PIDEN un "TERCER MILLON de DOLARES"...para seguirle a la "PESQUISA en AYOTZINAPA".

Édgar Cortez, ex director del Centro Pro Juárez reconoce a La Razón que es “comprar credibilidad”; que expertos se queden “hasta dar con la verdad”. El organismo acuerda con el gobierno que la nueva información del caso esté cerrada a la opinión pública hasta que familiares la revisen; la SEIDO, fuera de la investigación

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 solicitaron, a través de un video, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, la estancia permanente en México del grupo de expertos que investiga el caso. Por su parte, en entrevista con La Razón, Édgar Cortez, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), indicó que se pide la estancia de los expertos de la CIDH al menos un año más, lo que implica que se les pague otro millón de dólares, con lo que sumarían tres millones. La grabación de los padres se dio a conocer durante la presentación del “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, donde los familiares de las víctimas realizaron la petición formal. “Les pedimos a los integrantes de la CIDH que nos ayuden en lo que estéen sus manos de exigirle al gobierno que los expertos —integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— sigan con nosotros apoyándonos hasta dar con la verdad y no con las mentiras que el gobierno mexicano nos ha dicho”, expuso un padre de los normalistas en la grabación que se presentó ayer en Estados Unidos. En tanto, Édgar Cortez recordó que de marzo a agosto 2015 la PGR pagó un millón de dólares a la CIDH por el primer periodo y para el segundo, de septiembre de 2015 a febrero de 2016, proporcionará otro millón, por lo que se pide que para el lapso de marzo a agosto de 2016 se le entregue un millón de dólares más. “Estas cifras son partiendo de la primera cantidad, puede ser que el gobierno diga que es menos cantidad o mayor para los próximos meses, pero partimos de ese supuesto” explicó el activista. “Yo lo que esperaría es que a fin de cuentas el tema sirviera no sólo para este caso, porque en el fondo me parece que esta propuesta lo que está planteando es tratar de acompañar a la Procuraduría General de la República para desarrollar para que crezca, para fortalecer sus capacidades de investigación. Sostuvo que en el fondo es que las familias tengan derecho a la justicia, “¿qué es lo que está comprando el gobierno mexicano? Credibilidad, que le crean, como nuestras instituciones hoy no tienen credibilidad, tenemos que comprarla, eso es lo que está pasando y suena feo, parece que ésa es la realidad y entonces le sale barato”. “Gastar 3 millones de dólares le contribuye a darle credibilidad —a la PGR— le sale bien económico, para mí el problema no son los 3 millones, más bien los miles de millones que gastamos en procuradurías, en policías, la sociedad desconfía”, expuso. click para ver gráfico Padres palomearán nuevos datos del caso La nueva información que se genere sobre el caso Iguala se mantendrá cerrada a la opinión pública hasta que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014 la revisen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno mexicano firmaron un acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) evite difundir información que descubra. En la presentación del “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, en la sede de la CIDH, en Washington, DC, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, indicó los detalles del acuerdo. Dio a conocer que este pacto lo firmaron el pasado lunes los padres de familia, el Estado mexicano y los cinco expertos que conforman el GIEI. Además se confirmó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada queda fuera del caso a petición del grupo de expertos. “El Estado y el GIEI han dispuesto sacar de forma inmediata a la SEIDO, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación”, detalla. Este grupo estará bajo la dirección de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Daniela Wachauf fuente.-