Ante la posibilidad de que los diputados aprueben esta semana un marco jurídico que justifique las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dieron a conocer un estudio sobre las consecuencias negativas de los operativos militares.
Los académicos del CIDE, Laura Helena Atuesta y Alejandro Madrazo, analizaron la evolución de la militarización en la lucha contra el narcotráfico iniciada en la administración del ex presidente Felipe Calderón, con su continuación en el actual sexenio.
Ambos investigadores sostienen que las consecuencias negativas de la “militarización” del país han sido mayores que los beneficios y después de casi una década de implementación de operativos conjuntos, todavía no se han visto los resultados en materia de seguridad.
En este estudio hay al menos dos factores claves para entender esta situación adversa: poca transparencia y rendición de cuentas sobre los operativos militares y el incremento de la violencia en los lugares donde hubo enfrentamientos con las fuerzas federales.
“La documentación oficial sobre los objetivos de los operativos conjuntos, su presencia territorial o su fecha de inicio no concuerda con la información periodística ni con la evidencia presentada en la Base CIDE-PPD”, detalla la investigación.
Añadieron que la presencia federal se encuentra desplegada en la mayoría del territorio nacional, y en la mayoría de las entidades federativas, sin embargo esta presencia se observa desde fechas anteriores a las establecidas en los comunicados oficiales.
A través de su propia base de datos, los investigadores del CIDE también concluyeron que tanto en el corto, como en el largo plazo, la presencia federal en los municipios para combatir a la delincuencia organizada ha provocado un incremento en el número de homicidios reportado por el INEGI.
Status quo
La investigación también corrobora la hipótesis de que el “descabezamiento de cárteles” o el desequilibrio del status quo entre grupos criminales incrementa la violencia en las zonas donde hay más actividad del crimen organizado.
En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5 por ciento y de 3 por ciento, respectivamente.
En el largo plazo, continúa el estudio, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1 por ciento.
Conclusiones
Los académicos explicaron que ante el aumento de la violencia hay dos posibles explicaciones contundentes que son: el desequilibrio del status quo del crimen organizado y la prohibición de las drogas ilícitas.
Por un lado, el mercado negro de las drogas ilícitas sigue siendo extremadamente rentable, y cuando el estado debilita alguno de los grupos que controla el mercado local y la ruta de tránsito de drogas hacia Estados Unidos, otros grupos buscan dominar la plaza y reemplazar a los líderes existentes. Este reemplazo de liderazgo normalmente sucede de manera violenta.
Ese sentido, explicaron que una política de seguridad más efectiva debería tener dos enfoques: evitar el desequilibrio de este status quo para no generar más violencia; y disminuir las potenciales ganancias que la venta de drogas ilícitas promete.
“En otras palabras, una política de seguridad debe estar acompañada de políticas de drogas que disminuyan el precio de las mismas y que le quiten el poder económico con el que cuentan los grandes cárteles hoy en día”, detalla el estudio.
Fuente.-LaSillaRota
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