Familiares de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, así como miembros de una organización internacional defensora de los derechos humanos, presentaron este día pruebas que, sostuvieron, echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Esta última, en febrero de 2006, encabezó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, y para ello colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los criminales.
Al encabezar la lucha por dar con el paradero de su hijo, secuestrado un año antes, Isabel Miranda de Wallace se ganó el respeto de los mexicanos. Incluso periódicos y programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que, según ella, le era negada por las autoridades del país.
No obstante, desde esa fecha, comunicadores y especialistas han calificado como una “gran mentira” el caso Wallace y la lucha que encabeza la exaspirante panista a la jefatura de gobierno local.
Este lunes, en rueda de prensa, integrantes de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), familiares de los inculpados y abogados presentaron un análisis contundente del caso, en el que se evidencian declaraciones de los supuestos plagiarios obtenidas bajo tortura y la semblanza de las pruebas que presentó Wallace en la “fabricación del secuestro, el cual ni siquiera tiene existencia legal”.
La ONG canadiense destaca, en un reporte de 30 páginas, que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.
La evidencia fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue asegurado por las autoridades, pese a que se investigaba un homicidio, reseñó el portal informativo sin embargo.mx.
También se resalta en el informe que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, cuando éste tenía 31 años, en 1968. Sin embargo, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después de que el empresario se había divorciado de su primera esposa.
De esta forma, Enrique Wallace sostuvo una relación extramarital con Isabel Miranda Torres durante un año, fruto de la cual nació, en 1968, Hugo Alberto.
El documento también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante una Corte en 2010, un lustro después del homicidio del hijo de la activista.
En la conferencia de hoy también participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto.
La joven denunció que a su madre, como los otros seis acusados, no se les hizo un proceso jurídico legal.
Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Castillo, dijo que ambos fueron interceptados por gente de Isabel Miranda que lo amedrentaron y le dijeron “más te valía meterte con el hijo del presidente que con el mío”.
También declaró que los jóvenes fueron torturados por agentes de la extinta AFI con el fin de que se declararan culpables. Tiempo después, ya presos, se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio y fue cuando Isabel inició su campaña mediática.
“La señora Wallace se acercó a mi hijo (Jael Malagón Uscanga) solicitándole que inculpara a César (Freyre Morales) prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo Elena Uscaganda, madre del afectado.
“La señora Wallace recibió todo el apoyo de la SEIDO, y otras autoridades facilitaron la intromisión en el proceso”, refirió.
Los especialistas refirieron que la organización de Wallace, Alto al Secuestro, no sólo se dedica a fabricar culpables, también engaña a la opinión pública.
Es por ello que la ONG canadiense pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años.
Por último, exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga.
fuente.-
A'MIRANDA de WALLACE...los INTERESES AJENOS...No le son AJENOS'.
A inicios de este año se cumplió una década de que el país fuera cautivado, por una hasta entonces, anónima madre de familia, pedagoga de formación, que atrajo los reflectores públicos al demostrar que ella misma se había dado a la tarea de investigar el secuestro de su hijo, identificar a los presuntos responsables y presionar a la autoridad para que fuera tras ellos.
Esa valiente mujer es Isabel Miranda de Wallace, quien actualmente dirige la agrupación ciudadana “Alto al Secuestro”. En 2010 recibió de manos el entonces presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos, y habría sido el propio Calderón quien en 2012 la impulsó para que el Partido Acción Nacional la postulara como candidata a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, para contender contra Miguel Ángel Mancera.
Este último episodio político-electoral parece haber tenido dos víctimas. El primero y más notorio fue el PAN, que en aquella elección, con un presidente blanquiazul en Los Pinos, captó apenas 16% de los votos en la capital del país, lo que lo sumió en una debilidad de la que aún no se recupera.
El segundo actor lesionado por aquella campaña desastrosa fue la propia señora Miranda de Wallace, cuya exposición a la política partidista exhibió un largo rastro de colaboracionismo con el gobierno del citado Calderón, labor en la cual no parece haber tenido conflicto alguno para reeditar bajo la administración del presidente Peña Nieto.
En el campo de las organizaciones de la sociedad civil ha crecido por años la indignación por el “acompañamiento” de la señora Miranda de Wallace con las estrategias oficiales para desactivar, aislar y en caso necesario, sembrar infundios en contra de agrupaciones que se han mantenido críticas ante el gobierno por violaciones graves a los derechos humanos.
Durante la pasada administración panista, la señora Miranda usó su voz como activista en este campo para cuestionar las causas de Alejandro Martí y de Javier Sicilia. Con ambos la identificaba la tragedia de haber sufrido el secuestro y posterior homicidio de un hijo. Pero su postura no fue ejercer mayor presión sobre la autoridad, sino deslindar a funcionarios federales en sendos casos.
Desde aquella época se empezó a rumorar que la señora Miranda atendía directrices del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo que la llevaba a emprender posicionamientos que fueron deteriorando rápidamente su autoridad moral.
En el actual gobierno este perfil se ha repetido, e incluso ha mostrado un mayor énfasis. Debe subrayarse que la colaboración en su equipo de abogados con trayectoria nacional e internacional, como Samuel González, ex funcionario de PGR y ex asesor externo de la ONU, han permitido a la señora De Wallace incluso elevar la mira hacia presas de mayor calibre.
Es por ello que en los últimos años hemos visto a la dirigente de “Alto al Secuestro” en aceras contrarias a las que ocupan personajes ampliamente reconocidos en el campo de le defensa de los derechos humanos, como Juan Méndez, relator de Naciones Unidas para temas de tortura, cuyos reportes sobre la gravedad del problema en México han atraído críticas y condenas de la señora Miranda y su equipo de asesores.
También puede ubicarse a este grupo no en el activismo ciudadano sino en el denostación contra el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), conformado por un convenio establecido entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
En toda la historia del caso Ayotzinapa, Miranda de Wallace se ha alienado con la visión del oficialismo. Y esta vez el destinatario de sus dardos, cada vez menos eficaces, ha sido el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
El discurso asumido por ella se halla nutrido de recursos de baja calaña: hacia el GIEI, la xenofobia más elemental –¿qué hacen extranjeros metidos en este tema que corresponde a los mexicanos?-, y contra el funcionario de OEA, dos veces ombudsman del DF, el correlato previsible: traidor a México.
A los estrategas que utilizan a la señora Miranda como la mano del gato que rescata castañas del fuego, no se les escapa que el enorme desprestigio de México y su gobierno no deriva de lo que hagan o dejen de hacer los señores Méndez y Álvarez Icaza. Ahí está por si hace falta, el reporte en materia de tortura generado por Amnistía Internacional; los pronunciamientos de altísimo nivel surgidos en la reciente gira europea del presidente Peña, o la declaraciones de Hillary Clinton, posible futura presidenta de Estados Unidos a partir de noviembre próximo.
No han faltado en las campañas de la señora Wallace objetivos más modestos pero igualmente sensibles, como la presión desbordada para combatir la eventual liberación de Nestora Salgado, integrante de policías comunitarias, quien estuvo presa por más de 36 meses, hasta que en marzo pasado alcanzó su libertad.
Ni en México ni en el extranjero hay duda alguna de que la señora Miranda tiene un compromiso de sujeción si no al gobierno mexicano en su conjunto, sí a alguno de los sectores “duros” de la administración Peña Nieto.
En diversos espacios de la clase política, de analistas y de la comunidad de defensores de derechos humanos se han ido abriendo paso la convicción de que el “halcón” del gobierno federal que orienta la conducta de la señora Miranda se halla en la Consejería Jurídica de Los Pinos, que encabeza Humberto Castillejos, un influyente personaje que ha logrado doblegar la voluntad de muchos actores en el Congreso, el Poder Judicial Federal y hacia el interior mismo de la administración.
Una reciente carta desplegada por el diario “El Universal” en días recientes bajo la firma de Miranda de Wallace, con un confuso cuestionamiento hacia el ministro José Ramón Cossío, atrajo entre los enterados, la lectura de una pugna entre el citado Castillejos y un sector independiente de la Corte, al que pertenece Cossío.
Es muy probable que estos patrones se agudicen en la medida en que se desahogue la agenda gubernamental en derechos humanos, o en cuestiones que deba dirimir la Corte. Es predecible que el oficialismo debe ajustar sus estrategias y ajustar su nómina de “compañeros de viaje”, pues cada vez menos personas se llamarán a sorpresa cuando encuentren a la señora Miranda en el lado equivocado de las causas de la sociedad.
Fuente.- robertorock@hotmail.com
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