Hay piquetes que duelen más que otros, pero los primeros, los de siempre, perforan ductos lo mismo de dia que en la madrugada y sangran gasolina al crimen organizado. Los segundos, los del combate oficial al huachicol, chorrean promesas al vacío y pérdidas multimillonarias a las arcas públicas.
Porque pese al despliegue de soldados, las mañaneras llenas de bravura, la presencia de «Batman» en la estrategia de seguridad y el mantra sexenal de que “ya se acabó el robo de combustibles”, Pemex tiene otras cifras: 23 mil 491 millones de pesos perdidos en 2025, un incremento del 14.4 %respecto al año anterior. El huachicol, más que herido, parece estar en plena forma… y con ambulancia de Pemex incluida.
El Observatorio Ciudadano de la Energía —no la oposición, no la CIA, sino un análisis técnico hecho por Francisco Barnés de Castro— desnudó el asunto: hay menos tomas clandestinas detectadas, sí, pero más pérdidas. Es decir, menos agujeros, más sangrado. El enemigo, entonces, no está afuera del ducto: está adentro del sistema.
Y Pemex lo admite sin rubor: “algunos de sus empleados o servidores públicos podrían estar participando en el mercado ilícito de combustibles”. Traducción libre: donde había soldados, ahora hay complicidades; donde había promesas, fugas.
El Gobierno presume que los “piquetes” detectados bajaron de 14 980 a 11 774 entre 2023 y 2024, pero convenientemente omiten 2025, el año del aumento millonario en pérdidas. En los primeros nueve meses se fueron 20 mil 246 millones; los últimos tres completaron la hemorragia. Lo curioso no es que roben el combustible —eso es ya un deporte nacional—, sino que el combate contra el robo genera más pérdidas que el propio robo. Un absurdo digno del realismo mágico presupuestal.
Luis Miguel Labardini lo resume con menos poesía y más pragmatismo: en muchas regiones, el crimen organizado tiene “control territorial”. Y si el que manda en tierra decide a quién se le pincha el ducto, el Estado sólo asiste como testigo de honor.
Así que sí, hay dos piquetes en México: uno deja escapar combustible; el otro, credibilidad. Y ambos perforan el mismo depósito: el del dinero público.
La farsa “humanista” de Américo Villarreal y Morena terminó donde siempre acaban los gobiernos cínicos: en la plancha del escarnio nacional, encuerados por la única que sí hizo su trabajo, la víctima que se atrevió a escribir en una cartulina lo que el sistema quiso borrar a punta de boletines.
El gobierno exhibido por su propia víctima
En el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, las residentes hicieron todo lo que el manual de la dignidad exige: denunciaron de inmediato, buscaron autoridades, pidieron apoyo médico, psicológico y legal.
La respuesta del “gobierno humanista” fue un trámite lento, tibio y burocrático, obsesionado con proteger el prestigio del hospital antes que el cuerpo roto de las médicas violadas.
Tuvieron que salir publicamente con una cartulina brutalmente honesta –“En el HIT me drogaron, me violaron y se callaron. No fue error. Fue negligencia”– para que voltearan a verlas, no por empatía, sino por miedo al escándalo mediático.
El sistema que violó y luego se hizo la ofendido
El exdirector Vicente Plascencia aceptó en público que el agresor se paseó más de una hora por la residencia de médicas, en la madrugada, en una zona que se suponía segura y controlada.
En vez de asumir que eso es un fracaso monumental de seguridad, se refugió en el lenguaje de burócrata: protocolos, oficios, “conciencia tranquila”, como si una doble violación fuera un problema de papelería extraviada.
Su renuncia “para no entorpecer” es cosmética: se va proclamando que todo se hizo bien, que los procedimientos se siguieron, que su alma está limpia; la que no tiene paz es la residente que fue drogada y violada en el lugar donde el Estado le dijo que estaba a salvo.
La primera dama, abogada de oficio… del aparato
Y cuando uno pensaría que el mínimo decoro era ponerse del lado de las víctimas, aparece María de la Luz Santiago, esposa del gobernador, en modo abogada de oficio del director caído en desgracia.
Nadie la eligió para hablar por las víctimas, pero ahí está, sentada junto al poder, usando el micrófono institucional para suavizar la imagen del médico que encabezó el aparato que violó, abandonó y expuso a sus propias residentes.
Su discurso de prudencia y “no politizar” choca de frente con la ética feminista más básica: convierte el dolor de las médicas en daño colateral de una reputación administrativa que hay que salvar a toda costa.
Humanismo de dientes para afuera, necrosis de conciencia adentro
Es especialmente obsceno que todo esto ocurra bajo un gobernador médico que vende un Estado “de salud y humanismo”, mientras en sus hospitales hay muertes evitables, negligencias repetidas y ahora violaciones en las áreas de descanso.
La narrativa oficial se desmorona en cuanto la víctima abre la boca: ella describe cómo le arrebataron la tranquilidad emocional, la dejaron sin apoyo real y la obligaron a convertirse en activista de sí misma para que la institución dejara de mirar hacia otro lado.
La médica violada tiene más salud de conciencia que todo el gabinete junto: les recordó, con una cartulina, que lo que ellos llaman “lamentable situación” es en realidad un crimen agravado por omisiones, encubrimientos y una familia política dedicada a defenderse entre ellos, no a las mujeres que dicen proteger.
Prensa nacional: el espejo que no pudieron romper
Como el gobierno decidió proteger su narrativa en lugar de proteger a las residentes, la historia terminó en los noticieros y columnas que tanto desprecian cuando no los aplauden: desde portales locales hasta espacios nacionales replicaron el testimonio de la doctora y el hedor del caso.
No fue “un ataque de adversarios”, fue la consecuencia lógica de un Estado que no escucha a las víctimas hasta que éstas lo gritan frente a cámaras y marchas; el 8M, el silencio oficial sonó más fuerte que cualquier consigna, y la prensa sólo hizo de altavoz de esa vergüenza.
Hoy, si Tamaulipas está en boca del país no es por un logro de gobierno, sino porque una residente violada tuvo que encuerar al sistema para que alguien se preguntara por qué demonios nadie la defendió cuando más lo necesitaba.
Como si la historia no avanzara un milímetro desde los días de la vieja Procuraduría (PGR), la Fiscalía General de la República vuelve a demostrar que el cambio de siglas no implica evolución. En el caso más grande de huachicol fiscal del país, la FGR se olvidó —simplemente omitió— notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Ese “detalle menor” fue suficiente para que un tribunal revocara la vinculación a proceso contra Édgar Marín Meza Moreno, empresario dueño de Impulsora de Productos Sustentables, acusado de contrabando de combustible en una trama que también acusa a Militares.
Marín Meza importó en octubre de 2019, a bordo del buque Atlantic Bay, casi 29 millones de litros de diésel, pero solo declaró una cuarta parte: 7.2 millones. El resto acabó en el mercado negro. El daño al erario supera los 173 millones de pesos, entre derechos no pagados por el importador e impuestos evadidos por el combustible que terminó abasteciendo la economía paralela del huachicol.
El “error” de la Fiscalía no es casualidad ni causalidad: es patrón. Un eslabón más en la cadena de carpetas mal armadas, formalismos omitidos y diligencias torpes que terminan beneficiando, invariablemente, al crimen organizado y a sus aliados de cuello blanco.
La empresa implicada, Impulsora de Productos Sustentables, surgió en 2013 para aprovechar la reforma energética de Peña Nieto y alcanzó rango de proveedora de Interjet, hasta deber a Aeropuertos y Servicios Auxiliares más de mil 191 millones de pesos hacia el cierre de 2021.
Como guinda, el diésel fue vendido por Gunvor Group, multinacional suiza que el Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó el año pasado por operaciones financieras turbias. El círculo se cierra: contrabando, omisiones judiciales y vínculos internacionales, mientras la FGR reincide en su papel de comparsa burocrática del saqueo nacional.
Más que una fiscalía autónoma, México sigue teniendo una institución de blindaje institucional para la impunidad, una PGR rebautizada pero igual de disfuncional, donde los errores procesales siempre parecen favorecer a los mismos.
Tras las recientes críticas del Presidente estadounidense Donald Trump y la creación de una alianza entre gobiernos contra los cárteles que «gobiernan México», el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acusó que la Presidenta Sheinbaum enfrenta hostilidades y una amenaza externa sin precedentes.
Pero Diputado Ricardo Monreal habla solo de las formas convenientemente, pero lo que vende como “amenaza externa sin precedentes”, en el fondo, es el diagnóstico del Presidente Donald Trump, brutal, pero bastante certero: los cárteles mandan en México mucho más de lo que el discurso oficial de la Presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesto a admitir.
Monreal, guardia de honor de la soberanía selectiva
El coordinador de Morena se rasga las vestiduras por la “hostilidad” de Trump, pero guarda luto riguroso… por la narrativa, no por los muertos. En vez de discutir si México se volvió epicentro del negocio criminal, lo que le indigna es que alguien lo diga en voz alta y con micrófonos gringos.
Trump habla de una alianza de 17 países para “destruir” a los cárteles, excluye a México y Monreal responde como si hubieran invadido Ciudad Universitaria: todo es un amago imperialista y una pobre presidenta sitiadas por el exterior.
La “soberanía” que defiende es la de seguir administrando la plaza sin testigos incómodos, no la de un Estado capaz de imponer la ley en su propio territorio.
Las verdades incómodas del trumpismo antidrogas
En la cumbre de Escudo de las Americas, Trump dijo lo que en Palacio jamás se admite: que los cárteles mexicanos “orquestan gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio” y que “controlan México”.
Pero entre los «halagos a la bella voz” de Sheinbaum, el presidente estadounidense soltó el dato que aquí se intenta tapar con mañaneras: sin México, la cadena de fentanilo y cocaína que mata a miles simplemente no funciona. Lo realmente perturbador no es que Trump ofrezca “erradicar” cárteles con marines —eso lo hace en campaña desde siempre— sino que el gobierno mexicano no tenga un argumento sólido para demostrar que no han sido empoderados por años de abrazos, pactos tácitos y operativos selectivos.
Morena, partido de Estado… y del narco empoderado
Cuando Monreal jura que “nunca un mandatario” había gobernado bajo tanta hostilidad externa, omite un pequeño detalle: nunca tampoco los cárteles habían tenido tanta capacidad de co-gobernar regiones completas.
Morena ha convertido la seguridad en escenografía que juega Jack-a-mole: decomisos exhibidos en redes, millares de detenciones que no cuadran, captura de criminales, la inmensa mayoría de medio pelo y alguno relevante, son sacrificados en territorios donde el mando real lo ostenta una estructura criminal que tiene apoyo del quien reparte despensas, le cuida la plaza y pone sus candidatos.
El discurso oficial niega que México sea un “Estado capturado”, pero también bloquea cualquier cooperación seria que implique admitir colusión institucional, desde policias,militares,la Guardia Nacional hasta alcaldías enteras y gobernadores. Así, la “organización política y criminalmente organizada” preserva el relato patriótico mientras negocia, por abajo, el orden real con quienes han controlado rutas y los territorios donde les recibieron votos a cambio de darles mas poder.
La oposición que quiere balazos… pero no espejo
El panista Héctor Saúl Téllez lee la exclusión de México como un mensaje de desconfianza a la estrategia mexicana y acusa que la política de “abrazos, no balazos” empoderó a los cárteles.
Tiene razón en el diagnóstico y se queda corto en la autopsia,aunque su partido fue parte del problema: la militarización sin controles que la oposición aplaudió durante sexenios anteriores es el cimiento de los ejércitos privados que hoy se combaten a balazos en Michoacán, Zacatecas o Tamaulipas.
Téllez reclama que México esté fuera de la mesa donde se discute el fentanilo, pero tampoco dice qué está dispuesto a entregar a cambio: transparencia en fuerzas armadas, depuración policial real, o sólo más presupuesto y más fuero verde olivo. Entre el antiimperialismo de utilería de Morena y el atlantismo de selfie de la oposición, nadie quiere tocar el tema incómodo: sin limpiar la casa por dentro, cualquier alianza regional será sólo coartada para nuevas intervenciones o nuevas simulaciones.
La soberanía como máscara
El gobierno mexicano presume dignidad republicana para rechazar la oferta de Trump de “erradicar” cárteles en territorio nacional, pero esa misma dignidad desaparece cuando la violencia electoral obliga a cambiar candidatos a punta de fusil.
Cuando Monreal convoca a “unidad” frente a la amenaza externa, en realidad está pidiendo silencio interno: que nadie pregunte por qué un país convertido en nodo del tráfico de fentanilo, con ya mas de 720 mil muertos y mas casi 132 mil desaparecidos, prefiere indignarse por el tono de Trump antes que por el mapa del narco que él, con todo y bravata, está describiendo.
Durante un conversatorio ciudadano, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, tomó el micrófono y lo convirtió en bisturí político: diseccionó sin anestesia el cadáver de la seguridad pública en Sinaloa y al país entero. Lo que otros disfrazan de “incidentes aislados”, él lo llamó por su nombre: “un Culiacanazo prolongado, un Sinaloazo que ya lleva un año y seis meses”.
“No es casual, ni coyuntural”, sentenció. “Los únicos responsables de esta crisis son quienes gobiernan. La Constitución no les dio permiso para dirigirnos la vida, sino para cuidarla”. Así, sin metáforas y con tono de acta notarial, les recordó su mandato: proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos, un mandato que parece letra muerta en el diario oficial de la impunidad.
El jurista fue más allá: acusó que la Constitución Política —esa que debería ser el blindaje del ciudadano— se ha convertido en un traje a la medida de los intereses particulares. Denunció que en Sinaloa se viola todos los días el artículo cuarto, el mismo que consagra el derecho humano a vivir en un estado libre de violencia. Pero aquí, ese derecho se esfuma entre balaceras y autos calcinados.
Con una frase demoledora, describió la tragedia infantil que acompaña esta guerra silenciosa:“Los niños ya no piden tabletas o internet en las escuelas; piden vivir sin violencia”. Y no exagera: 30 niños y 90 adolescentes han sido asesinados —cifras que, dijo, apenas rozan la realidad, porque en la sierra hay ejecuciones que nadie reporta, ni la autoridad ni los noticieros del gobierno. “Están aniquilando gente y nadie lo quiere ver”, advirtió.
El abogado también echó mano de números que huelen a fracaso administrativo: Culiacán tenía 2 mil policías antes del año 2000, hoy apenas mil. La reducción del 50% se repite en Ahome, Guasave y Mazatlán, dejando a las corporaciones municipales y estatales cojeando. ¿Y la justicia? Peor: Sinaloa ocupa el último lugar nacional, con solo 1.4% del presupuesto federal destinado a esa área, y una impunidad que podría rondar el 94%. O sea: casi todo crimen en Sinaloa se archiva en el cajón del olvido.
Y entonces soltó el golpe político directo:Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado de colaborar con los poderes fácticos y de encubrir la violencia, bajo el disfraz de “normalidad”. Beltrán Verduzco no usó eufemismos: “Mientras tengamos un gobierno que participe con los poderes fácticos, como es el caso de Rubén Rocha y muchos otros gobernadores, vamos a seguir padeciendo esta situación”.
La propuesta final fue clara y frontal: “limpieza total” y fortalecimiento real de policías municipales y estatales. No más “estrategias de seguridad” maquilladas con discursos vacíos ni foto oportuna. Exigió voluntad política verdadera, no la escenografía rutinaria de quienes fingen combatir lo que en realidad administran.
En resumen: Beltrán Verduzco no habló de seguridad; firmó un acta de defunción del Estado mexicano en su obligación más elemental: garantizar que el ciudadano viva —y no solo sobreviva.
Morena y la 4T necesitan una carretada de votos que hoy no tienen: 334 en Diputados y 86 en el Senado, y sin PVEM ni PT disciplinados la “revolución electoral” de la Presidenta Shienbaum se queda en hilo de Twitter.
Diputados: la aplanadora que patina
La Cámara tiene 500 curules y la vara constitucional está en 334 votos, dos terceras partes de quienes estén presentes, no del total, pero el cálculo político trae ese número como fetiche.
Morena arranca con 257 diputados, es la bancada más grande pero no le alcanza ni de chiste para la mayoría calificada; le faltan 77 si quisiera hacerlo “en solitario”.
Con aliados dóciles, la cosa cambia: PVEM pone 60 y PT 47, lo que arma un bloque oficialista de 364 curules, treinta arriba de la meta constitucional.
Traducido: si Verde y PT obedecieran al 100%, la reforma electoral pasa en San Lázaro aunque la oposición vaya completa, grite, patalee y transmita en vivo por TikTok.
El pequeño detalle es político, no aritmético: Verde y PT viven de plurinominales y financiamiento, justo lo que la reforma toca; por eso ya amagaron con votar en contra o salirse de la foto, dejando a Morena buscando ausencias “misteriosas” en la oposición para bajar el número de presentes.
Cómo se ve el mapa de bloques en Diputados
Bloque / partido
Curules aproximadas
Papel en la reforma
Morena
257
Núcleo duro, le faltan 77 solo.
PVEM
60
Aliado incómodo; sin él no hay 334.
PT
47
Amenaza con irse; su ruptura tumba la mayoría.
Oficialismo (suma)
364
Suficiente… si todos obedecen línea.
Oposición
136
No alcanza para frenar sola si Verde y PT se alinean.
Senado: la aduana realmente dura
En la Cámara alta la Constitución pide dos terceras partes de los presentes; con los 128 escaños llenos, la mayoría calificada se ha fijado históricamente en 86 votos, aunque el oficialismo juguetea con el “redondeo” a 85.
Morena tiene 67 senadores, es decir, está a 19 votos de distancia; ahí no hay margen para la épica, solo para la calculadora.
El PVEM suma 14 y el PT 6 escaños; si los tres partidos votaran en bloque, llegarían a 87 votos, uno arriba del umbral con la Cámara llena.
Problema: Verde y PT ya avisaron que no les encanta que les recorten pluris ni dinero, así que la “mayoría automática” en realidad depende de que sus dirigencias se traguen ese sapo… o de que algunos opositores se enfermen selectivamente el día de la sesión.
Si se caen senadores aliados o se mantiene un bloque opositor disciplinado de 41, la reforma se estrella aquí aunque haya pasado en Diputados con alfombra roja.
Números clave en el Senado
Partido / bloque
Es-ca-ños
Distancia a los 86
Morena
67
Le faltan 19.
PVEM
14
Aliado necesario para rebasar 86.
PT
6
Sus 6 se volvieron oro puro.
Oficialismo hipotético
87
Suficiente si todos votan a favor y todos asisten.
Oposición
41
Llave para bloquear o negociar: si se mantiene unida, complica todo.
La “carambola constitucional” completa
La ruta real no termina en el Congreso: tras juntar 334 diputados y 86 senadores presentes y alineados, la reforma debe ser aprobada por al menos 17 congresos estatales, otro terreno donde Morena domina pero no controla todo.
En Diputados, el truco se llama disciplina de aliados; en el Senado, se llama no perder ni un voto y, de paso, rezar para que nadie se arrepienta a media sesión.
La reforma que recorta financiamiento, toca pluris y mete tijera al Senado pretende que los mismos partidos que viven de eso se suiciden legislativamente en cadena nacional.
En resumen: Morena tiene músculo, pero no chequera política infinita; si Verde y PT se ponen dignos,Morena no cede a sus pretensiones y la oposición resiste la tentación del “faltazo patriótico”, la “gran transformación electoral” que dice Sheinbaum que le pidió el pueblo, se queda como PDF muy bonito en la Gaceta.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación no entrena sus sicarios:fabrica despojos humanos. Les llama “Escuelitas” a sus hornos de carne, donde la iniciación consiste en jugar a la ruleta rusa con fusiles automáticos. Humanos solo por definición biológica, sus verdugos administran la crueldad como si fuera materia académica y reprobar equivale a morir.
Asi lo confirma la propia investigación de la Fiscalía General de la República —esa que, con la fineza burocrática de siempre, prefirió llamar al Rancho Izaguirre un “campo de adiestramiento” y no un “sitio de exterminio”. Porque ya sabemos: en México no hay exterminios, solo procesos de selección natural patrocinados por la impunidad.
De cada diez muchachos que llegaban al rancho, ocho regresan en bolsas. Los reclutan con el cuento clásico del jornal: trabajo seguro, pago semanal, casa y comida. Suben al camión en la Central de Guadalajara creyendo que van al campo, y sí, van al campo… pero de tiro. Apenas pisaban la tierra húmeda del Izaguirre, les quitaban el teléfono, la cartera y la identidad. Les dicen que serán “entrenados para servir al patrón”. No les aclaran que el patrón es la muerte.
Ahí gobierna El Sapo, alias El 090, alias El Sagrado Hombre. Una especie de deidad menor dentro del santoral criminal del CJNG. Sus segundos —el Comandante Choco, Piolín y Tuza— son los prefectos de esta universidad de la barbarie, donde los alumnos que reprueban no repiten curso, simplemente no respiran. A los que sobreviven se les otorga el título de “graduados” y el pase directo al Triángulo del Terror: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, ese territorio donde la guerra no se estudia, se practica.
Y mientras tanto, la FGR redacta informes con eufemismos quirúrgicos, los fiscales toman café sobre expedientes que apestan a plomo, y los activistas siguen cavando con las uñas lo que el Estado no quiere llamar fosa. Porque lo que ocurrio en el Rancho Izaguirre no era adiestramiento: era ingeniería del horror. Una empresa criminal que conviertia campesinos en sicarios o cadáveres, según el rendimiento en clases.
El CJNG presume eficiencia; en realidad, perfeccionó el desperdicio humano. Y el sermón moral de esta tragedia cabe en una sola línea: el único mérito de esos criminales es seguir siendo anatómicamente hombres… porque todo lo demás en ellos es puro vacío.
