En Almoloya, de donde se escapó ‘El Chapo’ Guzmán, hay al menos 14 familias de presos que aseguran estar pagando a una red de custodios para que a sus reos se les respeten las condiciones humanas más elementales.
El escándalo de la fuga de Joaquín Guzmán del penal federal del Altiplano puso en evidencia el sistema de corrupción que impera al interior de las cárceles federales, el mismo que de manera insistente se ha denunciado en los últimos meses por parte algunas familias de reos internos en Ceferesos de todo el país.
Tras la fuga de “El Chapo”, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó entrever lo que diariamente denuncian algunas familias de reos federales: el sistema carcelario cruel e inhumano de la Federación solo se ablanda con dinero.
Los señalamiento de corrupción al interior de las cárceles no han tenido respuesta de la autoridad penitenciaria, ni de los encargados del sistema de prisiones a nivel federal.
Si bien es cierto que al interior de las cárceles federales no se permite el manejo de dinero que posibilite la compra directa de voluntades entre los custodios y personal de otras áreas, también es cierto que las familias de los internos –a veces con la mediación de sus abogados– tienen que pagar para garantizar el trato humano del reo.
En Almoloya, Reporte Índigo pudo conocer al menos 14 casos de familias que aseguran estar pagando a una red de custodios para que a sus reos se les respeten las condiciones humanas más elementales, entre ellas, la de comunicación hacia el exterior con su seno familiar y social.
El principal pago, según explicaron los familiares que hablaron bajo el anonimato, es para evitar que sus presos sean torturados, golpeados o segregados de la población. La mayoría de las veces, el pago se hace cuando en la familia teme el asesinato de su preso al interior de la cárcel.
Procurar la protección de los internos no es barato: 10 mil a 30 mil pesos mensuales para que el recluso no sea enviado al área de aislamiento o tratamientos especiales. Ese pago también garantiza acceso a actividades deportivas y recreativas, las que en la mayor parte de los Ceferesos son suspendidas por parte del área de seguridad y custodia.
Para evitar el traslado de un preso, de una cárcel federal a otra, el cobro puede llegar a ser hasta de 100 mil pesos, pero si se quiere evitar o lograr el cambio de celda dentro del mismo Cefereso, el servicio puede llegar a costar entre 40 y 60 mil pesos.
Las tarifas aplicadas a las familias de algunos reos, las que se cobran mediante transferencias electrónicas o depósitos bancarios a diversas cuentas, la mayoría de las veces se tasan en dólares, principalmente cuando el reo en cuestión es de importancia mediática o mantiene un reconocimiento social amplio.
Otros cobros menores que escapan al área de seguridad y custodia son los que tienen que ver con el servicio médico de los Ceferesos, para que se autoricen las visitas conyugales. Allí, para salvar el trámite de la revisión médica, algunas esposas de los reos llegan a pagar entre 3 mil y 5 mil pesos, además de cumplir con la normatividad de presentar una batería de análisis clínicos que garanticen su sanidad y no dañe al interno.
Un pago frecuente que se realiza a funcionarios con mando dentro de las cárceles federales, de acuerdo a los señalamientos de algunos familiares de internos, principalmente en los Ceferesos de Puente Grande, Matamoros y Almoloya, es el cobro para que a los reos se les permita tener la visita de sus abogados.
Cuando la familia del interno no aporta la cuota que puede ir de entre 2 mil a 6 mil pesos, el sistema de seguridad carcelaria se hace rígido para evitar el ingreso del abogado a visita de locutorio con el reo; en la mayoría de las veces al reo se le atribuyen faltas internas que le imposibilitan el derecho de ver a su abogado.
Otra de las cuotas que las familias de los internos tienen que pagar de manera frecuente, es el servicio de alimentación, suministro de medicamento y entrega de correspondencia. Si estas cuotas se hacen puntualmente hay una cortesía de la red de corrupción: se le entregan al reo al interior de su celda chocolates, dulces y goma de mascar.
Para garantizar que el interno reciba alimentos en buen estado el cobro oscila entre los 2 mil y los 3 mil pesos mensuales. Para asegurar al reo medicamentos de calidad y tratamiento médico puntual, el cobro puede tasarse hasta en 7 mil pesos mensuales. Para que las cartas y avisos por correo no demoren al interno se pagan cuotas de entre los 2 mil y 5 mil pesos.
Las cuotas
Muchas veces las familias de los internos tienen que pagar para garantizar el trato humano del reo.
> 10,000 a 30,000
pesos mensuales para que el recluso no sea enviado al área de aislamiento o tratamientos especiales. Ese pago también garantiza acceso a actividades deportivas y recreativas
> 100,000
pesos para evitar el traslado de un preso, de una cárcel federal a otra
> 40,000 a 60,000
pesos para evitar o lograr el cambio de celda dentro del mismo Cefereso
> 3,000 a 5,000
pesos para que se autoricen las visitas conyugales y salvar el trámite de la revisión médica
> 2,000 a 6,000
pesos para facilitar el ingreso del abogado a visita de locutorio con el reo
> 2,000 a 3,000
pesos mensuales para garantizar que el interno reciba alimentos en buen estado
> 7,000
pesos mensuales para asegurar al reo medicamentos de calidad y tratamiento médico puntual
> 2,000 a 5,000
pesos para que las cartas y avisos por correo no demoren al interno
‘Las cárceles no son para pobres’
Cuando no se hacen los pagos solicitados por la red de corrupción al interior de las cárceles federales, es cuando el sistema penitenciario federal se torna férreo. Es cuando las familias de los internos aseguran que “las cárceles federales no son para los pobres”, porque entonces sale a relucir el rostro cruel e inhumano de las penitenciarías más emblemáticas de México.
Los mismos presos considerados cabezas de cártel –en consecuencia de bastos recursos económicos– han sufrido las restricciones cuando no pagan las cuotas de corrupción impuestas al interior de los Ceferesos. La prueba más palpable fue la carta recibida el 25 de febrero del 2015 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue firmada por 138 presos en el Cefereso de Almoloya.
Esa carta fue también firmada por el propio Joaquín Guzmán, Héctor Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes denunciaron públicamente abusos e irregularidades en el trato de parte de los funcionarios de custodia y otras áreas del penal. La acusación va directa contra Librado Carmona García, el director técnico del penal de Almoloya.
En una de las 11 cuartillas que integran la carta, los reos piden la intervención de la CNDH porque durante las visitas tanto al momento del ingreso, como al de la salida de los familiares, estos son tratados de manera indigna, pues “sin respeto alguno y menos con pudor, son desnudados ante las miradas lívidas de oficiales”.
Cuando hay pago de por medio, dijeron familiares de reos de Almoloya, ni siquiera hay revisión. El pago por la seguridad de los internos le da derecho a la familia del mismo a pasar rápidamente a la visita, muchas de las veces sin hacer fila para el ingreso, y sin sometimiento a cacheos corporales, donde muchas mujeres –de acuerdo a la queja– son manoseadas, intimidadas y maltratadas.
Los presos también se quejan de que las salas de visita son “insalubres”, con mobiliario y ventanas rotas y de que las habitaciones para la visita conyugal están en pésimas condiciones y tienen “colchones hechos cunas, con alambres salidos y no se diga lo sucios por el uso y mal aseados”.
Aseguran que, además, deben convivir “con el olor de los sanitarios (...) fugas de agua, el constante taponamiento y el óxido que brota por todos lados, producto de los muchos años de servicio y los poco de reparación”.
Frutas y verduras... no para todos
Actualmente el Gobierno Federal mantiene en operación 21 centros penitenciarios de los que, al menos en 11, hay una participación de la iniciativa privada, no solo en cuanto a la construcción de las instalaciones, sino al suministro de materiales y servicios, lo que podría hacer que los niveles de corrupción al interior de las cárceles se disparen.
En los últimos 5 años, empresas como Prodemex, Arendal, GIA, ICA y Homex tras concursar en licitaciones púbicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solo ganaron el beneficio para la construcción de 8 cárceles federales, sino en que otras licitaciones también obtuvieron el permiso para prestar servicios directos a los presos, como alimentación, medicamentos, servicios de laboratorio y de asistencia médica.
En penales como el de Guasave, Sinaloa, una cárcel destinada a la contención de reos acusados del delito de secuestro, se ha denunciado por parte de los propios internos “un trato diferencial entre los presos, al existir diferencias en el tipo de comida que reciben todos los presos; hay presos que comen a la carta, otros solo frijoles y arroz”.
En la cárcel de Guasave, la licitación para el suministro de alimentos fue ganado por la empresa La Cosmopolitana S.A. de C.V., la que ha sido señalada en 25 amparos de los internos de otorgar alimentos de mala calidad y en condiciones de poca higiene a la mayoría.
En la cárcel federal de Almoloya, donde también la Cosmopolitana S.A. de C. V. es la encargada del suministro de alimentos para los internos, hay diferencia entre la comida que reciben unos y otros. “Solo unos cuantos comen frutas y verduras”, son los presos por los que su familia paga la tranquilidad. A ellos se les diseñan dietas especiales en el servicio médico para acceder a mejores aumentos.
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