridad interior, la información generada no sea de acceso al público; y el mejor ejemplo es el caso Ayotzinapa. Se sabe de la existencia de un pelotón, y la Sedena ha negado la existencia de ese cuerpo castrense. Ese tipo de proceder opaco es el tipo de actuación que la ley perpetuaría”, argumentó el defensor.
Por parte de la organización Causa en Común, María Elena Morera resaltó que las organizaciones unidas en el colectivo #SeguridadSinGuerra reconocen la labor de los militares, pero que su despliegue debe apegarse al artículo 29 constitucional.
Hasta ahora, ningún gobernador ha sido sancionado por no “preparar a sus policías, y lo que México está viviendo es una verdadera crisis de inseguridad, de impunidad de corrupción y de violaciones a derechos humanos, y la solución no está en tener más militares en las calles”, explicó la defensora.
Alfredo Lecuona, consultor independiente, destacó que la impunidad y la falta de rendición de cuentas que se reporta en la Gendarmería Nacional, se ve reflejado en el destino de 2 mil 842 millones de pesos para realizar 10 mil operativos, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “sólo pudo acreditar la realización de 75, es decir, el 0.8 por ciento”.
Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, agregó que pese a que cada año el Congreso aprueba el Presupuesto de Egresos, “al final se reporta una partida especial de Seguridad Nacional que tiene erogaciones anuales de 9 mil millones de pesos que no fueron aprobados y que se ejercen en completa discrecionalidad”.
Con información de Apro
