La crisis humanitaria por la que atraviesa México desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico se ha acentuado y la “impunidad es estructural”, señalaron enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe elaborado tras recorrer el país.
La “alarmante” prevalencia de las desapariciones; el incremento de la violencia y violaciones a los derechos humanos; la violencia exacerbada en estados fronterizos, sobre todo contra inmigrantes indocumentados; y las amenazas contra defensores y periodistas, son algunos de los problemas documentados por los comisionados de la CIDH, quienes se entrevistaron con autoridades federales, estatales y con representantes de los poderes Judicial y Legislativo.
Durante su recorrido, los comisionados recogieron cientos de testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, que explican por qué desde 2012 México es el país con más peticiones ante la CIDH. En lo últimos tres informes, el órgano de la OEA tiene registradas mil 591 peticiones de mexicanos que han acudido ante la instancia regional en busca de justicia.
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, se lee en uno de los primeros párrafos del documento Observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH a México.
El informe preliminar, difundido el viernes 2, fue desconocido de inmediato por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
“No compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días pueda reflejar la situación real del país”, dijo Campa al señalar que las consideraciones de los enviados de la CIDH sólo se fundamentaban en seis entidades y en temas específicos.
En las seis entidades visitadas –Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León– los comisionados recibieron las mismas quejas de víctimas, familiares y defensores sobre “los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y la desconfianza en las autoridades”, lo cual “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural”, sostiene el documento.
“La visita in loco solamente se da cuando hay situaciones graves de preocupación, y eso es lo que nos trajo aquí, alarmados por las noticias que recibíamos de la situación en México y pensando que con esta visita se pueda colaborar para que se ajusten las instituciones a la realidad y que se pueda lograr que la ciudadanía se sienta defendida por el Estado”, explica en entrevista Rosa María Ortiz, relatora para asuntos de la niñez.
Los normalistas
Los comisionados elaboraron un apartado sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado, a fin de respaldar las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “las cuales se distancian de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)” y para pedirle al Estado mexicano que permita a los expertos entrevistar a los testigos de los hechos, entre ellos a los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
El informe preliminar aborda ampliamente el fenómeno de la desaparición que “ha alcanzado niveles críticos”, con el reporte oficial de “26 mil 580 personas desaparecidas o extraviadas actualmente en México”, según la información recabada por los comisionados, que obtuvieron además “información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”.
Para los comisionados es grave que frente a la cifra descomunal de desapariciones y la herencia de la Guerra Sucia, sólo haya dos sentencias condenatorias hasta 2012 por ese delito de lesa humanidad. Ninguna de ellas firme.
Tras señalar que las cifras oficiales no son “confiables”, la CIDH encontró que prevalece la desconfianza ciudadana para interponer quejas formales por desapariciones, además de que familiares de víctimas denunciaron amenazas y hostigamiento, sin contar con que las autoridades responsables suelen negarse a abrir indagatorias o clasificar mal el delito.
La experiencia extrema sobre la manera de abordar las desapariciones se expresa en Iguala, donde familias organizadas en Los Otros Desaparecidos se han dado a la tarea de buscar a sus familiares en los cerros. Han localizado restos de 129 personas, la mayoría sin identificar.
Los comisionados apuntan en su informe que en el municipio de Iguala se tienen reportadas 450 desapariciones, lo cual evidencia que el fenómeno es generalizado “y que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado”.
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