Por primera vez desde que se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en el 2005, el Ejército Mexicano recibió una solicitud de indemnización millonaria.
Familiares de una pareja ejecutada por militares en el 2010 en el municipio de Anáhuac, en Nuevo León, pidieron a la Sedena una indemnización de 90.2 millones de pesos por el daño moral ocasionado tras haber asegurado que las víctimas eran miembros de la delincuencia organizada.
La defensa de la familia acudió el pasado 31 de mayo a la Oficialía de Partes de la Sedena para solicitar que su titular, Salvador Cienfuegos, instruya a otorgar la indemnización por daño moral a los padres, hermanos e hijos de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, que murieron en medio de un tiroteo.
La pareja, ambos de 29 años, fue abatida cuando salía a comer de su trabajo en la maquiladora Delphi el 3 de marzo del 2010. Tras quedar en medio de un enfrentamiento entre soldados y sicarios, ambos fueron baleados. Recibieron el tiro de gracia a manos de un soldado. "Me eché a dos", fue lo que expresó el militar Juan Ortiz Bermúdez, según testimonios recabados por las autoridades.
En esa etapa, la Séptima Zona Militar estaba bajo el mando del Comandante Cuauhtémoc Antúnez, actual Secretario de Seguridad estatal.
En el incidente, a las víctimas les sembraron armas y les inventaron que ella era una narcotraficante apodada "La Gata" y su esposo fue señalado como sicario.
Sin embargo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) comprobó después que se trató de una ejecución extrajudicial.
Al pedir la indemnización a la Sedena, la defensa de la familia argumentó que ligar con la delincuencia a las víctimas causó "un daño terrible al honor y decoro", de acuerdo con la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la que Grupo REFORMA posee una copia.
"La naturaleza y características de la violación al prestigio y buen nombre de las víctimas atenta gravemente contra su imagen y honor, pues los elementos del Ejército Mexicano que ratificaron la denuncia realizaron falsas imputaciones", citaron los abogados.
Agregaron que, de acuerdo con las investigaciones, fueron tres los soldados culpables de los hechos, y que la Sedena es responsable de sus acciones.
"Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza nunca atacaron a los militares y ellos nunca trajeron consigo un arma.
"Los militares asesinaron a estas personas cuando no eran parte de ningún grupo criminal ni habían atacado a los militares", alegaron.
Sólo el cabo Ortiz Bermúdez ha sido encarcelado por los hechos, luego de que, en un acto sin precedentes en el Estado, un juez civil lo condenó a 18 años de prisión por homicidio simple en julio del 2015.
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