Por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de normalistas que acudieron a la movilización al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de Cocula.
MéxicoD.F 08/Ene/2015 .- La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado consolidar que José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ordenaron el ataque a los normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Así lo revelaron al diario La Jornada fuentes de esa dependencia, quienes señalaron que se busca acreditar la responsabilidad de la llamada “pareja imperial” en el delito de desaparición forzada.
Y es que dijeron que, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.
Los informantes indican que lo anterior, pese a que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones.
Por los hechos hay 80 detenidos, y entre pruebas que recabó la PGR está una grabación que se obtuvo de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del exalcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran “como fuera” a los normalistas.
Pero esa orden, indicaron las fuentes consultadas, no significa en términos legales que haya ordenado la ejecución.
Por ello, explicaron, se trató de convencer a Pineda Villa que aportara más elementos respecto de lo ocurrido esa noche y al día siguiente con ella y su esposo.
Los funcionarios dijeron que la indagatoria por desaparición forzada todavía carece de elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, en qué momento el alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de “Guerreros Unidos” que se les asesinara.
De acuerdo con los testimonios solamente indican que “El Gil” (quien no ha sido detenido) pidió autorización al presunto líder máximo del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, a pesar de que algunos participantes han dicho que las víctimas les decían que eran estudiantes.
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