Hay inconformidad entre las fuerzas armadas del país frente al cada vez mayor número de tareas ajenas a su función constitucional que les ha asignado el gobierno de AMLO, de acuerdo con fuentes consultadas al interior del Ejército.
Incluso muchos de los que han sido nombrados para dirigir y administrar construcciones, puertos, aduanas y un largo etcétera, consideran que atender funciones para las que no fueron capacitados, los lleva a cometer errores que acaban por desprestigiar al instituto armado y vulneran la confianza que la ciudadanía ha mostrado hacia él históricamente.
El malestar se ha dejado sentir también en lo que atañe a su participación en la seguridad pública (tarea para la cual fueron habilitados mediante una reforma constitucional que les permitirá hacerlo hasta 2028, siempre y cuando lo solicite justificadamente el Presidente de la República), incluso mediante marchas en defensa (¡lo nunca visto!) de militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La inconformidad -según las fuentes- está, sobre todo, entre el grupo de generales en retiro, pero también se siente entre el personal operativo asignado, varios de los 45 divisionarios en funciones que tienen el Ejército y la Fuerza Aérea y los 17 almirantes de la Armada de México.
No faltan, por supuesto, quienes no desdeñan el haber asumido posiciones de poder político y presupuestal, aunque el general secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval reitere una y otra vez que el poder político no está en el radar del instituto armado.
Militarizar es -según el diccionario- dar carácter u organización militar a una colectividad. Si nos apegamos a tal definición puede afirmarse que la gobernanza del país no se ha militarizado en su totalidad. Un civil está al frente del país y de una estructura civil de gobierno, pero entregado totalmente a las fuerzas armadas, eso sí, en el crucial problema de la seguridad.
Entonces no estamos militarizados, pero al paso que vamos pronto podríamos estarlo. AMLO candidato en 2006, 2012 y 2018 prometía regresar al Ejército a sus cuarteles seis meses después de que tomara posesión de la presidencia. Las tareas en seguridad pública de las fuerzas armadas no estaban avaladas entonces por la Constitución, de manera que López Obrador se dio a la tarea de hacer la reforma constitucional necesaria tras dimensionar la gravedad del problema después de las largas conversaciones que sostuvo como presidente electo con el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y con el exsecretario de Marina, Vidal Soberón Sáenz.
Fue así como López Obrador justificó la necesidad de apoyarse en el instituto armado para enfrentar a la delincuencia organizada. Eso podía entenderse aun contra lo que había prometido, pero lo que no se justificaba era que asignara a los militares combatir al huachicol, reclutar a operadores de pipas, construir el AIFA, vender “cachitos” para la rifa-no rifa del avión presidencial, distribuir vacunas contra el Covid-19, contratar médicos, edificar dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, remodelar 32 hospitales, construir tramos del Tren Maya y administrar puertos, aeropuertos y aduanas.
La justificación pública fue cerrarle el paso a la corrupción, como si los militares fueran ángeles impolutos. La justificación oculta, tomar control del recurso necesario para completar en tiempo y forma las llamadas obras emblemáticas de la 4T.
El presupuesto asignado a las fuerzas armadas a finales del gobierno de Peña Nieto (2018) fue de 75 mil 290 millones de pesos, monto que para 2021 se duplicó a 148 mil 33 millones de pesos y que ha seguido teniendo incrementos hasta llegar a 154 mil 500 millones de pesos este 2004.
La fuerza pública en nuestro país (sumados militares y policías) está estimada en 650 mil efectivos (300 mil en la Defensa Nacional, 90 mil en la Armada, 40 mil en la Guardia Nacional, sin contar a los asignados por la Sedena y la Semar; 90 mil agentes en la CDMX y otros 131 mil en la seguridad de 31 estados). Con esos números ocupa el lugar 31 en el ranking de 145 países que elabora la plataforma Global Firepower 2023.
Esa posición es muy inferior si se compara con el hecho de que México es el décimo país más poblado del mundo, según reflexiona el respetado Gabriel Zaid en un ensayo publicado en Letras Libres el pasado 26 de febrero, al comentar cifras de World Population Prospects 2023 de la ONU.
Por otra parte, estimaciones publicadas por la revista Science, señalan que la delincuencia organizada emplea unos 175 mil sicarios, poco más de una cuarta parte del total de efectivos de la fuerza pública.
De lo anterior se colige que la militarización hacia la que nos han encaminado es más cualitativa que cuantitativa y consiste -dice Zaid- en disponer de los militares para encargos que nada tienen que ver con su misión constitucional.
El próximo gobierno difícilmente podrá prescindir del instituto armado en las tareas de seguridad pública. Xóchitl Gálvez ha dicho que los sacará de las encomiendas que no corresponden a su función, de manera que uno supone que las mantendrá en la seguridad. Claudia Sheinbaum, por su parte, no ha sido clara al respecto, solo ha ratificado la continuidad en la estrategia de seguridad de la 4T, sin matices ni ajustes. Quien gane la elección tendrá la oportunidad coyuntural de desmilitarizar al designar civiles en los puestos entregados a militares sin corresponder a su misión constitucional. Ese y todos los nombramientos vienen con el cambio de gobierno. En seguridad, ni duda cabe que seguirán.
Fuente.-Raul Rodriguez/ElUniversal/
