Imagine que un buen día descubre que alguien ha ido desapareciendo partes importantes del pasado en su memoria.
Algo así ocurrirá si los legisladores aprueban uno de los apartados de la nueva Ley de Archivos. Uno de sus artículos transitorios (el 14) deja la puerta abierta para que quién sabe quién determine qué partes de la historia de México pueden ser incómodas y, por tanto, decida mantenerla alejada del escrutinio social.
Dice ese transitorio: “Aquellos documentos que no hayan sido organizados y valorados y que fueron transferidos a un archivo histórico antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se les deberá aplicar procesos técnicos archivísticos… con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información”.
¿Qué significa eso de aplicar procesos técnicos archivísticos?
Nadie lo sabe explicar, pero el temor de muchos investigadores y especialistas es que ese galimatías sea la llave que abra la puerta para que los archivos ya públicos se vuelvan a “revisar” y que en ese proceso muchos de ellos se reclasifiquen para evitar su consulta por las razones que sean, aunque en realidad serán políticas.
El razonamiento tiene sentido. Aunque aún no se aprueba, ese artículo 14 transitorio se comenzó a aplicar desde hace dos años con al menos dos fondos fundamentales para entender la violencia social reciente: los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Hace dos años la directora del Archivo General de la Nación (AGN), con el aval de la Secretaría de Gobernación, canceló el acceso a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, depositados en ese momento en la Galería 1 del AGN. Hoy pocos saben dónde están y en qué condiciones se encuentran.
NOTA RELACIONADA:
Este hecho no sería más que una muestra en la antología de opacidad del pasado, si no tuviera relación directa con la nueva Ley de Archivos próxima a aprobarse. No dudo de que el cierre de estos sensibles fondos (DFS-Sedena) haya sido el primer ensayo de esta iniciativa.
El cierre de estos dos fondos documentales (DFS y Sedena) ocurrió desde el primer día de 2015. El argumento principal de Mercedes de Vega, directora general del AGN, ha sido que es una manera de proteger datos personales. Lo que llama la atención a quienes de manera cotidiana consultamos fondos del AGN es que hayan sido estos dos fondos los que se cancelaron particularmente cuando muchos otros, si no es que todos, contienen datos personales.
Desde hace dos años no sólo empezó el más grave retroceso para la rendición de cuentas en lo que se refiere a memoria y justicia sobre el pasado reciente de México. Ahora lo entiendo también: eso representó un primer ensayo para la Ley de Archivos que se prepara. De aprobarse tal cual, legitimaría la censura y la “administración” de la historia, de acuerdo con los intereses de quien esté en el poder.
En este cometido parecen coincidir todos los partidos. No es una ley que solamente beneficie al PRI, aunque así sea en el corto plazo. En el mediano y largo plazos, será también una herramienta que beneficie a otros partidos. Las diferencias ideológicas comparten los dividendos de la oscuridad.
Esto significa una forma de desaparición (forzada) de la historia. Un agravio para la memoria, la justicia y la transparencia perpetrado por un gobierno que presume caminar hacia estadios de rendición de cuentas que suponen no sólo obligaciones desde el presente y hacia el futuro, sino también desde el pasado.
Una definición genérica del concepto de desaparición forzada implica la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.
Esta definición genérica establece como vínculo directo el abuso del poder por parte del Estado. Esto es, cuando el Estado, a través de sus aparatos de represión, desaparece a un ciudadano.
Aunque en estricto sentido el concepto de desaparición forzada se aplica a las personas, lo que está pasando en México en materia del pasado tiene las características de una desaparición forzada de la historia. Al igual que lo que ocurre en el caso de las personas, también intervienen entidades del Estado, en este caso la Secretaría de Gobernacion y una larga cadena de instituciones, entre ellas el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), centro que desde que llegaron los fondos DFS y Sedena (2001-2002) al AGN se ha encargado de “cuidarlos”.
Esta estructura también se mantendría si la ley se aprueba, ya que otro de los apartados que incomoda a un grupo importante de historiadores es que el AGN se mantenga en la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación. De ella también depende el Cisen.
¿Cuáles son los riesgos prácticos y concretos, y en el corto plazo, de que se apruebe una ley así redactada en este momento? Para empezar, anularía de manera definitiva el acceso público a los fondos de la DFS y de la Sedena depositados en el AGN.
Pero esa clausura, ya de por sí muy grave pues la información incluida en ese fondo documenta violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por quienes gobernaron sin contrapesos en los años sesenta y setenta, sería la primera señal para, seguramente, cerrar otros fondos y archivos.
No estaríamos lejos de que, en un efecto dominó, se cancelara el acceso al rico y poco explorado acervo de la Secretaría de Gobernación (más de 3 mil cajas), o a los archivos presidenciales. Un fantasma recorriendo los archivos del pasado, el fantasma del silencio. Otra vez.
¿Por qué lo hacen? Por todo, menos ingenuidad.
Los legisladores encargados de elaborar y presentar la iniciativa han argumentado que la permanencia del AGN en la estructura de la Secretaría de Gobernación fue una petición de la directora actual del primero, pues asegura que, para fines de operación y presupuesto, es lo que más convendría.
Es extraño escuchar a diputados y senadores que por años lucharon contra un sistema y sus excesos políticos hablar con una aparente ingenuidad sobre la Ley de Archivos. Ofende. Muchos de sus colegas afectados por los aparatos de represión están cerca de aprobar una ley que le regresa a los gobiernos autoritarios una de las herramientas más efectivas: el manejo de la historia a su conveniencia.
Existen interpretaciones complementarias que nos permiten entender mejor porqué se pretende cerrar los archivos. Una de ellas tiene que ver con los tiempos y cálculos políticos. El 2018 está cerca y ese año habrá de coincidir con un aniversario clave del momento más tenso de la segunda mitad del siglo XX: se recordarán los 50 años de la masacre de estudiantes en 1968.
No se puede obviar que entre los fondos ya clausurados por la Secretaría de Gobernación se hallan partes y piezas de información fundamentales sobre ese momento de la historia que aún desconocemos. La Ley de Archivos, si se aprueba como está, representa una manera de protegerse en las elecciones de 2018, cerrando los archivos que contengan las evidencias del abuso del poder priista y el papel de los militares en hechos graves de represión.
El peligro va más allá. Si lo hacen hoy con estos fondos, en el futuro cercano no podremos acceder a expedientes completos como los de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala y otros tantos asuntos donde la huella del abuso del poder sea la constante.
Digamos que la ley no está pensada para honrar la memoria y la justicia, sino para ocultar los abusos de poder presentes y futuros. En eso todos los partidos son cómplices, porque la historia ha demostrado precisamente que a la hora de ejercer el poder, lo mismo abusa la derecha que la izquierda. Nadie se salva cuando de obtener y mantener el poder se trata.
Así que, junto con el rechazo a esas cuestionadas partes de la ley como el artículo 14 transitorio, habría que exigir la reapertura inmediata de la consulta directa de los fondos DFS y Sedena. Incluso si la ley se aprueba con las modificaciones que se han venido reclamando, si no se reabren al público esos fondos, la ley nacerá con la sombra de la sospecha.
Los legisladores, quienes están en la fase final de revisión de la iniciativa de Ley de Archivos, están obligados a sumarse a la exigencia de la apertura de estos fondos como una muestra de compromiso con la memoria y la justicia.
Si en otros países con mayores márgenes de opacidad los legisladores se han arriesgado a mirar de frente su pasado, ¿por qué los mexicanos no?
¿Cuánto tiempo más necesita el Estado para que reconozca los excesos de poder cometidos en el pasado? ¿Cuánto tiempo más necesita para asumir la responsabilidad histórica, en lugar de querer seguir escondiendo el polvo de todos los muertos bajo la alfombra del olvido?
Fuente.-Jacinto Rodriguez/imagen/Contralinea
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