Las imágenes que circularon el jueves 9 de febrero del 2017, las primeras grabadas por un periodista de Tepic, Nayarit, mostraban una escena de guerra. Tanto que en una primera instancia se dijo que eran falsas, que correspondían al intento de golpe de Estado en Turquía.
Parecía una imagen de Afganistán. El ruido. La luz que salía, literalmente, de las balas disparadas… Abajo unas figuras humanas se movían, en la oscuridad, en una zona habitacional, parecían armados con pistolas.
Desde un helicóptero Mi-17 un tirador selecto, muy buen tirador, de la SEMAR disparaba una M134 Vulcan Minigun, calibre 7.62 mm con una capacidad de disparar de 3 mil a 6 mil tiros por minuto.
El boletín, escueto, de la SEMAR decía que fueron abatidos 12 civiles. Uno de ellos Juan Francisco Patrón Sánchez, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Hace tres semanas un piloto de la SEMAR, Carlos Alberto Mayo Ortiz, de 42 años fue acribillado en el Puerto de Veracruz. Apenas hace una semana tres marinos fueron “levantados” por narcos en esa misma población.
¿Pudo haber influido esto en la decisión del alto mando militar para utilizar fuerza letal de esta magnitud? ¿Pudo haber sido un factor en el “abatimiento” de los 12 presuntos delincuentes?
¿O hubo una orden presidencial de mostrar el “poderío militar” como respuesta a las declaraciones del Presidente Donald Trump de que las fuerzas armadas mexicanas no estaban haciendo bien su trabajo contra los narcotraficantes, por lo que estaba dispuesto a enviar tropas en su “ayuda?
Este operativo deja muchas preguntas sin respuesta.
La más importante es qué puede, debe hacer el Estado Mexicano ante el profundo desfasamiento entre actuaciones militares como ésta, de combate, de plena guerra, y lo que dice nuestra Constitución sobre que todos somos inocentes hasta que un juez dictamine lo contrario.
Si los presuntos, insisto en esto presuntos porque eso son legalmente, criminales van a ser tratados como enemigos por las fuerzas armadas, y por lo tanto van a ser exterminados (abatidos) hay que hacer una declaración de guerra. Formal, legal. Con todo lo que esto implique, incluyendo limitación de libertades individuales.
A los enemigos se les extermina con toda la fuerza letal que se tiene.
¿Eso quiere la sociedad mexicana?
¿Quiénes eran los muertos de Tepic? ¿Qué hacían, a qué se dedicaban? ¿Por qué la policía federal no intervino en este operativo? ¿Por qué no iba un ministerio público? ¿Había una orden de aprehensión en su contra? ¿Tepic estaba en una situación de emergencia? ¿Eran un peligro extremo para la sociedad?
¿Cuál es el criterio para su exterminio, y no actuar en Quintana Roo, donde los delincuentes cobran “derecho de piso” hasta a los vendedores de miel? ¿ O en Tamaulipas, o en Veracruz donde han asesinado y secuestrado a marinos?
¿Cuál es el papel que tienen los militares, en este caso los marinos, en el exterminio de presuntos criminales, ya no en su detención? ¿Cuándo dejamos las leyes a un lado oficialmente, cuando se dio por terminado el orden legal de la persecución y detención de presuntos delincuentes?
¿Hubo una orden superior del comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, de que los mataran?
¿El helicóptero, la “ametralladora” que puede disparar hasta 6 mil balazos por minuto deben ser utilizados para “abatir” a presuntos criminales? ¿Y el riesgo de que mueran civiles?
A los soldados que emboscaron el año pasado en Sinaloa, cuando trasladaban a un presunto criminal herido, no se les permitió utilizar una ametralladora en sus vehículos. ¿Qué cambió para usar este armamento letal?
Y la pregunta más importante, ¿qué sigue? ¿Vamos a instalarnos en situaciones de combate en todas nuestras ciudades?
Fuente.-@IsabelArvide/(Imagenes/Internet)
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