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sábado, 14 de enero de 2017

EL GOBIERNO "QUIERE QUE MIRELES SE MUERA en la CARCEL",le NIEGA ATENCION MEDICA...es la venganza por atreverse a desafiarlo.


José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Michoacán, denunció que las autoridades del penal federal de Nayarit donde está preso no le han permitido realizarse estudios especializados para atenderse una enfermedad cardiaca. (AUDIO)

Mireles explicó que un tribunal ordenó el pasado 23 de octubre al director del Cefereso 4 autorizar que se le aplicara urgentemente un grammagrama con medicina nuclear, luego de que un cardiólogo aconsejó, en abril, la realización del estudio.

"El día programado para hacérmelo me trasladaron supuestamente a Morelia pero me dejaron en Tepic.

"Yo no sé en dónde esté el bloqueo, ya hace un tiempo denuncié que estaba siendo hostilizado de muchas maneras, y ahora la situación de bloqueo es la falta de la atención profesional adecuada que necesito debido al problema cardiaco que padezco y que realmente me preocupa", dijo.

En una grabación enviada por Mireles a sus familiares, y posteriormente compartida a la prensa, el ex autodefensa pidió ser trasladado al penal de Morelia para recibir la atención médica que requiere.

"Ojalá se preste atención a esta demanda y se vea la forma de resolverla lo más rápido posible, por eso demando, solicito, apelo a ser trasladado a Morelia, que es donde yo sé que puedo tener todas estas atenciones en salud", apremió.

Mireles aseguró que, incluso, el titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Alberto Rodríguez, ya lo visitó dos veces y ordenó que se le realizaran los estudios necesarios.

Dijo que, un día después de su última visita, el 1 de diciembre, acudió a revisarlo una médico internista, quien reiteró que era urgente que se le aplicara un gammagrama con medicina nuclear, además de un ecocardiograma y pruebas de Holter.

Mireles, acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército, alertó que ya ha sufrido dos caídas en su celda que le han dejado lesiones en brazos, piernas y la columna vertebral, debido a desvanecimientos causados por insuficiencia del ritmo cardiaco.

"Tengo temor a caerme y, más que nada, si es un coágulo el que está liberando la zona de infarto, pues sabemos que, para eso, lo único que viene es la muerte y no hay vuelta de hoja.

"Por eso es urgente que se me ponga la atención o se me traslade al lugar adecuado donde sí se me presten estas atenciones que necesito", urgió.
fuente.-



viernes, 13 de enero de 2017

"LEYES de SEGURIDAD INTERIOR",EJERCITO PRESIONA,"TUS DERECHOS a CAMBIO de SEGURIDAD"...siguen ensayando errores y a cambio obtienen horrores.


Con una inusual premura se pide legislar cuanto antes en materia de seguridad interior. 

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Existe una presión, probablemente del Ejecutivo, tal vez del Ejército, para aprobar algo en el tema. Incluso, se dice que en febrero se aprobará la ley respectiva. El objetivo no es mejorar la seguridad ciudadana, sino ofrecer garantías a los militares. 
Sobre la mesa hay dos iniciativas, ambas abren una puerta que facilita la comisión de violaciones a derechos humanos, trasladar funciones que realizan las autoridades civiles a las fuerzas militares y mantener su presencia en las calles de manera indefinida. 
Se pretende legislar en un tema –seguridad interior– aún cuando el Congreso no tiene facultades expresas para hacerlo. 
En realidad se quiere utilizar el concepto de seguridad interior para prolongar las tareas del Ejército en materia de seguridad pública, sin un plan y una estrategia definida para que en un plazo claramente establecido sean las policías las encargadas de esa labor. En realidad lo correcto debería ser modificar la ley de seguridad nacional y ley reglamentaria al artículo 29 constitucional en materia de estado de excepción para regular la presencia del Ejército en las calles, como un evento temporal, con objetivos y reglas específicas, y con un plan de salida permanente para los próximos años. 
Quienes defienden las iniciativas señalan que lo que actualmente sucede pone en riesgo al Ejército porque realiza una labor, la de seguridad pública, para la que no tienen facultades. Eso es parcialmente correcto. Sin embargo, eso no significa que sea buena idea que los militares se encarguen de ese tipo de labores. 
Evidentemente, tampoco es buena idea que los militares salgan mañana de las calles. Eso claramente sería un problema. 
Es probable que la presencia militar haya servido para contener el conflicto en situaciones muy graves, pero de ninguna manera han disminuido ni la inseguridad, ni la violencia, ni mucho menos el respeto y goce de los derechos humanos. 
A pesar de que llevan 10 años en esa tarea, los militares no están capacitados para involucrarse con la comunidad, prevenir la comisión de hechos ilícitos, aplicar el principio de la oportunidad en la persecución del delito o realizar su trabajo con el mínimo uso de la fuerza posible. 
Es por eso que nadie ha logrado reducir de manera permanente la inseguridad por medio del uso del Ejército. En eso no existen atajos, sólo las policías bien capacitadas y equipadas, con personal profesional, bien remunerado, pueden hacerlo. 
También se dice que los militares realizan un gran esfuerzo para combatir el crimen organizado, pero que se les acusa de violar derechos humanos. Sin embargo, parte del problema precisamente reside en que no están capacitados para realizar labores de detención y combate al crimen sin utilizar de manera excesiva la fuerza. De ahí el peligro que se les otorgue también labores propias de autoridades civiles. 
En el fondo se quiere que los militares actúen y que, incluso, ellos mismos investiguen hechos presuntamente delictivos en supuesta coordinación con las autoridades civiles. En ese sentido las propuestas de seguridad interior no podrán hacer efectivo algo que aparentemente se ofrece a los militares: flexibilizar las obligaciones que en materia de derechos humanos vinculan al Estado Mexicano. Independientemente del contenido de las iniciativas presentadas en materia de seguridad interior, las violaciones a derechos humanos seguirán persiguiéndose, ya sea sobre la base de la Constitución Federal o de otros tratados internacionales, y ya sea por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
En cualquier caso, el único mecanismo aceptable y eficaz de combatir el crimen, incluso el organizado, es a través del respeto de los derechos de las personas. 
Legislar en materia de seguridad interior es una mala idea. 
El resultado será que buena parte de las acciones gubernamentales en el tema de seguridad pública no serán transparentes, no las podremos evaluar y darían lugar a mayores abusos. Tampoco se ofrecerá más seguridad a los ciudadanos y probablemente incluso tampoco más garantías a los militares para realizar su labor. Si lo que se persigue es este segundo objetivo, existen mejores maneras de hacerlo, como una legislación en materia de uso de la fuerza capaz de ofrecer certidumbre sobre la manera en cómo puede ser utilizada para combatir el crimen. La mejor garantía que se puede ofrecer a los militares es un plan con plazos y metas definidas para que las policías vayan ocupando su lugar. Para que sea el poder civil el responsable de ofrecer seguridad pública y los ciudadanos podamos exigirlo. 
De todo esto, un aspecto esencial se muestra de manera clara: se quiere perpetuar al Ejército en las calles precisamente porque el anterior gobierno y el actual fallaron de manera estrepitosa en la construcción de policías eficaces, pero esa no es la única salida. 
Lo que corresponde es un debate amplio con respecto al papel de los militares en el tema de seguridad y en general lo que tenemos que hacer como sociedad para reducir la violencia. 
Ya tomamos decisiones absurdas que nos han costado mucho, como la famosa guerra contra el narco. 
Ahora estamos cerca de cometer otro error similar, al asegurar de manera indefinida la presencia del Ejército en la seguridad pública, con el nombre de seguridad interior. 
Se quiere legislar en un tema de la mayor importancia sin un debate plural y sin analizar a detalle las consecuencias.
Se pretende legislar bajo presión y se vende la idea falsa de que tenemos que renunciar a nuestros derechos para tener seguridad. 
Fuente.-@vidallerenas/LaSillaRota

EVIDENCIAN en VIDEO "TIANGUIS de DROGAS" en RECLUSORIO de la CDMX...una copia al carbon de todos los del país.


Como parte de los videos en los que queda al descubierto la comisión de diversos delitos al interior del Reclusorio Norte, ahora se evidenció la venta de diversas drogas en los pasillos y, una vez más, en el dormitorio 7.


En las imágenes queda claro como los presos convierten pasillos y dormitorios en un "tianguis" de venta de drogas, contando con la complicidad de custodios.



En el noticiero "Ciro Gómez Leyva por la mañana" retomaron el material difundido por Imagen Noticias. En esta segunda entrega se aprecia a los reos vendiendo drogas como la mariguana y "monas" y "mamilas" de activo (solvente); además de cocaína y piedra.

El gramo de mariguana se vende entre 5 y 60 pesos, dependiendo de la calidad; al día se venden entre 500 y 700 gramos. Las monas se venden en cinco pesos y las mamilas entre 180 y 150 pesos.

De acuerdo con los internos, el 25 por ciento de los presos consume activo, mientras el 50 por ciento consume piedra y cocaína. La piedra y el polvo se venden en el dormitorio 6. Se escucha una voz que dice que solo se pagan 20 pesos al custodio de la mesa para poder vender.

En las imágenes se aprecia a Rafael Oñate Farfán, director del Reclusorio Norte, hacer un recorrido, por lo que se presume que, en ese momento, los internos guardan la droga que venden. 

En el video también se aprecia a dos custodios –uno no fue identificado y al otro le dicen "Chabolín"- quienes libreta en mano, pasa a cobrar la cuota a los internos para permitirles continuar con la venta.

El custodio "Chabolín", quien tiene fama de ser uno de los más duros del penal, seguía activo el pasado 19 de diciembre del año pasado. Fue captado al salir del reclusorio.








Cuidado si les habla John Phoenix. Los presos se convierten en especialistas de la actuación.

fuente.-RadioFormula.

EGIDIO TORRE,"EX-GOBER PROTEGIDO de CABEZA de VACA" OPERO 500 CONSTRUCTORAS "PATITO"....se niega a morder la mano que le dio de comer.


En clara alusión a la corrupción que "prevaleció" durante la gestión del ex-gobernador Egidio Torre Cantu que amenaza permanecer "impune",la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) está pidiendo al Gobierno de Francisco Garcia Cabeza de Vaca y los nuevos gobiernos municipales de Tamaulipas eliminar a las empresas irregulares de sus respectivos padrones de contratistas. 

Así lo advirtió el presidente de la delegación Tamaulipas de la CMIC, Jesús Abud Saldívar, quien indicó que los anteriores gobiernos trabajaron con las citadas constructoras ‘patito’, que son creadas por varias personas y luego obtienen múltiples contratos de obra, pero no duran más de un año operando, pues desaparecen sin haber hecho nunca aportaciones al SAT, IMSS, ni Infonavit.

Apuntó que las referidas empresas informales ganan concursos de obra, porque cobran menos debido a que no pagan ningún impuesto en comparación con las formales.
Además, realizan obras de mala calidad o las dejan inconclusas, ya que es muy difícil localizarlas para que respondan por las anomalías detectadas en sus trabajos.

Abud Saldívar apuntó que el año 2015 había cerca de 500 constructoras ‘patito’ registradas en el padrón de contratistas del gobierno estatal a cargo de Egidio Torre Cantú, por lo que representaban un tercio de las 1 mil 400 empresas inscritas en ese listado.

Recalcó que esto ocurrió aun y cuando desde hace 9 años, las leyes federales prohíben este tipo de situaciones irregulares.

Así que ahora están pidiendo a las nuevas autoridades estatales y municipales cumplir con la exigencia del aval del SAT, el Imss y el Infonavit a toda empresa que quiera formar parte del mencionado padrón de contratistas.

El entrevistado estimó que ninguna constructora formal tendría que cerrar sus puertas en esta entidad por la crisis económica, que se recrudece en el país, si se eliminara la competencia desleal de las multicitadas empresas “patito”.
Con información de:

SENTENCIAN a 20 AÑ0S a DOS "MANDOS ZETAS"de SAN LUIS POTOSI...con esas penas de "pena",quedan a deber "casi todo"


Un juez federal sentenció a 10 y 20 años de prisión, respectivamente, a José María Leal Pantoja, El Chema y/o Comandante Chema, y a Ernesto Rodríguez Márquez, El San Anto, presuntos mandos de la organización criminal Los Zetas en San Luis Potosí.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México también impuso una multa de 14 mil pesos al primero y de 28 mil 300 pesos al segundo.
A ambos “se les encontró responsables de la comisión del delito de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud”, puntualizó.
De acuerdo con el texto del CJF, entre 2008 y 2011 los dos sentenciados formaron parte de Los Zetas, en la plaza del estado de San Luis Potosí.
Leal Pantoja –considerado por el Ejército el sucesor de Julián Zapata Espinosa, El Piolín– y Rodríguez Márquez fueron detenidos en 2011 en esa entidad, aunque según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde 2003 el primero ya tenía antecedentes de fraude y narcotráfico, además de que una célula bajo su mando se dedicaba al secuestro.
fuente.-

BAJO "COBIJO" de PEÑA NIETO "MILITARES VIOLAN REITERADAMENTE" DERECHOS en MEXICO....violar la Ley para cumplir con la Ley.


Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.
“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.
La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.
Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.
Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.
“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.
“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.
Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.
“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.
Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.
“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.
Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.
HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.

Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.
En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.
“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.
Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México