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| Imagen.-Internet |
La semana pasada, antes de que la agenda pública fuera secuestrada por Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto pronunció un discurso ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, delineando las prioridades de su gobierno en la materia.
Una de ellas es la reducción de los homicidios dolosos.
Por vez primera, Peña Nieto reconoció que la violencia va al alza. Para enfrentar el fenómeno, anunció una intervención focalizada en 50 municipios que concentran 42% de los asesinatos del país. No dio muchos detalles, pero mencionó que se reforzarían “las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia.”
¿Funcionará la estrategia? ¿Se pondrá freno a la escalada de violencia del ultimo año? Francamente lo dudo, por tres razones:
1. Los municipios sujetos de intervención están mal seleccionados. El criterio de selección fue el número de víctimas, no la tasa de homicidio o el ritmo de crecimiento. Eso significa que algunas ciudades medias o pequeñas altamente violentas (por ejemplo, Arcelia en Guerrero) quedaron fuera de la lista. Lo mismo vale para algunos municipios con picos recientes de homicidios (por ejemplo, Poza Rica, Veracruz). Se incluyó en cambio a algunas demarcaciones muy pobladas donde el número de homicidios no ha variado mayormente en años (por ejemplo, Iztapalapa o Gustavo A. Madero). En esos lugares, la violencia es endémica y reducirla pasa por intervenciones de largo plazo que transformen el entorno social e institucional. Sería altamente sorprendente una caída abrupta en esos lugares.
2. No hay, al parecer, ninguna innovación en las herramientas seleccionadas. Según se entiende, la intervención equivale al despliegue de más efectivos federales, más recursos dedicados a programas de prevención y algún apoyo para el fortalecimiento de instituciones locales y estatales. Dicho de otro modo, operativos federales en el molde acostumbrado. Por lo regular, esas intervenciones no funcionan y cuando lo hacen, tienden a ser masivas (Ciudad Juárez entre 2010 y 2012). Un incremento marginal de recursos divido entre 50 municipios no deja mucho para cada demarcación. En consecuencia, salvo excepciones, probablemente no habrá muchos efectos.
3. Aún si las intervenciones focalizadas en esos 50 municipios son exitosas, el impacto sobre los totales nacionales tenderá a ser modesto. Asumiendo sin conceder que, en promedio, los municipios intervenidos registren una disminución de 25% en el número de homicidios, eso significaría una reducción de 10.5% en el total nacional. Una caída de esa magnitud aún nos dejaría 5% arriba del nivel de 2015. Y eso sin considerar lo que pase en los municipios no intervenidos. Si en paralelo, el resto del país experimentase un incremento de 18% (una tasa similar a la experimentada en el último año) quedaría anulada cualquier ganancia en los 50 municipios prioritarios.
En resumen, es bueno que se reconozca al fin que hay un problema, pero es muy poco lo que se puede esperar de esta nueva estrategia. Es un anuncio de que se va a hacer algo más de lo mismo en (casi) los mismos lugares. La política de seguridad sigue sufriendo de un déficit de imaginación. Mientras eso no cambie, vamos a seguir reportando cifras de espanto.
Fuente.-alejandrohope@outlook.com.
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