La participación del exalcalde de Iguala y de su esposa, en la cadena de eventos que llevó a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ha hecho que para estas elecciones se exija un examen riguroso de la hoja de vida de los candidatos. Algunos partidos han pedido a la Procuraduría General de la República que, en los hechos, palomee a los candidatos con antecedentes limpios o que comparta la información de los que merecen tache.
Una responsabilidad difícil para la PGR: por una parte es cierto que la Procuraduría tiene —o debería tener— información a la que no tienen acceso los partidos y, por otra, es ilusorio suponer que su información es infalible.
Tanto la PGR como la Policía Federal han sufrido la infiltración del crimen organizado. Uno de los factores que explica este fracaso es la falsa sensación de seguridad que proporcionan los exámenes de control de confianza a los que se someten los elementos de los cuerpos de seguridad previo al reclutamiento y cada cierto tiempo durante el servicio. Clave en estos exámenes es el uso del polígrafo. La idea de que el polígrafo es infalible para determinar la integridad ha permeando no sólo a las autoridades de seguridad sino a los medios que exigen a los candidatos en zonas con presencia del crimen organizado que se sometan al polígrafo. Siento desilusionarlos: al polígrafo hay que jubilarlo.
Los sensores de este aparato captan funciones fisiológicas del sujeto —como el pulso cardiaco y la respiración— mientras se le somete a un interrogatorio. La teoría supone que las personas sufren alteraciones en estas funciones cuando mienten. Para identificar una mentira el poligrafista compara las mediciones tras una pregunta relevante como “¿mató usted a su esposa?”, y una pregunta de control como “¿en los pasados 25 años le ha mentido a un ser querido?”. El truco radica en que, previamente, el entrevistador condiciona al sujeto para hacerle creer que las preguntas de control son muy importantes y, por tanto, asume que el sujeto mentirá ante éstas.
El polígrafo es moderadamente útil cuando se aplica a la investigación de delitos. Según investigaciones recientes su éxito es mayor que el azar. Sin embargo, se encuentra lejos de ser infalible, pues la prueba arroja un importante número de falsos negativos —culpables que no se detectan— y, crucialmente, de falsos positivos: inocentes que reprueban.
Pero donde el polígrafo falla en forma alarmante es cuando se usa como herramienta de reclutamiento para determinar la integridad de posibles candidatos, por ejemplo, a integrarse a los cuerpos de seguridad.
La prueba falla por muchas razones, pero expongo las dos principales: primero, no hay evidencia científica que demuestre que todas las personas reaccionan de la misma manera cuando mienten. El polígrafo detecta cambios en el cuerpo, pero nada asegura que estos están relacionados con la deshonestidad. Pueden deberse a miedo a no obtener el empleo, a diferencias en los entrevistadores, o a un infinito número de factores individuales. Y segundo, aun si el polígrafo sí determinara quién es honesto con su pasado, ello no asegura que la persona no se vaya a corromper en el futuro, pues ello depende más del entorno en el que trabaje que del carácter individual. Hasta el policía más íntegro se puede corromper cuando se enfrenta al duro dilema cotidiano de la plata o el plomo.
Si el polígrafo fuera efectivo, ¿cómo nos explicamos que la corrupción en nuestros cuerpos policiales no haya disminuido? Los policías que mataron a sus compañeros en el aeropuerto de la Ciudad de México en 2012, habían pasado los controles de confianza.
Al igual que la docena de integrantes de la PF que extorsionaba a empresarios en Matamoros este año, y al funcionario de la PGR de Jalisco que secuestraba y mataba a sus víctimas.
No existen soluciones fáciles al problema de la corrupción de policías, candidatos y gobernantes. Pero el uso del polígrafo es una distracción que limita el problema al carácter del individuo, distrayéndonos del importante trabajo pendiente para modificar las condiciones institucionales, políticas y sociales que la facilitan y promueven.
Fuente.-
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