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martes, 15 de septiembre de 2015

"FIRMAS METANSELAS por donde mas les quepan MIJITOS",dice la "PRIISTA" CARMEN SALINAS ...lo que "natura" no da,salamanca "no presta".



Luego que la diputada federal Carmen Salinas afirmara que “no le hagan de a pedo” por no contar con alguna iniciativa, la también actriz de televisión cerró su cuenta en Twitter, 

Según una nota publicada y a través de un vídeo difundido por otras redes sociales, dijo que la iniciativa ciudadana que pretende acumular firmar para despojar a la legisladora federal de su curul, “por mí se pueden meter sus firmas por el trasero o por donde más les quepa mijitos, yo estoy respaldada por mi partido, mejor pónganse a trabajar y no estén de envidiosos”. 


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!!! ASALTAN BANCO !!! en CIUDAD MADERO...casi 30 en Tamaulipas y todos "IMPUNES".


Un nuevo asalto bancario en ciudad Madero,que se suma a los dos ocurridos en Tampico la semana pasada deja en "ridiculo" la estrategia del General Marines al mando de la Fuerza Estatal responsable no de la Seguridad sino de la "Inseguridad" en la zona metropolitana de Tampico,Madero y Altamira.

Gral.Marines/Mediocre desempeño
Cd.Madero,Tam.-15/Sep/2015 El atraco ademas se perpetra cuando la zona de Ciudad Madero era virtualmente sitiada por elementos de seguridad de los múltiples funcionarios que asistían a la reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas" en la zona Naval que discuten los temas de Seguridad y sus avances.

Este nuevo asalto bancario ahora  fue a la sucursal de Banorte, ubicada en Bulevar López Mateos de la colonia Unidad Nacional. De acuerdo a los primero reportes, tres sujetos que portaban armas cortas ingresaron y amagaron a empleados y clientes, despojándolos de dinero. 


EL "CHAPO" "INFILTRO al CISEN" con todo y DIRECTOR


Ante una débil e ineficaz impartición de justicia en México, que deja impune a los autores de cientos de miles de crímenes sin resolver, los órganos responsables de ejercerla atraviesan desde hace varios años severos problemas por la imposición de funcionarios en cargos directivos sin tener la experiencia necesaria, así como la corrupción que se ha apoderado de las instituciones y la penetración del crimen organizado en las estructuras y cuerpos policiales y de seguridad nacional.
Uno de los casos más recientes que llamó la atención internacional y que expone esas deficiencias del Estado mexicano, al exhibir la incapacidad del gobierno para hacer bien su trabajo, es la fuga de Joaquín Guzmán Loera de una prisión de máxima seguridad, lo que ha motivado una intensa investigación ministerial para lograr determinar qué niveles de gobierno estuvieron involucrados y hasta dónde penetró —mediante sobornos— el Cártel de Sinaloa para lograr evadir al peligroso delincuente. Hasta ahora son conocidos varios despidos en los sistemas carcelario y de seguridad, sin duda el más importante es el de Monte Alejandro Rubido García de la Comisión Nacional de Seguridad.
Es en medio de ese sigilo propio de una investigación ministerial —más aún cuando se trata de castigar a quienes hayan planeado y participado directamente en la fuga del principal narcotraficante de drogas en el mundo— que llama la atención que un juez federal, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), haya dictado hace unos días un auto de formal prisión en contra de dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), principal órgano de inteligencia del país, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Y digo que llama la atención porque entre las responsabilidades del Cisen están las de vigilar a los delincuentes más peligrosos capturados, y en la fuga de Guzmán Loera ese órgano de seguridad nacional tenía acceso —desde sus instalaciones en Camino Real a Contreras— al sistema de vigilancia de la celda, por lo que el director general del Cisen, Eugenio Ímaz, debería también considerar la posibilidad de renunciar, si no porque estuviera directamente involucrado en la fuga —eso se sabrá al concluir las indagatorias—, sí porque era parte de su responsabilidad y fue omiso y negligente, sin descontar que este funcionario es uno de los que carecen de la experiencia necesaria para ocupar ese importante cargo.
Sin conocer los nombres y los cargos de los dos empleados del Cisen presos por su presunta participación en la fuga de Guzmán Loera, se confirma que el Cártel de Sinaloa —comandado por el recién fugado narcotraficante— logró infiltrar al principal órgano de seguridad nacional del país, sin que los controles internos del organismo funcionaran adecuadamente. Esto demuestra la inoperancia e inseguridad interna que hay en dicho Centro, pero será el presidente de la República quien decida si mantiene en el cargo a Eugenio Ímaz a pesar de las fallas constantes que se han tenido en materia de seguridad en la actual administración.
Esa poderosa banda criminal también ha alcanzado otras áreas de gobierno como la PGR, en donde varios funcionarios son investigados por su probable intervención en diversas acciones que permitieron la fuga de Guzmán Loera. De acuerdo con una nota de Alfredo Méndez del diario La Jornada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada investiga a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales porque “personal de esa instancia frenó deliberadamente los trámites para la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal federal del Altiplano el pasado 11 de julio”.
Con tal nivel de cooperación de funcionarios encargados de hacer que se cumpla la ley, Guzmán Loera decidió salir del penal del Altiplano cuando se enteró que el gobierno de Estados Unidos tramitaba su extradición; es decir que sólo estaba de paso en dicha prisión y, en el momento que quiso, armó su huida con el apoyo de varios grupos de servidores públicos de distintas oficinas de gobierno y que están al servicio del crimen organizado.
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LA "PGR SEMBRO PISTOLA" y lo PRESENTAN en VIDEO...es la misma PGR de siempre


Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, fue detenido el lunes 7 de manera irregular por siete agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes le “sembraron” una pistola en su automóvil BMW para acusarlo luego por portación ilegal de armas.
En el video de 14 minutos, presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se observa el momento en que, al minuto 2:15, un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y gorra negras, ingresa al automóvil del litigante de la empresa que mantiene una demanda en su contra por la empresa española OHL.
En el video se observa que la “siembra” del arma ocurrió mientras Diez Gargari negociaba y discutía con los agentes de la PGR, quienes le mostraron una “orden de presentación” como presunto testigo del delito de filtración de audios.
Luego de ello, el abogado fue trasladado a las instalaciones de la PGR en la colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo mantuvieron incomunicado. Doce horas después fue llevado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López, en el Centro Histórico, mientras que su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.
Diez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas tras pagar 65 mil pesos de fianza.
En su queja presentada en la CNDH, el litigante también consignó que de su celular fue extraída información sobre conversaciones sostenidas por Whatsapp.
“El día de hoy consulté mi correo electrónico de manera remota y me di cuenta que el 9 de septiembre a las 19:51 horas alguien envió desde mi teléfono celular un correo electrónico a la dirección andresfuentes201282@gmail.com”, acusa.
Diez agregó que no conoce al destinatario de ese correo y que canceló hasta el jueves 10 la línea y datos del celular, teléfono que sigue en poder de la PGR.
La intervención de comunicaciones privadas, según el Código Federal de Procedimientos Penales, sólo puede realizarse con orden de un juez especializado.
En su queja, el abogado solicitó a la CNDH que se tomen medidas precautorias para “salvaguardar su integridad” ante lo que consideró una “violación de sus derechos humanos”.
El operativo contra el abogado de Infraiber se realizó el mismo día en que el presidente internacional de OHL, el español Juan Villar Mir, anunció en Madrid que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de la red social de YouTube.
La denuncia formal fue presentada por OHL tres días después, el jueves 10.
Este lunes 14, la trasnacional OHL publicó un desplegado para acusar a Infraiber de ser la responsable de “una campaña de difamación”, cuyo fin es “extorsionar para que se deje sin efecto la revocación de un convenio marco que había celebrado en el Estado de México”.
Desde abril de este año, la campaña de Infraiber se basó no en la filtración de los audios, sino de información sobre presuntas irregularidades de OHL en un sitio en Internet titulado www.finalabuso.net.
Según OHL, la “campaña de desprestigio ha sido absolutamente mentirosa y ha manipulado la información financiera”, además de que los audios que se difundieron fueron editados, acusa.
OHL precisó que interpuso una denuncia penal ante la PGR en contra de Infraiber por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.
“OHL agotará los recursos legales para salvaguardar el patrimonio y el de sus accionistas, y las autoridades dirán la última palabra”, remató el desplegado.
La escalada de agresiones de OHL a Infraiber coincidió no sólo con el anuncio de Villar Mir, sino también con la difusión, la semana pasada, de nuevos audios que involucraban tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como al propio presidente Enrique Peña Nieto en reuniones privadas con los altos directivos de la compañía española.
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lunes, 14 de septiembre de 2015

LOS "NIÑOS del NARCO"...desde 2006 mas de 7 MIL NIÑOS y MENORES de EDAD DETENIDOS



Desde el 2006 la PGR ha detenido a más de 7 mil niños y menores de edad involucrados en el narcotráfico, una situación que se agrava por la falta de un Sistema de Justicia Federal para Adolescentes que brinde atención y seguimiento a estos jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado.
Los reclutadores del narco se parecen a los amigos. Su aparente éxito atrae miradas. Usan ropa de marca, teléfonos celulares , autos último modelo y se rodean de personas hermosas. Es riesgoso, es mal visto, es criminal y tentador. Un día te invitan a su mundo. Se arreglarán todos tus problemas de dinero y sólo es cosa de matar, piensas. Llegó el día y fuiste invitado. Lo piensas. Matar, matar, matar... Otro día la invitación expira y tienes una pistola en la cabeza. Matar o morir es ahora la regla. 
Así es la narcoexplotación de adolescentes.
—Oye, hay un chavo que me invita a hacer un trabajo, es de artillero.
—¿Artillero, Pepe? ¿En el Ejército?
—No, con una banda.
—¿En qué consiste el trabajo?
—Matar a personas. Que me pagan 50 mil pesos.
Un miembro de una ONG que ayuda a jóvenes en riesgo de narcoexplotación muestra el diálogo con Pepe en la pantalla de su teléfono. La historia de este adolescente es como la de muchos niños y jóvenes que se ven obligados a ingresar en las filas del crimen organizado. 
Las estadísticas de la PGR indican que desde el 2006 hasta la fecha han sido detenidos más de 7 mil niños y adolescentes acusados de delitos relacionados con el crimen organizado .
Casi el 90 por ciento de estos menores de edad , 6 mil 450, fueron detenidos entre el 2006 y 2012, años que comprenden el sexenio pasado que encabezó el expresidente Felipe Calderón.
En el 2010 y 2011 el número de detenciones de menores por delincuencia organizada llegó hasta los mil 200 por año.
En lo que va del actual sexenio –de acuerdo a este reporte de la PGR- se han detenido 683 niños y adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad, lo que implica una drástica caída.
Es decir, mientras de 2006 a 2012 el promedio anual de capturas fue de 921, en los años 2013 y 2014 descendió a 288. 
Cayó casi 70 por ciento la detención de menores de edad en este sexenio... sin que eso sea una buena noticia.
“Cuando hay confrontación de fuego, se requieren soldados de ambas partes, lo que ha hecho el Ejército es que también reclutó a adolescentes en el mundo rural, incrementó su reclutamiento a través del servicio militar anticipado, eso lo denunciamos, afortunadamente ya lo dejaron de hacer, quedó prohibido por ley, logramos que eso se modificara en las leyes militares, pero el crimen organizado por supuesto que no paró y ha seguido reclutando de manera forzada a muchos adolescentes, bajo el tema de ‘te pago o te mato”, denuncia Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
El investigador reconoce que historias como la de Pepe, un niño que fue contactado por los grupos del crimen organizado la semana pasada para ser reclutado como sicario, pasan todos los días en el país.
—Creo que te están engañando y tienes que negarte, entre sicarios no están pagando tanto dinero y corres el riesgo de cruzar las puertas del Infierno. —le dice el entrevistador.
—Ya hasta me amenazaron.
—Sé que tienes tiempo en malos pasos, sugiero lo pienses con más detenimiento.
—Es tiempo de correr. 
—No lo pienses mucho. Salte del lugar en donde estás. ¡Hoy mismo! —le recomienda.
—¿Y dónde me quedo?
—¿Llama al albergue? Ellos podrían buscar algún lugar.
—¿Estas personas saben de ese albergue?
—No.
El caso más sonado es el de “El Ponchis”, un niño sicario de Morelos que fue detenido por militares. En Chihuahua, hay un niño de 16 años que aceptó su participación en 50 asesinatos. En el Distrito Federal está el caso de “Ramoncito”, quien fue condenado a cinco años de prisión por su participación en al menos dos homicidios. Se le acusa de haber dejado parapléjico a un policía de la Bancaria e Industrial.
Morir o matar
Las investigaciones judiciales y la inteligencia rastrean a los integrantes de los grupos delincuenciales y sus conexiones. A los narcos les preocupa dejar rastro y reclutan a jóvenes y, pasado cierto tiempo, los desechan. Los adolescentes se convierten en presas.
Juan Martín Pérez García critica que no exista en México un mecanismo de vinculación de los jóvenes que viven esta problemática en el que encuentren seguridad y protección para denunciar al crimen organizado y obtener protección del Estado. Los muchachos se ven obligados a participar en las actividades de estos grupos y son criminalizados, cuando deberían considerarse como víctimas.
“Se están viendo como un peligro para la sociedad. Vemos a más chicos que cometen delitos federales y tal, pero es a la inversa, tenemos a más chicos expuestos al peligro, sin que el Estado, en sus distintas expresiones, esté haciendo nada más que encerrarlos”, alerta.
El encierro, de acuerdo con el especialista, es la peor forma de profundizar el fenómeno, porque llegan a un sistema que aunque teóricamente no es carcelario, en los hechos y en la cultura lo es y ahí se enganchan en dinámicas todavía de mayor riesgo.
Los adolescentes en estas circunstancias requieren del cobijo del Estado, pues al haber participado en los cárteles de la droga poseen información que puede ayudar a que las autoridades ubiquen la actuación de otros integrantes de las mafias. Se han dado casos en que los jóvenes que son arrestados son asesinados en los centros tutelares por integrantes del crimen organizado.
Pérez García afirma que hace falta crear mecanismos que ayuden a que los jóvenes puedan escapar y recibir ayuda: “Esto no significa necesariamente que se vuelvan ni testigos protegidos o demás, algunos podrían, si quieren hacerlo, pero esencialmente se trata de protegerlos y de garantizar su integridad y seguridad”.
—Sal corriendo de ahí —le dice el miembro de la ONG a Pepe.
—¿Cómo? Si tengo miedo.
—Llévate poca ropa y no le avises a nadie. Tira el chip de tu celular en la calle.
—Pero, ¿a dónde?
—No le avises a nadie. Ya hablé con Rafa (otro voluntario). Te reciben en el albergue. Voy al rato. Tú decides si te quieres salir, pero la idea es que ya no regreses. 
—Voy a juntar para rentar un cuarto y ya.
—¿Y realmente tienes tiempo? Te van a presionar para que dispares. Y después te matan. Así funciona. No dejan testigos. —le advierte al menor.
De no ir a prisión, en la organización criminal llegará un momento en que, por la misma información  que poseen, requieren ser suplantados y los pistoleros mayores enganchan a otro joven para que lo mate.
“Ahora hay una especie de escalerita, de alguna forma ya hay manera de hacer seguimiento e investigación, y el método más fácil y barato es usar adolescentes, que a su vez otro adolescente mata y a su vez se va haciendo una cadena”, advierte el psicólogo de la UNAM experto en temas de niñez y adolescencia. 
A los jóvenes capturados los llevan a un centro tutelar de menores en donde no son tratados de manera que se les pueda reinsertar en la sociedad y terminan yendo a “universidades del crimen y el delito”. Los jóvenes del narco son tratados como victimarios aunque también son víctimas. Son condenados al encierro, aunque fueron obligados a trabajar para el crimen.
“(En el caso de Ponchis, el niño sicario) nadie escuchó ni recordó que cuando es detenido, y presentado ilegalmente a los medios, lo primero que dijo es que había sido levantado, que había sido drogado, y él reconocía su participación en cuatro homicidios, pero todo mundo se quedó en los homicidios y nadie observó ni destacó que había sido reclutado de manera forzada.
“Los estamos revictimizando, son reclutados, son forzados para participar con el crimen y cuando son detenidos por el Estado no es para protegerlos sino para procesarlos como delincuentes, entonces hay una doble victimización”, señala el director ejecutivo de la Redim.
 Por todos los elementos que convergen en el fenómeno, de ninguna manera se puede considerar que sea una buena noticia la baja en las detenciones de menores que participan en las filas del narco, ya que no hay cifras oficiales que indiquen que se está apoyando en su protección.
“El descenso (en capturas de jóvenes) habla de una estrategia distinta y me permitiría sugerir una hipótesis delicada y peligrosa, sin duda: ¿Hasta dónde muchos de estos niños no están siendo detenidos porque se está incrementando el homicidio y la desaparición?.
“Creo que es muy importante que se cree una estrategia atendiendo las recomendaciones internacionales para poder conocer los patrones que está teniendo el crimen organizado en este reclutamiento o narcoexplotación de chicos y chicas y dónde están aquellos que ahora ya no están siendo detenidos, porque esto no significa necesariamente que no estén siendo víctimas”.
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A los 43 de AYOTZINAPA...los MATARON por NARCOS ?...todas las voces,todas las hipótesis.


El 7 de octubre de 2014 —10 días después del crimen de Iguala—, en el Itinerario Político deslizamos la hipótesis de que algunos líderes de los normalistas estarían vinculados con bandas del narcotráfico. Por eso habrían masacrado a los estudiantes.
La hipótesis provocó que nos lincharan. Hoy, gracias al “Informe” de “expertos” de la CIDH, la versión podría ser probada por la autoridad federal: entre los normalistas había narcos. Va el texto casi íntegro del Itinerario Político del 7 de octubre de 2014.
“Sin embargo, si apelamos al modus operandi de los hechos ocurridos en Iguala hace diez días, podemos suponer que, en efecto, en la persecución y masacre de los normalistas participó un grupo de sicarios del crimen organizado.
“Y es que los estudiantes que habían secuestrado camiones para regresar de Iguala a Chilpancingo no fueron víctimas de una reprimenda policial, tampoco de un escarmiento ejemplar. No, desde el momento que secuestraron camiones se desató una persecución con la clara intención de matarlos.
“Pero no se quedó en un susto, reprimenda policial o escarmiento ejemplar. No, luego de la persecución y la primera balacera contra estudiantes, un supuesto jefe criminal —presunto pariente del alcalde y del titular de Seguridad Pública—, ordenó el secuestro y posterior masacre de los normalistas.
“Hoy se sabe que desde la primera persecución y balacera uno de los normalistas no sólo fue alcanzado por las balas, sino desollado y hasta le sacaron los ojos. También se sabe que algunos de los 28 cuerpos localizados en las fosas clandestinas fueron desmembrados, desollados y les sacaron los ojos; además de que les prendieron fuego en la fosa y los sepultaron.
“¿Qué significa que persigan a normalistas, que los maten, que sus cuerpos sean desollados y les saquen los ojos? Ese modo de barbarie es propio de un grupo criminal que sabe que un cuerpo martirizado de esa manera se convierte en un mensaje para sus enemigos. Es mucho más que una venganza.
“Y aquí es donde aparecen los paralelismos. ¿Qué ocurrió cuando desaparecieron los jóvenes del Bar Heaven? Sí, los secuestraron, torturaron y asesinaron, para luego sepultarlos en una fosa clandestina. ¿Y cuál fue el mensaje del crimen? Si hacemos memoria, recordaremos que fue una venganza contra un grupo rival, por una disputa de territorio y por el asesinato de un narcomenudista.
“En el caso de Iguala, en Guerrero, parece claro que si el móvil del crimen hubiese sido político no habría sido necesario matar a medio centenar de personas; tampoco martirizarlas como lo hicieron los matarifes especializados en causar dolor y miedo. Un mensaje político no requiere de terror y menos de barbarie. También parece claro que si se trató de un intento por calentar la plaza —sea en contra del gobierno estatal, del municipal o de alguno de los grupos clandestinos que cohabitan en Guerrero— el resultado fue distinto; más que calentar la plaza la incendiaron.
“Pero aparece una duda clave a la que pocos han puesto atención. ¿Qué hacían en Iguala un centenar de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, si su centro de influencia y activismo está en la capital, Chilpancingo? ¿Por qué secuestrar autobuses en Iguala si los pudieron secuestrar en la capital del estado, en la autopista, en otros municipios?
“Una pista que podría ser la punta de la madeja es que líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los Guerreros Unidos. Y el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. Y los jóvenes serían el mensaje. Al tiempo”. ¿No que no?
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"MIGRA a la MEXICANA",quería DEPORTAR a GUATEMALA a INDIGENAS CHIAPANECAS....estos "ínfimos",estan "infames".


El Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) y los integrantes del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) exigieron a las autoridades hacer frente a la impunidad con la que operan funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), y al Legislativo, eliminar de la Ley de Migración, las facultades que les permiten llevar a cabo revisiones migratorias en carreteras.
Los defensores de derechos humanos solicitaron al Poder Judicial corregir “la práctica que hace nula la protección del amparo, al dejar a los migrantes a disposición del INM, en las Estaciones Migratorias”.
Las más de 40 organizaciones que integran ambos colectivos lanzaron esta exigencia, luego de que el pasado jueves tres de septiembre, agentes del INM de Querétaro detuvieran a tres mujeres indígenas provenientes de Chiapas, tras una revisión al autobús en el que viajaban.
Aunque ellas se identificaron como ciudadanas mexicanas e informaron que se dirigían al norte del país para trabajar como jornaleras agrícolas, los funcionarios las remitieron a la Estación Migratoria de la entidad, con la amenaza de deportarlas a la brevedad posible.
Un testigo señaló que los agentes migratorios les quitaron las actas de nacimiento con las que las mujeres acreditaron su nacionalidad -además de otros documentos- antes de que las subieran a un camión para trasladarlas a la estación. Él se trasladó a un albergue y solicitó el apoyo de la Red para las Migraciones en Querétaro.
Ya en la estación migratoria, los agentes del INM se pusieron en contacto, vía correo electrónico, con el Consulado de Guatemala en la Ciudad de México, para solicitarle fueran expedidas las constancias de nacionalidad de las tres personas que se encontraban detenidas, mismas que fueron emitidas inmediatamente, aún con el antecedente de que las mujeres indígenas habían mostrado sus actas de nacimiento.
Sin embargo, dos días después, las constancias expedidas por el Consulado de Guatemala en México, fueron anuladas con el argumento de que “no tenía las pruebas suficientes para acreditarlas con nacionalidad guatemalteca”.
Frente a estas irregularidades, varios integrantes del Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) de Chiapas, Querétaro y de la Ciudad de México, se sumaron al seguimiento de acompañamiento a las tres personas detenidas, identificando casi de manera inmediata, arbitrariedades en el proceso que enfrentaban.
El pasado seis de septiembre, los colectivos ingresaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un amparo indirecto, con número 2189/2015, ante Enrique Cirilo Robles, secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Orlando Feregrino Feregrino, secretario, autorizó y dio fe del mismo.
El citado juzgado otorgó la suspensión de la deportación; sin embargo, el INM insistió a las mujeres indígenas de que desistieran del amparo.
Finalmente, el jueves 10 de septiembre se logró la libertad de las tres personas detenidas, una de ellas menor de 18 años de edad.
Los integrantes del colectivo argumentan que el caso demuestra cómo los actos de revisión migratoria del INM en puntos móviles carreteros, dejan a toda la población -en territorio mexicano- en situaciones de vulnerabilidad, ante los abusos de las autoridades migratorias.
Varias de las organizaciones que integran ambos colectivos han presentado amparos y una acción declarativa, en la que urgen al Poder Judicial resolver sobre la inconstitucionalidad de actos de revisión migratoria, establecida en la Ley de Migración, para garantizar el derecho a la no discriminación de la población mexicana; no obstante, el Poder Judicial no ha resuelto el tema.
Los colectivos criticaron que las tres mujeres indígenas chiapanecas fueran privadas de su libertad, despojadas de sus documentos, tratadas como si fueran probables responsables de un delito y presumidas extranjeras -aunque ninguna ley establece esta presunción- y recordaron que en México no existe la obligación de tener o portar una identificación oficial con fotografía para viajar por el país.

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