Una tercera parte de la población en México acepta o legitima la utilización de la tortura contra personas que cometan secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude, o bien que pertenezcan al narcotráfico, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura.
Comentó 39.5% de forma espontánea que nunca se justifica torturar a una persona, pero 42.2% sí justificó la tortura bajo algún supuesto, y 18.3% no supo o no quiso contestar.
El diagnóstico se realizó mediante una encuesta aplicada a 1,200 personas de 15 años o más, residentes en las poblaciones urbanas del país, mediante la selección de una muestra representativa a nivel nacional. Fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Refiere que el porcentaje en favor de la tortura, para obtener información de una persona miembro de un grupo de narcotraficantes, se encuentra por debajo de la aceptación como castigo para los delitos de violación o secuestro, pero es levemente superior al porcentaje que aceptó la tortura para conseguir información en el caso de un riesgo inminente para la población. La etiqueta “narcotraficante” generó un acuerdo significativo con la tortura por parte de las y los entrevistados, pero en menor medida que “violación” y “secuestro”.
El diagnóstico refiere que una tercera parte teme ser sujeto de tortura si es detenido o detenida, como una reflexión de que cualquiera puede ser víctima de tortura.
Los consultados atribuyeron como factores de la persistencia de la tortura en México la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y la dificultad para acreditar los hechos de tortura.
Se refiere como principales agentes torturadores a elementos policiales, seguido de agentes del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes son servidoras y servidores públicos que procuran a la población.
La mayoría de los entrevistados dijeron tener claridad acerca de las acciones que constituyen tortura, desde las físicas, con independencia de si dejan o no lesiones; sexuales y psicológicos (aunque en menor medida asociaron la intimidación o amenazas como parte de su aplicación), incluyendo la gravedad de los mismos— se permita su utilización para ciertos propósitos o personas imputadas de los delitos.
El diagnóstico menciona “aunque contemos con un marco jurídico nacional e internacional extenso sobre la proscripción de la tortura, no trascenderemos a su plena eficacia y erradicación mientras las personas no tengan conocimiento de ello y, sobre todo, la toleren o acepten como algo necesario para la obtención de ciertos fines, con lo cual la naturalizan o normalizan y crean un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola en total impunidad”.
Añade que “sin la voz y la presencia activa de una sociedad contraria a la tortura, la posibilidad de que el gobierno rinda cuentas, castigue a los responsables y se consolide un auténtico Estado democrático de derecho disminuye”.
Con información de El Economista
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