Este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho pública una recompensa por un millón 500 mil pesos, para quien ofrezca informes que conduzcan a determinar el paradero de Rosendo Radilla, conocido cantautor guerrerense, desaparecido por el ejército mexicano, hace más de 40 años; uno de los casos más emblemáticos sobre desapariciones forzadas en México, y el cual ha generado diversos hitos legales que han dado pie a cambiar las leyes mexicanas.
El caso de Rosendo Radilla fue el primero también en ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un caso grave de violación a los derechos humanos cometido por estado mexicano, motivo por el cual finalmente el gobierno federal se vio obligado a pedir disculpas públicas en 2011, y ahora en 2015, publican esta recompensa donde buscan nueva información que permita determinar con precisión, que ocurrió con Rosendo, quien era también un líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
De Rosendo Radilla se tiene aún una colección de canciones que compuso, dedicadas principalmente al movimiento subversivo y popular de Génaro Vázquez y su movimiento político que a la postre se convertiría en guerrilla.
Don Rosendo fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, posteriormente fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y de ahí no se volvió a saber nada de él.
Se teme que haya corrido la misma suerte de otros cientos de desaparecidos en Guerrero, quienes fueron asesinados y arrojados al mar por el Ejército mexicano, en el proceso conocido como la Guerra Sucia, otro crimen de lesa humanidad en Guerero, que sigue en total impunidad.
En 2005 una fiscalía especial investigó el caso Radilla y emitió una serie de recomendaciones a la autoridad civil, quien transfirió el caso a la corte militar; esto fue una de las cosas que cambió con la sentencia en 2011 de la CIDH, quien además instruyó al estado mexicano, para cambiar la ley y obligar a tratar estos asuntos en el ámbito civil, a manera de transparentar el proceso, lo cual también fue un hito en la historia de los derechos humanos en México.
Y aunque muchos ex militares podrían tener información sobre el caso, en la propuesta publicada este lunes por la PGR se excluye a servidores públicos en servicio o retirados.
Raúl Flores Durán
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