En las detenciones que suelen practicar las distintas autoridades, que pomposamente anuncian como capturas espectaculares, hay un comun denominador en la mayoría de ellas que al final les obsequia la "libertad a detenidos" y mas alla del acompañamiento recurrente de la complicidad del sistema de justicia, y es la falta de pulcritud legal de "militares y policias" que ignorantes del marco legal y las bondades del nuevo sistema penal acusatorio en Mexico, remiten a instancias judiciales los pliegos para su judicialización "con informes malhechos y recurrentemente elaborados con las patas", que luego reclaman a jueces, muchas veces injustificadamente.
Asi se infiere, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés en el caso de los drones que ahora utiliza el crimen organizado para atacar a las autoridades o a los pobladores.
Un tribunal absolvió en forma definitiva al último de los jóvenes que fue acusado demanufacturar drones con explosivos para los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, en virtud que la FGR no presentó evidencias que lo incriminaran.
El Tribunal Colegiado de Apelación de Puebla dictó, en última instancia, la sentencia absolutoria en favor de Diego Jiménez Martínez por los delitos de posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con documentos judiciales.
Con este fallo, ha quedado liquidada la acusación penal contra Jiménez y Rogelio Juan Luna Villa, los jóvenes que fueron implicados con un grupo delictivo que era intermediario en la venta de artefactos explosivos a dos de las principales organizaciones del narcotráfico.
Jiménez y Luna fueron detenidos el 16 de abril de 2021 en operativos simultáneos del Ejército y la FGR en Puebla y Morelos, respectivamente.
Durante un cateo al inmueble de Privada 26 Oriente, número 805, interior D, Barrio de Jesús Tlatempa, en San Pedro Cholula, Puebla, la FGR aseguró tres drones con explosivos, bolsas y recipientes con pólvora, cuya propiedad atribuyeron a los jóvenes.
También aseguraron recipientes con pólvora, una bolsa de plástico, un envoltorio metálico y un fragmento de tubo de cobre con el explosivo de alto poder C-4, empleado en la industria minera, además de 99 cartuchos y un explosivo de alta volatilidad.
Sin embargo, un año después, el 14 de julio de 2022, una juez de control eliminó 11 de las 13 evidencias materiales que la FGR había ofrecido para llevarlos a juicio, incluidos los drones, porque fueron obtenidos sin orden de cateo.
En aquella ocasión, personal de la Policía Federal Ministerial entró al inmueble, pero al día siguiente regresó con la orden de cateo, un hecho que no podía legalizar la primera acción, de acuerdo con la juez.
Debido a que Luna sólo estaba acusado de los delitos de fabricación sin permiso de explosivos y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ambos relacionados con el citado aseguramiento, la juez canceló el proceso en su contra.
Sin embargo, Jiménez continuó bajo proceso por otros dos ilícitos: posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, relacionados con el aseguramiento de una pistola semiautomática Glock .9 milímetros y 35 cartuchos del mismo calibre.
El pasado 2 de febrero, un juez le concedió el cambio de medida cautelar, salió del penal de San Miguelito, en Puebla, y continuó su procedimiento en libertad.
La FGR acusó a este joven por un arma y los cartuchos que fueron hallados enterrados en el jardín de la casa 5 del Fraccionamiento Villa Maple, en San Pedro, Cholula, Puebla.
El 25 de julio pasado un tribunal del Centro de Puebla absolvió a Jiménez porque estimó que la FGR no ofreció pruebas que lo relacionaran con el arma.
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