Después de casi 5 años, la PGR concluyó que no hay
elementos que prueben que Eduardo Laris McGregor, ex coordinador de Operaciones
Aéreas de la Policía Federal, recibió sobornos de la empresa BizJet para
otorgarle contratos de mantenimiento de aeronaves.
Una sentencia judicial obligó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) a agotar las diligencias pendientes y, al menos parcialmente, resolver la indagatoria contra el ex funcionario.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, dependiente de la SEIDF, ha acordado el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria contra Laris.
En marzo de 2012 BizJet International Sales & Support se declaró culpable ante una Corte de Federal de Oklahoma de pagar 2 millones de dólares en "mordidas" a funcionarios mexicanos, por las contrataciones de mantenimiento de aviones y helicópteros.
Casi de inmediato, la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-11/003/2012, en la que empezó a investigar a Laris; al General Brigadier Crisanto García, subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial, y el Coronel Flavio León Huerta, ex director técnico de Mantenimiento en la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.
También incluyó en la indagatoria al Capitán José de la Luz Rojas; a Mauricio Camarena Delgado, director de Servicios Aeroportuarios de Sinaloa, y Manuel Octavio Rojas, de la dirección administrativa del Hangar del Gobierno de Sonora.
La PGR congeló las cuentas bancarias de los indiciados y solicitó información a EU sobre la empresa contratista.
Hasta donde se tiene conocimiento, la indagatoria contra los otros involucrados aún continúa.
El funcionario de la Policía Federal presentó el año pasado un amparo ante el juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda por la dilación de la PGR para determinar la investigación en su contra, tras 4 años de iniciada.
El juzgador le concedió el amparo y estableció que el plazo transcurrido resultaba excesivo y violaba el principio de justicia pronta. La resolución fue recurrida, pero finalmente confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado Penal.
Conforme a la sentencia del amparo en revisión 196/2016, la autoridad judicial dio un plazo de 60 días a la PGR para agotar todas las diligencias pendientes en la indagatoria y determinar su consignación, reserva o archivo.
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