Atrapado entre el descontento social y el golpeteo político-económico de Donald Trump, el gobierno federal pospuso el gasolinazo del 4 de febrero e incrementó el subsidio a los gasolineros para hacerles más atractivo el negocio. 
Así, la administración que justificó la repentina alza de combustibles con razones financieras optó por la salida que en sus spots considera irresponsable. Por coincidencia, el secretario de Hacienda que avaló uno de los mayores subsidios a la gasolina en el último año del sexenio de Felipe Calderón, José Antonio Meade, está en el mismo puesto ahora, con el discurso contrario pero haciendo lo mismo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contra de su discurso y a pesar de toda la argumentación técnica y económica que había esgrimido desde el 1 de enero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dejar intactos los precios de la gasolina y el dísel, que estableció en aquella fecha y que tanto repudio social le generaron.
El gobierno prefirió tomar una decisión política y echar a la basura todas las “horas-rollo” que invirtió –con particular énfasis lo hicieron el propio mandatario y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade– en tratar de convencer a una población que nada le cree, de que el precio de esos combustibles tiene que responder y reflejar el precio internacional tanto del crudo como el de las gasolinas, así como el precio del dólar y los costos de refinación, transporte y almacenamiento; también, el margen comercial de venta y los impuestos vigentes.
Nada de eso sirvió. Y aunque la evolución reciente de todos esos factores, según dijo la Secretaría de Hacienda el pasado viernes 3, daban para aumentar en al menos unos 70 centavos dichos precios, el gobierno decidió que no habría “gasolinazo” el pasado sábado 4, como lo establecía el cronograma oficial que la Comisión Reguladora de Energía emitió el 27 de diciembre último.
Y tampoco habrá el de media semana ni los dos previstos para la siguiente semana y que iniciarían el día 11.
Así, entonces, y hasta el 17 de febrero, la gasolina Magna seguirá costando en promedio 15.99 pesos el litro –2.01 pesos más, el 14.5%, que en diciembre–; la Premium se mantendrá en el promedio establecido de 17.79 pesos el litro –2.98 pesos, el 20.1%, más que en diciembre– y el dísel seguirá en 17.05 pesos el litro, que es un precio superior en 2.42 pesos, el 16.5% más del que tenía al terminar el año pasado.
Y si no se le ocurre otra cosa al gobierno, el próximo viernes 17 deberá dar a conocer los nuevos precios –más altos o más bajos, según los factores que los determinan– que regirán, pero sólo el sábado 18 porque después de ese día los precios máximos de los combustibles se modificarán diariamente, de acuerdo con el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía.
Todavía la semana pasada autoridades de los sectores financiero y energético, y aun el presidente Peña Nieto –además de los farragosos spots en radio y televisión que aseguran que si las gasolinas están caras es porque el petróleo y el dólar también lo están–, insistían en que a partir del día 4 dichos energéticos tendrían un nuevo precio.
Antes, inclusive, el propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dejó entrever que ese día, el sábado pasado, aumentarían los precios, aunque, dijo, “en modo alguno” serían de la misma magnitud que los decretados el 1 de enero. Y eso, explicó el 26 de enero, porque el precio del petróleo en el mundo se ha mantenido estable en el último mes, aunque el tipo de cambio sí se ha movido mucho.
Lo único que quedó claro con la decisión del viernes 3, de no mover los precios de los combustibles, es que ya estaba ya tomada, y no por una razón económica –que fue el eje de todo el discurso oficial desde el 27 de diciembre, cuando se conoció el cronograma de precios máximos que regirían a partir del primer día de enero–, sino por un razonamiento político.
El gobierno federal, y el presidente Peña Nieto en particular, se vieron acorralados por la presión popular, las protestas callejeras, el apabullante rechazo reflejado en las redes sociales, el encono de empresarios de todos los tamaños y la irritación social casi generalizada que sobrevinieron apenas entraron en vigor los precios actuales.
Fue tal el embate público contra el gobierno y el presidente que éste inventó un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” del que nadie se acuerda y que fue criticado severamente –porque no lleva a ningún lado ni resuelve para el grueso de la población los efectos del aumento en las gasolinas– desde el día en que pomposamente se puso en marcha en la residencia oficial de Los Pinos, el 17 de enero pasado.
Luego, para su mala suerte, ocurrió que el día 20 de ese mes tomó posesión el magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos y desde ese día empezó su embestida insólita contra México, que sorprendió, indignó e irritó al país todo y terminó por poner contra la pared al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto, de por sí muy disminuido en la aceptación pública.
En esas condiciones, y menos aún por la solidaridad manifiesta de la sociedad contra las acciones y actitudes de Trump hacia el país, el gobierno se iba a complicar la vida, echándole literalmente más gasolina al fuego.
Cero aumento
Así que se tomó la decisión política de no aumentar de nuevo los precios de las gasolinas y el dísel. Pero ni siquiera se guardaron las formas. Se supone, y así estaba establecido oficialmente, que el viernes 3, una vez que cerraran los mercados financieros y los mercados internacionales del crudo –para saber cómo habían terminado en el día los precios del dólar, el petróleo y las gasolinas–, se anunciarían los nuevos precios.
Pero el gobierno se olvidó de esos factores con los que machacó tanto para decir por qué estaban caras las gasolinas, y anunció antes de las ocho de la mañana del viernes, cuando aún no cerraban los mercados, que no se modificarían los precios ni el día 4 ni el 11 de este mes, como estaba determinado, sino hasta el sábado 18.
Más aún: tan estaba tomada la decisión que un día antes, el jueves 2, la Secretaría de Hacienda preparó un decreto firmado por el presidente Peña Nieto y el secretario Meade que apareció en el Diario Oficial de la Federación desde las primeras horas del viernes 3, mediante el cual los gasolineros, los que importan y los que venden, recibirán un estímulo fiscal adicional al que recibieron los gasolineros de la frontera el 1 de enero con los nuevos precios.
En efecto, según la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), quienes importen o enajenen gasolina menor a 92 octanos (Magna) deberán de pagar 4.16 pesos por litro por concepto de ese impuesto.
En el caso de la gasolina igual o mayor a 92 octanos (Premium) esa cuota es de 3.52 pesos por litro. Para el dísel, de 4.58 pesos por litro.
La ley del IEPS dice que esas cantidades “se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año”. Sin embargo, para efectos del incremento de precios del 1 de enero pasado, Hacienda decidió darle un estímulo fiscal a los gasolineros, es decir, bajarles el monto de la cuota por concepto del IEPS.
De los 4.16 pesos que la ley determina para cada litro de gasolina Magna, Hacienda se los bajó a los gasolineros a 3.18 pesos a partir del 1 de enero. Para la Premium, de 3.52 pesos por litro, bajó la cuota a 2.59 pesos por litro. Y para el dísel, de 4.58 pesos, a 3.59 pesos por litro.
Esos estímulos sólo aplicaron para los importadores y vendedores de combustibles ubicados en la franja fronteriza. Pero el decreto del jueves 2, publicado en el Diario Oficial el viernes 3, no sólo aumenta más el estímulo fiscal, sino que lo generaliza para todos los gasolineros e importadores de esos combustibles.
En efecto, en las disposiciones de ese decreto, que entraron “en vigor a las 04:00 horas del día 4 de febrero de 2017 y concluirá su vigencia a las 03:59:59 horas del día 11 del mismo mes y año” –dice textual el Diario Oficial–, se advierte la reducción adicional en las cuotas que deben pagar los empresarios de la gasolina y que forman parte del precio a los consumidores finales.
Por cada litro de gasolina Magna se pagará en ese periodo una cuota de 2.57 pesos, que son 1.63 pesos menos de lo que señala la ley. Para la Premium, la cuota es de 3.48 pesos, 37 centavos menos. Y para el dísel, es ahora de 3.12 pesos, 1.45 pesos menos de lo que marca la ley.
Se dimensiona mejor el estímulo fiscal para los gasolineros si se considera el llenado de un tanque de gasolina de un automóvil chico, de 40 litros, por ejemplo. Mientras el usuario paga casi 640 pesos por llenar su tanque con gasolina Magna, los vendedores, que debían pagar una cuota de ley, por concepto de IEPS, de 166.40 pesos, ahora sólo pagan 102.80 pesos; es decir, un descuento o “estímulo fiscal”, 63.60 pesos, el 38.2%, que debe asumir el fisco federal… es decir, los contribuyentes todos del país.
Si se llena el tanque de 40 litros con gasolina Premium, el consumidor final pagará 712 pesos. Pero el dueño de la estación de servicio sólo paga ahora una cuota de 139.32 pesos, que es casi 1.50 pesos menos de lo que marca la ley.
En el caso del dísel, que cada vez se usa más, el consumidor paga 682 pesos por llenar su tanque de 40 litros. La cuota actual para el gasolinero es de 125.18 pesos, cuando la ley establece que debería pagar 183.20 pesos por vender esos 40 litros. El estímulo es de 50.04 pesos o 31.7%.
En conclusión, mientras el consumidor final seguirá cargando con los precios del gasolinazo del 1 de enero (en promedio nacional, aumento de 14.5% en la Magna; 20.1% en la Premium, y 16.5% en el dísel), los importadores y vendedores de gasolinas son beneficiados con un generoso estímulo fiscal.
Éste sin duda repercutirá en una merma en la recaudación por concepto del Impuesto sobre Producción y Servicios, como el propio secretario Meade aseguró a Proceso en una inconclusa entrevista, el 4 de enero pasado:
“Calculamos que deben ser más o menos entre 40 mil y 45 mil millones de pesos menos, con cargo a la reducción que desde el gobierno se asume del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, le dijo al reportero.
Esa era la reducción estimada en los ingresos, con el estímulo fiscal a gasolineros de la franja fronteriza, de principios de año, y la reducción misma de la tasa del IEPS que forma parte del precio final al consumidor.
Obvio que la pérdida será mayor ahora con un estímulo aún mayor, y generalizado para todos los empresarios de la gasolina.
Dicho estímulo y el mantener los precios de las gasolinas establecidos el 1 de enero, a final de cuentas son la prueba de que se trató de una decisión más política que económica la de mantener los precios sin cambio hasta el 17 de febrero.
En principio, muestra que parte de la lógica que subyace en el aumento de los precios y la ampliación del estímulo fiscal es el ánimo de incentivar a los gasolineros, de hacerles más atractiva la inversión no sólo para importar gasolinas, sino para poner más estaciones de servicio, para crear las infraestructuras propias del caso –transporte, almacenamiento, distribución y demás– y, por supuesto, darles la garantía de un mayor margen de utilidades.
Todo ello, claro, a costa del bolsillo de los consumidores y aun del propio gobierno, que prefiere recaudar menos con el fin de hacerles más atractivo el negocio a los gasolineros, a los ya establecidos y a los nuevos.
Una decisión errónea
La decisión de mantener los precios también contradice la lógica del discurso oficial. Y lleva a cometer los mismos errores que ahora el gobierno critica de sexenios anteriores, que subsidiaban la gasolina.
No mover los precios el día 4, ni el 8 ni el 11 ni el 15 de febrero –en las dos primeras semanas completas de este mes se modificarían los precios en dos ocasiones cada una, según el cronograma oficial– significaría, siguiendo la lógica del discurso gubernamental, que las autoridades tienen una bola de cristal y ya saben cómo van a estar en esas fechas los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, el nivel del tipo de cambio y los costos de logística para los gasolineros.
La realidad es que el gobierno se olvidó de la lógica del mercado que permeaba en su discurso en favor del alza a las gasolinas. Y pasó a hacer lo que siempre hicieron los gobiernos anteriores y el actual en su primera mitad, en mayor o menor medida, que fue administrar y subsidiar los precios reales de la gasolina.
En la entrevista con Proceso, Meade aseguró algo que hoy se contradice con la decisión tomada el viernes 3:
“El gobierno no puede influir sobre el costo del petróleo, no puede influir sobre el costo de la molécula (el crudo). Y frente a un incremento muy importante del costo de la molécula, lo que hizo fue reducir su impuesto (el IEPS) para aminorar el impacto. ¿Hasta cuánto puede reducir el impuesto? Sus capacidades están acotadas porque ha cambiado la circunstancia del país: por ejemplo, durante la anterior administración la plataforma promedio de producción petrolera era más o menos 2.7 millones de barriles de petróleo; este año va a ser apenas superior del millón 900 mil. Por tanto, hay menos capacidad de generar excedentes.
“Además, la mezcla mexicana en el presupuesto (en el sexenio anterior) era de 42 dólares, un poco superior a lo que estamos viendo hoy, pero en el pasado, en donde se generaron esos recursos excedentes, tú tenías excedentes del precio del petróleo sobre el precio del presupuesto de unos 35 dólares y una plataforma que era superior en casi 700 mil barriles diarios a la de ahora, por lo que tus grados de libertad eran mayores.
“Yo, aun así, creo que no debieron de haberse utilizado (esos excedentes) para mantener el precio artificialmente bajo, pero tenías los recursos para hacerlo, y ahora estructuralmente no los tienes.”
Y, sin embargo, lo hicieron.
Y, vueltas que da la vida: fue el propio Meade quien en 2012, último año de la administración del panista Felipe Calderón –él mismo como secretario de Hacienda, por primera vez–, avaló un subsidio a las gasolinas de más de 203 mil millones de pesos, cantidad similar a la que ahora dicen el presidente y él mismo que hubiera costado si no se aplica el gasolinazo del 1 de enero.
Fue el segundo mayor subsidio en la historia. El primero fue de 217 mil 609 millones, en 2008, también en el gobierno de Calderón –Meade como subsecretario de Ingresos de la SHCP, que encabezaba Agustín Carstens–, pero que en parte se justificó por los efectos de la megacrisis financiera internacional que hizo desplomarse en forma dramática la economía nacional al año siguiente.
fuente.-