En plena crisis por los miles de desaparecidos que ha dejado el narcotráfico en México existe un capítulo oscuro y pendiente en la historia mexicana: las víctimas de la Guerra Sucia de los años 70.
Un informe obtenido por Reporte Indigo revela que la autoridad mantiene inconclusas 248 averiguaciones que involucran 480 personas desaparecidas durante este episodio oscuro.
A pesar de la creación de una fiscalía especializada para castigar estos delitos durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, no existe ninguna persona detenida por estos crímenes del pasado.
El estado de Guerrero encabeza la lista de más víctimas a nivel nacional, seguido del Distrito Federal y en tercer lugar el estado de Jalisco con el mayor número de casos.
Esta deuda histórica que tiene México fue cuestionada el año pasado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En esas investigaciones lo que está en juego es el paradero de 480 víctimas que fueron desaparecidos por las fuerzas públicas de los distintos órdenes de Gobierno, tanto federales como estatales, principalmente en las décadas de los 70 y 80, y sobre las cuales aún hoy, varias décadas después, sigue sin resolverse lo que pasó con todas ellas.
De entre esos casi 500 desaparecidos se encuentran 41 mujeres, y se sabe también que 20 de las víctimas eran menores de edad de entre 15 y 17 años cuando desaparecieron sin dejar rastro; así como de otros 183 que eran sólo unos jóvenes de no más de 29 años, cuando se enfrentaron al peor rostro del régimen político priista que prevalecía entonces en México.
Las entidades federativas donde se mantiene la mayor deuda de la PGR sobre la resolución de todos estos expedientes, de acuerdo al número de víctimas, están encabezadas por Guerrero, con 298 desaparecidos; seguido por la Ciudad de México, con 46; Jalisco en tercer lugar, con 33; Sinaloa en el cuarto sitio, con 27, y el Estado de México, en quinto, con 19.
Para el estudioso de la Guerra Sucia, Jaime Preciado Coronado, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG, resulta clave el papel de las organizaciones sociales para exigir hoy la conclusión de todas estas investigaciones pendientes.
“Los años 70 fueron los del choque contra un sistema que era incapaz de autocriticarse y aceptar las vías transformadoras de la sociedad. Tenemos una deuda que se necesita cubrir tanto con las víctimas en términos de nombre, de sus historias propias, como de los familiares de las víctimas que sufrieron igualmente las consecuencias de esa represión”, dice el investigador.
“Yo no pondría tanto las esperanzas en un gobierno como en un movimiento social de memoria histórica, que eso sí sigue existiendo, que hay luchas muy vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo que se necesita es un movimiento social de veras que sea el protagonista”.
Los responsables
En lo que respecta a las autoridades mexicanas que están señaladas como “probables responsables” de estas desapariciones forzadas de la Guerra Sucia, de acuerdo a estos archivos de la PGR, la Dirección Federal de Seguridad que encabezó Javier García Paniagua en los 70, esta policía política es el primer sospechoso en 65 averiguaciones inconclusas, donde se aborda la desaparición forzada de 96 personas, entre estas, 19 mujeres.
Las policías judiciales estatales también jugaron un papel importante en la represión de los movimientos político-militares que surgieron en el país en aquella época, se les atribuye la desaparición de 42 personas, incluidas cinco mujeres dentro de 33 de los expedientes de la PGR.
La Brigada Blanca de Miguel Nazar Haro, aunque participante en otros de los casos que indaga actualmente la PGR, aparece registrada, sin embargo, como la primera responsable en seis averiguaciones que atañen a 12 víctimas.
De esta forma, hay 26 averiguaciones inconclusas en las que no se indica aún ninguna autoridad como probable responsable de las desapariciones forzadas, aunque conciernen a 31 víctimas totales, de las que tres son mujeres.
La inmensa mayoría de las víctimas de estas desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia eran miembros del Partido de los Pobres, a esta organización pertenecían 272 de todos los desaparecidos que hoy se investigan -incluidas una decena de mujeres-, es decir, el 57 por ciento del total.
El Partido de los Pobres fue fundado por Lucio Cabañas, así como la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, su brazo armado.
Mientras que en segundo lugar se encuentra la Liga Comunista 23 de Septiembre, al menos 136 de sus integrantes fueron desaparecidos por agentes del Estado Mexicano, -entre estos 21 mujeres-, el 28 por ciento del total.
Es decir, que a esos dos grupos pertenecía el 85 por ciento de todos los desaparecidos de la Guerra Sucia que hoy indaga la PGR, en el resto hay vínculos con otras organizaciones como las Fuerzas Revolucionarias Armadas, la Vanguardia Armada Revolucionaria, Unión del Pueblo, Movimiento Armado Revolucionario, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, entre otros.
Ningún detenido por desapariciones
La PGR reconoce que de estas 248 averiguaciones previas que aún investiga sobre la Guerra Sucia, no existen personas que hayan sido detenidas para ser castigadas penalmente por la comisión de estas desapariciones forzadas.
“Se indicó en cuanto a la cantidad de personas detenidas que no existen personas privadas de la libertad, por la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas”, indicó en su respuesta 0001700178415, emitida el 30 de junio de 2015.
Poco antes, el 11 de febrero de 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le había externado al Estado Mexicano su preocupación porque “no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables” de la Guerra Sucia.
Así que el Comité le pidió a México intensificar esfuerzos para localizar “a la brevedad posible” a todas las víctimas de la Guerra Sucia, y a garantizarles el derecho a la verdad sobre lo ocurrido, así como a que reciban la reparación del daño adecuada por parte de las instituciones mexicanas.
Fue precisamente en ese informe cuando el Comité señaló:
“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
El fracaso de la fiscalía de Fox
Creada en el 2001 por el entonces presidente Vicente Fox, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) fracasó en su intento de castigar a los funcionarios involucrados en la Guerra Sucia.
La Fiscalía cerró el 30 de noviembre de 2006 y sus casos pendientes pasaron a la Coordinación General de Investigación de PGR.
De las 570 averiguaciones que turnó, 110 se archivaron; una se reservó; 159 se decretó el no ejercicio de la acción penal; y 53 se declinó la competencia a los estados, según el Informe Alternativo que ONG’s, como el Centro Prodh, dieron al Comité de la ONU el 9 de enero de 2015.
Según estas, con la Femospp “no existieron consignaciones ni procesos penales que hayan derivado en sanciones a servidores públicos que hayan cometido el delito de desaparición forzada durante la Guerra Sucia”, dice un informe previo del 31 de mayo de 2014.
Como parte de la investigación que abrió la (Femospp) se tomó la declaración del exgobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, exregente del Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en el “Halconazo”.
También Miguel Nazar Haro, exdirector de la Dirección Nacional de Seguridad, fue detenido en el 2004 por su relación con la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.
Dos años después fue absuelto por las autoridades judiciales.
“Mientras no haya una paz con justicia y dignidad en este país vamos a tener que estar atentos a que estas heridas, por más doloroso que sea, se reabran y se pueda llegar a lo más profundo de sus condiciones y consecuencias”, dice Jaime Preciado Coronado, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG.
En Jalisco: 33 casos sin resolver
La PGR mantiene aún sin una conclusión 16 averiguaciones previas por desapariciones forzadas cometidas en Jalisco durante la Guerra Sucia, esos casos abiertos e impunes atañen a 33 víctimas con un paradero desconocido de las que dos eran menores de edad y cinco mujeres.
La deuda histórica que mantienen las instituciones del Estado Mexicano sobre la resolución de las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia, principalmente en las décadas de los 70 y 80, tiene en Jalisco a uno de los estados con más víctimas con un paradero aún desconocido.
Según los registros de la Procuraduría General de la República (PGR), en las 248 averiguaciones que aún mantiene abiertas por las desapariciones de la Guerra Sucia, Jalisco es el tercer estado con más víctimas, con 33, cinco de estas mujeres, dentro de 16 casos clasificados “en trámite”.
De las 33 víctimas de Jalisco se sabe la edad que tenían 19 de ellos cuando fueron desaparecidos por agentes estatales: dos eran menores de edad con 17 años; 14 eran jóvenes de entre 18 y 29 años; dos estaban en sus 30 y otro era un adulto mayor de 62 años.
Hay 14, pues, en los que la PGR no reporta su edad.
La cifra de los 33 desaparecidos de Jalisco en la Guerra Sucia según los archivos abiertos de la PGR, no retrata el tamaño de la represión estatal de aquellos años, indica Jaime Preciado Coronado, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG.
“Para nada (lo hace), porque para poder haber hecho esas denuncias se tuvo que hacer toda una cobertura internacional para proteger a las familias que lo decían, porque hubo en los hechos la desaparición de familias enteras por atreverse a hacer visible ese clima represivo del Estado.
“No olvidemos que desde el 68 el Campo Militar 1 fue el espacio donde se coaguló esa inmensa represión; que las guardias blancas y otros grupos armados en empresas, en el campo, contribuyeron a que muchos desconocidos hayan sido desaparecidos”.
En las averiguaciones abiertas de la PGR las autoridades registradas como probables responsables de las desapariciones en Jalisco no son todas federales, también está señalado el Gobierno estatal.
En una de las desapariciones que la PGR ubica principalmente en Guerrero, del 29 de mayo de 1997, con 10 víctimas, se indica que algunas de estas pudieron haber desaparecido en Jalisco y otras en la CDMX, pero no precisa más.
Historia de la impunidad
La CNDH emite una recomendación sobre la Guerra Sucia con base en 532 expedientes de queja. Ahí acredita 275 desapariciones forzadas, y confirma indicios en otros 97 casos.
El gobierno de Vicente Fox acepta la recomendación y crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
> 2006
El 30 de noviembre se determina el cierre de la (Femospp), y sus casos pendientes pasan a la Coordinación General de Investigación de la PGR.
> 2015
En enero, organizaciones sociales documentan que de las 570 averiguaciones, la Coordinación archivó 110; reservó 1; decretó el no ejercicio de la acción penal en 159; y declinó 53.
El 11 de febrero el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llama al Estado Mexicano a acabar con la impunidad que rodea a la Guerra Sucia.
En junio la PGR reconoce que de las 570 denuncias originales, persisten pendientes de resolución 248 con 480 víctimas.
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