De acuerdo con la magistrada Graciela Santés Magaña, del Cuarto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, los delitos que se les imputan a los 16 mandos ya prescribieron, pues la Fiscalía General de la República comenzó a investigarlos apenas en 2020.
En su fallo, la magistrada ordenó sobreseer el trámite de la causa penal, lo que impedirá a la FGR reelaborar la carpeta de investigación, aun cuando en la investigación encuentre delitos que no hayan prescrito.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un amparo para evitar que el fallo prospere, por lo que la decisión final dependerá de un Tribunal Colegiado.
Gracias a la decisión de la magistrada el general Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales; Salvador Camacho Aguirre; Celina Oseguera Parra;Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social no serán imputados por el desfalco
Los ex coordinadores de centros federales, Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro, tampoco serán acusados.
En enero pasado, un juez federal desechó la imputación contra los 16 ex funcionarios al considerar que los delitos prescribieron.
A los ex funcionarios se les acusaba de ejercicio indebido del servicio público y tres de ellos además son señalados por asociación delictuosa en la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos, que costaron casi $270,000 millones de pesos, como te lo explicamos en esta nota.
En septiembre de 2019, una investigación de Cuestione reveló que en México hay cárceles construidas y manejadas por algunos de los empresarios más ricos y poderosos. Son prisiones tan caras que cada reo puede llegar a costarle a nuestro país más que lo que gana el presidente de la República.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 5,000 personas que pensaba capturar y encarcelar.
Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Sin embargo, terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión), Hipólito Gerard Rivero (ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de casi 12,000 millones de pesos al año.
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