El Ejército rechazó otorgar una indemnización millonaria a la familia de una pareja ejecutada por militares en 2010, en Nuevo León.
Familiares de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, que murieron en medio de un tiroteo de soldados y criminales en el Municipio de Anáhuac, pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una indemnización de 90.2 millones de pesos por el daño moral ocasionado tras haber asegurado que las víctimas eran miembros de la delincuencia organizada.
La dependencia militar tuvo tres meses para dar respuesta a esa solicitud, plazo que venció el 31 de agosto.
El 28 de agosto la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena adelantó a los abogados de la familia que no era posible llegar a un convenio o conciliación respecto al reclamo de indemnización.
La pareja -ambos de 29 años- fue abatida cuando salía a comer de su trabajo en la maquiladora Delphi el 3 de marzo del 2010.
Tras quedar en medio de un enfrentamiento entre soldados y sicarios, ambos fueron baleados.
Después recibieron el tiro de gracia a manos de un soldado.
"Me eché a dos", fue lo que expresó el militar Juan Ortiz Bermúdez, en su declaración ministerial.
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| Foto.-general Antunez/Internet |
La Séptima Zona Militar estaba bajo el mando del Comandante Cuauhtémoc Antúnez, actual Secretario de Seguridad estatal.
En el incidente, a las víctimas les sembraron armas y les inventaron que ella era una narcotraficante apodada "La Gata" y su esposo fue señalado como sicario.
Por ese hecho la defensa de la familia acudió el pasado 31 de mayo a la Oficialía de Partes de la Sedena para solicitar que su titular, Salvador Cienfuegos, instruyera a otorgar la indemnización por daño moral a los padres, hermanos e hijos de la pareja asesinada.
Al pedir la indemnización a la Sedena, la defensa de la familia argumentó que ligar con la delincuencia a las víctimas causó "un daño terrible al honor y decoro", de acuerdo con la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la primera presentada ante la Sedena, desde que se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en el 2005.
Abogados de la familia afectada promovieron un juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta de la Sedena ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La demanda fue presentada el 1 de septiembre, ante la frustración de la familia de la pareja asesinada por militares.
La Unidad Jurídica de Sedena indicó de manera extraoficial que como institución les favorece más que un órgano jurisdiccional sea el que determine la validez de sus actos.
Fuente.-
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