La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México violó una disposición judicial y archivó la investigación por extorsión contra Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga.
La inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció penalmente en agosto de 2015 a Pérez Romo por intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco.
Documentos judiciales y ministeriales indican que el 2 de marzo, la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
Sin embargo, su determinación pasaba por encima de una resolución judicial que le impedía proponer el carpetazo y consumarlo.
La defensa de Aramburuzabala interpuso un recurso para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso, ante lo cual el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó el 3 de junio que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley.
La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos ignoró los reclamos y la resolución judicial. El 8 de julio notificó a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo, mandando a la congeladora el caso.
El amparo originalmente fue presentado el 28 de octubre contra la negativa de la PGJ de llamar a declarar como testigos a los condóminos de Rubén Darío 223 -donde vive Pérez Romo- y de requerir diversos documentos.
El 23 de diciembre, el amparo fue desechado en primera instancia, porque la Procuraduría admitió como prueba declarar a los condóminos del edificio, lo cual era uno de los objetivos principales de la demanda.
Sin embargo, el MP nunca interrogó a los condóminos y la defensa de Aramburuzabala presentó un recurso de revisión contra el desechamiento del amparo, razón por la que la suspensión definitiva continuó vigente.
El 15 de junio pasado, la Procuraduría presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal, con el fin de echar abajo el resolutivo donde el juez le atribuye el desacato.
Aunque estableció que hubo un desacato a la suspensión definitiva, el juez Díaz de León no impuso a la PGJ una sanción o denuncia ante la PGR.
Lo anterior, porque la dependencia local admitió las pruebas ofrecidas por Abilia, no obstante que ese trámite no tuvo como consecuencia interrogar a los referidos condóminos.
De hecho, esta última omisión hizo que la inmobiliaria de Aramburuzabala presentara un nuevo amparo, donde ahora pide que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos al propio López Dóriga.
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