Los casos que pasaron por las manos del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano desataron huracanes. Exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la matanza de 2 de octubre de 1968 y liberó a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Resolvió la extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en aquel país en 1976. En 2012 levantó polvareda por fallos que favorecieron a un operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y a Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico.
Luna Altamirano era amigo cercano de Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de la misma de 1995 a 2009.
Nada parecería amedrentar a Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Con ese expediente cualquiera estaría curado de espanto.
La investigación
Durante cinco años el Consejo de la Judicatura Federal hurgó en los bienes de Luna Altamirano. Había denuncias, sospechas de enriquecimiento ilícito. El escurridizo juez ganó batallas para justificar sus ahorros con triquiñuelas como los pasteles que vendía su hija.
El magistrado había preparado el escenario para evadir la acusación. Pero un divorcio, unos pasteles y las estrategias legales no fueron elementos suficientes para evitar su destitución.
Antes de que el Consejo de la Judicatura resolviera separar del cargo al ex magistrado de circuito el pasado 27 de mayo, el entonces juzgador intentó impugnar la suspensión durante un año que le fue decretada.
Los ministros de la SCJN fallaron en su contra y confirmaron la medida emitida por el Consejo, mientras la averiguación del origen de sus recursos permanecía en curso.
Esta fue una de las últimas batallas legales que el magistrado libró para conservar su puesto entre los funcionarios mejor pagados del país.
Hasta su último año en el Poder Judicial de la Federación, 2016, los magistrados de circuito ganaban al mes 144 mil pesos, además de los 734 mil anuales correspondientes a la prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo. Un total de 2 millones 462 mil pesos cada año.
En 2014 el magistrado fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. Presumían un origen oscuro de 4 millones de pesos acumulados entre ese año y 2012. En este último sus percepciones mensuales eran de 140 mil pesos además de 755 mil anuales de prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo; en total al año ganaba 2 millones 443 mil 666 pesos.
El dinero fue detectado mediante las transferencias bancarias realizadas en sus cuentas y las de sus familiares sin que su origen pudiera ser determinado.
La inexplicable tardanza con la que fue denunciado ante la PGR, su divorcio y la obtención de diversos créditos bancarios fueron los argumentos que jugaron a su favor para reducir la cantidad por la que se le acusó a apenas 1 millón 264 mil 786.42 pesos.
La prescripción
La primera figura legal que benefició al magistrado fue la prescripción del delito, con la que las acciones jurídicas tienen una especie de caducidad. Por esta razón el CJF sólo pudo acusarle por el enriquecimiento inexplicable de 2 millones 368 mil 347.94 pesos, según consta en el expediente —al que EL UNIVERSAL tuvo acceso— depositados en sus cuentas bancarias y en las de sus familiares.
Durante el periodo investigado, en 2008, el magistrado fue suspendido durante tres meses luego de que en una conferencia de prensa criticó la sentencia de una juez que condenó a cinco años de cárcel a Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Ese mismo año el propio Luna Altamirano, entonces magistrado del Tercer Tribunal Unitario de Circuito, revocó la sentencia condenatoria y ordenó la liberación inmediata del hijo de Guzmán Loera.
En su investigación el Consejo revisó cuatro cuentas bancarias a nombre de Jesús Luna y otras 14 más de su ex esposa, hijas, hermanos y de su padre.
El CJF concluyó, entonces, que ni fueron justificados los depósitos en esas cuentas ni estos correspondían a los ingresos que reportó el magistrado en sus declaraciones patrimoniales.
En sus cuatro cuentas bancarias fueron detectados depósitos de origen desconocido por 2 millones 705 mil 852.89 pesos de los cuales sólo se pudo requerir al ex funcionario explicación por 1 millón 322 mil 391.5 pesos, puesto que del resto operó la prescripción. El tiempo mató la irregularidad, pero no la justicia.
Para justificarse, dijo que los depósitos tenían su origen en diversos préstamos hipotecarios y bancarios que le fueron autorizados; al pago de un fideicomiso y sus intereses; a la venta de inmuebles, entre otros.
A pesar de que todas esas operaciones hubieran podido ser comprobadas con documentos, el magistrado no pudo lograr reunir todas las pruebas que necesitaba para acreditarlas.
Sólo pudo comprobar el origen de 642 mil 458.35 pesos que recibió en enero de 2010 por el retiro del dinero del fideicomiso con el que cuentan los jueces y magistrados del PJF.
Por lo que en el procedimiento de responsabilidad administrativa CPJF/PA/321/2015 se concluyó que el magistrado no justificó el origen de 679 mil 933.15 pesos.
Los depósitos detectados en cuentas de familiares de Jesús Luna Altamirano sumaban 1 millón 970 mil 440.91 pesos de los cuales el CJF sólo pudo revisar 1 millón 45 mil 956.44 por la prescripción que operó al momento de interponer la denuncia.
De acuerdo con el CJF este dinero fue depositado en cuentas bancarias de personas que tuvieron dependencia económica con el ex magistrado, como su ex esposa, hijas, hermanos y padre.
Jesús Luna Altamirano logró desvincularse de los depósitos realizados a la mayoría de sus familiares argumentando que ya no eran sus dependientes económicos.
Dijo que en este supuesto estaban tanto sus hijas como sus hermanos Olga Estela Altamirano y José Adrián Adalberto y su ex esposa Leonor González Meléndez.
De una revisión de los expedientes el Consejo encontró que desde 2007, su hija Adriana Guadalupe Luna González ingresó a dicho organismo en la Dirección General de Recursos Humanos, fecha desde la que dejó de ser su dependiente económico.
Y que ninguno de sus hermanos dependía económicamente de él, al igual que su padre, Ernesto Luna Cruz.
Por eso, de 1 millón 45 mil 956 pesos que pretendía revisar el Consejo sólo pudo analizar cerca de 500 mil pesos.
A su hija Ana Laura le fueron hallados 140 mil 119.77 pesos extra.
Los pasteles
En sus explicaciones el magistrado indicó que el dinero provenía del sueldo que percibía su hija Ana Laura como trabajadora del corporativo WalMart y afirmó que “le fue detectada una cantidad nada significativa”.
Los pasteles que vendía su hija Paola María de los Ángeles fueron utilizados por el magistrado para justificar depósitos por 177 mil 890 pesos hallados en su cuenta bancaria.
En la página 122 del resolutivo del Consejo de la Judicatura Federal se lee: “En cuanto a las cantidades localizadas a su hija Paola María de los Ángeles [dijo] que éstas provienen de su trabajo desarrollado a lo largo de tres años como repostera. Lo cierto —revira el Consejo— es que tampoco exhibió elementos de prueba con los cuales acreditara tales asertos, por lo que subsiste el origen desconocido de dichos depósitos”.
Lo increíble de los pasteles fue aderezado por la judicatura que indicó: “El origen de dichos depósitos correspondía acreditar al implicado”.
Su divorcio de Leonor González Meléndez fue avisado al CJF hasta 2011 cuando el magistrado la sustituyó en su declaración patrimonial como dependiente económico por Diana del Pilar “N”, su nueva esposa y su hijo, Daniel Ernesto, quien en mayo de 2012, mes en que presentó la declaración, contaba con un mes de edad.
A Leonor González le fueron hallados depósitos por 550 mil 409.5 pesos entre 2004 y 2012; sin embargo, el CJF indicó que derivado de su divorcio con el ex magistrado en 2010, sólo pudo revisar 266 mil 843.5 pesos, mismos que el magistrado no pudo justificar.
Según fuentes judiciales consultadas, el enriquecimiento por una cantidad tan baja fue lo máximo que pudieran probarle al magistrado, de quien sospechan que hay cosas aún más oscuras. Algunos se explicaban el halo de protección a su cercanía con el poderoso ministro Genaro Góngora.
El 27 de abril de 2017, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió destituirlo por encontrar discrepancias entre sus declaraciones patrimoniales y los bienes que tiene, así como por las sentencias que emitió a favor de miembros del crimen organizado.
“Procede imponer al licenciado Jesús Guadalupe Luna Altamirano la destitución del cargo como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto en las normas sustantivas emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables”, señala en la página 187 de la resolución.
Así fue como el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, se convirtió en el segundo juzgador federal destituido por acusaciones de enriquecimiento ilícito desde la creación del consejo en 1995.
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