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lunes, 14 de septiembre de 2015

MATAN a "MEXICANOS de TURISTAS" en EGIPTO los "CONFUNDEN con TERRORISTAS".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de dos nacionales mexicanos cuando fuerzas de seguridad de Egipto atacaron presuntamente por error a un convoy de turistas mexicanos que dejó como saldo 12 personas muertas y 10 más resultaron heridas.
El presidente Enrique Peña Nieto condenó anoche los hechos contra ciudadanos mexicanos y dijo que su gobierno exigió a autoridades de Egipto una investigación de lo ocurrido.
Producto del enfrentamiento, policías y militares mataron a 12 personas e hirieron a otras 10 cuando dispararon por accidente a un convoy turístico en el que viajaban los mexicanos.
Autoridades egipcias informaron que una fuerza conjunta de policía y Ejército estaba persiguiendo a terroristas en el área desértica occidental de Al Wahat y por error se dirigieron contra cuatro vehículos de turistas mexicanos y guías que se encontraban en un área restringida. “El incidente resultó en la muerte de 12 personas, así como 10 personas heridas entre mexicanos y egipcios que trabajaban como guías de turistas, que fueron trasladados a hospitales para su tratamiento”, señalaron.
Desde el Ministerio del Interior de Egipto se dio a conocer que se formó un equipo de inspección para aclarar lo sucedido y averiguar por qué el convoy de turistas se encontraba en esa área restringida.
Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña informó que desde ayer el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, se encontraba apoyando a los heridos hospitalizados.
El Jefe del Ejecutivo confirmó que dio instrucciones a la Cancillería para que se incremente el personal diplomático en aquel país y para auxiliar a las víctimas o familiares.
En un primer mensaje el mandatario informó de la agresión a los mexicanos. “En un trágico incidente en Egipto, turistas mexicanos fueron atacados. Lamento profundamente que connacionales hayan perdido la vida”.
Desde la misma cuenta @EPN, el presidente abundó segundos más tarde: “México condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos y ha exigido al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido”; y que se brindaba apoyo a través del personal diplomático. “El embajador de México en Egipto se encuentra apoyando a los heridos hospitalizados”.
Al respecto, la Secretaría informó que las circunstancias de los hechos no eran claras, pero detalló que un grupo de turistas, entre los cuales se encuentra un número indeterminado de nacionales mexicanos, fue atacado en el desierto al suroeste de ese país.
Dijo que hasta el momento, lamentablemente, se tiene confirmado el fallecimiento de dos personas de origen mexicano producto del incidente.
“La SRE se encuentra en proceso de identificar y confirmar los nombres de los acaecidos”, mencionó a través de un comunicado.
Más tarde, la canciller Claudia Ruiz Massieu, por la misma vía, en redes sociales, puso a disposición un par de números telefónicos: +5215538516324 y +5201093269490 para obtener información de mexicanos que viajen o vivan en aquel país.
La Cancillería informó que el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, y personal consular, se encontraban en el Hospital Dar-el-Fouad, ubicado en un suburbio al oeste de El Cairo, atendiendo a los nacionales.
La dependencia, a través de un comunicado, informó que el embajador Álvarez Fuentes brindó atención personalmente a cinco de los mexicanos internados en el hospital, que se encuentran en estado de salud estable.
Entrevistado por EL UNIVERSAL vía telefónica, el embajador Jorge Álvarez comentó que todavía no hay una cifra de los mexicanos afectados por este accidente y que no darían ningún número de lesionados hasta no tener certeza de lo ocurrido en el viaje.
Puntualizó que se trata de un grupo de turistas que se encontraban en Egipto, y que en estos momentos la embajada a su cargo estaba realizando las labores de contacto con los familiares de los viajeros en México.
La Cancillería informó que su titular Claudia Ruiz Massieu se mantenía en comunicación con el embajador, a quien le exigió una investigación a fondo y explicación de los hechos, así como solicitar el apoyo de las autoridades egipcias para los mexicanos que están siendo transportados a El Cairo.
También instruyó que la embajadora Reyna Torres, directora general de Protección de los Mexicanos en el Exterior de la SRE, viajara al lugar; además de ordenar a personal de embajadas aledañas apoyar en la atención a las víctimas y familiares.
El domingo por la mañana, el Estado Islámico (EI) anunció en redes sociales de su presencia en el desierto occidental y de ataques a varios puestos militares egipcios en la zona.
La agencia INC, que difunde noticias sobre Medio Oriente, dio a conocer una serie de fotografías que la filial del EI tomó sobre la supuesta refriega en el lugar.
Los ataques entre militares y terroristas no son nuevos. En julio del año pasado murieron 21 soldados egipcios durante un ataque en el Oasis Farafra, y en agosto fueron abatidos cinco soldados en el Oasis Siwa.
Según el portavoz del Ministerio de Turismo, Said Rasha Aezzaaza, el convoy donde viajaban los mexicanos no tenía los permisos necesarios ni las licencias para realizar el viaje. Agregó que se creó un grupo de operaciones en el más alto nivel para dar seguimiento al desafortunado incidente. El ministro de Turismo del gobierno provisional, Khaled Rami, expresó su pésame por las víctimas y dijo que se dará apoyo y asistencia a los afectados.
La agencia que organizó dicho viaje dijo al diario español El Mundo que la mayoría de los turistas procedían de Chile y que antes de llegar a su hotel, cerca del Oasis de Bahyera, bajaron de las camionetas y se sentaron a cenar. Fue ahí cuando naves del Ejército abrieron fuego, dijo un empleado de la compañía. La empresa negó que se tratara de una zona restringida a civiles, “es un viaje habitual”.
Fuente.-

Actualización.....
Esta mañana lasecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, ofreció un mensaje a medios en torno al ataque que sufrió un grupo de mexicanos por parte de las fuerzas de seguridad egipcias.
Ruiz Massieu confirmó que 2 mexicanos murieron a consecuencia del ataque y hay otros 6 hospitalizados.
Los connacionales llegaron a Egipto el 11 de septiembre, dos días después, en una visita, hicieron una parada para comer yfueron atacados con bomba vía aérea, por lo que fueron trasladados a un hospital en un suburbio al oeste de El Cairo.
La canciller mexicana dijo que funcionarios de la embajada corroboran la identidad de los fallecidos, mientras que se espera que las autoridades egipcias den información del resto de los afectados.
Ruiz Massieu dijo que al enterarse de los hechos, se comunicó con el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, quien le informó del estado de los mexicanos… Inmediatamente la canciller dio instrucciones de que otros embajadores de México que se encontraban cerca de Egipto se trasladaran al hospital, y por instrucción del presidente se ordenó mantener comunicación personal con las víctimas y sus familiares.
El embajador Jorge Álvarez se entrevistó personalmente con seis mexicanos internados en el hospital, quienes narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros, habiendo sido evacuados por vehículos civiles y militares", dijo Ruíz Massieu.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egiptolamentó los hechos y ofreció su apoyo para las investigaciones.
El gobierno mexicano ya solicitó al país africano que otorguen total disposición y apoyo en las diligencias, así como el apoyo para repatriar a nuestro país a los afectados.
La secretaria de Relaciones Exteriores destacó que el gobierno mexicano no escatimará recursos para proteger a los mexicanos en el exterior.
fuente.-

INVESTIGAN "TRANSA" de 5 MIL MILLONES en la SEDENA con "COMPRA de EQUIPO para CENTRO MILITAR de INTELIGENCIA"....hay "estrellas" bien $alpicadas.



La PGR investiga por lavado de dinero el caso de los contratos de 5 mil millones de pesos adjudicados a José Susumo Azano en el último año del sexenio pasado.
  • Los contratos eran para instalar equipos de espionaje en el Centro Militar de Inteligencia.

Mexico,D.F 14/Sep/2015 Según reportes castrenses, la Procuraduría de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa SC/96/2014/V que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices, propiedad de Azano.
El caso ahora es indagado por la Unidad Antilavado de la SEIDO, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/079/2014.

En el sexenio de Felipe Calderón, Azano fue uno de los principales proveedores de tecnología de la Sedena, pues le vendió equipos de intrusión y extracción de datos de Blackberrys, smartphones y computadoras en 5 mil millones de pesos.
El empresario ya era investigado por la PGR desde hace dos años, pues Security Tracking Devices depositó 33 millones de pesos a Comercializadora Piter, una firma fantasma vinculada con el lavado de fondos ilegales.

La indagatoria de la SEIDO es precisamente por esas compras de tecnología para el espionaje de mensajería instantánea de BlackBerry, extracción de fotografías, listas de contactos y chats de teléfonos, así como software para convertir cualquier celular o computadora en un micrófono ambiental.

Security Tracking Devices instaló y echó a andar los equipos en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, ubicado en el Campo Militar Número Uno.

Problemas legales

A principios de la presente Administración surgieron versiones de que Azano reclamó a la milicia adeudos relacionados con dichos contratos y que, ante sus gestiones infructuosas, anuló el funcionamiento de la tecnología que le compraron.

Cierta o no esa versión, fue a partir del actual sexenio cuando los problemas legales del empresario comenzaron, tanto en México como en Estados Unidos.

A fines de 2013 la PGR desmanteló una amplia red de empresas virtuales presuntamente encabezada por Carlos Ambe Buzali, que vendían facturas apócrifas y lavaban fondos ilegales.

Una de esas empresas, de nombre Comercializadora Piter, recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices, la compañía de Azano, una operación aparentemente para obtener facturas apócrifas y la devolución del efectivo.

El depósito fue reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera para que iniciara una investigación por el delito de lavado de dinero.

En febrero de 2014 agentes el FBI detuvieron a Azano en San Diego, California, por supuestamente contribuir ilegalmente a campañas electorales, falsificar registros y poseer armas sin licencia.

El Departamento de Justicia le fincó 25 cargos, aunque Azano pagó una fianza de 5 millones de dólares para quedar en libertad.



Fuente.-

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Por primera vez el ejército procesa a dos generales de alto rango acusados de corrupción. Se trata del ex director de sanidad, el general de brigada Sergio Olivares Morales, médico cirujano, y el también general de brigada José Luis Castañeda Jiménez, ex director de Adquisiciones. Castañeda aparece como “cabeza visible” de un entramado de corrupción presuntamente tejido desde la dirección de administración de la secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, donde el hoy ex subdirector de adquisiciones aparece hasta el momento como el militar de más alto nivel acusado ante tribunales castrenses de malversación de bienes del ejército.
 Las auditorias ordenadas por el alto mando de la Defensa, arrojaron un millonario desfalco en el área de compras que llevaron detenido hace unos meses a la prisión del campo militar número uno a un teniente coronel brazo derecho de Castañeda. Al paso de las semanas el caso se convirtió en “una bola de nieve” que alcanzó a quien fue considerado principal operador del general de división Augusto Moisés García Ochoa, actual comandante de la segunda región militar con sede en Mexicali y ex director de administración en el sexenio calderonista. La revisión de cuentas ha generado tal presión en el antiguo equipo del divisionario que un ex colaborador suyo se suicidó en extrañas circunstancias.
—Tengo 20 años de no pararme en un batallón—decía por aquellos días de marzo de 1995 el entonces teniente coronel José Luis Castañeda Jiménez, un oficial de infantería que semanas atrás había concluido un periodo de dos años en la agregaduría militar de la Embajada de México en Washington. Acababa de ser nombrado segundo comandante del batallón 77, que por entonces estaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no ocultaba frente a sus subordinados su objetivo inmediato.
—Vengo para tener mando y ascender.
Algunos de sus subalternos de aquella época recuerdan que solía platicar que pasó todo el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), mientras estaba comisionado en el Estado Mayor Presidencial, como “asesor” de Arturo “el Negro” Durazo Moreno, el célebre jefe policiaco convertido en arquetipo de la corrupción del viejo régimen priista. A principios aquel mes el batallón fue enviado a Chiapas a la zona del conflicto con el EZLN, donde se incorporó dentro del agrupamiento “Bretón”, en la llamada “Fuerza de Tarea Arcoíris”, como se nombró al conjunto de unidades militares desplegadas en la zona del conflicto.
En la selva Castañeda Jiménez parecía “fuera de lugar”. Como segundo de abordo a cada rato mostraba que no sabía nada de táctica militar. Estaba acostumbrado a las oficinas, lucía sin experiencia en el mando de tropas para andar en terreno, ordenar despliegues y proponer movimientos. Uno de los oficiales con los que estuvo en Chiapas, quien solicitó reservar su identidad, recuerda que quien iba al frente del batallón era el coronel Arturo Olguín Hernández, con quien llegaron a llegó a Ocosingo, en los días que se tenían información que de un momento a otro el subcomandante Marcos “atacaría algunas posiciones con sus llamadas Fuerzas Especiales Selectas (FES)”, las cuales según reportes de inteligencia militar, estaban formadas por ex combatientes de guerrillas de El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica.
Castañeda decía que le estaba” haciendo el favor al batallón porque iba a ascender a coronel”, y así ocurrió en noviembre de 1996, cuando también relevó a Olguín como comandante de la unidad. Meses después regresaron a Tamaulipas y ocurrió un episodio que lo pintó de pies a cabeza. Otro de los oficiales con los que estuvo en el norte del país, recuerda que una ocasión llegaron unos enviados de la inspección militar para investigar el robo del dinero para combustibles y lubricantes de los vehículos del batallón. En la base móvil de la comandancia que estaba en San Fernando, el coronel Castañeda Jiménez preparó una recepción con carne asada, bebida, edecanes, toda una fiesta para la comisión inspectora a quienes emborrachó. Así libró aquella auditoria.
Su papel de comandante quedó marcado por decisiones que después le costarían muy caro al ejército, añade este oficial. Tuvieron que ver en cómo se seleccionaba a quienes iban a curso de fuerzas especiales. Explica que en 1997 el entonces coronel Castañeda mandó al curso del GAFE a los soldados conocidos como “lacras”. Se distinguían por sus robos, pillerías y facilidad con el gatillo. Había unidades en zonas militares del noreste del país que se deshacían de ellos enviándolos al curso. Pocos años después algunos de estos individuos desertarían para unirse a los “Zetas”.
Escándalo tras bambalinas
A mediados de mayo pasado el hoy general de brigada José Luis Castañeda Jiménez fue llamado a comparecer en calidad de “testigo” al juzgado cuarto militar en la ciudad de México. El citatorio llegó a sus oficinas en Guadalajara, donde ocupaba la jefatura de los servicios regionales de la quinta región militar desde enero del 2014. En el escrito se decía que tenía que presentarse a testificar en la causa penal 312/2013, iniciada a finales del año pasado en juzgados militares contra el teniente coronel Héctor Hernández González, oficial de intendencia que se desempeñó hasta diciembre del 2012 como subjefe de adquisiciones de la dirección general de administración, encabezada el sexenio pasado por el general de división Augusto Moisés García Ochoa.
Castañeda quien fungió como subdirector de adquisiciones era el brazo derecho de García Ochoa, y también jefe inmediato del procesado. El diario Reforma publicó por esos días que por medio de sus abogados tramitó un amparo ante la justicia federal frente ante la posibilidad de que existiera orden de aprehensión en su contra. Un juez de distrito se lo negó, pues para ese momento no había ningún mandamiento judicial en curso.
El juicio contra el teniente coronel Hernández González comenzó a raíz de una serie de auditorías ordenadas el año pasado por el alto mando de la secretaría de la Defensa Nacional a la dirección de administración. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea encontró varias irregularidades en la subdirección de adquisiciones que encabezó el general Castañeda Jiménez. A su subordinado le abrieron tres causas penales en el juzgado cuarto militar, una por irregularidades en la compra de equipos de geolocalización, otra por la adquisición de piezas de helicópteros —presuntamente a una empresa donde laboraba un familiar—, y una más por infracción de deberes. El pasado 16 de septiembre el oficial Hernández González quedó en libertad bajo caución mientras su juicio continuaba.
El pasado mes de junio versiones periodísticas refirieron que la auditoria a todas las adquisiciones médicas era la más importante por tamaño, abarcaba toda la gestión del general Guillermo Galván en el sexenio calderonista como titular de la Defensa. Semanas después un suceso ensombreció el proceso de revisión de cuentas. A principios de julio el periodista Miguel Badillo publicó en su columna pormenores del suicidio en sus oficinas del teniente coronel Héctor Castañeda Sainz, quien era segundo comandante del 12 regimiento de caballería. Hasta diciembre del 2012 era el jefe de la sección de adquisiciones especiales y servicios, dependiente de la subdirección de adquisiciones encabezada por Castañeda Jiménez. El fallecido estaba sometido a una enorme presión por las auditorías que detectaron un posible fraude por 211 millones de pesos por la compra de los supuestos detectores moleculares GT-200, que resultaron todo un fiasco, refirió el columnista.
Dos versiones más se obtuvieron de forma posterior en torno al caso. La primera señalaba que el teniente coronel se quitó la vida debido un tumor cancerígeno que le habían detectado días atrás, mientras se desempeñaba como segundo al mando del 12 regimiento de caballería, cuya sede está en El Mante, Tamaulipas, donde sucedieron los hechos. La segunda versión era que el jefe militar, ciertamente sometido a presiones por los requerimientos que le llegaban de las auditorias, habría dejado una nota póstuma donde involucró a un alto mando militar en irregularidades. El oficial había sido llamado por la autoridad militar para que reembolsara un faltante de 400 millones de pesos, y estaba sometido a una fuerte presión, señalan dos fuentes consultadas por separado en tribunales castrenses.
Por esos primeros días de julio la versión de la detención de un general de alto rango involucrado en desfalcos en la administración pasada se esparció en el medio castrense. Se trató del general Castañeda Jiménez, quien estuvo solo unas horas en calidad de detenido al obtener libertad bajo caución pero quedó sujeto a juicio en la causa penal 84/2014.
En el juzgado sexto militar bajo absoluto sigilo se le inició juicio por malversación de bienes del ejército a raíz de las auditorias a las adquisiciones de medicamentos donde se encontraron irregularidades por varios miles de millones de pesos. Se trató de la compra de equipos, medicinas, e insumos generales que dieron pie a un par de causas penales abiertas por el teniente coronel de justicia militar Jorge Suárez Briseño, juez sexto castrense, quien había sido secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha cuando se desempeñó como presidente del Supremo Tribunal Militar el gobierno pasado. Ambos procesos, de acuerdo a estas fuentes consultadas en tribunales castrenses, Castañeda Jiménez los enfrenta en libertad bajo fianza.
En enero del 2013, un mes después de iniciada la gestión del general Salvador Cienfuegos Zepeda como titular de la secretaría de la Defensa Nacional, el general Castañeda Jiménez fue nombrado comandante de la 34 zona militar con cuartel en Chetumal, Quintana Roo. A los pocos días de su arribo el periódico Novedades de Quintana Roo recogió sus declaraciones sobre las sospechas de corrupción durante su desempeño anterior como subdirector de adquisiciones. Lo cuestionaron sobre la asignación de ocho contratos sin licitación por más de 5 mil 628 millones de pesos para la compra de equipos de inteligencia de última generación a la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V. propiedad del empresario de origen japonés José Susumo Azano, quien se encuentra sometido a juicio desde febrero pasado ante una corte federal de San Diego por lavado de dinero y violación a las leyes electorales locales. En aquella entrevista rechazó que tuviera algo que ver con las asignaciones sin licitación y consideró que de haber tenido alguna responsabilidad, no lo hubieran nombrado comandante de zona. Negó que fuera investigado por la Inspección y Contraloría General y dejó entrever que su designación era un reconocimiento a su anterior desempeño.
Casi un año después el 17 de enero de 2014, con la auditoria en su contra en curso, Castañeda Jiménez fue relevado la 34 zona militar. Fue enviado a Guadalajara, en su natal Jalisco, donde permaneció unos meses como jefe de los servicios de la comandancia de la quinta región, hasta que hace unas semanas quedó sujeto a proceso ante la justicia militar.
Un general “sitiado”
A mediados de agosto pasado ingresó a la prisión militar, solo por unas horas mientras sus abogados tramitaban un amparo, el segundo militar de alto nivel involucrado en el caso. Cuando el general de brigada y médico cirujano Sergio Olivares Morales fue llamado a comparecer ante la fiscalía militar, sabía que podría quedar sujeto a juicio. Y así pasó, se convirtió en coacusado en el desfalco por compras de equipo médico que como director de Sanidad Militar el sexenio pasado, autorizó en documentos que después fueron auditados.
El caso del general Olivares Morales, un médico reconocido por sus pares en sanidad militar, fue un expediente más sobre cómo en seis años los servicios médicos castrenses quedaron en la ruina. No hay medicinas, los equipos han quedado obsoletos y existe una demanda muy alta de especialistas, quienes han preferido migrar a hospitales privados, señalan por separado dos fuentes militares.
Olivares Morales es un caso aparte en comparación con el general Castañeda Jiménez, quien se hizo allegado de García Ochoa cuando ambos coincidieron a finales de los años 90 en el Estado Mayor de la Defensa. El entonces coronel Castañeda era subjefe del área logística, en la sección cuarta encarga de recursos materiales, y el brigadier García Ochoa era jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN).
Cuando en el año 2000 concluyó la gestión del general Enrique Cervantes Aguirre al frente de la Sedena, García Ochoa fue nombrado secretario particular de su sucesor, el divisionario Gerardo Clemente Vega García. En diciembre del 2006 al comenzar el gobierno calderonista, García Ochoa fue nombrado director de administración y vino una “limpia” de quienes lo habían sucedido en el CIAN, que cambio de nombre un par de ocasiones. La solicitud de baja al ejército del general Roberto Aguilera Olivera en julio del 2008, fue “la sacudida” más fuerte que encerró una serie de corruptelas en operaciones contra el narco donde su antecesor apareció involucrado.
Casi para finalizar el sexenio de Calderón las aspiraciones de García Ochoa para ocupar el cargo de secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en medio de una disputa nunca vista con otros generales de división, fueron bloqueadas en el otoño del 2012 por el gobierno de los Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Estado, advirtieron al equipo del presidente electo sobre los probables vínculos con el narcotráfico del candidato.
En el medio militar mexicano se dice que es necesario que transcurra el primer año de gobierno para que el nuevo secretario de la Defensa Nacional, tome el control total de la dependencia. En diciembre del 2012 García Ochoa fue enviado como comandante de la 11 región militar con sede en Torreón, Coahuila, en los meses más álgidos por la violencia de los grupos del narco que se disputaban la zona de la Laguna. Un año después fue cambiado a Mexicali, cuando comenzaban las auditorias a su gestión en la dirección de administración. Al interior del ejército se comenta que al general lo tienen a “fuego lento”, en la mira de las autoridades judiciales, mientras en tribunales castrenses se desarrolla el juicio “top secret” contra sus ex subordinados.
Fuente.-@velediaz424/EstadoMayorMX
Benito Jiménez / Agencia Reforma (Publicado Jul/20/2012)
Ciudad de México
El General Felipe Ramírez Gómez es quien da el visto bueno, en cuestiones técnicas, a las adquisiciones de equipo que realiza la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Como titular de la Dirección General de Transmisiones es el que determina, si procede o no, una compra, dada su experiencia tecnológica. También es el encargado de comunicar entre sí a todos los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, y éstos con otras dependencias nacionales e internacionales, de manera segura.
El nombre del General de Brigada de Servicio figura en las firmas de los contratos millonarios para modernizar las comunicaciones de la Sedena, como en el caso de los cinco convenios, por casi 5 mil millones de pesos, con la empresa Security Tracking Devices S.A de C.V., para la adquisición de equipo tecnológico para “labores de inteligencia”.
Pero el General Ramírez, quien es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, ha propuesto además otras tecnologías.
Sugirió a inicios de julio gastar 11 millones de pesos para la compra de una cámara fotográfica georreferenciada Nikon, GPS Yuma, licencias de software (actualizadas) Arcgis Envi, Erdas Apollo y Soccet, y un sistema de análisis estadística para medir la producción de enervantes en México.
Gestionó el proyecto con clave de cartera 11071100002 para la conformación de una Plataforma de Comando, Control e Integración de Comunicaciones del Ejército y la Fuerza Armada (en una primera fase), que disponga de tecnología de última generación que permita el tráfico y almacenamiento de información, empleando estaciones de comunicaciones fijas y móviles.
Con 3 mil 084 millones de pesos ese proyecto implementaría una red de comunicaciones conformada por 30 estaciones remotas fijas y 30 móviles.
El General, egresado de la Escuela Militar de Ingenieros, y ascendió a su grado actual en 2009, en una ceremonia donde también ascendió a General de Arma, José Luis Castañeda Jiménez, actual subdirector de Adquisiciones de la Sedena, y quien también firma los cinco contratos con Security Tracking Devices.
Ramírez estuvo a cargo en 2009 de los servicios regionales de la Cuarta Región Militar, en Monterrey, Nuevo León; dos años antes fue comandante de la Octava Compañía Regional de Transmisiones en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa.
Actualmente propone además la compra de enlaces de radiocomunicación y la sustitución de tecnologías análogas por digitales por 389.6 millones; sustitución de enlaces de microondas, por 27 millones 639 mil pesos; y tecnología de vanguardia que soporten el tráfico de información de voz y datos para las Regiones y Zonas que aún no cuentan con este servicio por 218 millones 558 mil pesos.
Además equipo de comunicación satelital fija en la Banda Ku, de nueva tecnología para sustituir y actualizar las tecnologías Sky, Performer, Sky Wan y Gilat Dial Away por 44 millones 274 mil pesos.
El General Castañeda Jiménez, es encargado desde octubre de 2008 de las licitaciones y la adjudicación de contratos de bienes y servicios para la Sedena.
Antes, estuvo como comandante de la Guarnición en Comitán, Chiapas.
Antes, se reveló, que José Susumo Azano Matsura, uno de los principales proveedores de tecnología de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía una estrecha relación con el General Arturo Acosta Chaparro, quien en vida le presentó a varios funcionarios estatales y federales.
El propietario de Security Tracking Devices había convertido en los últimos años al Hotel Camino Real de la colonia Anzures en su principal centro de reunión, a donde llegaban a verlo Generales, secretarios de Seguridad Pública estatales y comandantes policiacos.
“Muchos de los funcionarios llegaban al Camino Real a ver a Azano, de la mano del General Acosta Chaparro. Azano es un empresario muy vinculado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, estrechamente vinculado”, dice un ex funcionario federal que pidió el anonimato.
Relata que Azano fue de los primeros en vender en México equipo de intrusión y extracción de datos de aparatos Blackberry, cuya mensajería instantánea se consideraba hasta hace poco tiempo como uno de los medios más seguros en el mercado.
El empresario, quien de acuerdo con fuentes consultadas ahora reside en San Francisco, California, se convirtió apenas en el sexenio de Felipe Calderón en un proveedor de tecnología para instituciones relacionadas con la seguridad nacional.

domingo, 13 de septiembre de 2015

AL "DIA de HOY" son 7 MIL 185 "MUJERES las DESPARECIDAS en MEXICO...TAMAULIPAS a la cabeza.


Al día de hoy, al menos 7 mil 185 mujeres permanecen en calidad de desaparecidas. Casi la mitad de ellas es menor de 18 años. El 52 por ciento de los casos ha ocurrido en lo que va del actual sexenio

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 96 por ciento de los hechos datan de los últimos 2 sexenios. El 44 por ciento de ellas no había cumplido siquiera los 18 años de edad en el momento de la desaparición. Tamaulipas y el Estado de México se erigen como los focos rojos: concentran el 31 por ciento del total de casos denunciados a nivel nacional.
Sus hijos la vieron por última vez cuando tenía 46 años de edad. Piel morena, ojos cafés, cara ovalada. Después del 22 de diciembre de 2012, sin embargo, no volvieron a saber de ella. Les quedaron los recuerdos: ese gesto sonriente que amortiguó sus momentos de desahucio; los consejos de mujer madura que alcanzaron inclusive a la tercera generación de la familia, los nietos…
Ese 22 de diciembre, preludio de los festejos navideños, María Dolores Rizo Juárez desapareció. Ausencias que en el contexto mexicano son epidemia; no excepción. Estas líneas alcanzan apenas para esbozar el más elemental conteo. Imposible plasmar cada nombre; el conjunto de sueños mutilados.
De acuerdo con la estadística oficial –incompleta, imprecisa, como lo ha constatado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas–, 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 52 por ciento de los hechos datan del sexenio en curso.
María Rizo vivía con su esposo en el municipio de San Mateo Atenco, en la zona centro del Estado de México. Se dedicaba al hogar pero también cubría una doble jornada como ayudante en el comedor de una reconocida fábrica de pinturas con sede en la localidad de Tepexpan.
Era sábado; 21 días antes Enrique Peña Nieto había asumido la Presidencia del país. María Rizo no se presentó a trabajar, hecho por demás inusual. El marcador del reloj, su implacable “tictac”, se apostaba más allá de las 22 horas, pero la mujer de cabellos recortados no aparecía. Sus hijos la buscaban desesperados. La noche y su inherente apagón transcurrían sin indicios de ella.
Han pasado casi 3 años desde entonces. Las canciones del Conjunto Primavera y de Rocío Dúrcal, las preferidas de María Rizo, no retumban más en el nicho materno. No hay rastro de ella; no hay verdad ni sosiego para su familia. De nada ha servido que el hecho sea de conocimiento de las autoridades estatales y federales: de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la propia Secretaría de Gobernación.
El 96 por ciento de los hechos de desaparición de mujeres que el registro gubernamental contabiliza data de los últimos 2 sexenios: 3 mil 144 ocurrieron con Felipe Calderón Hinojosa y 3 mil 725, con Enrique Peña Nieto. Este último apenas a la mitad de su mandato. Tan sólo 41 casos vienen de otras administraciones; 29 de éstos, de la de Vicente Fox Quesada.
El año que concentra el mayor número de hechos de desaparición de mujeres es 2014, al presentar 1 mil 858 casos. Le sigue 2013, con 1 mil 167, y 2011, con 1 mil 21.
La base de datos oficial revela, asimismo, que el 45 por ciento (3 mil 228) del total de desaparecidas en México son adultas, mujeres de entre 18 y 59 años de edad. Otras tantas, el 2 por ciento (158), tienen 60 años o más. Cabe destacar que 3 mil 133, lo que equivale al 44 por ciento, son adolescentes y niñas, es decir, no habían cumplido siquiera los 18 años en el momento de la desaparición.
Respecto de la nacionalidad, se sabe que el grueso de las mujeres desaparecidas es de origen mexicano; en tanto, se desconoce este dato para 728 casos. Las 56 mujeres que restan son extranjeras, 35 de ellas nacidas en Estados Unidos.
Los pormenores enunciados se desprenden del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública consultado porContralínea a finales de agosto de 2015. Éste se nutre de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común.
El registro, sin embargo, no da cuenta de la totalidad de desapariciones que ocurren en territorio mexicano: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; excluye los innumerables casos que carecen de denuncia formal ante la autoridad; y, respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas a partir de enero de 2014.
A junio del año en curso, constan en la base oficial 26 mil 29 personas reportadas como desaparecidas. Ellas, las mujeres, representan el 28 por ciento de los casos.
“Toda aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”, así define el Estado mexicano a la persona desaparecida.
Tamaulipas y Estado de México, los focos rojos
En el tema de la desaparición de mujeres y niñas en el país, Tamaulipas y el Estado de México, en este orden, se erigen como los focos rojos. En la primera entidad tuvieron lugar 1 mil 185 de los casos que constan en las averiguaciones previas del fuero federal y del común; en la segunda, 1 mil 23.
Es así que Tamaulipas y el Estado de México, juntos, concentran el 31 por ciento del total de casos de desaparición de mujeres y niñas denunciados a nivel nacional.
Baja California, Nuevo León y Coahuila –entidades que como Tamaulipas se ubican al Norte del país– son las siguientes en la lista de mayor incidencia, con 580, 551 y 414 casos, respectivamente. Enseguida están, en orden de prelación, Guanajuato, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal y Chihuahua.
Del análisis particular para Tamaulipas es posible identificar los municipios que registran el mayor número de desapariciones de mujeres. Se trata de los más poblados, entre ellos la capital del estado: Matamoros, con 266. Además, en Reynosa, 234 casos; en Nuevo Laredo, 184; en Ciudad Victoria, 125; y en Tampico, 99. Estas cinco jurisdicciones suman 908 casos, lo que representa el 77 por ciento del total de los hechos de desaparición de mujeres acontecidos en el territorio gobernado por Egidio Torre Cantú.
El fenómeno también se recrudece en algunos de los municipios más poblados del Estado de México. Los cifras más alarmantes corresponden a Toluca de Lerdo, su capital; a Nezahualcóyotl y a Ecatepec de Morelos. Estos tres municipios suman 319 casos (135, 109 y 75, respectivamente), lo que equivale al 31 por ciento de total de desapariciones de mujeres que registra la entidad.
El 49 por ciento de las desaparecidas en Tamaulipas son adultas de entre 18 y 59 años; las menores de edad representan, en tanto, el 22 por ciento del total. Esta situación se revierte para el Estado de México, en donde el 54 por ciento son menores y el 44 por ciento, adultas.
Las desapariciones, “de hipótesis a confirmación”
“En 2010, el tema de las desapariciones de mujeres era hipótesis. Hoy es confirmación…”. Así se expresó María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, luego de conocer el fallo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas–, que en su sesión del 28 de julio de 2015 resolvió decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de México.
Con ello, el gobierno mexicano reconoció, al fin –luego de una batalla que se prolongó por casi 5 años y que escaló hasta los tribunales del Poder Judicial–, la existencia en el Estado de México de un incremento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos público y privado que, en un significativo número de casos, ha culminado en feminicidios y otras formas de violencia.
Dicho reconocimiento vendría acompañado del destape de la estadística oficial, aquella que hasta entonces había permanecido oculta. A petición del grupo interinstitucional y multidisciplinario que se conformó para atender la solicitud de la AVG en cuestión, el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, reportó que de 2005 a 2014, 4 mil 281 mujeres desaparecieron en la entidad, en su mayoría niñas de entre 15 y 17 años de edad. De éstas, 2 mil 272 fueron localizadas: 2 mil 632 vivas y 95 muertas.
Con estos elementos, el grupo interinstitucional y multidisciplinario (integrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) confirmó la hipótesis, a decir: la existencia de “un problema grave de desapariciones de mujeres y, en particular, de niñas y adolescentes en el Estado de México que se acentúa especialmente en el municipio de Ecatepec”.
En consecuencia, el grupo recomendó operar todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, así como para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables de los hechos.
Los integrantes del grupo enfatizaron, asimismo, en la necesidad de revisar exhaustivamente los casos de desaparición de mujeres con el fin de identificar la probable negligencia de los servidores públicos encargados de la investigación y, en su caso, de iniciar los procedimientos administrativos y/o penales correspondientes.
Y es que, según advirtió, algunos familiares de mujeres desaparecidas mencionaron que no hay sentencias ni reparación de daño, además de que las autoridades de procuración de justicia no toman con seriedad sus casos e insinúan reiteradamente que las víctimas se marcharon por su propio pie, lo que genera que tengan que pasar varias horas o días antes de que puedan presentar la denuncia por desaparición o, incluso, que las autoridades les soliciten dinero para iniciar o continuar la investigación.
Estado de México, la guerra de cifras oficiales
A través de los mecanismos de transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que entre 2011 y 2012 habían desaparecido en la entidad 1 mil 258 mujeres. Sin embargo, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas constan, para el mismo periodo, 132 casos. Una cifra menor.
Posteriormente, las autoridades mexiquenses reportaron al grupo interinstitucional y multidisciplinario que se conformó para atender la solicitud de AVG en la entidad, que de los 4 mil 281 casos de desaparición de mujeres ocurridos entre 2005 y 2014 se logró la localización en 2 mil 727, con lo que quedaron pendientes de resolución 1 mil 554 casos. En contraste, el Registro Nacional revela la existencia de 798 casos vigentes que datan del mismo periodo. Un número, igualmente, menor.
Lo anterior evidencia la disparidad que existe entre las cifras contenidas en las bases de datos de diversas fuentes oficiales y, con ello, la pertinencia de que el Estado mexicano cuente con una estadística fidedigna.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. A través de Víctor Suberza, subdirector de Difusión de la PGR, la fiscal rechazó la petición bajo el argumento de que el gobierno mexicano carece de datos precisos en la materia.
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A TRAFICANTE" del CDG se le "CAEN 380 MIL DOLARES en DROGA" cuando apenas CRUZABAN el RIO BRAVO.


Un traficante de drogas que recogió una carga de marihuana de las orillas del Río Bravo, en la frontera de Texas estaba en su camino hacia el norte y terminó estrellándose en el agua y nadar de vuelta a México para escapar de las autoridades.

A principios de esta semana, un hombre no identificado conducía una camioneta blanca al norte del Río Grande en la ciudad fronteriza de Brownsville, segun información proporcionada a Breitbart de Texas por la Patrulla Fronteriza.
El narcotraficante vio un agente de la Patrulla Fronteriza que se dirigía al lugar donde estaba  y trató de escapar.
El conductor hizo un giro en U y se dirigió directamente hacia el río. Condujo el vehiculo al agua. Desde el camión el conductor nadó hacia México dejando atrás la camioneta y los múltiples paquetes de marihuana que estaban siendo contrabandeados dentro del vehículo.
Agentes fueron capaces de conseguir una grúa para remolcar la camioneta del agua. Los agentes recuperaron aproximadamente 500 libras de marihuana con un valor estimado de $ 380,000 dólares.
La maniobra de conducción en el río (llamados splashdowns) es una táctica común usada por los contrabandistas del cártel para recuperar la mayor cantidad de drogas posible cuando falla un intento de contrabando, Breitbart de Texas ha informado sobre esta táctica en el pasado.
Los "Splashdowns" son esfuerzos bien coordinados, donde una vez que las drogas golpean el agua, los miembros del cártel en México tienen balsas en el rio listas  para tomar la mayor cantidad de droga hacia  México ante que las autoridades lleguen.
La práctica es común en las áreas cercanas a las ciudades fronterizas de Misión y La Joya, donde los contrabandistas del Cártel del Golfo Son capaces de maniobrar de forma rutinaria alrededor de la valla fronteriza y era una maniobra más bien rara en la ciudad fronteriza de Brownsville, pero parece que la práctica puede estar imponiendo en otros sectores a lo largo de la frontera Texas / México.
La táctica ha sido también aplicada en la ciudad fronteriza de Laredo donde como Breitbart de Texas ha informado anteriormente  la región carece de un muro en la frontera por lo que es muy fácil para los traficantes  recuperar sus cargamentos de drogas.
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DETIENEN a MUJER que "APUÑALO" a sus TRES HIJOS y luego INTENTO SUICIDARSE...bebe de 7 meses "murió".


La mujer que en días anteriores apuñaló a sus tres hijos y luego intentar suicidarse, fue internada en el penal del Topo Chico, reportó la Policía Ministerial de Nuevo León. 

Tras ser dada de alta por las heridas que se infirió, luego del atentado contra los menores el pasado día 7, Andrómeda Elizabeth Cordero Flores, es considerada como presunta responsable de dar muerte a su bebé de siete meses y de lesionar de gravedad a sus otros hijos de 5 y 2 años de edad.

Bajo el custodio de agentes de la Policía Ministerial del Estado, el ingreso de la mujer, de 31 años de edad, al Centro de Readaptación Social se hizo durante el fin de semana, desde el Hospital Universitario, donde se le atendió por heridas punzocortantes.

Homicidio calificado, tentativa de homicidio y violencia familiar, son los delitos que se le imputan a Cordero Flores, quien presuntamente perpetró el ataque la noche del 7 de septiembre pasado en un domicilio de la colonia Rincón de las Cumbres, al noroeste de Monterrey.

De acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), la mujer y el padre de los menores, Jesús Campos, tenían problemas familiares.

En tanto, los otros dos menores permanecen en estado delicado bajo atención médica en un hospital privado de esta capital regiomontana.

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