Desde hace varios años, Ciudad de México celebra su triunfo contra la violencia homicida. Las estadísticas muestran un descenso sostenido de los asesinatos en la capital, al menos desde 2019, primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, de Morena, que dejó el cargo hace unos meses, en busca de la presidencia. A la vez, los registros de muertes violentas etiquetadas bajo el concepto de causa o intención “no determinada” se mantienen altos, a diferencia de lo que ocurre en prácticamente el resto de regiones, lo que ha provocado las críticas de especialistas.
Las cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) para 2022, liberadas este miércoles, señalan un nuevo descenso de los asesinatos en la capital. Ciudad de México registró 747 víctimas de asesinato el año pasado, un hito, la mitad que en 2018. El dato rebaja incluso los registros de la Fiscalía local, recogidos en las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Según la dependencia, la capital registró 871 víctimas de asesinato en 2022.
La diferencia entre ambas cuentas apunta al origen del registro. Mientras que las Fiscalías acumulan los datos de sus propias investigaciones, el Inegi lo hace a partir de certificados de defunción, firmados por médicos forenses. Las variaciones existen en Ciudad de México y el resto de estados y alumbran precisamente los criterios que usan unos y otros para poner etiquetas. El problema inicia precisamente aquí, al menos en la capital.
Más allá de los asesinatos, Ciudad de México contó el año pasado 1.549 muertes violentas etiquetadas como “evento de intención indeterminada”, según el Inegi. Es decir, que en cientos de certificados de defunción por muertes violentas en la capital que llegaron al instituto, los médicos no acababan de señalar si se trataba de accidentes o asesinatos. Sobre el total de muertes violentas registradas en la capital en 2022, esas 1.549 suponen el 38%, un porcentaje muy superior al del resto de estados, con la excepción del Estado de México, con un 15%.
Esta indeterminación a la hora de etiquetar muertes violentas no es una anomalía, algo que ocurrió únicamente el año pasado. Pasa desde hace años. En un estudio que analiza el comportamiento estadístico de homicidios y desaparición de personas en México, la antropóloga Elena Azaola muestra una tendencia creciente desde 2013. Entonces, el jefe de Gobierno de la capital era Miguel Ángel Mancera. En aquel año, las muertes violentas etiquetadas como “evento de intención indeterminada” sumaron 841. Desde entonces no han hecho más que crecer.
La polémica está servida. ¿Por qué los médicos forenses de Ciudad de México vinculan tanta muerte violenta a causas indeterminadas?
¿Acaso la capital trata de esconder asesinatos con ardides burocráticos? El momento político no ayuda. La violencia homicida en México está en picos históricos. El país cuenta más de 30.000 asesinatos anuales desde hace seis años y la única historia de éxito parece la de la capital, con Sheinbuam al frente del Gobierno. La jefa de Gobierno busca la presidencia en las elecciones del año que viene y hay quien piensa que su éxito en Ciudad de México es en parte puro maquillaje.
Eduardo Clark, parte de la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad, niega rotundamente cualquier montaje. “En la ciudad, desde hace casi 10 años, siempre tenemos una mayor proporción de “intención no determinada” comparado con la del resto del país. Eso es importante recalcarlo porque creo que ha habido algo de mala fe, como si hubiera sido un fenómeno nuevo para simular un descenso de homicidios”. Clark añade que “la intencionalidad o no de una muerte no es algo que muchas veces se pueda determinar en el momento en que un médico certifica la defunción”.
El especialista pone como ejemplo un atropello de un automóvil a un peatón. Parece difícil que un hecho así ocurra de manera intencional, pero no es descartable. De esa manera, los médicos evitarían ser tajantes y calificar la muerte de la víctima de no intencional. “De estas 1.549 muertes, en un análisis muy muy preliminar, creo que la gran mayoría, por mucho, parecen ser accidentes viales y de otro tipo”, señala. “En ese mismo rubro se incluyen cosas como ahogamientos y, muy importantemente, suicidios. El médico, en el momento que firma el certificado, no puede asegurar si fue suicidio o hubo dolo. Eso tiene que pasar por investigación ministerial”, añade.
La abogada Vanessa Romero ha dedicado las últimas semanas a estudiar el fenómeno junto al académico Carlos Pérez Ricart. Su conclusión es parecida a la que plantea Clark. “No encontramos evidencia de que la Fiscalía esté escondiendo homicidios. Nuestras hipótesis son dos, complementarias. La primera es que cuando los médicos legistas encuentran un cuerpo, a falta de información adicional, prefieren denominarlo como evento de intencionalidad no determinada, para no incurrir en una responsabilidad ulterior. Podría decirse que es una buena práctica”, señala Romero. La segunda es que la Fiscalía y el Instituto Ciencias Forenses (Incifo) no están actualizando al Inegi la reclasificación de estos eventos, por eso se quedan estos números tan altos”, añade.
La idea de que las muertes violentas por causas indeterminadas escondan cientos de accidentes resulta, sin embargo, cuestionable. El argumento de Clark choca con lo que ha ocurrido en años pasados. La antropóloga Azaola recopila datos del Incifo de la ciudad, que alimenta, por cierto, la base de datos del Inegi. La estadística muestra que la cantidad de muertes violentas por accidente en años anteriores rara vez supera las 1.000. Pero para 2022 son 1.552, un número muy alto. Si a esas 1.552 se sumaran además buena parte de las muertes indeterminadas, la cifra sería de una rareza estadística extraordinaria.
Azaola, que lleva décadas investigando las dinámicas de violencia en el país y la capital, señala que la hipótesis de la cautela de los médicos, defendida por Clark, no se sostiene. La académica defiende que el problema es metódico. “Cuando estaba haciendo mi estudio, fui al Inegi a preguntar. Me dijeron que las actas de defunción deben de cumplir una serie de requisitos. Para que el Inegi pueda contar un homicidio, el acta debe explicar, entre otras cosas, el mecanismo de la muerte”, argumenta. “Parece que hay un problema en la manera de llenar los certificados”, señala.
Aunque Azaola se muestra cautelosa, esos problemas a la hora de llenar los certificados apuntan al Incifo, órgano independiente del Gobierno de la capital. ¿Tiene sentido que médicos forenses bien preparados, como los del Incifo, firmen cada vez más certificados de defunción por muertes violentas de intención indeterminada? ¿No debería ser al contrario? ¿La tecnología y la experiencia no deberían de abonar una inercia contraria?
Los señalamientos de Azaola no son los únicos. El exdirector del Centro Nacional de Información, David Esparza, que depende del SESNSP, ha criticado igualmente estos días las cifras. En un par de mensajes en Twitter (ahora X), el experto ha señalado que “las cifras de homicidio doloso en la ciudad son inexactas” y ha sugerido una intervención de Naciones Unidas, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo para deshacer el entuerto. Eduardo Clark anuncia que en los próximos días, el Gobierno de la ciudad saldrá a dar una explicación de las cifras para zanjar de una vez el asunto.
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