El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera Secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que hasta enero pasado se desempeñaba como Comandante de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco,fue detenido el martes en un operativo federal en el que habrían sido detenidos otros siete imputados, cinco hombres y dos mujeres. El Registro Nacional de Detenciones reportó la aprehensión del ex mando de la Armada, sin especificar el lugar de su captura ni la corporación que la ejecutó.
Que nos dice este arresto:
En un país donde el huachicol ya no solo se mide en gasolina ordeñada de ductos, sino también en facturas, aduanas y despachos oficiales, la captura del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna no huele a justicia: huele a ajuste de cuentas político. Porque vamos a decirlo sin rodeos: hace mucho que la línea entre crimen organizado y gobierno dejó de ser una frontera; es más bien una sociedad anónima con sucursal en cada secretaría.
El sobrino político del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, no cayó por arte de magia ni por súbita valentía institucional. Cayó porque Estados Unidos apretó, porque los gringos se hartaron de que el “huachicol fiscal” se convirtiera en deporte nacional con árbitro vestido de uniforme naval. Y lo que asoma detrás de su caída es un espectáculo donde, si de verdad se quisiera desmantelar al crimen, habría que empezar por desarmar al propio gobierno, institución por institución, porque las complicidades corren más profundas que cualquier fuga de gasolina.
La detención del Vicealmirante —camisa blanca a rayas azules, pantalón azul, zapatos cafés, como si fuera a misa antes de Altiplano— es presentada como “el gran golpe” al enemigo interno. Pero la verdad incómoda es que este no fue un golpe al crimen: fue apenas un manotazo a un espejo que refleja la cloaca. La Marina, en teoría el reducto “impecable” de la 4T frente a otras dependencias corroídas, resulta estar agujereada como ducto en Hidalgo.
¿Sorpresa? Ninguna. Las denuncias estaban ahí, los oficiales retirados ya lo cantaban: que los hermanos Farías controlaban presupuestos, que hacían favores, que jugaban a los nombramientos como si fueran baraja. Nada nuevo. Lo nuevo es que ahora la narrativa oficial quiere pintarlo como prueba del “combate frontal” al crimen.
Pero el crimen no se combate encarcelando a un alfil. El crimen se combate exhibiendo toda la trama de complicidades, desde la ventanilla de aduana hasta el escritorio presidencial que miró hacia otro lado cuando era conveniente. Y ahí es donde el discurso se quiebra: porque para limpiar la casa, hay que quemarla. Para desmantelar al crimen, habrá que desmantelar al gobierno que lo crió, lo solapó y lo usufructuó.
De momento, celebremos el golpe. Pero que nadie se engañe: este operativo no es señal de que las instituciones se sacuden el lodo. Es apenas el recordatorio de que vivimos en un país donde la lucha contra el crimen se parece más a una guerra civil entre cómplices que a una verdadera cruzada de legalidad. Y en esa riña, el verdadero enemigo es el gobierno mismo.
Con informacion: ELNORTE/
