- Se le conoce como “orden roja” a la disposición castrense de tirar a matar. Era algo común en los años 70 durante la campaña militar contra la guerrilla en Guerrero, y durante los primeros días de enero de 1994 durante el alzamiento zapatista en Chiapas. ¿Ocurrió lo mismo en Tlatlaya, Estado de México?
- ¿Fue una decisión de un oficial al mando de su pelotón o una orden superior que podría ir más allá del comandante del batallón? Las dudas persisten después del anuncio de la consignación de un teniente y siete de tropa ante tribunales militares.
México, 1 de octubre 2014 : El teniente Ezequiel Rodríguez Martínez empezó su carrera como soldado raso a principios de los años 80. En 1995 era sargento cuando concursó y ganó una plaza para ir a estudiar al Colegio Militar, en lo que en la milicia mexicana se conoce como Curso Intensivo de Formación de Oficiales de las Armas (CIFOA). Los estudios fueron durante un año, en 1996 se graduó como “técnico” militar, es decir de subteniente del ejército con los conocimientos básicos para desempeñar su labor al frente de un pelotón, compuesto de alrededor de 10 efectivos, y años después ya como teniente al mando de una sección, integrada por 30 soldados.
Sus 30 años de experiencia de pronto sirvieron de nada ante lo que ocurrió en junio pasado. En los últimos días del mes la compañía a la que pertenecía, dentro del batallón 102 que tiene su cuartel en la comunidad de Santa María Ixtapan en el municipio de Tejupilco, Estado de México, se le asignó patrullajes en una zona en los límites con el estado de Guerrero. Cuando llegaron al municipio de Tlatlaya, las tropas se dividieron en pelotones, compuestos por una decena de efectivos, instalaron retenes y comenzaron a recorrer poblados de alrededor como San Pedro Limón.
Algo ocurrió que de pronto el pelotón que comandaba el teniente Rodríguez Martínez supuestamente se enfrentó a tiros con unos hombres armados. La historia en esta parte del relato se interrumpe. El oficial ya no abundó más en la historia que poco a poco desde el pasado jueves 25 de septiembre, cuando ingresó detenido a la prisión del campo militar uno, contó a algunos sus compañeros presos.
El oficial y siete de sus subordinados del batallón 102 de infantería, llegaron detenidos acusados de la muerte de 22 personas en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México. El sábado por la noche, relatan fuentes militares, fueron sacados de las celdas conocidas como “negras”, unas mazmorras apartadas del resto de dormitorios que se volvieron célebres por haber sido el área dentro del penal que a finales de los años 60 y los 70 albergó a civiles presos en la llamada “Guerra Sucia”. Los llevaron a declarar, lo mismo ocurrió al día siguiente.
Tanto el teniente Rodríguez Martínez como los siete soldados, fueron acusados por la fiscalía militar de desobediencia e infracción de deberes, delitos por los que el juez sexto militar, el teniente coronel Jorge Suárez Becerril, les dictó el auto de formal prisión el pasado martes 30 de septiembre.
Ese mismo día por la tarde Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa, que tres de los detenidos serían juzgados por un juez federal por el delito de homicidio en contra de 22 personas. La acusación era independiente del proceso que se les instruye en tribunales castrenses, dijo el Procurador General de la República. El funcionario añadió que hasta esa tarde se analizaba aun en instancias federales, hasta dónde podrían llegar las responsabilidades del resto de los militares detenidos. Sin precisar los nombres de los tres militares que serían consignados como probables responsables de la muerte de los 22 jóvenes, señaló que el 30 de junio después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos. Algo que “no tiene justificación alguna”.
¿Y la línea de mando?
Los acusados lucen confiados. Sus abogados creen que podrían salir libres en un mes, dice una fuente militar que ha tenido contacto con algunos de los soldados detenidos por el caso Tlatlaya. Otros piensan que no podrían durar más de un año en prisión antes de que salgan en libertad. Los cargos dentro del código de justicia militar no están catalogados como graves, el único que configuraría una pena mayor sería el de desobediencia, dice otra fuente de tribunales militares.
El juez Suárez Becerril, es un teniente coronel de justicia militar que antes de ser nombrado titular del juzgado sexto se desempeñó como secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha, cuando el ex procurador militar y ex titular de la PGR en el gobierno panista de Vicente Fox, se desempeñó como presidente del Supremo Tribunal Militar. De acuerdo a las mismas fuentes militares que conocen la integración del expediente, el caso de los 22 muertos en Tlatlaya no va más allá de una acción tomada a expensas del comandante de pelotón. No se ha investigado, hasta el momento, la línea de mando que podría llegar al comandante de la compañía a la que pertenecían, para saber qué ordenes tenía, ni al comandante del batallón 102 para que aclaré que orden dictó, ni y al comandante de la 22 zona militar, el general de brigada José Luis Sánchez León para que declaré sobre las órdenes de operaciones que autorizó. No se ha aclarado si de orden verbal existía la directriz de no tener detenidos, tratándose de sospechosos que hayan sido capturados en flagrancia, como pudo ocurrir con los 22 fallecidos, a quienes se les acusó del secuestro de tres personas, dice esta fuente que por razones de seguridad solicitó se reservara su identidad.
El batallón 102 inició sus operaciones en esta zona colindante con el estado de Guerrero, en la región de la Tierra Caliente, en mayo del 2010, cuando el entonces gobernador Enrique Peña Nieto acompañado del secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, inauguraron las instalaciones en Santa María Ixtapan, Tejupilco. El área de operaciones quedó delimitada en los municipios de Amatepec, Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, San Simón de Guerrero, en la región de Tierra Caliente dentro del Estado de México, que colinda con Guerrero y Michoacán, una zona donde el grupo delictivo “La Familia”, mantiene una disputa sangrienta con los autodenominados Caballeros Templarios, del lado michoacano, y con los llamados Guerreros Unidos, en territorio guerrerense.
Antecedentes
Cuando el teniente Rodríguez Martínez y los siete de tropa llegaron a la prisión militar, sus colegas presos lo primero que les preguntaron fue de qué les acusaban y a qué unidad pertenecían. La primera respuesta coincidía, venían consignados por el caso de los 22 muertos de Tlatlaya. Mientras que la segunda difería, unos decían que venían del 102 de infantería y otros del batallón 25, con cuartel en Santa María Rayón, Estado de México. Parecía una táctica para despistar, ante los antecedentes registrados por la prensa en los últimos años sobre la actuación del batallón 102.
El periódico El Sur, editado en Acapulco y que circula en buena parte del estado de Guerrero, publicó en diciembre pasado pormenores de la muerte de cuatro personas en el tramo carretero que une la comunidad de Palos Altos con Arcelia, en la Tierra Caliente guerrerense. Los muertos a tiros por los soldados del 102 de infantería que patrullaban el lugar, fueron el director de tránsito de Arcelia, Mario Urióstegui Pérez, el subdirector Josué Gavínez Ramírez y dos empleados del ayuntamiento, quienes de acuerdo a las autoridades locales habían salido la noche anterior de cacería. El titular de tránsito a quien apodaban “la Mona”, estaba señalado por inteligencia militar de ser el suegro de Johnny Olascoaga Hurtado, apodado “el Mojarro” o “el Pez”, un individuo considerado el principal líder del grupo denominado “La Familia”, sobre quien pesan sospechas de estar detrás de la ola de secuestros que se suscitaron en los últimos meses en Valle de Bravo.
Acusaciones de complicidad de nueve militares que pertenecían al 102 de infantería, en labores de protección al narco, fueron recogidas por el diario Reforma en febrero del 2012. Las imputaciones fueron por filtrar información de operativos y movimientos de tropas al grupo que encabezaba “el Mojarro”, quien pagaba sobornos a tenientes, sargentos y cabos del batallón. La nota del diario capitalino citaba la declaración de uno de los acusados, el teniente Omar Lugo León, quien decía que al jefe de “La Familia” en la Tierra Caliente de Guerrero, lo conoció por esos meses de 2010. “Inicié una amistad con el mencionado sujeto, el cual me propuso que colaborara con él proporcionándole información de las operaciones militares en que el participaba, haciéndole un obsequio de 140 mil pesos, diciéndome que si no podía consiguiera quien le proporcionara dicha información. Acepté colaborar filtrando información de las operaciones militares, recibiendo la promesa de recibir mensualmente 20 mil pesos por esa actividad”, declaró Lugo según la nota aparecida en el diario.
