Tras cumplir los 15 años de prisión a los que fue
sentenciado por presuntos nexos con el narcotráfico, el general Brigadier
Ricardo Martínez Perea será liberado el próximo 3 de abril de la prisión de las
Islas Marías, lugar al que fue enviado en 2012.
Con
el general saldrán también, una semana después, el teniente Antonio Quevedo
Guerrero y el capitán Pedro Maya Díaz, acusados de oídas y sin ratificación, de
haber colaborado y protegido a operadores del cartel del Golfo, en especial a
Gilberto García Mena, “El June”, quien controlaba el paso de drogas en los
municipios de Guardados de Abajo y Miguel Alemán, en Tamaulipas, colindantes
con Texas.
Martínez
Perea y sus coacusados saldrán en libertad por haber cumplido con la totalidad
de la sentencia dictada en su contra a finales de marzo de 2003, tras casi dos
años de proceso en tribunales militares.
Una
vez libre, el general y sus abogados pelearán porque se haga válido el
incidente de Reconocimiento de Inocencia interpuesto desde 2013 y con el que,
de fondo, se tendrá que aceptar no solo que el proceso fue arbitrario.
La
Sedena y sus órganos de justicia militar aceptarían además que se violaron
tratados e instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México es
firmante y que impiden la aplicación de artículos de carácter trascendental, es
decir, que implican trascendencia temporal y con ello la pérdida de derechos y
beneficios obtenidos durante años por el o los afectados.
La
defensa de Martínez Perea agrega que el Código de Justicia Militar (CJM)
plantea en sus artículos 136 y 138 la aplicación de sanciones de carácter
trascendental y que son violatorias de los derechos adquiridos en tratados y
acuerdos internacionales por México,
En
este caso, los abogados del general pelearán por el salario y los beneficios de
seguridad social que debió haber recibido durante los 15 años de
encarcelamiento, que se sumarían a los 40 años deservicio que llevaba en las
fuerzas armadas al momento de su detención en abril de 2001.
Eses
es el fondo del asunto detrás del Incidente de Reconocimiento de Inocencia
promovido, toda vez que no hubo ni hay pruebas que demostraran la culpabilidad
del general Martínez Perea, añadieron sus abogados.
Un general a modo
Recién
iniciado el gobierno de Vicente Fox en el 2000, las presiones por la falta de
una estrategia y de acciones contundentes en el combate al narcotráfico se
dejaron sentir en las áreas de seguridad. Las versiones sobre funcionarios y
mandos policiales y militares vinculados con el narco crecieron.
En
Los Pinos se trazó una respuesta mediática que colocó al Ejército Mexicano en
el ojo del huracán, pero al mismo tiempo garantizaba el la intolerancia del
nuevo régimen hacia la corrupción y mucho menos hacia actos deshonestos dentro
de las fuerzas armadas.
Así,
el general Martínez Perea, el último de los militares tácticos, es decir
formados siempre con mando de tropas y no un Diplomado de Estado Mayor (DEM)
con estudios en la Escuela Superior de Guerra o en el Colegio de Defensa, fue
el elegido para ser detenido y presentado como un mando presumiblemente
corrupto en el conflictivo Tamaulipas.
El
general comandaba la unidad en la que estaban bajo sus órdenes el capitán Maya
y el teniente Quevedo en la Guarnición de Nuevo Laredo. En esa zona operaba
Gilberto García Mena, “El June”, uno de los hombres fuertes del cartel del
Golfo que entonces dirigía Osiel Cárdenas Guillén.
Martínez
Perea estaba cerca de pasar a retiro con su pensión completa cuando en abril de
2001 fue detenido mientras Quevedo y Maya eran interceptados en Nuevo
Laredo y Matamoros por agentes de la Policía Judicial Militar y trasladados a
la Ciudad de México para iniciarles proceso por delitos contra la salud.
Las
acusaciones fueron conocidas por la Procuraduría de Justicia Militar a través
de un texto escrito a mano, con faltas de ortografía y en el que no se le
mencionaba de manera directa. El Consejo de Guerra Ordinario que lo sentenció a
15 años de prisión ocurrió en 2003, cuando ya llevaba casi dos años en prisión.
En
marzo de ese año, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en Matamoros, Tamaulipas,
por tropas del Ejército Mexicano tras un enfrentamiento en el que hubo varios
muertos.
El
Consejo de Guerra Ordinario, al que tuvieron acceso los medios de comunicación
nacionales y extranjeros, se convirtió en un espectáculo en el que la parte
acusadora recurrió a fotos y testimoniosde testigos protegidos en los que
supuestamente se mostraba a los militares Quevedo y Maya vestidos con ropa de
mujer y bailando o en una fiesta en la que estaban Osiel Cárdenas y sus
lugartenientes.
Militar incómodo
Cuando
fue detenido, el general tenía en su hoja de servicios cerca de 30
felicitaciones y reconocimientos por los aseguramientos de droga, dinero y
armas efectuados desde su llegada a Tamaulipas.
Lo
que no mostraba era un buen número de detenidos vinculados a esos
aseguramientos, de acuerdo con varias menciones sobre su trabajo hechas por
comandantes de la Sedena que veían con recelo los decomisos de enervantes en
aumento.
Martínez
Perea fue el primero de los militares que Vicente Fox, como Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas, llevó a juicio de manera pública y mediática en el
2003, en un Consejo de Guerra Ordinario cubierto por la prensa nacional y
extranjera en forma generosa, para dar cuenta de la apertura y de los nuevos
tiempos que el panismo en el poder inauguraba.
Con
el general fueron detenidos el Capitán Pedro Maya Díaz y el Teniente Antonio
Quevedo Guerrero. Fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión por delitos
contra la salud y enriquecimiento ilícito. Las pruebas fundamentales
presentadas por sus abogados y las periciales solicitadas para demostrar su
inocencia fueron desestimadas y nunca se desahogaron.
Martínez
Perea es general Brigadier, el último de los generales llamados tácticos porque no es Diplomado de Estado Mayor
(DEM) como los mandos que egresan de la Escuela Superior de Guerra. Era
comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, cuando fue detenido y traído a la ciudad de México.
Ha
estado en tres prisiones: la de Campo Militar Número 1-A (de 2001 a 2008), la
de El Rincón, en Nayarit (de 2009 a diciembre de 2012), y el Complejo
Penitenciario de Islas Marías (de diciembre de 2012 a julio de 2013), de donde
fue trasladado nuevamente y en secreto, sin avisar a sus familiares y abogados,
a Mazatlán, Sinaloa, para practicarle exámenes y luego llevado de regreso, en
forma totalmente irregular, a las Islas Marías.
En
todas las prisiones en las que ha estado ha sido golpeado, maltratado y
desatendido médicamente.
Cuando
fue sacado de las Islas Marías su caso estaba radicado en el Juzgado Octavo de
Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Mazatlán, Sinaloa, ya que
ahí se desahogaba un Juicio de Amparo promovido en su favor en el que se demandaba,
una vez más, su libertad inmediata por falta de pruebas para condenarlo.
Pero
el general espera sobre todo la resolución del Supremo Tribunal Militar en
torno al Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido en mayo de 2013 por sus
abogados ante esa instancia para que se tomen en cuenta las pruebas y los
testigos que le fueron negados o desechados en el Consejo de Guerra Ordinario
que lo llevó a prisión.
El
abogado dice que el juicio de amparo para obtener la libertad del general se
desahoga en Mazatlán, porque el juez militar que llevaba la causa en el
Distrito Federal se declaró incompetente ya que de acuerdo con la nueva Ley de
Amparo, los recursos promovidos en contra de violaciones a los derechos humanos
tales como la Incomunicación con sus Abogados, el Destierro o Expulsión del
Territorio Nacional y la Omisión de Proporcionarle la Atención Medica de
Especialidad para su Padecimiento Cardiaco, deben ser atendidos por el juzgado
del lugar en el que se reclamen los actos violatorios.
En
este caso, corresponde al Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la
Quinta Región atender y resolver el amparo promovido por los abogados del
general. El otro instrumento jurídico, el de Reconocimiento de Inocencia, se
desahogaba ante el Supremo Tribunal Militar, sin embargo, dicha instancia se
declaró incompetente hace un año y turnó el caso a tribunales federales tras
las modificaciones y reformas en el sistema penal.
Entre
las actuaciones que el Supremo Tribunal Militar ha dejado sin cumplir están las
solicitudes de la defensa del general para que los ex secretarios de la Defensa
Nacional Enrique Cervantes Aguirre y Clemente Vega García, así como el
presidente Vicente Fox declaren como testigos de descargo.
Pero
la prueba fundamental que los abogados de Martínez Perea esperan hacer efectiva
es el amparo promovido y ganado en 2010 por Gilberto García Mena, El June,
en el que logró que se le exonerara de delitos contra la salud, quedando sólo
otros como portación de armas de fuego de uso de las fuerzas armadas, entre
otros.
En
el amparo y en sus declaraciones durante el proceso, El June ha negado conocer
al general y a los oficiales sentenciados. La defensa del militar ha exigido
que los jueces que han conocido el caso acepten el amparo como elemento clave para
dejar sin efecto las acusaciones en las que se señaló a Martínez Perea de haber
brindado protección al cartel del golfo y haber facilitado el trasiego de
drogas, dinero y armas para esa organización criminal.
Si El June ganó ese amparo en forma definitiva y
le fueron retiradas las acusaciones por delitos contra la salud, ¿por qué no se
aplica el mismo criterio en el caso del general Martínez Perea?, preguntan sus
defensores.
Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
