Mollinedo también había sido objeto de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004 con informes de que el conductor del alcalde ganaba el salario de un subsecretario en el gabinete municipal. López Obrador rechazó el "Nicogate", como lo llamaban los periódicos, pero dejó claro que Mollinedo era mucho más que un chofer. Fue el asistente personal y coordinador de logística del alcalde y trabajó con su equipo de seguridad. Mollinedo también actuó como un guardián en algún momento, filtrando a la gente y las propuestas que clamaban por la atención del alcalde.
A principios de 2010, una serie de funcionarios mexicanos habían sido arrestados por el testimonio de López Nájera, incluido un ex fiscal de drogas y varios altos funcionarios de la policía y militares. Su identidad, sin embargo, seguía siendo un secreto bien guardado, y confiaba en que Soto creía que todavía estaba trabajando para los narcos. Se habían reunido por última vez en San Diego a finales de 2009, con agentes de la DEA grabando su conversación sobre si Soto podría querer entrar en uno de los acuerdos de drogas que López Nájera dijo que estaba armando.
Tenía sentido que López Nájera se diversificara por su cuenta. La Barbie se había quedado con los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del Cártel de Sinaloa. Pero ahora, a medida que los sinaloanos se adelaban, La Barbie y los Beltrán Leyvas estaban luchando entre sí. La violencia llegó a los titulares casi todos los días.
Con los agentes escribiendo sus mensajes, López Nájera comenzó a enviar mensajes de texto a Soto, dijeron funcionarios familiarizados con el caso. En julio de 2010, se conocieron en un hotel en Hollywood, Florida. Acompañado por un agente encubierto de la DEA que se hizo pasar por un proveedor colombiano de cocaína, López Nájera presentó su argumento: tenían algunos acuerdos en proceso. Puede que necesiten inversores. La recompensa sería grande.
Soto dijo que estaba interesado.
Semanas después de la reunión en Florida, Soto voló a la frontera entre México y Estados Unidos para discutir un posible acuerdo con el supuesto traficante colombiano y otro agente encubierto en McAllen, Texas. Cuando regresó a McAllen en octubre, los dos agentes encubiertos le dijeron que tenían 10 kilos de cocaína listos para él. Pero Soto se resistió, dijeron personas familiarizadas con el caso, insistiendo en que no estaba listo para vender las drogas en los Estados Unidos.
Necesitando alguna manera de atraer a Soto de nuevo a su plan, los agentes encubiertos lo presionaron para que protegiera la cocaína durante varios días hasta que pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa, le darían un kilo, por un valor de unos 20 000 dólares. Las drogas estaban en un coche estacionado cerca, dijo uno de los agentes, entregándole a Soto un juego de llaves del coche. (No había cocaína real). La conversación se grabó en su totalidad.
En algún momento después de las 2 en punto de la mañana siguiente, Soto regresó a su habitación en un Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA estaban esperando.
En el lado equivocado de la frontera, sin un abogado o conexiones políticas, Soto no tardó mucho en aceptar cooperar. "No era el tipo de tipo que estaba listo para ir a la cárcel", dijo un funcionario familiarizado con el caso. Más tarde ese mismo día, después de que Soto renunciara a su derecho a ser procesado en Texas, fue trasladado en avión a la ciudad de Nueva York en un avión comercial, intercalado entre un par de agentes en la última fila.
A partir de entonces, Soto se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, conocida en el archivo del caso como CS-1. A petición de la DEA, ProPublica acordó no identificarlo a él y a otras fuentes en el caso. Sin embargo, Soto fue nombrado en
un artículo en español sobre el caso publicado por DW News, la red estatal alemana de radiodifusión.
Después de reconocer inicialmente los mensajes de un reportero de ProPublica, Soto no respondió a preguntas detalladas sobre su papel en la investigación de los Estados Unidos.
Durante varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que otra tercera entrega había sido realizada por otro enviado de La Barbie. Soto dijo que las tres contribuciones ascendieron a algo menos de los 2 millones de dólares que López Nájera había reclamado, una discrepancia que los agentes atribuyeron al desnatado habitual. Soto dijo que entregó el dinero a Mollinedo, dijeron personas familiarizadas con el caso.
En Nueva York, Soto converió con un abogado nombrado por el tribunal antes de aceptar los términos del gobierno: si continuaba trabajando en secreto y hablando con sinceridad con los investigadores, se le permitiría regresar a México. Su condena penal permanecería sellada, y eventualmente sería sentenciado al tiempo que había "servido" bajo custodia federal, los varios días que pasó en McAllen y Nueva York. Soto fue llevado ante un juez federal y se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para distribuir cocaína.
Los funcionarios estadounidenses entendieron que el acuerdo planteaba riesgos graves. Si Soto informara a sus colegas en México que se le estaba pidiendo que los configurara, o incluso si simplemente dejara de devolver las llamadas telefónicas, la única ventaja de los estadounidenses sería exponer su declaración de culpabilidad y tal vez emitir una orden internacional para su arresto. Pero Soto podría exponer su investigación.
El plan de los agentes era confirmar la evidencia que habían reunido sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y luego reelar una versión de ese plan con la incipiente campaña de López Obrador de 2012, esta vez con los dispositivos de grabación en su lugar. Llamaron a la investigación "Operación Polanco".
Para desplegar a Soto en el extranjero como una fuente encubierta o "fuente de nombre protegido", en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios de Justicia y de la DEA conocidos como Comité de Revisión de Actividades Sensibles. Un SARC (pronunciado "sark") es un proceso de selección similar a un escuadrón de bombas legales. Los paneles examinan las operaciones encubiertas que implican la entrega de drogas o dinero a los traficantes o el ataque a funcionarios extranjeros corruptos; los abogados intentan desactivar los planes que podrían explotar en el departamento.
Aunque apuntar a la campaña de López Obrador fue una propuesta de alto riesgo, el SARC aprobó provisionalmente el plan a finales de 2010, dijeron los funcionarios. Los agentes y fiscales tendrían que regresar al comité al menos cada seis meses para una revisión adicional, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.
Los agentes querían ir a lo grande. Propusieron ofrecer a la campaña 5 millones de dólares en efectivo a cambio de las promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes. Si Mollinedo u otros en la campaña estuvieran de acuerdo, los agentes ofrecerían un pago inicial, tal vez 100.000 dólares. Luego entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.
Algunos funcionarios estadounidenses pensaron que era un momento auspicioso para un caso así. En agosto de 2010, los infantes de marina mexicanos habían
capturado La Barbie. Dos semanas después, derribaron a El Grande, su teniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta. Ambos hombres habían sido acusados de cargos federales en los Estados Unidos y, si son extraditados, podrían ser inducados a cooperar a cambio de una reducción de sus sentencias. En una breve conversación después de su captura, El Grande le dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre funcionarios mexicanos corruptos, pero solo después de que fuera trasladado a los Estados Unidos, según muestran los documentos revisados por ProPublica.
Pero incluso cuando se unieron nuevas piezas de la investigación, la administración Obama estaba cada vez más preocupada por las consecuencias de otra operación encubierta, lo que se conoció como "Rápido y Furioso". Sin informar a los funcionarios mexicanos, los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia permitieron que cientos de armas de alta potencia se enviaran ilegalmente a México para que pudieran rastrearlas en manos de las bandas de drogas. Sin embargo, el seguimiento fracasó, y las armas se vincularon más tarde a tiroteos que mataron o hirieron a más de 150 mexicanos, así como al asesinato de un estadounidense. Agente de la Patrulla Fronteriza. El gobierno de Calderón estaba indignado, y las tensiones parecían amenazar la cooperación bilateral una vez más.
"Las cosas acaban de estar bajo un nivel diferente de escrutinio después de Fast and Furious", dijo un ex funcionario del Departamento de Justicia. "En ese momento, todo el mundo estaba en modo de autopreservación".
Aún así, los funcionarios estadounidenses tenían algunas razones para esperar que los líderes de México pudieran hacer en cuenta, y mantener en secreto, su investigación. Su objetivo final, López Obrador, era el odiado rival político de Calderón. El jefe de la DEA en la Ciudad de México informaría al jefe de inteligencia del presidente, que se consideraba particularmente confiable, y le pediría que discutiera el caso solo con Calderón.
La siguiente fase de la investigación comenzó bien. Los agentes de la DEA se enteraron de que el hombre de negocios que había acompañado a Pancho León a la reunión de Nuevo Vallarta de 2006 viajaba a Las Vegas. Cuando se enfrentó a agentes en el Bellagio Hotel & Casino, el hombre de negocios confirmó gran parte de lo que Soto y López Nájera habían dicho. Incluso mencionó un detalle sorprendente que López Nájera había notado: en la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta, León le había dado un regalo a La Barbie. Después de haber oído que el traficante recogía relojes, trajo un Patek Philippe de 20.000 dólares como muestra de su respeto.
Los fiscales inicialmente pensaron que no tenían suficientes pruebas para arrestar al hombre, por lo que los agentes lo dejaron regresar a casa después de que prometiera testificar como testigo en cualquier juicio penal futuro. Los investigadores no tenían ninguna esperanza de llegar a León: en febrero de 2007, meses después de perder su carrera por el Senado,
desapareció, la supuesta víctima de un asesinato de la mafia de la droga.
En la Ciudad de México, los agentes de la DEA ensayaron a Soto, le equiparon con un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. "Estaba aterrorizado", recordó un ex funcionario. No estaba claro si Soto manejó mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo era ininteligible debido al ruido de fondo.
Un segundo intento al mes siguiente produjo alrededor de una hora de cinta. De esa conversación estaba claro que Mollinedo sabía sobre la transacción de 2006, dijeron personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos ex miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados para revelar lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general mexicano que podrían ayudar a protegerlo a él y a Soto.
Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o para que se incriminara más directamente. "Nunca dijo: 'No sé de qué estás hablando' o 'no conozco a ninguna de esas personas'. No se dijo nada que lo despejara", dijo un ex funcionario sobre Mollinedo. "Pero la cinta no refrescó la conspiración tanto como era necesario".
En una entrevista, Mollinedo negó haber recibido alguna vez donaciones de traficantes de drogas y cuestionó la idea de que López Obrador toleraría tal corrupción. "No gestionamos el dinero", dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y agregó que solo manejaba los fondos que se le dieron para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Después de repasar las grabaciones, los fiscales de Nueva York se sintieron decepcionados, dijeron los ex funcionarios. Para un caso tan delicado y arriesgado, sintieron que la evidencia tenía que ser casi irrefutable. Sin embargo, los agentes propusieron seguir adelante con la operación de aguilamiento dirigida a Mollinedo y otros ayudantes de López Obrador. La forma en que procedieron a partir de ahí, y si persiguieron a López Obrador y a otros políticos en su órbita, dependería de lo que aprendieran los agentes.
Cuando la SARC se reunió para revisar el caso de nuevo, justo antes del Día de Acción de Gracias de 2011, los funcionarios de la Justicia y la DEA en Washington, D.C., se unieron a los que se les unió mediante un enlace de video con agentes de alto nivel de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York. Esta vez, sin embargo, las preguntas fueron más agudas, dijeron varias personas familiarizadas con la reunión. Incluso si EE. UU. Los funcionarios de la Embajada solo informaron a funcionarios mexicanos de confianza, la información podría filtrarse fácilmente, dijeron algunos funcionarios, y podría ser explosiva.
Los representantes de la DEA en la reunión hicieron hincapié en que no estaban tratando de afectar las elecciones mexicanas, dijeron los funcionarios familiarizados con la reunión. Pero también señalaron que si México eligía a un presidente que llegara al cargo en deuda con los poderosos traficantes de drogas, las consecuencias podrían ser catastróficas para la asociación de aplicación de la ley de los dos países.
No mucho tiempo en la reunión, el enlace de vídeo a la Ciudad de México se cayó, algo común con la tecnología de la época. Sin que el grupo principal de la DEA trabajara en el caso, el tono de la discusión cambió, dijeron dos personas presentes. Los abogados del Departamento de Justicia hablaron sobre los enormes riesgos de la operación, la evidencia incierta y las secuelas aún volátiles del escándalo de Fast and Furious, que había llevado a algunos republicanos en el Congreso a pedir la renuncia del Fiscal General Eric Holder.
Los agentes y fiscales se enteraron de la decisión de la SARC días después: la operación estaba siendo cerrada.
En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande. Cuando los agentes pudieron preguntarle en suelo estadounidense sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
El giro estelar de López Nájera como Jennifer en la Operación Limpieza fue de corta duración.
Cuando el gobierno de Calderón fue reemplazado en diciembre de 2012, no fue por López Obrador y su alianza de izquierda, sino por el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, el partido político que había mantenido al país en un control corrupto y autoritario durante más de 60 años hasta el año 2000. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, se retiró rápidamente de la estrecha cooperación de su predecesor en materia de aplicación de la ley con los Estados Unidos. Parte de ese cambio fue un esfuerzo del fiscal general de Peña, Jesús Murillo Karam, para menospreciar y revertir los enjuiciamientos de la administración anterior de funcionarios corruptos.
Según tres funcionarios familiarizados con los acontecimientos, los fiscales mexicanos continuaron entrevistando a López Nájera en los Estados Unidos, pero ahora trataron de explotar las brechas y contradicciones en su testimonio. Le pidieron que corroborara los nuevos detalles de los eventos que había descrito, a veces sugiriendo fechas específicas, solo para que otros testigos presentaran coartadas para las fechas que López Nájera había confirmado.
Una ráfaga de noticias mexicanas, muchas de ellas impulsadas por aparentes filtraciones del gobierno, asaltó a López Nájera como un mentiroso bien pagado por el régimen anterior. Proceso, la principal revista de investigación del país,
reveló su identidad con una fotografía de portada que los funcionarios estadounidenses dijeron que venía de la oficina del fiscal general mexicano. Prácticamente todos los funcionarios encarcelados en la Operación Limpieza fueron liberados después de que se retiraran los cargos en su contra.
Los testigos dijeron a la Administración de Control de Drogas que el traficante conocido como "La Barbie", que se muestra aquí después de su arresto por las autoridades mexicanas en agosto de 2010, contribuyó con unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
