En 2013, 2017 y 2019 se registraron varias amenazas sobre artefactos explosivos en la sede legislativa de San Lázaro, que resultaron falsas, por fortuna, pero que obligaron al desalojo de los inmuebles.
El rastreo de los supuestos explosivos, que han resultado falsos hasta ahora, corrió a cargo en su momento de personal de la policía y de la procuraduría capitalina. Pero en 2019, cuando hubo dos amenazas de bomba, la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados solicitó la compra de perros entrenados en la detección de explosivos, de acuerdo con documentos adquisición indexados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En 2019 fueron adquiridos dos, y en 2022 el tercero. Los ejemplares tuvieron un costo de poco más de 100 mil pesos cada uno. Con ellos, el Grupo Especial de Neutralización de Riesgos del recinto legislativo no pierde tiempo en el rastreo de amenazas.
CORA Y SU COMPAÑEROS
De acuerdo con los registros públicos, la adquisición de los dos primeros de estos canes se efectuó en abril y octubre de 2019, a un precio de 107 mil 880 pesos cada uno, a la empresa Ucanina Perros de Trabajo - Saver de Canes.
Se trató de dos ejemplares de la raza pastor belga malinois, el primero de dos años y el segundo de dos años y siete meses. El tercero de los animales se compró en noviembre de 2022 a un entrenador particular en 114 mil 840 pesos, y no se especifica la edad ni la raza, pero se señalan las mismas opciones de la convocatoria.
De acuerdo con la ficha descriptiva incluida en la cotización, son “perros con un menú de cinco aromas (TNT, explosivos plásticos, dinamita, cordón detonante y pólvora nitrada de doble base”, capacidad de “búsqueda en los tres niveles de altura, precisión, seguridad y respuesta pasiva”.
La empresa proveedora los describe como “equilibrados, no agresivos y socializados con todo tipo de ambientes”, anota que “son adiestrados con pseudo - aromas, (con) marcas de reconocimiento mundial por la calidad de sus productos”, y que sus ejemplares “son utilizados por el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina”, policías municipales, estatales y de los Estados Unidos y Europa.
También indica que “el grupo técnico que adiestra a los perros (...) está integrado por exinstructores de la dirección de la Unidad Canina” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que durante más de 15 años han formado unidades canófilas especializadas en búsqueda y rescate de personas, así como en rastreo de cadáveres; y binomios sensores de distintas especialidades en la especialidad de narcóticos y explosivos.
De dos de los ejemplares no se consignan más datos, pero sabemos los detalles de una de ellas: Cora, una perra de raza pastor belga malinois, de dos años y siete meses, “unidad canina entrenada para detección de pseudo-aromas explosivos”, los cuales son “RDX, PTN, pólvora, nitratos y cloratos”.
Su entrega incluye “jaula transportadora tipo ‘varikennel’, juguete tipo kong, porta-juguete, carda de limpieza, correa de piel de 1.8 metros, collar fijo de nylon”.
Como sus compañeros, Cora fue entregada con certificado médico de salud, cuadros de vacunación y desparasitación vigentes, certificados de exámenes clínicos, hemograma, examen general de orina, estudio coproparasitoscópico, y dictamen de libertad de displasia.
Todos los ejemplares tienen una vida útil operativa de 8 a 9 años.
ALERTA PERMANENTE POR AMENAZAS DE BOMBA
Desde 2006, la Cámara de Diputados cuenta con un Programa Interno de Protección Civil, que dispone medidas de prevención, auxilio y restablecimiento en casos de incendio, terremoto, amenaza de bomba y/o concentración masiva de población.
En 2013 se introdujeron diversas modificaciones. Con mayor detalle se determinó que en caso de amenaza de bomba, se solicitará la intervención de la Dirección de Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sólo después de una revisión minuciosa se procedería al reingreso al Palacio Legislativo de San Lázaro.
El manual respectivo establecía que la persona que reciba una llamada de amenaza de bomba, debería tener presente que la comunicación con el informante tendría que prolongarse en lo posible, para obtener una mayor información, y se establecieron preguntas concretas para el diálogo: “¿Cuándo y a qué hora podría explotar la bomba?, ¿Dónde se encuentra colocada?, ¿por qué la colocó?, ¿que pide a cambio para evitar la explosión?”.
Tras las “filtración” de la llamada, debería evitar hacer comentarios y alarmar al personal en general, y únicamente dirigirse al funcionario más cercano, al jefe del inmueble o al jefe de resguardo y seguridad.
Actualmente, el Manual de Procedimientos de los Servicios de Protección Civil, emitido el 2 de enero de 2023, establece que “previo al inicio de cualquier evento en el salón de sesiones, la supervisión determinada por la Dirección General de Resguardo y Seguridad instalará un dispositivo de seguridad asignando agentes de resguardo parlamentario en cada uno de los accesos”.
En dicha supervisión , “los agentes de resguardo parlamentario asignados al Grupo Especial de Neutralización de Riesgos, en compañía de su binomio canino especializado en localización de sustancias y artefactos explosivos, llevarán a cabo el rastreo en el interior del Salón de Sesiones, en las áreas bajo curules y en la parte intermedia entre el techo y azotea, con el propósito de verificar que se encuentre sin alguna situación de riesgo y vulnerabilidad”.
ATENTADOS Y AMENAZAS DE BOMBA EN LAS SEDES LEGISLATIVAS
Las alertas sobre presencia de bombas en la sede legislativa federal han incrementado su frecuencia en años recientes.
El 31 de enero de 2013, una intensa movilización del personal de resguardo de la Cámara de Diputados se prolongó hasta la madrugada en los edificios y patios de San Lázaro. El operativo fue suscitado por llamadas que alertaron sobre la presencia de explosivos en el conjunto de edificios oficiales, e incluyó una minuciosa revisión en el salón plenos.
La advertencia tenía especial credibilidad debido a que la exploción que aquella tarde había sacudido la Torre de Pemex, que dejó un saldo de 32 muertos y 121 heridos. Al día siguiente, Francisco Arroyo Vieyra, priísta hidalguense que presidía la Mesa Directiva, inopinadamente se sintió obligado a salir a desmentir la amenaza, pero ya se había filtrado a los medios.
Otro evento semejante ocurrió el 5 de octubre de 2017. La propia Cámara de Diputados comunicó de manera oficial que a las 2:17, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C-5), informaron sobre la presunta presencia de explosivos tanto en la Cámara baja como en la sede del Senado de la República. Las instalaciones de ambas cámaras fueron desalojadas y objeto de minuciosas inspecciones que a las 11:30 de la noche concluyeron con reportes “sin novedad”.
En 2019 se registraron dos amenazas. El 22 de mayo, una llamada que advirtió sobre la inminente explosión de una bomba en el Palacio de Justicia Federal, obligó al desalojo de más de 3 mil empleados de esas instalaciones, y poco después también se evacuó el Palacio Legislativo, separado apenas por la calle Sidar Rovirosa. El 11 de noviembre del mismo año ocurrió otro episodio semejante que propició los mismos protocolos, que terminaron con reportes de “negativo” en ambas instalaciones.
También en mayo de 2019, la senadora morenista Citlali Hernández reportó la presunta explosión de un “libro-bomba” en su oficina, que supuestamente estaba destinada a hacerle daño. Sí lo hizo, más no físicamente, sino por el escarnio que en las redes digitales se desató contra la legisladora.
Pero las sedes legislativas no siempre se han librado de atentados reales. A las 18:47 horas del 24 de mayo de 1928, una hora después de haber sido clausurado un periodo extraordinario de sesiones, una bomba explotó en “el departamento sanitario” de la Cámara de Diputados, que entonces tenía como sede el Palacio Legislativo de Donceles.
Sin la inmediatez de los medios ―que habría de comenzar muy pronto con la llegada de la radio, pero entonces aún ausente―, los diarios corrigieron al día siguiente la versión que había corrido por la Ciudad de México, según la cual el “atentado dinamitero” habían ocasionado la muerte de numerosos diputados, por la que una multitud corrió a cerciorarse a las afueras de instalaciones legislativas. sus esperanzas se desvanecieron bien pronto.
El periódico El Universal reportó que la sesión finalizó a las 18:15. “Media hora después quedaban unos cuantos representantes. En la sala de sesiones sólo tres, cuatro diputados, charlaban confiadamente. Y, de pronto, escucharon una fortísima detonación; parecioles que se cimbra el edificio parlamentario. Y como estaba lloviendo, lo primero que pensaron fue en que hubiese caído una descarga eléctrica”. No hubo heridos ni daños materiales de consideración.
El incendio de 1989 en el edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro ―que obligó al traslado de las sesiones al paraninfo del Centro Médico Nacional―, fue causado oficialmente por un corto circuito. Pero a nivel popular persistió la leyenda de que había sido provocado por un atentado.
Fuente.-@estedavid/
