El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico.
Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.
Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.
El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.
El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).
La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.
Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).
NOTA RELACIONADA:
Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.
El pasado martes 7, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, mandó llamar a los diputados en sus oficinas, de nueva cuenta, para urgirlos a sacar adelante la norma en el actual periodo ordinario de sesiones.
Las presiones del jefe militar para contar con la protección legal se han hecho también públicas. En diciembre último declaró ante la prensa que por la falta de un marco legal “los militares ya se la están pensando” para seguir en el combate al narcotráfico, pues temen terminar en la cárcel acusados de violaciones a los derechos humanos.
Entre las facultades que los militares buscan tener al amparo de esa ley está la de convertirse en máxima autoridad en un área de intervención cuando así lo decida el presidente de la República, a fin de “restaurar la estabilidad, seguridad o paz pública”.
De acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el PRI, los militares podrían establecer destacamentos de seguridad y bases de operaciones móviles y fijas más allá de sus cuarteles, además de realizar acciones de intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, reconocimientos de seguridad y todas aquellas “que se consideren necesarias” (Proceso 2094).
La propuesta de ley que promueven los militares es una continuación de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico, elaborada según “la visión presidencial” en el sexenio pasado y de la que resultó el “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria para todos los jefes operativos del Ejército.
El cuestionario de la impunidad
El “cuestionario inteligente” se elaboró como parte del procedimiento ordenado para la actuación castrense en las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por fuerzas civiles y militares.
La directiva, revelada por este semanario en julio de 2014 (Proceso 1967), quedó a la interpretación de los jefes castrenses, pues ordenó a los comandantes actuar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” para llevar a cabo “acciones contundentes” contra sus blancos u objetivos.
Fechado en marzo de 2007, el documento fue elaborado por el general Rogelio Armando Patiño Canchola, entonces jefe de la Sección Siete (Operaciones contra el Narcotráfico) del Estado Mayor de Defensa Nacional (EMDN) y ahora comandante de la XII Región Militar, con sede en Irapuato, Guanajuato.
El visto bueno fue del general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en ese momento jefe del EMDN, y quien al principio del actual gobierno el general secretario lo designó director del Banjercito. En diciembre de 2015 Gaytán Ochoa pasó a retiro, frustrado en su intento de convertirse en el titular de la Sedena con Peña Nieto.
Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional con Calderón, fue quien aprobó la directiva y la promovió personalmente en las comandancias regionales y otras unidades militares en todo el país.
Para operarla, la Sedena definió “acciones de mando territorial”, entre las que se encontraban la captura en flagrancia y la vigilancia, así como la revisión, sin orden judicial, de hangares, bodegas, empresas de mensajería y paquetería, estaciones ferroviarias y terminales de autobuses y marítimas.
Otro blanco específico fueron los conductores de vehículos con placas sobrepuestas o sin placas que no comprobaran la propiedad de los mismos.
En todos esos casos, la Sedena señaló en sus órdenes de operación: “Cuando se detiene a personal civil, invariablemente se realiza un intensivo interrogatorio… con el propósito de obtener mayor información en el mismo sitio y que ésta sea explotada de forma inmediata”.
En el caso de aseguramiento de teléfonos celulares, radios u otros equipos de comunicación, la orden fue explotar la información de esos aparatos de forma inmediata, además de que los datos de personas, domicilios y vehículos debían ser corroborados con una base de datos de Recursos Humanos de la Sedena o de otras dependencias, incluidos los registros púbicos de la propiedad y el padrón vehicular.
También les ordenó consultar las bases de datos de las procuradurías y las policías. Eso sí, “con las reservas del caso y las instancias estrictamente indispensables”.
En sus acciones de mando se indica: “Cuando se detiene a personal tanto nacional como extranjero, en forma inmediata se procede de la siguiente forma:
“Se pasa una minuciosa revista y una inspección con el fin de detectar documentos, agendas, notas y cualquier otro documento que permita ubicar a posibles cómplices, estructura, pagos, actividades, etc., por parte del personal de las BB.OO.MM (Bases de Operaciones Mixtas), explotando la presencia de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común para garantizar que no haya posibles reclamos en contra del personal militar.”
Enseguida se ordena pasar al interrogatorio para “realizar trabajo de inteligencia”. Pero les advierte que en un primer momento deben evitar cuestionar a los detenidos sobre sus datos generales. Las indicaciones, subrayadas, piden preguntar sobre las operaciones de los detenidos: quién los contrató y dónde, cómo ingresaron a territorio nacional, a cuánto asciende su pago, quién y cómo les paga, quiénes son sus jefes y dónde se encuentran, quién o quiénes coordinan sus actividades, dónde están sus casas de seguridad, acopio de armas o sembradíos, dónde consiguieron las armas, vestuario o equipo y cómo se comunican con sus jefes.
Después, en un apartado titulado “Aspectos a considerar por parte de los mandos territoriales durante la aplicación del cuestionario inteligente”, precisa las informaciones “que se obtendrán invariablemente”, como los datos generales y las que resulten de “las entrevistas a conductores, personas que se encuentren en laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, personas detenidas con armamento, personas en posesión de dinero en moneda nacional o extranjera y hasta en el caso de las personas que hayan estado detenidas”.
Indica que el interrogatorio debe hacerse “con rapidez por parte del equipo de verificación inteligente”, al que recomienda memorizar las preguntas “para que se desenvuelvan los entrevistadores con rapidez y normalidad”, aunque también les permite hacer cuestionamientos adicionales para obtener más información.
Responsabilidad del Estado
La aplicación de la directiva y de los procedimientos, incluido el “cuestionario inteligente”, dejó a muchos militares en la cárcel, acusados de violaciones a los derechos humanos, como el subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández, preso en el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, acusado de violencia contra las personas por la muerte de un civil en 2011, en Nuevo León.
En un escrito hecho llegar a este semanario, el oficial con 18 años y medio de carrera en el Ejército, seis de ellos en prisión, asegura que los militares ahora detenidos cumplieron órdenes de sus jefes, empezando por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, para realizar “operaciones de alto impacto” contra el narcotráfico.
Cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusan, el oficial estaba entonces bajo el mando del jefe de la Séptima Zona Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, ahora secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, designado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
En su escrito, asegura: “Fuimos capacitados, adiestrados y adoctrinados para responder como militares (combatientes, en el sentido más amplio de la palabra), pero se nos usó como autoridades locales sin la respectiva capacitación (porque) las autoridades estatales y municipales cómodamente delegaron su responsabilidad en nosotros”.
Dice que el resultado fue “una cantidad ingente de bajas colaterales” entre la población civil, mientras que muchos militares (oficiales y tropa) están en prisión, acusados de violaciones a los derechos humanos.
Explica que para cumplir con la directiva, en las instalaciones de todas las zonas militares se habilitaron oficinas llamadas Centro Coordinador de Operaciones, donde se reciben las denuncias ciudadanas. Ahí el oficial en servicio informa al comandante militar en los agrupamientos mixtos, en las Bases de Operaciones Mixtas o en las Bases de Operaciones Móviles, desplegados en zonas urbanas o rurales, y este último acude con la tropa al lugar indicado.
La “amplia iniciativa” que se dictó desde el sexenio pasado ordenaba: “si es gente armada en un domicilio, entra; si son vehículos sospechosos, los persigue hasta detenerlos; si es venta de droga, se introduce hasta donde la encuentre y asegura. En el cumplimiento de las órdenes dadas, el comandante no repara, a pesar de que esas acciones no le competen, sino al Ministerio Público y a los policías, que se han hecho los desentendidos”.
Con una sentencia inicial de 30 años de prisión por homicidio calificado, tortura y robo calificado, el subteniente se queja entonces de la situación en que han quedado quienes han cumplido esas órdenes:
“Cuando las misiones planteadas al oficial salen bien, todo mundo celebra la acción y está puesto a cobijar con su parentesco tal hecho. Pero si algo sale mal; es decir, si hay un daño colateral o aparece después una queja de violación a los derechos humanos, el agente del Ministerio Público (civil o militar) está muy presto a cumplir con su deber, que es sancionar al oficial y a la tropa implicados.”
El oficial y los soldados, continúa, son entonces acusados de numerosos delitos, pero “puede ser el caso que se presente personal de justicia militar para convencer a los jueces y magistrados civiles que impongan las penas máximas a los militares con el pretexto de mantener la disciplina militar”.
Sobre la directiva para el combate al narcotráfico en el sexenio pasado dice que, para su cumplimiento, los militares fungieron como policías de tránsito o policías federales de caminos. “Más grave fue que se revisaron hangares, bodegas o terminales de autobuses sin la orden de un juez o sin que estuviera presente el Ministerio Público”.
El subteniente Tadeo Hernández señala que de esa manera “se obligó al personal de oficiales y tropa a realizar acciones que lo pondrían en un problema legal y del cual no saldría bien librado”, mientras que los altos mandos que las ordenaron no se vieron inmiscuidos porque en todas las órdenes siempre se incluía la frase “respetar los derechos humanos”.
Molesto, se pregunta: “¿Dónde están ahora esos generales diplomados de Estado Mayor que idearon la directiva y exigieron resultados en el combate al narcotráfico? Ellos son intocables. Sólo los oficiales son llevados a la prisión militar con base en una averiguación previa hecha por la propia justicia militar”.
El subteniente asevera: “Yo acuso al Estado mexicano, pues fui adiestrado como militar y recibí y cumplí órdenes. Y ahora ese mismo Estado me mantiene preso por supuestos delitos cometidos durante una guerra o combate declarado por el titular de las Fuerzas Amadas en su momento.
“Se me capacitó para el combate y se me empleó para otra cosa, y al existir un supuesto daño colateral soy procesado y preso como muchos más compañeros de armas. Tal parece que para los altos mandos somos desechables.”
fuente.-
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