La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en casos como Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán existen indicios alteración de la escena del crimen para hacerla pasar por enfrentamientos cuando en realidad se pudo tratar de ejecuciones extrajudiciales.
Los tres casos –uno en el Estado de México y dos en Michoacán – fueron reportados por autoridades mexicanas como supuestos enfrentamientos entre Fuerzas Federales y presuntos miembros del crimen organizado pero estas hipótesis parecen desvanecerse a medida que avanzan las investigaciones de la CIDH.
“Los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas en hechos que constituirían casos de ejecución extrajudicial” revela un informe preliminar de la Comisión Interamericana.
Además, el preinforme reporta “irregularidades en las investigaciones” realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán.
Desafortunadamente la CIDH señaló que las Fuerzas Federales como el ejército, la marina y la policía federal permanecen renuentes a informar detalladamente las órdenes que se dieron en estos casos y las bitácoras de operaciones de los días en que sucedieron los “enfrentamientos”.
Después de su visita in loco, la CIDH aseguró que existe una grave desinformación sobre casos de asesinatos extrajudiciales y se desconoce en cuántos de ellos hubo una participación directa de agentes del Estado Mexicano como son policías municipales, estatales y federales; así como soldados y marinos.
A fin de esclarecer el panorama en que sucedieron estos tres sucesos la Comisión de Derechos Humanos pidió al Gobierno Mexicano “aplique lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a la Tres Fuerzas Armadas”. Mismo que promueve la cultura de los Derechos Humanos.
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