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El malestar en las Fuerzas Armadas por la situación general del país es palpable para cualquiera con mínimo acceso a los altos mandos castrenses.
La disciplina y lealtad que caracterizan a los militares mexicanos no impiden que en ocasiones expresen, en privado, su punto de vista sobre decisiones de políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad, y esas opiniones no son benignas hacia los políticos que ocupan carteras del gabinete federal.
Y si bien las críticas y cuestionamientos de militares se escuchan en conversaciones “en corto”, también quedó constancia pública del malestar castrense en la declaración del pasado 8 de diciembre de 2016 del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en la que el general cuestionó y acusó duramente la incapacidad de las áreas civiles responsables de seguridad pública, y amagó con retirar al Ejército de labores de seguridad —“nosotros no pedimos estar ahí ni estudiamos para perseguir delincuentes”—, lo que bastó para que el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos en el Congreso reactivaran de inmediato la discusión y debate de la Ley de Seguridad Interior que paso años en la “congeladora” legislativa.
Cienfuegos es, a decir de quienes lo conocen, militar de cepa y general de carácter recio, aunque de probada institucionalidad. Su cercanía con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo llevó a ocupar la secretaría de la Defensa con una trayectoria reconocida dentro de la institución aunque, a decir de él mismo, “es algo que nunca busqué ni me propuse”. En su formación militar, el general secretario tuvo influencia notable de otro ex secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega. El general Vega protagonizó aquel episodio, en pleno conflicto social de la APPO en Oaxaca, por agosto de 2006, cuando el presidente Fox lo llamó a Los Pinos y le ordenó que el Ejército entrara con sus tropas a desalojar la tomada y sitiada ciudad de Oaxaca. “Con gusto señor presidente, pero le pido me dé la orden por escrito y firmada por usted”. Como Fox se negó a poner su instrucción por escrito, el general se negó a realizar el desalojo.
La anécdota viene a colación porque el actual secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, también ha pedido al presidente Enrique Peña Nieto que le órdenes por escrito y, al no obtenerlas por esa vía, se ha negado también a cumplir. La primera ocasión en que el general dijo “no”, según revelan fuentes militares, fue a finales de 2015, cuando en octubre arreciaban presiones dentro y fuera del país para que el Ejército permitiera a expertos del GIEI interrogar a soldados del 27 batallón de Infantería que estuvieron en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. “No, señor presidente”, respondió el general, que ya había expresado públicamente su rechazo a esos interrogatorios. “Si usted quiere, fírmeme esta orden”, dijo poniendo en la mesa un documento que ya llevaba redactado, pero advirtió: “En el momento que usted la firme yo le presento mi renuncia”. El Presidente desistió y los interrogatorios que exigía la CIDH nunca se realizaron.
El segundo “no” de Cienfuegos a su comandante en jefe ocurrió recientemente, en los primeros días de enero, cuando arreciaron en el país las protestas contra el “gasolinazo” y comenzaron los saqueos y asaltos a tiendas de autoservicio y comercio en varias zonas del país. Desde Los Pinos pidieron la “inmediata intervención del Ejército” para controlar la situación e imponer el orden, pero la respuesta del secretario fue una negativa tajante. “No vamos a intervenir a menos que nos lo pidan por escrito”, dijo argumentando que las autoridades civiles debían controlarlo. Por eso fue que a los militares sólo se les vio haciendo acto de presencia en lugares donde hubo saqueos violentos, pero nunca se les vio actuar contra los saqueadores ni la población que se sumó al vandalismo.
Fuente.-Salvador Garcia Soto
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