En medio del total hermetismo, la madrugada del pasado 16 de octubre un grupo de custodios sacaron a 33 internos del penal militar de Mazatlán, para entregarlos a agentes de la PGR quienes los llevaron a diferentes cárceles federales del país.
Los militares trasladados, entre los que se encontraban 13 oficiales, tienen en común que todos estaban procesados por delitos contra la salud, además de tener recursos judiciales en trámite como amparos promovidos para no ser removidos del penal. El traslado calificado como arbitrario por los internos, abogados y familiares, se suma a las protestas que se efectuaron a media semana en los juzgados federales de éste puerto por la violación a las garantías individuales del mayor médico cirujano Alfredo Antonio Ramírez García, cuyo caso tomó conocimiento hace pocos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y quien fue trasladado en septiembre pasado a un penal federal en Oaxaca.
A las tres de la mañana del pasado viernes 16 de octubre, agentes de la Policía Militar irrumpieron en la prisión castrense de Mazatlán, ubicado dentro de las instalaciones de la comandancia de la Tercera Región Militar, donde realizaron un operativo para trasladar a cárceles federales a mas de 30 presos acusados de delitos contra la salud. Desde esa hora hasta las cinco de la mañana, todos los internos fueron despertados por los celadores que arribaron acompañados de soldados para sacar a 33 militares internos, entre oficiales y tropa y entregarlos a la PGR.
El operativo marcó un precedente en los procesos contra militares acusados de estar relacionados con alguna fase de la cadena del narcotráfico, que va de la producción al transporte de enervantes. Se trató de un trasladado masivo, el equivalente a una cuarta parte de la población de doscientos internos que se encuentran en la prisión militar número cinco ubicada en el puerto sinaloense, informaron fuentes castrenses a este blog.
De los primeros testimonios que se conocieron se supo que fue una acción sorpresiva, la mayoría de los procesados por delitos contra la salud tienen amparos en curso que interpusieron para evitar traslados, hecho que no fue respetado, dijo una fuente de la Tercera Región Militar. Durante el viernes se presentaron los primeros actos de inconformidad entre los familiares y abogados de los militares trasladados a prisiones civiles, ya que por no existir notificación y violar recursos judiciales, aseguran que se trató de un acto arbitrario.
La mayoría de los 33 trasladados, entre los que había 13 oficiales, entre tenientes y subteniente; 14 integrantes de tropa, de sargentos, a cabos y soldados; y seis civiles, ex militares ya sentenciados, estaban acusados de facilitar el transporte de enervantes en diferentes puestos de control carreteros del norte del país. Otros estaban por no destruir plantíos en las áreas que se les asignaron.
Buena parte de los militares que fueron trasladados podrían obtener su libertad, considerador las fuentes castrenses consultadas. En los expedientes donde se les vincula con delitos contra la salud, las pruebas con que se sustentan las acusaciones son endebles, en ocasiones se trata de imputaciones de sus propios compañeros que fueron obligados a firmar declaraciones con base en intimidaciones, y sin evidencias suficientes. La mayoría se trata de militares de extracción humilde, sus familias viven con lo mínimo, en contraste con los familiares de los grandes capos que suelen tener gran solvencia económica.
De acuerdo a otras fuentes militares, que siguen de cerca los procesos judiciales radicados en los juzgados castrenses de Mazatlán, hubo irregularidades en los traslados, aparte de no respetar los amparos vigentes. “Muchos de los trasladados estaban siendo procesados en el ámbito militar y no en el federal, la mayoría luchaba legalmente por trasladar su caso al ámbito civil para ser juzgados por el fuero federal, encontrándose con la férrea oposición de la secretaría de la Defensa Nacional. Estos procesados podrían estar a un paso de la libertad porque las pruebas muchas veces rayaron en el absurdo. Ejemplo, el pretender acreditarles el delito con simples fotografías de plantíos de amapola y mariguana y dichos de testigos singulares que al ser llamados a ratificar sus declaraciones, se retractaron y aun así los militares seguían en un proceso largo y desgastante para ellos y sus familias. Algunos tenían en prisión preventiva hasta siete años sin cerrar sus causas penales, porque aun aportando pruebas la secretaría de la Defensa Nacional se negaba a presentar ante los tribunales a sus acusadores militares, algunos ya retirados. Había también sentenciados en calidad de civiles, esto es, por haber sido destituidos de sus empleos militares”.
El operativo de traslado de reos militares fue visto por los propios soldados como una purga. Una de las razones del traslado se basó en que desde la prisión militar algunos mantenían contactos con narcotraficantes. Una fuente militar consultada al respecto explicó que quizá en algún caso aislado esto podría suceder, pero la gran mayoría de los procesados era notorio que se trataba de gente dedicada al trabajo en la prisión para obtener el sustento de sus familias. Algunos se dedicaban a la elaboración de artículos de carpintería, otros lavaban ropa, por ahí boleaban calzado. “Lógicamente no denotaban tener algún tipo de ayuda de la mafia, estaban procesados por haber caído en manos de comandantes que irresponsablemente los denunciaron por medio de rumores”.
El operativo que concluyó mucho antes del amanecer del pasado viernes 16, no registró incidentes ni protestas. Entre los removidos del penal militar no hubo ningún general ni jefe, ya que entre la población penitenciaria no existe nadie de ese grado procesado por delitos contra la salud.
Protesta en el puerto
Apenas el pasado miércoles 14 de octubre, un grupo de familiares y amigos del mayor médico cirujano Alfredo Antonio Ramírez García, acusado de delitos contra la salud y trasladado del penal de Mazatlán al centro federal de Miahuatlán, Oaxaca el pasado 10 de septiembre, se manifestaron a las afueras de los juzgados federales de éste puerto.
La protesta fue para exigir se respetaran las garantías individuales del médico militar, cuyo caso se documentó en este blog Una vendetta al estilo fuero de guerra ,como un ejemplo de fabricación de cargos contra un oficial de sanidad cuyo juicio ha estado plagado de violaciones.
El caso del doctor Ramírez García, acusado de narcotráfico cuando estuvo de servicio como jefe del pelotón de sanidad del 89 batallón de infantería en el año 2003 en Los Mochis, tomó conocimiento hace unos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de su queja fue sacado del penal militar de Mazatlán y trasladado al centro federal de Mihuatlán, Oaxaca.
En las primeras horas luego de su traslado, familiares y amigos denunciaron su “desaparición”. Cuando indagaron su paradero ninguna de las autoridades militares en el penal, y en la comandancia de la Tercera Región, quisieron dar información por motivos de “seguridad”.
Pasaron varias horas para que les entregaran una notificación de la secretaría de Gobernación, con sellos de la secretaría de la Defensa Nacional, donde quedó registrado el traslado del doctor Ramírez García a Oaxaca.
En su proceso ventilado en los últimos años en los juzgados castrenses de Mazatlán, el mayor médico tuvo una defensa legal de oficio que recayó en un oficial de justicia militar que poco hizo por desvirtuar las acusaciones. Este oficial fue cuestionado por los familiares del médico ya que, al formar parte del sistema de justicia militar, su labor como defensor se realizó sin independencia de criterio y subordinado a sus mandos superiores.
En su escrito ante la CIDH el galeno señaló que durante el proceso en su contra, no se admitieron pruebas que presentó, ni se valoraron testimonios y evidencias que probaron que la acusación fue un montaje. Tampoco se tomó en cuenta que fue sometido a tortura para obligarlo a firmar documentación con la que se armó el expediente. Todas estas irregularidades fueron puestas a consideración de la Comisión Interamericana desde el verano pasado.
Fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424
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