Académicos, expertos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil demandaron a diputados y senadores no ceder a las presiones de las Fuerzas Armadas para que se apruebe, sin una amplia discusión, la nueva ley de Seguridad Interna.
En entrevista con La Silla Rota, el investigador e integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, dijo que sería una irresponsabilidad del Congreso ceder a las presiones de militares y marinos aprobar a la brevedad una ley que podría ser inconstitucional y con serias deficiencias en la promoción de los derechos humanos y la rendición de cuentas.
“Es atropellado pretender que se apruebe a la ligera una legislación tan trascendente y sobre todo me parece hipócrita que después de 10 años de violar la Constitución, no (quieran) tomarse la molestia de revisar el marco legal y discutir la estrategia”.
“Me parece que lo que está sucediendo es un presión indebida por parte de las Fuerzas Armadas sobre el Legislativo y yo espero que el Legislativo sea responsable”, dijo el académico.
El académico explicó que este pretendido marco jurídico viola el artículo 21 de la Constitución, el cual establece expresamente la prohibición de usar a las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública.
Añadió que el despliegue de las fuerzas federales en materia de seguridad interior tendría que ser exclusivamente a través de la Policía Federal o bien si se quiere utilizar al Ejército se debería suspender dicho artículo constitucional.
El martes pasado, senadores y diputados se reunieron a puerta cerrada con los titulares de la Sedena y Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, quienes urgieron a la aprobación de este marco jurídico.
Incluso, las Fuerzas Armadas quieren un nuevo marco jurídico que especifique los plazos (duración) y el área geográfica en las que harán las tareas de seguridad pública.
Luego de esta reunión privada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados organizó el conservatorio sobre la Ley de Seguridad Interior, donde las especialistas en la materia demandaron el tiempo necesario para las discusiones de este tema.
En ese contexto, académicos del CIDE entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri (PRD), una base de datos con documentos del Cisen, para que sea analizada y considerada en la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior.
“La base de datos es una versión codificada y depurada de información que llegó de manera anónima al Programa de Política de Drogas del CIDE, en una memoria USB, en ella se registran cerca de 40 mil eventos clasificados, como enfrentamientos, agresiones o ejecuciones de la llamada guerra contra las drogas, del gobierno de Felipe Calderón”, explicaron los académicos.
El académico de CIDE, en la región centro, Alejandro Anaya Muñoz, explicó que uno de los objetivos de entregar la base de datos a la Cámara de Diputados es que el tema de la Ley de Seguridad Interior se legisle con base en evidencia, y no en conjeturas e intuiciones.
“Lo que estamos pidiendo son dos cosas. Una, que se legisle con evidencia, y entonces cualquier plan, cualquier programa de retiro de las fuerzas armadas, tiene que ser resultado de un análisis de riesgo detallado por regiones, estados y municipios, para que se puedan ir estableciendo prioridades y tiempos; y segundo, fortalecer a las instituciones civiles”, dijo.
Por su parte, Jorge Javier Romero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que “el despliegue de las fuerzas federales, en específico del Ejército y la Marina, no ha sido eficaz para contener la violencia; por el contrario, ha contribuido a su exacerbación”.
El académico dio a conocer que enviaron una carta a cada uno los coordinadores parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, así como a los responsables de los institutos de investigación de ambos recintos legislativos, a fin de que cuenten con los documentos.
El perredista Francisco Martínez Neri adelantó que su bancada no avalará una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos, por lo que expresó su rechazo a la iniciativa del PRI, ya que –aseguró– va en ese sentido.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, dijo que promoverán en redes sociales la etiqueta #LegislarConEvidencia, a fin de difundir la idea de que cualquier legislación en la materia debe ser sustentada con evidencia, “no con conjeturas, no con suposiciones, sino con evidencia empírica, cuantitativa, cualitativa, que es lo que nos permitiría tener una buena legislación”.
Fuente.-LaSillaRota
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